USTEDES Y YO: EL SUMARIO DEL GRAN BOTÍN.

El Presidente que sufrimos, que a estas alturas ya no puede esperar la reelección, tiene como único argumento "su pasado de honradez" (o sea, que él antes no robaba). Hasta el delincuente más precoz tuvo una vida honrada antes de empezar a robarles el chupete a los demás niños.

Las artimañas de este cacique y sus adláteres han costado a España cientos de miles de millones, lo que causó el incremento desatado de la prima de riesgo al inicio de su legislatura que ahora presume de haber conseguido rebajar (será gracias a él, encima).

Este pobre diablo, a través de su Ministro de Justicia y su Fiscal General del Estado, verdaderos "capos" del aparato prevaricatorio imbricado en el así llamado "Poder Judicial" ha hecho todo lo posible por desviar y expoliar unos fondos multimillonarios que fueron bloqueados en el llamado "Caso Bárcenas", antes "Caso Gürtel" y últimamente, el "Caso PP" o los nombres que le pongan.

Cuando el que se ha constatado como peor presidente de la democracia dice con aire despistado que "todo es falso, excepto algunas cosas", no se refería a los trapisondismos de Bárcenas (que evidentemente tenía que conocer y si no los conocía vaya mal dirigente tiene que ser dentro del Partido) sino, usando un doble lenguaje, a lo que todos saben pero se callan.

El gran sumario de la corrupción que Bárcenas y sus superiores intentan hacer suyo con los artificios legales que estamos conociendo, existe desde hace muchos años.

Fue un montaje urdido por un grupo de jueces y fiscales que encontraron la forma de amparar la corrupción y utilizar un procedimiento legal para ocultar el dinero procedente de los delitos "de especial trascendencia", o sea, los que se saben pero no se dicen y cuyo conocimiento corresponde a la Audiencia Nacional en relación con: Delitos contra la Hacienda Pública, Delitos de prevaricación, Delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada, Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, Negociaciones prohibidas a los funcionarios, Defraudaciones, Insolvencias punibles, delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, Blanqueo de capitales, Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, Delitos de corrupción en el sector privado y también en este caso la Traición.

El sumario fue la forma de dar carta blanca a todas estas conductas que fueron organizadas y contabilizadas bajo la forma de una acusación para de ese modo simular que en vez de estarse amparando se estaban investigando. O sea, una trama dedicada al blanqueo de capitales y también de delitos, consistente en utilizar procedimientos judiciales para blanquear, con la excusa de bloquear, los capitales derivados de los delitos de los políticos y otros oligarcas que se han querido apuntar a ese montaje.

El método, nacido de los tiempos en que se pensaba que era peor el escándalo que no la aplicación de la Ley a determinados delitos, demuestra cómo la judicatura (sojuzgada o servil) no sólo ha encubierto sino que se ha avenido a ocultar libre de impuestos el botín de años de corrupción de la política y las finanzas.

Esto se debe a que los fondos no fueron simplemente bloqueados, sino administrados y gestionados por un Administrador Judicial.

El Administrador Judicial es un auxiliar del Juez, que es quien lo nombra con la función de administrar determinados bienes ajenos o ejercer la función de asistencia o vigilancia en la gestión de tales bienes. Suele ser un economista con habilidad supuesta para la gestión de patrimonios.

Si bien un Administrador Judicial es legalmente un mandatario del Juez sujeto a sus órdenes e instrucciones, en este caso la persona designada fue un vulgar rapiñador con la habilidad y la costumbre de procurar implicar a jueces y magistrados en sus embrollos, a fin de robar su parte correspondiente y después irse de rositas.

El personaje del que hablo no sólo ha gestionado dinero, sino que con la ayuda de los medios que le brindó la Audiencia Nacional y los servicios de seguridad del Estado, urdió una trama de espionaje industrial para malvender a otros países patentes españolas y ocultar los beneficios en cuentas falsas libres de todo gravamen.

Al apoderarse de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico y utilizando medios técnicos de escucha y reproducción del sonido o de la imagen, se han difundido o cedido a terceros los datos obtenidos por parte de las mismas personas encargadas o responsables de no revelarlos.

El administrador judicial, siendo depositario por razón de su cargo de información legalmente calificada como reservada o secreta o de interés militar, relativa a la seguridad nacional, parte de ella relacionada con la energía nuclear, vendió ésta información en el extranjero, conducta constitutiva de traición de la que son cómplices o encubridores los funcionarios de la Audiencia Nacional y cargos judiciales asimilados.

