Agitprop o agitación y propaganda es una estrategia política, inicialmente usada por los comunistas, difundida a través del arte o los medios de comunicación, usando como métodos la agitación y la propaganda para influenciar sobre la opinión pública y de este modo obtener réditos políticos.
La finalidad de la "agitación" es compeler a la gente a hacer lo que los agitadores "sugieren" mediante la "propaganda", o sea, la difusión de determinadas ideas o propuestas.
Como ejemplo, el término en cuestión dio origen al de "teatro agitprop", una forma teatral izquierdista muy politizada o ideologizada, la cual se originó en Europa Occidental y Central en la década de 1920, para luego incluso extenderse a los EE.UU. durante el decenio siguiente. El término agitprop pasaría a describir la realización de cualquier acto político izquierdista más o menos tumultuoso.
La agitación propagandista no es exclusiva de la izquierda. A los Nazis les vino muy bien el incendio del Reichstag del 27 de febrero de 1933 para movilizar a la sociedad alemana, tanto que ahora mismo carece de importancia quién fuera el incendiario.
El Incendio del Reichstag fue atribuido a "los izquierdistas" por el gobierno recién elegido de Adolf Hitler aunque nunca se ha sabido si fue ideado por los mismos nazis para declarar el estado de emergencia y poder tomar el poder absoluto prescindiendo del parlamento. El incendio en sí fue algo más que "agitprop", fue un acto delictivo, pero su finalidad fue la misma y la propaganda posterior actuó con la ayuda de este revulsivo con la mayor eficacia sobre las mentes y emociones de la sociedad alemana.
La lección aprendida fue que da igual quien causa el incendio, quien pone la bomba y contra quienes, porque los propagandistas estarán listos para aprovechar el impacto emocional del hecho para propalar verdades o falacias indiscriminadamente con el fin de dirigir la agitación resultante en su beneficio. Culpar a otro de las acciones criminales propias es una más de esas tácticas.
Eso nos lleva a otra definición, las operaciones de "bandera falsa", acciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, simulando ser acciones de otros. El nombre se deriva del concepto militar de enarbolar la bandera de un país diferente al propio.
Los ataques terroristas en algunas ocasiones son operaciones de bandera falsa, como la estrategia italiana de tensión en la cual varias explosiones de bombas en los años 1970 se atribuyeron a organizaciones de extrema izquierda, y que fueron en realidad llevadas a cabo por organizaciones de extrema derecha en cooperación con los servicios secretos italianos para desacreditar a los movimientos sociales y justificar la represión hacia estos.
En la última Guerra de Irak es imposible saber qué acciones pueden ser atribuídas a verdaderos insurgentes y cuáles a grupos sostenidos por gobiernos extranjeros, si bien el año 2005 la policía iraquí detuvo en Basora a soldados británicos del Regimiento de Reconocimiento Especial que dispararon a las fuerzas de seguridad iraquíes e intentaban colocar bombas simulando ser terroristas.
El abandono de los arsenales iraquíes a disposición de los insurgentes fue otra de las añagazas de las fuerzas occidentales invasoras para facilitar que los grupos insurgentes dispusieran de cabezas de obuses para fabricar coches-bomba con los que se mataran entre ellos y cometieran acciones contra población civil. Una excusa más para mantener la ocupación y una ocasión de fomentar las divergencias entre las facciones antiamericanas. Divide y vencerás.
En España, tras el fracasado golpe del 23-F, otra intentona golpista del 27 de octubre de 1982 incluía planes para realizar una serie de acciones terroristas de envergadura que serían achacadas a ETA, para favorecer la intervención de los militares.
¿Quien podía estar detrás de esta gente? La extrema derecha carecía de líderes visibles, o al menos nunca hemos sabido quiénes eran.
El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de poderes públicos cuya finalidad es inducir el miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Los métodos son los mismos que los de cualquier terrorista, pero además cuentan con la ventaja de encubrirse como operaciones militares "encaminadas a romper la moral del enemigo", que produzcan un grave estado de inseguridad y temor en la población civil.
