EL INVITADO INOPORTUNO.

Ya sé que estas elecciones no son unas generales, pero servirán para medir el descontento de la población respecto de los partidos y la confianza en algunos candidatos. Una de las razones por las que el PP puede perder por primera vez al votante de toda la vida es el giro y voltereta que han hecho alrededor del asunto del aborto.

El "ABORTO CERO" es una quimera inalcanzable, como lo es la "delincuencia cero" o "cero accidentes de tráfico". Por ejemplo, es inevitable el aborto espontáneo o aborto natural, aquel que no es provocado intencionalmente.

También están los casos no planificados, cuando un médico de urgencias se encuentra frente a un embarazo complicado, en el que la mujer o el feto corren riesgo de perder la vida. Una caída o cualquier accidente que sufra la gestante ocurren de improviso.

Hay que saber asumir esos fallecimientos del mismo modo que cuando dos gemelos nacen unidos y uno de ellos muere en el transcurso de la cirugía practicada para separarlos. Sin duda es triste para los familiares, pero esas cosas ocurren inevitablemente.

El asunto es que actualmente prima la ideología tecnocrática que se remonta al francés Claude-Henri de Saint-Simon en los años de la Revolución Francesa, durante los cuales se dedicó a la especulación con bienes nacionales. Al igual que él hoy también hay politólogos universitarios convencidos de sustituir la decisión política por la ciencia de la producción bajo directrices industriales y técnicas.

Deberían recordar que este conde pensador creía que la industrialización traería un nuevo modelo social más próspero. Los que duden de que haya sido así, sepan también que no le gustaba demasiado la propiedad privada, y que era partidario de que el Estado reorganizase la sociedad para que los trabajadores pasasen a cobrar según su productividad.

El gran objetivo que se propuso ha tenido siempre más seguidores de los que la Humanidad ha merecido, y también su idea de refundar la moral social.

Para algunos que se creen en el deber de ser iconoclastas, la familia tradicional es un concepto superado. Parece ser que en su propuesta de renovación ético-política incluye que los niños no vengan del mismo sitio y que cuidar de ellos es simplemente una costumbre socialmente aceptada. Como si la gente de todo el planeta siempre hubiera estado equivocada, se niegan a admitir que criar hijos es tarea conjunta, no porque sea obligación sino porque cuanta más colaboración mejor.

Y poca colaboración se puede esperar de los partidarios de restringir la natalidad para cuadrar el crecimiento demográfico con el del empleo que permitirán crear.

Esta es la ética del Estado, el racionalismo abreviado que promueve o frena la natalidad pensando sólo en la sostenibilidad del número de cotizantes a la Seguridad Social.

Y sin embargo el aborto se nos plantea como una cuestión moral despegada de su necesidad práctica. Desde el punto de vista de los nuevos dogmas estatalistas, su regulación corresponde al Estado bajo supuestos y plazos objetivos. En nombre de madres, embriones y fetos ya que el semental queda excluído legalmente de la toma de decisiones.

En abstracto, el aborto que un médico considera necesario por razones relativas a supervivencia de la gestante o del feto se considera una situación de fuerza mayor.

Cuando la fuerza mayor se impone la Ley suele reconocer ese hecho para disculpar a quienes actuaron en esa circunstancia. Si se trata de elegir entre la vida o muerte de madre e hijo, de uno de ellos o de los dos, no puede negarse que la existencia de un grave dilema. Dos vidas en contraposición en situaciones inevitables.

Y sobre la vida de cada persona, en este caso la de las mujeres embarazadas, los legisladores no deberían tener la última palabra. No porque sean mujeres sino porque son personas y ciudadanas que, como todos, no le han pedido al Estado que sea nuestro tutor, ni que nuestra suerte dependa de sus capacidades para velar por nuestros intereses, o de ser indemnizados por los perjuicios cotidianos de su intromisión.

Los seguidores de las doctrinas tecnocráticas piensan que el Estado es responsable del control educativo y parte interesada sobre las obligaciones de tutela y alimentación de los padres. En esos casos los mayores de edad siguen bajo la esfera económica de sus familias, biológicas o adoptivas, hasta que se incorporan al sistema productivo.

El siglo XX vió nacer el poder de los técnicos de producción en una sociedad industrial, y más adelante de la clase directiva de los grandes grupos industriales. El político tecnócrata comunica los más altos niveles de la burocracia estatal y de los aparatos económicos con los grandes nombres de las universidades y la escena pública.