Concretamente y por poner sólo un ejemplo, los sistemas de propulsión de los nuevos submarinos rusos podrían haberse patentado en España, pero esta gentuza que se sabe impune, sin ningún reparo por la seguridad o la defensa nacional e internacional, revelaron información clasificada como reservada o secreta, exportando esta tecnología a terceros países sin acuerdos de intercambio tecnológico.

La alegre pandilla de encubridores que pulula por la Audiencia Nacional fue y es cómplice de los hechos relatados con la finalidad de traición prevista en el Código Penal, que castiga al "particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, resultando grave daño para la causa pública o para terceros".

Han alargado el proceso infinidad de años con la intención de ocultar una sarta de delitos de resultados multimillonarios cometidos por los presuntos servidores de la Justicia que son sus cómplices. Y del dinero, la mayor parte ha salido del país como he dicho al principio, cuyo rastro se encarga la Justicia de barrer.

Y encima, en el extranjeros funcionan bastante bien nuestras patentes, mientras el submarino S-80 diseñado por Navantia parece que sólo sirve para sumergirse sin que pueda reflotar.

Así le van las cosas al Ejército, con rivales mejor armados que nuestros propios soldados. Total, al que le tendría que importar le da lo mismo, siempre que se lleve algo al bolsillo.

Y si eso significa que otros comercialicen el escudo antimisiles que iba a fabricar la empresa europea para la que trabajaba el ministro de designación real Pedro Morenés, no importa, si pagan.

Porque, a los que manejan ésto, les es mejor cobrar la comisión al vender la patente y otra vez al comprar el producto que pagamos todos. Y además como es materia reservada no se puede publicar.

Y a todo esto, los medios de comunicación (que no de información) juegan a engañar a los que aún no se han enterado de la existencia del citado sumario, y a distraer a los desinformados con noticias que son puro teatro. Bajo el paraguas de ser partidarios de unas u otras ideologías, estos lameculos se prestan de buena gana a callar lo que saben y a distraer al personal con patrañas y divagaciones que al fin y al cabo es lo que esperan sus seguidores. Y porque es lo que mandan los que les pagan.

El hecho de que en los medios sólo se publique de forma muy sesgada la noticia se debe a las presiones del Gobierno y de un aparato judicial implicado hasta las cejas en toda esta trama criminal, por lo que jueces y fiscales cuidan muy bien de ocultar su participación delictiva, y encubrir a los terceros implicados, así como dilatar indefinidamente los trámites con fines obviamente lucrativos, ya que son los responsables de que se lleve a cabo la apropiación indebida o distracción de dinero, efectos, valores y activos patrimoniales que el administrador judicial recibió en depósito, comisión o administración.

Han alargado el proceso infinidad de años con la intención de ocultar una sarta de delitos de resultados multimillonarios cometidos por los presuntos "servidores de la Justicia".

Las pruebas además son y fueron notorias, ya que los funcionarios de la Audiencia Nacional, abusando de su cargo, y sabiéndose impunes, los comentan con prensa y televisión, en un país donde hablar de la chorizocracia es la diversión general, y donde todos los silencios se compran. Y donde los jueces encarcelan a quienes ponen en duda su honorabilidad impuesta mediante la amenaza.

Así, con tantos aliados de este delincuente no es de extrañar que los Fiscales de la Audiencia Nacional se hayan puesto a su servicio, supongo que esperando algo a cambio. No reparan en artimañas para encubrir a personas aforadas, protegidas por la servidumbre secuaz de una Administración de Justicia que, lejos de proponer algún tipo de medidas, ha impulsado pasivamente el sumario con el único objeto de permitir actuar a los culpables.

El Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, omite flagrante y deliberadamente la obligación estatutaria que le impone la Ley 50/1981 que regula las funciones de todo Fiscal: recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante. En lugar de ello se encarga de torcer el correcto rumbo de una causa que está siendo entorpecida, con obstrucción a la labor de la Justicia, a fin de retener y desviar los fondos cuya entrega está condicionada a su finalidad, con la intención de malversarlos.

Ello puede afirmarse sin temor a represalias judiciales, ya que se trata de delito flagrante, o sea, aquel delito que se está ejecutando actualmente o en este preciso momento y que la autoridad ha podido comprobar en persona cómo se estaba cometiendo, disponiendo de las pruebas, en este caso irrefutables y preconstituídas, documental pública nada menos, obrante en el mencionado sumario del que se han descolgado las suficientes piezas separadas para desdibujar los verdaderos hechos.

Así son las cosas en esta España cada vez más negra.