SOLVENCIA: CERO.

Este gobierno, que decía que su programa iba a tranquilizar a los mercados, nos mantiene en alerta máxima desde 2.011. Cada poco tiempo la Unión Europea le pide hacer más reformas. Por algo será.

Decían que iban a corregir el mal funcionamiento de las administraciones públicas, y otras cosas sobre las que ahora de repente, silencio. El que no lo intenta nunca lo consigue. 

No creyeron ni por un momento lo que prometieron, como que los servicios públicos sigan existiendo y que serían los primeros en beneficiarse económicamente de la eliminación de determinados organismos inútiles. Pero parece que no piensan ya en desmantelar los tinglados montados a la sombra del nepotismo estatal y autonómico, o no son capaces de hacerlo. 

No se sabe cuál será su próxima promesa incumplida ni qué consecuencias tendrá. Lo único que quieren dejar atado y bien atado es su propia impunidad cuando se vayan, según la "costumbre presidencial". Igual que sus predecesores, lo mismo hacían todos cuando los elegimos.

Un partido con la conducta parlamentaria y acción de gobierno del PP no merece ser llamado conservador, por ser destructor tanto del país como de los principios que un político debe hacer valer.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana no nos hace sentir más seguros, y menos por el hecho de sustraer del control judicial determinadas conductas que deberían estar en manos de un Juez por su gravedad y por razones de imparcialidad. El Ministerio del Interior pretende salvaguardar el orden público mediante multas gubernativas.

Es responsabilidad de la Justicia aplicar los Artículos 550 y siguientes del Código Penal que definen como atentado acometer a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o emplear fuerza contra ellos, intimidarles o resistírseles en ejercicio de sus funciones.

Y también es competencia judicial la resistencia y desobediencia a la autoridad o sus agentes, así como los desórdenes públicos realizados en grupo con el fin de atentar contra la paz pública, causen lesiones a las personas, produzcan daños en las propiedades, obstaculicen de manera peligrosa las vías públicas, o invadan instalaciones o edificios.

La personalización del Estado en la policía por los provocadores conduce a un enfrentamiento que no es sólo problema de los agentes de la autoridad, y aunque lo fuese son ellos los únicos que pueden hacer algo para que las reuniones tumultuosas no acaben siempre en follón o algo peor. Suelen ser extremistas afines a los organizadores, y otras veces, manifestaciones autorizadas son reventadas por grupos contrarios, sin que sirvan de nada las medidas de seguridad de los convocantes.

La proporcionalidad de los medios que las autoridades usen contra los manifestantes no es enjuiciada objetivamente casi nunca. La polarización política de los jueces los predispone a favor o en contra de los agentes en razón de afinidades ideológicas. 

Es normal que absuelvan a los uniformados que se excedieron, admitiendo a ciegas su conocido mantra de que "utilizaron la fuerza mínima imprescindible para impedir el delito". Los excesos policiales se han venido tolerando como disculpables o imprevisibles desde siempre, lo que ha hecho recaer mala fama en el conjunto de sus miembros.

No son tantos ni tan pocos los casos de brutalidad policial como para no poderlos afrontar de una vez, ya que no por los jueces, al menos por los responsables de sancionar la eventual indisciplina de alguno de los funcionarios encargados de asegurar las calles.

Para evitar imponderables, el Ministerio del Interior y las consejerías autonómicas equivalentes ordenan contención a los agentes de la autoridad. Eso les quita no sólo la autoridad, sino que reduce sus posibilidades físicas de contener a alguien por estar limitados sus medios de respuesta.

Las rudimentarias tácticas antidisturbios no bastan ya para atajar la actual guerrilla urbana. La policía requiere órdenes precisas y estrategias cuya legalidad no pueda ponerse en duda. Y si el material disuasorio que les dan no es adecuado, que les den otro que sí lo sea. Es absurdo culpar a un funcionario por los daños colaterales de cumplir las instrucciones recibidas.

Y el Gobierno, que lo que digan los europeos, porque parece que aquí no sabe nadie ni cómo tener las fronteras en paz.

La eclosión de movimientos y plataformas nacidos de la rebelión ante el inmovilismo y la indignación ciudadana está teniendo un gran efecto en las calles. La izquierda kamikaze que cree en las ventajas naturales del descontrol  se entusiasma en resucitar el "republicanismo" reducido a manifestarse a la moda tricolor, igualito que en Cataluña con las senyeras esteladas.

Los grupos antisistema se infiltran en todos estos actos y plataformas, repitiendo estrategias ya ensayadas por otros. Su denominador común es la violencia que ellos creen que es ingrediente necesario para la revolución.

Y en una cosa no se equivocan, y es que este Gobierno víctima de su propio chantaje muestra una gran debilidad.

El influjo de ETA en la vida política y social proviene de su capacidad potencial de dañar, pero también de aprovechar el sentimiento de injusticia y frustración de sus adversarios. Sus acólitos siguen la misma estrategia ya que participar verdaderamente en las instituciones parece que no es lo suyo.

Ahora por primera vez sus cargos públicos pueden decir que son representantes del pueblo vasco, pero siguen aferrados a su estandarte guerrero. No sabemos si les puede beneficiar electoralmente, pero ahí siguen, insistiendo en que sus patrocinados son víctimas también.

Como si se tratase de un armisticio se ha pactado un proceso de paz para que no maten más y sin embargo ahí siguen con todo su arsenal, incluída la caja precintada por unos que dicen que son verificadores. Cuando dos partes se reconocen legitimidad mutuamente, siempre salen ganando los que no la tienen. Y si encima los fuera de la ley no dan ninguna garantía en reciprocidad, entonces lo ganan todo.

ETA sólo desaparecerá cuando ya no exista la sensación de amenaza. Y no es eso lo que se puede esperar de momento.