LOS QUE SÍ PUEDEN.

Primero fue un pajarraco y después una bandada. Unos por cuenta del Rey y otros no.

Reírse de todo y de todos es un privilegio al que el "establishment" catalán no está dispuesto a renunciar. Sería como ceder un milímetro de lo que consideran su tierra porque es de la que viven sus familias.

En realidad, como suele repetirse, no es de la tierra sino de los que vivimos en ella. Al revés que los antiguos fueros, que dotaban de beneficios fiscales a los habitantes agraciados, aquí la autonomía está blindada con todo el oro que nos puedan sacar. Los nuevos derechos históricos son los de las élites dirigentes.

A la vanguardia, la bastarda barcelonesa y sus acólitos en Madrid, orquestan a gurús, escribanos y bufones con tal de jalear y "generar opinión". Negocian sus parcelas del poder que les brindan innumerables elementos en los poderes fácticos. No aflojan en el acoso y la calumnia esperando de la Ley su parte.

La judicatura catalana se divide entre quienes no se dan por aludidos y los que quieren implicarse en la transformación de su Comunidad Autónoma en Estado independiente, o quizás una España federal o confederal.

Destaca el nombre de Santiago Vidal, a quien tuve oportunidad de escuchar casualmente conferenciando sobre los futuros derechos que está decidiendo si concedernos. Ya sabía desde antes que es de los que hacen justicia dentro de la más amplia discrecionalidad en la interpretación de la Ley, y su conferencia me confirmó que sigue en esa línea, ya muy explorada por cierta magistratura.

El constituyente clandestino ya dispone de todo el tiempo del mundo para dedicarse a sus aficiones, y que culpe a las cloacas del Estado mientras le encuentran un sitio en las de la Generalitat.

El tercer poder es la mano del poderoso, no su conciencia, como los ilusos hemos esperado demasiado tiempo. La mayoría de jueces saben lo que les espera cuando se encuentran en el deber de oponerse a la gran corrupción, y saben que las altas instancias de la Magistratura madrileña sólo se atreven a sacarles las castañas del fuego a sus colegas inferiores si al mismo tiempo contentan al gobernante de turno y a los permanentes.

Sus señorías no pueden esperar reciprocidad de sus homólogos en Suiza, en Liechtenstein, o en el Caribe y Latinoamérica, para empezar porque es insultante pedirles que colaboren con el bodrio judicial que avergüenza a muy pocos en España. Cada lacayo sirve a diferentes capitostes, y las autoridades extranjeras prefieren que los nuestros tengan sus acciones en sociedades establecidas tras telones bancarios.

Porque lo que sabe media España es que la actividad económica principal ha sido el blanqueo inmobiliario con fines especulativos, que ya es improductiva sin el añadido de su ocultación.

El fraude masivo lo están capeando los jueces de la mano de abogados pagados no por su cliente sino por los que mandan sobre todos. Gente exenta desde el principio de cumplir la Ley son los que dicen actuar en su nombre. Y los que urden fraudes procesales vistiéndolos de alegato. No pueden esperar de mí mejor comentario que no decir más porque no dejan saber más.

Excepto lo que es por todos sabido, que hay algunos abogados, como el magistrado condenado por el Tribunal Supremo Gómez de Liaño por abusar de su posición de juez para burlar decisiones de la Audiencia Nacional y conculcar distintos procesos legales de manera "consciente, llamativa, manifiesta y hasta grosera". Los fiscales Gordillo y Fungairiño habrían mentido para proteger al juez, como su cómplice Baltasar Garzón, ya que todos estaban detrás de las escuchas ilegales que el ahora abogado y reincidente impenitente ha seguido aprovechando para utilidad y beneficio personal.

El interés común no lo defienden ni juristas ni políticos, envueltos en una dignidad fingida más que merecida. La mayoría trabajan para el mismo objetivo ilegítimo, y se tapan los oídos ante cualquier acusación particular, que contra determinados privilegiados simplemente son rechazadas de entrada, con argumentos espontáneamente deducidos de la nada jurídica que llena bibliotecas.

