Eres un zorro que escapó de trampas
aunque te vistes con la piel del topo
zapa-misterios por si al paso un zopo
polluelo te saliera y te lo zampas.
Trepas de la piedad las crespas rampas
bajo una cruz que es de ahuecado chopo,
borrando vas tus huellas con el jopo;
nadie sabe de noche donde acampas.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que se recogerán y conservarán los vestigios o pruebas que hayan dejado los delitos con la finalidad de esclarecer los hechos, pero los trenes volados el 11-M fueron desguazados presuntamente los días 14 y 15 de marzo.
Se evitó así que esos trenes, fundamentales para esclarecer la verdad de los hechos, sirvieran como prueba para una posterior investigación judicial. Se desconoce quién ordenó la destrucción de los trenes, que el Tribunal Supremo consideró «sorprendente» y «apresurada» en su sentencia.
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M se querelló en julio de 2009 contra ex comisario jefe de los Tedax por los presuntos delitos de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, porque de los cientos de muestras que los artificieros de Madrid aseguraron haber recogido, a los peritos que designó el tribunal apenas les llegaron 23 de pequeño tamaño, algunas en pésimo estado, y también por un posible falso testimonio en el juicio por la matanza.
La Fiscalía también apreció indicios de delito porque a las instalaciones de la Unidad Central de los Tedax -la de Manzano- llegaron evidencias procedentes de los cuatro focos de las explosiones «y en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino». La entonces juez Coro Cillán investigó al excomisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y a una perito de su unidad por posibles delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio.
Con motivo de la causa contra Sánchez Manzano, la Juez exhortó a la Audiencia Nacional interesando quién dio la orden de destruir los trenes pocas horas después de los atentados y las razones por las que no se conservaron los vagones para ponerse a disposición del tribunal del 11-M. En el sumario del 11-M no consta que fuese su instructor, Juan del Olmo, y la Audiencia Nacional no ha respondido al requerimiento que le hizo en ese sentido la juez Coro Cillán.
En los 150.000 folios del sumario del 11-M no consta la identidad de quién dio dicha orden, aunque sí se precisa que fue el juez Del Olmo quién ordenó quemar en el vertedero de Valdemingómez las prendas de ropa y efectos personales de las víctimas que nadie hubiera reclamado antes.
El expresidente de Renfe Miguel Corsini declaró ante la juez Coro Cillán que la compañía no recibió en ningún momento una orden judicial que autorizara la destrucción y el desguace de los trenes que fueron objeto de los atentados. Corsini declaró que ni la Policía ni tampoco ninguna autoridad judicial se interesaron por la preservación de los vagones y que el director de seguridad de Renfe Manuel Rodríguez Simons actuaba como correa de transmisión con la Policía. Este indicó que no recibieron ninguna llamada de aviso sobre la colocación de los artefactos y que comprobó mediante llamada al comisario general de Información de la Policía Nacional que tampoco ellos habían sido advertidos.
El jefe de los Tedax de Madrid dice que dejaron tareas sin realizar y que propusieron trasladar los trenes del 11-M a un apeadero del distrito de Vicálvaro donde tenían previsto buscar durante semanas pruebas y muestras de explosivo a través de una inspección exhaustiva de los convoyes explosionados.
El inspector jefe de los Tedax de Madrid declaró que los trenes no debieron destruirse para obtener los mejores resultados en la investigación. Así, explicó cómo los artificieros bajo su mando abandonaron las tareas más dificultosas de búsqueda de prueba, por ejemplo, la extracción de piezas metálicas o la inspección ocular de zonas de difícil acceso, porque daban por hecho que podrían llevarlas a cabo con tranquilidad y discreción durante las semanas siguientes, sin el apremio que se les exigía en las horas posteriores al 11-M y sin interferirse con los servicios de emergencia o con otros cuerpos policiales.
El exjefe de los Tedax fue investigado hasta que en febrero de 2012, la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid decidió archivar su causa por ser “cosa juzgada”, con sentencia firme, considerando que no hay nada que investigar.
No existe o se ha mantenido oculto el inventario de las numerosas muestras recogidas por los Tedax en los once focos de las explosiones que agentes del comisario afirmaron que recogieron.
Las muestras se analizaron en el laboratorio Tedax con grandes carencias de resultados y de las normas establecidas de enviar las muestras al laboratorio mucho mejor dotado de la Policía Científica.
La perito del laboratorio del comisario Sánchez Manzano no comunicó la naturaleza de esos misteriosos componentes de la dinamita hasta 3 años después, tras ser exhaustivamente interrogada en el juicio. Como documento del análisis sólo presentó unas hojas manuscritas e ininteligibles.
No existe o está oculta el acta de los análisis del laboratorio de Sánchez Manzano con el inventario y fotografías de las muestras analizadas. No hay garantía de su cadena de custodia, y de ahí parten las dudas posteriores sobre la identidad de esas muestras.