Actualmente, estas operaciones se enmascaran con frecuencia aduciendo que se trata de daños colaterales, de ataques realizados contra objetivos militares legítimos, cuya relevancia, sin embargo, resulta ser insignificante en comparación con el daño o pavor sufrido por la población.
En otros casos se pretende provocar el terror en la población civil del país al que se dice "ayudar" mediante crímenes de las propias tropas promovidos o no impedidos o perseguidos por sus oficiales.
También se ha llegado a considerar que las organizaciones secretas financiadas por el estado y sin control democrático de los ciudadanos puedan preparar atentados e incluso financiar y entrenar a grupos que se disponen a realizar dichas actividades.
Ese fue el tipo de apoyo que se le prestó durante la invasión soviética en Afganistán a grupos islámicos , cuyo más famoso miembro fue Osama bin Laden, patrocinado por entonces (y durante muchos años más) por la CIA.
Según ese razonamiento, muchos de los organismos y agencias de inteligencia son, pues, organizaciones terroristas dirigidas por el respectivo estado.
Los conceptos "guerra asimétrica" y "guerra de cuarta generación" se caracterizan por esta clase de métodos en los que la matanza de civiles directa o incluso causada por el enemigo pero propiciada por los propios agentes forma parte de la estrategia. Las tácticas van desde fomentar la creación de numerosos grupos que impidan un único mando al enemigo hasta permitir y facilitar a los insurgentes las acciones terroristas contra civiles de modo que éstos pierdan toda confianza en "los suyos".
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron uno más de los grupos creados para frenar las acciones de ETA, aunque si se analiza su estrategia fueron tantos o más los que fueron torturados, asesinados o secuestrados por presuntas afinidades ideológicas con el amplio ámbito del nacionalismo vasco, además de ciudadanos españoles y franceses sin ningún tipo de relación con ETA ni con el independentismo vasco.
¿Por qué? Porque no fueron agentes de policía ni de inteligencia militar los que montaron aquello. Fue desde sillones de despacho y mediante el manejo de dinero negro que aquellas acciones fueron dirigidas con los resultados que conocemos.
Si la finalidad del GAL era acabar con ETA no lo pudieron hacer peor. Mataron a cuatro terroristas, dieron repercusión internacional al asunto, privaron a los sucesivos gobiernos de España de gran parte de la legitimidad que tenían y encima, los resultados electorales de Herri Batasuna subieron por las nubes en el País Vasco y Navarra, así como en otras circunscripciones ajenas hasta entonces a este movimiento.
El GAL es un episodio de guerra sucia, más que contra ETA, contra la "neutralidad" francesa y más aún contra los políticos de varios partidos españoles que fueron chantajeados durante años.
El Tribunal Supremo condenó a varios de sus miembros y, destacadamente al ex ministro de Interior socialista José Barrionuevo, al secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y al gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal además de policías y un Secretario General del PSOE. Los dos primeros únicamente cumplieron tres meses de su condena gracias a un indulto del gobierno de Jose María Aznar. Hecho curioso porque ocurrió después de años de duras acusaciones del Partido Popular.
Desde el punto de vista jurídico es llamativo que en aquellos años se eliminase del Código Penal la circunstancia eximente del antiguo artículo 8, que exoneraba de responsabilidad a "El que obra en virtud de obediencia debida" (apartado 12) y atenuaba la pena de quienes "obran por motivos morales, altruistas o patrióticos de notoria importancia" (antiguo artículo 9, 7º del derogado Código Penal).
A los lacayos, se les trató como a los perros.
Claro que se cachondean los etarras y sus simpatizantes, cuando esta chapuza quedó en evidencia, sin acabar con E.T.A. ni con sus apoyos en Francia y en España. Y es que en realidad ésto les sirvió para argumentar ante la opinión internacional su tesis de que son perseguidos políticos y que ejercen su derecho de resistencia ante un Estado Español igualmente terrorista.