La prioridad de los intereses económicos de las clínicas privadas está muy por encima del griterío de los disconformes. El cuerpo del feto, su aprovechamiento o venta por laboratorios y clínicas se ha venido justificando por la investigación médica, aunque su único destino no sea buscar la cura de enfermedades sino también la fabricación de cosméticos con células madre. Los intereses de estas empresas multinacionales confluyen con los de las clínicas que no sólo cobran por las intervenciones sino por el comercio de estos "residuos clínicos".

Con la creciente intervención del Estado en la vida económica de los pueblos, con la planificación económica y con la integración entre industria y defensa, actualmente la tecnocracia suplanta el poder político en vez de apoyarle con su asesoramiento y los medios. La decisión de tipo político basada en criterios prudenciales y morales cede ante sus cálculos y previsiones basados en puros criterios de eficiencia.

Países como España, dentro y fuera de la Unión Europea han optado por autorizar el aborto dentro de la planificación de su natalidad aunque a veces se diga lo contrario públicamente. El resultado es una burocracia inerte que otorga al informe del médico o del psicólogo (que no es doctor) la validez necesaria para autorizar a una gestante el aborto "voluntario". La inseguridad de las situaciones familiares potencia la opinión de que si no se tiene estabilidad económica no se deben tener hijos.

La política tecnocrática presume de su plena suficiencia para la gestión de los asuntos públicos, reduciendo a la sociedad a unidad productiva para la que hay que adaptar las estructuras institucionales y administrativas.

El Gobierno no quiere vincularse con ningún plan de asistencia a las embarazadas sino que mantiene el equilibrio con una Ley que es un refrito de las anteriores. Sólo tener el hijo y criarlo se puede hacer sin autorización. Para tenerlo y dejar que otros lo adopten, o para abortar, corresponde al Estado autorizarlo y a las mujeres asumirlo.

La pujanza tecnocrática en ningunear la voluntad de los individuos en aras a un sistema económico más eficiente tiende a planificar la sociedad por medio de un sistema de control tecnoburocrático.

El interés personal no cuenta ni nos suponen capacidad para adoptar las mejores decisiones. Despojada la vida social de todo principio moral por no ser cuantificable, el bien común se reduce a pura igualdad de trato en lo material. 

Actualmente, y eso ya sabéis que no sólo lo digo yo, la planificación de una nueva moral social seduce no ya a los continuadores del socialismo utópico dentro de la izquierda, sino al sector de la derecha que ha dejado de ser conservador. Queda alguna excepción, como VOX, que reclaman valores tradicionales en lugar de decisiones intervencionistas no pedidas por la ciudadanía.

El Grupo Parlamentario Popular se despacha hoy con un enésimo parche legal de dos artículos para encajar esta maquinaria paralela al sistema sanitario dentro de la Constitución, cuyo artículo 15, establece que «todos tienen derecho a la vida». Al respecto afirma el Tribunal Constitucional que el Estado debe "abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación" así como "establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma con carácter de valor fundamental".

Las Leyes promulgadas desde 1.985 hasta los inacabables proyectos del Gobierno Rajoy no están pensadas para impedir el aborto, sino para establecer los plazos y supuestos para practicarlo, lo que se ha traducido en un incremento de la práctica abortiva como método de planificación familiar.

Puede tratarse de un aborto terapéutico cuando se realiza desde razones médicas, o de un aborto electivo, cuando se realiza por decisión de la mujer embarazada. Sin embargo no hay manera de saber cuando son ciertas las razones que alegan las embarazadas, ni cuando lo son las de los médicos especializados. Un ejemplo muy traído es el supuesto de "daño psíquico", que siempre se produce ya que es imposible que un embarazo no tenga impacto emocional. Pero es así con o sin aborto. Un profesional conoce las secuelas psicológicas tanto de parir como de abortar.

En cualquier caso ni los plazos ni los supuestos se cumplen, por mucho que estén prohibidos por la Ley, ya que dependiendo de quien gobierne, quien ejerce la inspección establece también cuáles son los márgenes de tolerancia. En teoría se castiga a los médicos que lo practiquen fuera de los casos previstos en la Ley, suponiendo que se sepa, dado que actúan bajo secreto profesional.

Los supuestos legales nunca se pueden demostrar. Si una mujer dice que la han violado nunca va a tener una sentencia firme que lo demuestre, puesto que para ello deben pasar años hasta que un Tribunal lo reconozca, si al final se demostrase. La realidad de los embarazos tras una violación, y el hecho de que puedan conocerse demasiado tarde para tomar la píldora postcoital es la razón de que el Estado se crea en el deber de autorizar el aborto porque no tiene más ayuda que ofrecer.