En 5 informes periciales sobre la metralla recogida en todos los trenes, efectuados por peritos del comisario Sánchez Manzano. sólo se citó un único clavo como componente de esa metralla. Cuando en diciembre de 2005 el juez pidió la comparación de la metralla de la mochila de Vallecas con la de los trenes, surgió de la nada todo un muestrario de clavos y tornillos procedentes al parecer de casi todos los focos, metralla que no existía para ninguna de las periciales anteriores.
Las muestras fotografiadas por los peritos de Sánchez Manzano en la pericial de diciembre de 2005 fueron de nuevo fotografiadas durante el juicio en la pericial realizada en el laboratorio de la Policía Científica en mayo de 2007. Pues bien, las muestras habían cambiado entre ambas periciales, hay grandes diferencias entre las fotos tomadas en una y otra ocasión a las teóricamente mismas muestras, que habían estado almacenadas en las instalaciones del comisario de los Tedax. En el sumario no hay acta de su entrega a la Policía Científica, no hay datos de quién, cómo y cuándo realizó esa entrega.
En la desactivación de la mochila de Vallecas, se tomaron fotos con una cámara de un agente de la Policía Científica, el cual fue conminado a entregar el carrete a un agente del comisario Sánchez Manzano. Nunca se ha vuelto a saber nada de esas fotos. Oficialmente no existe fotografía alguna de esa desactivación.
De todo ello hay una responsabilidad evidente del comisario Sánchez Manzano. Bajo su jurisdicción se realizó todo lo relacionado con las muestras recogidas en los trenes. Agentes a sus órdenes fueron los primeros en entrar en los trenes, y seleccionar las muestras más adecuadas; eligieron y llevaron a su laboratorio las muestras que fueron sometidas a análisis químicos, análisis que fueron realizados por una perito también a sus órdenes; almacenaron después esas muestras en instalaciones bajo su jurisdicción y se ocuparon de custodiarlas y seleccionar y recoger entre ellas las necesarias para las distintas periciales ordenadas por el juez Del Olmo; desactivaron, fotografiaron e hicieron desaparecer las fotos de la mochila de Vallecas; realizaron las periciales, redactaron los correspondientes informes y firmaron las actas.
Todo ello fue supervisado por el propio Sánchez Manzano, que designó a los peritos autores de cada pericial, dio el visto bueno, con su firma a las actas de las periciales y de los análisis químicos, firmó los escritos de envío al juzgado e incluso redactó y firmó él mismo, en solitario, dos de los informes enviados al juzgado.
Ocho años después del 11-M, la mayor masacre terrorista de la historia de España, se descubren restos del atentado que han sido ocultados en todo momento en el sumario y en el juicio. Se trata del foco de explosión correspondiente al tren de Santa Eugenia, escondido en un cobertizo de la empresa Tafesa. La dirección de la empresa confirma que la Policia, Renfe y el juez instructor conocian la existencia de esas pruebas. La falta de restos ha sido el principal argumento esgrimido por los sucesivos instructores para cerrar el caso.
Durante el proceso penal, el magistrado Gómez Bermúdez encargó la realización de nuevas pruebas sobre los explosivos. Pero los peritos nunca tuvieron noticia de la existencia de ese vagón que esperaba en Villaverde a ser analizado. Cuando termina el juicio se empieza a construir en Villaverde un cobertizo y meses después se introduce en él los restos del vagón.
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M pidió investigar el caso tras aparecer en la prensa. Pero se archivó la investigación sobre el tren del 11-M guardado en Villaverde argumentando que la cadena de custodia del vagón "está perfectamente detallada", por lo que no ha habido ocultación de ningún material probatorio.
La Fiscalía comunicó la localización de esos restos al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruyó la investigación por los atentados. El fiscal general Torres-Dulce ordenó a la Fiscalía de Madrid que abriera diligencias después de que un medio de comunicación informara de que restos del tren que estalló el 11 de marzo de 2004 en la estación de Santa Eugenia habían aparecido en un cobertizo de la empresa Tafesa de Villaverde.
El director general de la empresa que se encargó de esa reparación declaró judicialmente que, mientras se realizaban los trabajos, policías y guardias civiles visitaron dos veces el taller "para ver los materiales". En cambio, ni en ese informe pericial ni en ningún otro se hace referencia a la existencia de esos restos ni a esa visita policial.
Pese a que la fiscalía dejó por escrito que los focos de las explosiones eran "objetos de prueba" y verificaba que se habían adoptado medidas "para la conservación de dichos restos ante la eventualidad de posibles análisis posteriores" no volvió a hacerse referencia a ellos, ni siquiera en el juicio oral. El Juzgado 6 de la Audiencia Nacional no dispuso cosa alguna conocida y la custodia y el precintado no impidieron que, nueve años después del 11-M, los restos fueran robados, pese a que la Policía vigilaba la entrada del taller en el que se conservaban.
Por otra parte, y según consta en el diario de sesiones del Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal logró identificar a los ladrones. No hay noticia de que nadie haya actuado contra ellos.
Es evidente que los mandos policiales y el CNI guardan muchos secretos sobre la oscura desaparición de tantas pruebas, que podrían aclarar las dudas justificadísimas sobre una investigación destinada a borrar huellas que delatarían a los culpables de la matanza y del encubrimiento posterior.