Las sentencias del Tribunal Internacional de los Derechos Humanos les han dado la razón varias veces, y más que se la darán, porque la política penitenciaria y las actuaciones de la Justicia en la persecución del terrorismo de E.T.A. son penosas. Digo esto desde la distancia, ni soy vasco ni simpatizo con los abertzales, que por cierto si tienen algún respaldo en Europa no es gracias a ellos ni por miedo a ellos, sino por culpa del poco respeto que merecen los estamentos españoles. Gobierno y Justicia han dejado ver demasiadas veces que aquí las leyes se manejan en lugar de aplicarse en su recto sentido.
A los terroristas se les imponen las penas establecidas en el Código Penal, un número concreto de años, meses y días. Pero, a diferencia del resto de presos, los condenados por determinados delitos deben cumplir sus penas íntegramente, y además sus condenas se calculan mediante unos malabarismos encaminados a hacer que pasen el máximo número de años en prisión.
Si los legisladores hubieran tenido menos contemplaciones, existiría desde hace mucho la cadena perpetua (como en otros países), pero lo que han hecho es delegar en los jueces la labor de inventar trucos legales para alargar las condenas y después lamentarse cada vez que un etarra sale libre. Cuando alguien cumple su condena es libre y punto, mal que les pese a las víctimas y perjudicados por este tipo de crímenes.
Por si fuera poco, el hecho de que a los terroristas se les deniegan los beneficios penitenciarios con criterio diferente al resto de presos provoca que en el extranjero se vea éste tipo de prácticas como una vulneración de los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la Ley internacionalmente reconocidos. Además se aplican retroactivamente las reformas penales sobre este tipo de delitos, lo que también lesiona derechos fundamentales protegidos universalmente.
Todo para contentar a la ciudadanía y asociaciones de víctimas del terrorismo que se hunden cada día en mayores decepciones. Lo que ofende es que en lugar de demostrar que éstos presos lo están por sus acciones y no por sus ideas, en más de una ocasión representantes de los sucesivos gobiernos de España han defendido públicamente que se siguen reglas distintas con los presos por terrorismo que con los presos "comunes". O sea, siguen usando la terminología franquista para distinguir a los presos "comunes" de los que pertenecen a "otra categoría". ¿Qué nombre poner a los que no son presos "comunes"?. Siempre se les llamó presos "políticos".
Esta ha sido y sigue siendo la estrategia contra el terrorismo, perder toda credibilidad en España y en el extranjero. Y hacer inútil todo el esfuerzo policial. No hace falta entrar en ejemplos.
La creación en secreto de organizaciones terroristas clandestinas convencionales -reales o simuladas-, el apoyo a las mismas o la negligencia deliberada en su persecución no es exclusiva de las zonas de guerra.
La opinión pública de cada país es "concienciada" cada día de que estas organizaciones son extremistas y peligrosas amenazas para la ciudadanía, lo que otorga justificación a quienes alegan la necesidad de combatirlas por todos los medios.
Un enemigo invisible fue el mejor acicate para agitar a la sociedad y convertirla en una masa atemorizada que se reuniría de forma gregaria en grandes grupos fáciles de liderar. Una ocasión perfecta en vísperas de unas elecciones generales.
El caso de los explosivos adquiridos en Asturias a cambio de droga tiene ese tufillo de las operaciones autofinanciadas tan características de la CIA y otros servicios secretos.
Y cómo no el empeño en buscar vínculos con ETA también demuestra un sello característico.
Este tipo de acciones entra más bien dentro de la definición Operación Negra (Black Operation, Black Ops en plural), o sea, operaciones encubiertas para ocultar a sus autores por estar fuera de la ley.
En algunos casos la más fácil de las estrategias es dejar que unos terroristas, muchas veces fichados y vigilados, hagan el trabajo sucio y después se les atrapa, o mejor aún, se les mata para no dejar cabos sueltos, sino atribuirse el mérito de haberles "desarticulado".