Tampoco se sabe siempre si el feto sufre malformaciones hasta transcurrido más tiempo del que indica la Ley, y como no se puede obligar a proseguir un embarazo, se facilita el aborto aún cuando esa intervención se salga de los plazos legales.

Los que defienden la conveniencia de permitir el aborto son también críticos por la forma en que se aplican estas leyes. La idea en la que están los ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de que la menor embarazada y quienes están a su cargo no coincidan sobre las decisiones que afectan directamente a la mujer menor de edad, sigue generando serias dudas respecto de la legislación vigente. Pero habría que ver en cada caso qué razones dan la menor y sus padres o tutores, porque se delega en los jueces la responsabilidad de tener la última palabra para resolver ese pequeño conflicto de intereses.

Y yo me pregunto ¿en base a qué criterio jurídico debe terciar un juez? ¿Qué hechos deben probarse no existiendo peligro vital para la menor gestante, no esté desaconsejado por las circunstancias del caso? Deberían acogerse al mismo derecho de los profesionales sanitarios a abstenerse, por razones de conciencia, de participar o colaborar en abortos aunque sea en los supuestos despenalizados.

No es una competencia clara de ningún Ministerio en concreto, así que no hay un Organismo Público para que una embarazada sin recursos reciba una ayuda especial aunque no haya cotizado. En otros países europeos las hay desde hace mucho. ¿Quien va a asumir esa obligación? Si ningún estamento ofrece ayuda, quizás deban hacerlo los ayuntamientos, por proximidad, que están como todos obligados por la Constitución y no me cansaré de decirlo.

Los que hicieron estas leyes son los que permiten que al único sitio al que pueda acudir la mujer es a médicos especializados que promueven esta práctica por los beneficios que les genera. Aunque la medicina moderna desaconseje intervenciones invasivas cuando pueden evitarse.

La legislación ordena que los abortos sean realizados en centros o establecimientos médicos que reúnan las condiciones adecuadas y estén acreditados a tal efecto. Es una concesión o licencia especial de la que solamente gozan ciertos centros privados, ya que la Seguridad Social tiene como norma no llevar a cabo intervenciones que no estén justificadas por la necesidad.

En muchos países se le llama "legrado" o "curetaje", que consiste en extraer el embrión dentro de los primeros tres meses o como tratamiento tras un aborto espontáneo, que es más o menos el mismo plazo de la ley para abortar sin alegar causas.

Es lo que llaman el aborto "libre" como una situación en la que a la madre se le suponen motivos suficientes para esa decisión, y no se le exige demostrarlos. Conceptuarlo como un "derecho al aborto" es una elaboración teórica que las reformas de Rajoy no acogen, pero mantiene el plazo en los que se puede abortar libremente en las primeras catorce semanas. ¿Por qué ese plazo? ¿No se supone que a partir de la fecundación hay un concebido cuyos derechos deben ser protegidos por el Estado?.

Como hay opiniones muy diversas en la sociedad española, todas ellas amparadas por la libertad de creencia, que también ampara a los que no profesan ningún credo, ello nos permite y nos obliga a no meternos en esos berenjenales. Los mandatos religiosos son para los creyentes, y las leyes, para todos.

Leo en "webislam" la siguiente opinión: "El islam presume de defender la vida desde su mismísimo inicio, algo en lo que, teóricamente hablando, no se diferencia del cristianismo. La diferencia comienza cuando se debate en qué preciso momento comienza esa vida. Y así, mientras el cristianismo el asunto está meridianamente claro, -“la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción” (Catecismo, artículo 2270)- en el islam, por el contrario, uno de los problemas que se plantea es, precisamente, el del momento en el que el alma le es insuflada al feto y esa vida comienza. Un momento que no coincide necesariamente con la concepción, y que varía según las distintas escuelas jurídicas, según los distintos autores, e incluso según los distintos hadices, desde los que sostienen que ello sucede los cuarenta días de la concepción, hasta los que defienden que han de transcurrir hasta ciento veinte días, cuatro meses nada menos, para que ello ocurra".

Doctores tiene la Iglesia que lo sabrán responder.

Las confesiones religiosas mucho predicar sobre este asunto pero no tanto ayudar, que el clero mendicante está demasiado ocupado en gastar en otras cosas.

Puede que el campechano Papa Francisco diga que no está de acuerdo mientras se pasea por Roma en su autito cochambroso, soñando con dar a los pobres el dinero de los demás. Los obispos guardan bien sus inversiones sin hacerle ascos a nuestro Gobierno aunque haga lo contrario de lo que predican.