La extitular del Juzgado número 43 de Madrid, Coro Cillán, instructora de la denuncia del financiero Javier de la Rosa contra Jordi Pujol o de la de las víctimas del 11-M contra el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, se querelló contra el comisario José Manuel Villarejo, al que acusa de urdir el fin de su carrera profesional y de haber incurrido, mientras lo hacía, en los delitos de amenazas, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias, actividades prohibidas a funcionarios y cohecho.
En concreto, la exjueza considera que una conversación telefónica que tuvo lugar en 2012 entre De la Rosa y el comisario, dada a conocer por el diario "Público", demostraría que Villarejo movió hilos por detrás para quitar a Cillán la denuncia que el financiero había puesto contra Pujol y derivarla a la Audiencia Nacional, para paralizar cualquier filtración a la prensa y para controlar a la magistrada.
En la grabación, Villarejo hablaba literalmente así a De la Rosa aquel 10 de diciembre de 2012 por teléfono: "Yo voy a... o sea, esta mañana se va a hablar con esta señora y se le va a quitar totalmente la jurisdicción, para lo cual necesito un día para hablar con la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional admita todo el cuerpo, no solamente tu tema, sino los otros temas que tú ya conoces y llevarlos adelante". "Ayer a última hora de la tarde se habló con el decano y el decano ya le ha pegado un tirón de orejas y ella ha dicho que ella no, que ella solamente ha hablado con su amiga de tribunales de 'El Mundo', pero que ha sido un comentario inconsciente y tal, por lo cual se le va a terminar probablemente abriendo un expediente en el Consejo General del Poder Judicial por el tema".
La exmagistrada, que asegura en su escrito que ella "jamás" filtró la denuncia a la prensa, entiende que esta conversación evidencia que el comisario fue "uno de los muñidores" de la "presión mediática e institucional" a la que fue sometida Cillán durante la instrucción de las diligencias del 11M y de Pujol y que "finalmente se concretó en la inhabilitación" de la extitular del Juzgado número 43.
Aquellas grabaciones, sin embargo, no fueron las únicas en volatilizarse. Después del atentado, “se intervinieron los ordenadores por un supuesto virus informático. Y, al devolvérnoslos, todos los PCs habían sido reseteados”.
Cabe recordar que en el momento del atentado al frente de la Unidad Central de Apoyo Logístico se encontraba Enrique García-Castaño, uno de los comisarios que trabajó con Villarejo en investigaciones extraoficiales en los meses previos al atentado y también después, cuando desapareció todo el material sobre tres sospechosos principales.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo pidió la desclasificación de ciertos documentos secretos que señalan la autoría real de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Asegura que no hubo interés político ni policial para esclarecer los atentados y señala que el "Estado diseñó el protocolo de actuación del 11 de marzo de 2004 produciendo una ejecución a través de una muy bien estudiada operación de inteligencia cuyo último fin era condicionar, como así ocurrió, las maleables actitudes y el volátil comportamiento del votante español".
Villarejo no revelará nada ya que salió recientemente en libertad provisional ya que el juez Manuel García Castellón ha dictado un auto motivado porque la Fiscalía sólo se solicitó prisión por la causa por la que fue detenido, y no en el resto de las piezas que se han ido abriendo y que ascienden a un total de 31 por diferentes delitos.
Pero entre el montón de terabytes que le fueron incautados por la Policía podría estar parte de la información desaparecida. ¿La revelará la maquinaria policial o judicial o las mandará al CNI para ser clasificadas como secretas?.
Desde las primeras horas después del atentado, las cúpulas de la policía y del gobierno tenían conocimiento de unos elementos muy desconcertantes, que parecían indicar que estábamos frente a una operación de falsa bandera.
En este sentido, un artificiero declaró lo siguiente en el juicio: «Había una mochila que estaba en el andén contra la pared, apoyada, […] y nos llamó la atención porque después de los daños que se habían producido tanto en el tren como en los enseres que estaban en el andén, no era lógico que hubiese una mochila sin daños. Y es lo primero que fuimos a revisar. […] todo lo que estaba apilado tenía algo de daño y sin embargo esta mochila frente al vagón número tres estaba intacta, no tenía nada». Aparece eso y desaparece todo lo demás. El relato de la sentencia posterior se basa en esa mochila y no en todas las pruebas recogidas y después desaparecidas, incluso trenes. Expertos como el ingeniero ferroviario Carlos Sánchez de Roda y víctimas personales o por vínculo siguen insistiendo y acreditando en las redes sociales en cómo se destruyeron pruebas sobre las que posteriormente el juez instructor pidió informes.
Cualquiera puede ver que los agentes policiales hicieron su trabajo mientras los mandos o terceros con gran poder lo sabotearon y manipularon. ¿Quién estaba al mando de todo? Los servicios secretos de Sanz Roldán sólo obedecieron a quienes tienen por encima, y por eso dos partidos que alternaron gobiernos, un rey que lo fue y otro que lo es garantizan que en menos de tres años el caso prescriba. Y muchos con acceso al CNI o a policías informados se han repartido cargos y ascensos por insinuar y luego estar calladitos.