En algunos casos la más fácil de las estrategias es dejar que unos terroristas, muchas veces fichados y vigilados, hagan el trabajo sucio y después se les atrapa, o mejor aún, se les mata para no dejar cabos sueltos, sino atribuirse el mérito de haberles "desarticulado".
El 11 de Marzo ocurrió lo que estaba preparado desde mucho antes, una escenificación criminal y premeditada cuyos protagonistas fueron tanto los muertos y heridos como los actores que movían los hilos de los acontecimientos para bombardear las mentes del rebaño en que se convirtió la opinión pública.
Ya sabemos quienes pusieron los medios. No escatimaron, como no lo hicieron en otras acciones terroristas que fueron inducidas para culpar a ETA, y que esta organización llevó a cabo nada inocentemente. Quienes lo organizaron probablemente pensaban que tanto si la opinión pública pensaba que era ETA o los islamistas, ello reforzaría la posición de aquel Gobierno de Aznar que presumía de enfrentarse tanto a unos como a otros. Pero fue al revés, los resultados lo confirmaron.
En cuanto a la puesta en escena, se ha venido abajo completamente. Ninguna de las tesis expuesta en las resoluciones judiciales del 11M se ha comprobado cierta, sino todo lo contrario.
La limpieza de pruebas no es que no esté probada, es que lo está sobradamente porque si hubiera habido una "cadena de custodia" se podría saber todo sobre las pruebas, verdaderas o falsas, que han aparecido y desaparecido como por prestidigitación.
Los suicidas de Leganés fueron atraídos al lugar para dar carpetazo al asunto haciendo desaparecer sus cadáveres mediante un teléfono móvil actuando de control remoto de un detonador. No tiene sentido que para activar un cinturón-bomba se use un sólo teléfono móvil, y cualquier experto indicaría lo difícil que es conectar varios cinturones a un único dispositivo. Las cintas con oraciones del Corán fueron la banda sonora de un piso donde todos estaban muertos antes de llegar la policía.
Qué casualidad que no haya podido demostrarse porque a esos muertos no se les hizo la autopsia, aunque la Ley lo ordena en toda muerte violenta. El Juez sabía lo que había y que una autopsia hubiera podido demostrar que los destrozos de los cuerpos debidos a la explosión fueron post-mortem. Hay técnicas forenses para ello, basándose por ejemplo, en la coagulación de la sangre en los restos.
Dichas actuaciones se justifican por razón de Estado. En estados como el nuestro esto suele equivaler a razones partidistas o lucrativas de determinados estamentos más que al interés público. Y al Estado le importa una puta mierda que muriera un miembro del GEO para hacer más creíble la pantomima.
Al interés público le interesa que no maten a ciudadanos para manipular la mente de la gente. Si se pudiera demostrar la verdad...
La desinformación es la acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación o conocimiento de datos, argumentos, noticias o información cuyo público conocimiento no interesa a determinados poderes. Habitualmente se da en los medios de comunicación, pero estos no son los únicos medios por los cuales se puede dar una desinformación.
El "astroturfing" es la técnica de promover la agitación de determinados grupos sociales o colectivos manteniendo una apariencia de espontaneidad, o sea, sin que se vea la mano oculta que mueve los hilos de supuestos movimientos de masas, como las multitudes que salieron a la calle preguntando al unísono "¿quien ha sido?".
Tras las explosiones de los trenes, "casualmente" varios actores, cineastas y figuras del teatro y la televisión con clara vinculación socialista o izquierdistas militantes lanzaron por todos los medios a su alcance una campaña de agitprop para intentar difundir versiones prefabricadas de lo ocurrido para inculcar sus más y bastante menos extremistas ideas políticas a través de actos públicos y preferentemente, por la radio y la televisión.