A mí también me gusta el olor a cordero, pero hace tiempo que no lo pruebo.  Lo que no me gusta es el olor de la hipocresía, como la de dar sermones para después dar absoluciones en el confesionario.

Y es que la Ley está sólo para aparentar. No sirve de nada recoger en la Ley unos derechos de la madre o del feto sino garantizar o proteger la maternidad a cualquier mujer, sean cuales sean sus circunstancias. Sobre todo porque no todos los hombres asumen la paternidad, y está en la Ley que deberían hacerlo.

Las embarazadas que abortan no asumen responsabilidad alguna, mientras todo tipo de cargas recaen sobre que las que no abortan. En la misma Ley tendrían que estar previstas otras alternativas, no como esas ayudas sociales que todos prometen pero nunca llegan.

No verse capaz de afrontar la maternidad es la causa de la inmensa mayoría de los abortos que se producen. Muchas veces por culpa de zánganos que no asumen las cargas de la paternidad. La progresiva sustitución de la familia por emparejamientos inestables favorece estas situaciones que siempre han existido, y las nuevas leyes "protectoras" de las uniones conyugales parecen tan progresistas como inútiles. Que lo digan las que reclaman su pensión mensual en los Juzgados.

Lejos de proteger aunque fuese sólo económicamente, la vigente ley socialista y popular justifica el aborto por razones de carencia de medios, en un país que presume de garantizar el mínimo vital a sus ciudadanos. No se pasa hambre, se proclama el derecho al trabajo y a la vivienda, pero cuando llegamos al mundo real la solución de los legisladores es dar permisos para abortar por ser pobre y carecer de estas cosas.

Si los grupos provida confían en el rebaño popular, que se desengañen: ese partido carece de voces en contra, y por el contrario se caracteriza por la obediencia ciega.

Su moraleja de que carece de sentido exigir a la mujer dar al "moriturus" en adopción o proseguir el embarazo es una buena salida para que nuestra Administración se centre en posibilitar lo más fácil y más rápido de la forma más discreta.

No me corresponde a mí decidirlo pero no es tan grave dejar que nazcan y queden en manos de otra familia, o del padre responsable. No es malo traer hijos al mundo y siempre ha habido madres solteras cuya familia cuidaba del recién nacido. La sociedad puede asumir nacimientos no deseados porque hay familias que, siendo así, están dispuestas a cuidarlos como suyos.

Si el problema es que no se puede o no se quiere criar niños, hay familias adoptivas y servicios sociales para buscarle un hogar al recién nacido. Pero con el Estado de por medio todos los mecanismos de protección de menores basados en la intervención de la autoridad, incluyen como remedio rápido el ingreso de los menores en centros donde se puede consumar la dispersión definitiva del grupo familiar.

Y nadie le puede exigir a una madre querer desprenderse de un hijo.

Aunque las interesadas estuvieran predispuestas voluntariamente al aborto libre, siendo las que deben pensar si su cuerpo y el del feto son responsabilidades de la misma persona, pueden no querer seguir llevando dentro a otro. En tal caso, puede no ser posible adelantar el parto aunque la única opción legal sea esperar cuando ya se han sobrepasado los plazos.

Los datos oficiales no reflejan el número real de abortos porque se practican cotidianamente innumerables intervenciones clandestinas, muchas veces en los mismos centros médicos autorizados para hacerlo legalmente. Al final, sólo es cuestión de firmar un cuestionario para poder hacer legalmente lo que en realidad está prohibido o permitido según se mire.

Cuando el aborto se produce en una etapa avanzada de gestación, uno de los imponderables es que, pese a todo, el feto nazca vivo. En tal caso lo rematan, y se puede decir seas o no antiabortista. Las técnicas para hacerlo están en los libros de medicina, pero en ninguno he leído que el médico esté obligado siquiera moralmente a llevar al feto a la incubadora hasta que lo adopten. Es que no es suyo, y la dueña dice que tampoco suyo, con lo que el derecho a disponer del propio cuerpo alcanza a individuos que ya han nacido.

O sea, que no se puede decir a nadie que hay que proseguir un embarazo ni tampoco hay ningún protocolo para cambiar esas prácticas médicas. Desde luego el de Rajoy es un gobierno cuyos engaños serán recordados.

Por eso hay tanta gente que votó al PP y ya no les vota. Y por eso algunos votarán a otros, que de momento no van a tener mayorías pero demuestran merecerlas.