Destacó el uso de mensajes SMS a través de teléfono móvil cuyas letrillas apuntaban siempre al Gobierno del PP, y en las que se exponían desde razonamientos que culpaban a "su" política exterior como a divagaciones típicamente conspiranoides con los que se movilizó a los grupos denominados “radicales” o "antisistema" de los que se sirven las organizaciones "de izquierdas" en su estrategia de desinformación, agitación y propaganda.
Se lo pasaron bomba.
El encubrimiento de los delitos cometidos el 11 de Marzo de 2.004 por los diputados, jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo es tan obvio que uno se pregunta por qué nadie colabora con las asociaciones de víctimas para indagar mínimamente en el caso. Excepto en el caso de la de Pilar Manjón cuya finalidad es precisamente buscar el archivo definitivo del asunto, ya que esa asociación se creó para que el PSOE pudiera tener su propia AVT "de izquierdas". Esta plañidera, mascota oficial del PSOE y sus filiales sindicales, demuestra cada vez que habla su desesperada y traicionera intención de echar tierra sobre las pruebas y contradicciones del asunto.
Los Fiscales Cándido Conde-Pumpido, Javier Zaragoza y Eduardo Torres-Dulce fueron a todas luces culpables del encubrimiento de los hechos delictivos y cometen delito de obstrucción a la Justicia cuando fingen ignorar las evidencias de un sumario que la Prensa y prácticamente todo el mundo conoce y no actúan contra los culpables.
La lista de los delitos imputables a esta gentuza es interminable: Prevaricación consciente y deliberada, Infidelidad en la custodia de documentos públicos y destrucción de los mismos, Encubrimiento o cooperación necesaria con actos de terrorismo y genocidio, así como Obstrucción a la Justicia, Omisión del deber de impedir determinados delitos y hasta la autoría de los mismos, ya que sin filtrar datos de los sumarios de ETA los autores materiales de aquellas acciones nunca habrían contactado con los suministradores de los explosivos en Asturias.
El 11-M y sus lagunas no se quieren investigar porque sus autores, en efecto, no están en desiertos lejanos sino en los sillones de sus despachos.
El 11-M y sus lagunas no se quieren investigar porque sus autores, en efecto, no están en desiertos lejanos sino en los sillones de sus despachos.
Es obvio que la Fiscalía encubre no solamente su responsabilidad y la de los Magistrados sino la de ciertos elementos radicales también relacionados con el sumario que siguen impunes, y que los referidos prevaricadores no han acusado ni querido detener, dando el debido impulso procesal al sumario, porque es más cierto que lo que se intenta encubrir la actuación criminal de los aforados implicados y también la del Rey, cuya implicación omito por innecesaria a efectos penales, dado su carácter inviolable e inimputable.
La práctica de masacrar aleatoriamente no es nueva en España, donde los tests de armas experimentales en connivencia con gobiernos "amigos" (¡vaya amigos!) dejaron su rastro de muerte con el beneplácito del peor tirano posible, el que juega con la vida de sus ciudadanos como si le perteneciera.
Los turistas del Camping de Los Alfaques comprobaron de la peor manera cómo se trata aquí a los visitantes, ya que las bombas de aire-combustible parece ser que no se habían investigado suficientemente en Vietnam. También llamadas bombas termobáricas, son cisternas de gas (como la de aquel camión) que al hacer explosión alcanzan presiones y temperaturas que hasta entonces no se habían logrado más que con bombas atómicas.
Y los habitantes de la periferia de Madrid sirvieron también de ratas de laboratorio cuando en 1.981 el régimen déspotico recién disfrazado de democracia permitió que se comprobara con ellos la eficacia de cierto aceite de colza cuyo secreta composición aún hoy sigue siendo un misterio, aunque es muy sospechosa su similitud con los agentes VX (principal arma química de la OTAN).
La Audiencia Nacional, cómo no, corrió un tupido velo sobre el asunto y sus conclusiones fueron contradictorias e inverosímiles, como años después ocurriría con el 11-M.
Montesquieu ya decía de los tiranos: "Cuando se busca tanto el modo de hacerse temer se encuentra siempre primero el de hacerse odiar".