En teoría tenemos derecho a un abogado de libre elección si somos acusados, pero si somos perjudicados ni siquiera podemos comparecer en los juicios de la alta política porque ni son juicios ni nada, y a quejarse a otro sitio que eso es un Juzgado. Así es como tratan a la acusación particular con el argumento de que lo de todos no es asunto nuestro, y lo de cada uno, tampoco.

Son ellos los que mejor saben qué significa legítima defensa ante el desamparo y la amenaza que ellos permiten.

El cambio de guardia en el Juzgado Central nº 5 ha supuesto una continuidad en lo que Ruz recibió de sus antecesores sin cuestionarse procesarles. La Audiencia Nacional fue creada en 1977, el mismo día en que se suprimía el Tribunal de Orden Público del franquismo, que marcó el estilo que sigue siendo norma de la casa. Un numerario del PSOE y ex-Director General de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata Amaya, es mi nuevo gestapo personal.

Cuando el nuevo habilitado de la prevaricación ha llegado a la Audiencia Nacional ha debido informarse de qué es lo que entienden allí por secreto de sumario, que hasta por la calle se puede enterar uno de la marcha de sus "indagaciones".

Es que los comunicadores, con la colaboración necesaria de los filtradores de secretos, convierten la mentira en numerito chistoso para no tener que decir lo que es cierto y lo que no. Su parodia de la libertad de información.

Lo que le viene muy bien al Juez que mejor sabe lo que es verdad, por mucho que se obliga a no decirla para que el secreto de sumario beneficie a los intocables que aparecen como culpables de los hechos hasta que cada instructor consigue demostrar que todo era una lamentable confusión. Aún si no fuese así, sus criterios serán rebajados y revisados por la superioridad con el mismo fin.

Sin el principio de que la Ley se aplique bien y a todos, poco más pueden hacer los custodios del sistema judicial contra los políticos, los que lo han sido y sus amistades. La alternativa es ser de los suyos, que además es muy rentable.

El muy constitucional artículo 102 preceptúa que:

"1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo".

Así que por mucho que los delitos de lesa patria y contra la seguridad del Estado no admitan indulto, hoy por hoy Rajoy y su camarilla se sienten tranquilos por el tiempo que dure la garantía de impunidad que les confiere su mayoría absoluta y los pactos de punto final con otros de su misma ralea.

Dijo el escritor estadounidense Paul Auster que "Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia".

Pues en la Audiencia Nacional se han venido lavando las manos excluyendo a los ciudadanos de las causas por delitos masivos. Por dejarse dirigir por criterios antijurídicos y meramente pragmáticos, generalmente por exigencias interiores de ciertos operadores al servicio del Estado y conectados a servicios de naturaleza dudosa o indudable. Las cloacas infiltradas en los servicios de seguridad centrales o autonómicos.

Hampones parapoliciales protegidos por el hampa parajudicial que, borrando pruebas, declarándolas nulas o no queriendo verlas, ejerce sin pudor ni pundonor el oficio heredado de sus madres. Que aunque puedan no ser todos, todos saben quiénes son.

Según el artículo 104 de la Constitución, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana" pero también dice que lo harán "bajo la dependencia del Gobierno".

Bajo su dependencia el Gobierno se garantiza que no se entrometa ningún policía. En nada diferentes del resto de cuerpos policiales autonómicos y municipales a cuyos máximos responsables les dan orden de no actuar en ciertos temas. Sin decirlo, los gobernantes les dicen que sean comprensivos con las faltas humanas de los escogidos.

Dentro de ciertos cuerpos de funcionarios se sabe que ciertas conductas inadmisibles conllevan la expulsión, pero eso no significa que dejen de cometerlas los que juegan a dos bandas.

Ni debe sorprendernos que la Justicia sea precisamente la responsable de no cursar las órdenes que muchos responsables policiales saben que un día u otro deberían llegar.

Una incertidumbre que la Justicia favorece y cuya culpa asume al final el Juez. Los que se mueven por encima se encargan bien de prepararle dificultades en su camino. Tratándose de la defensa de los próceres, los fiscales y los defensores colaboran en el juego interminable de los recursos, un paso adelante y dos atrás hasta que se olvide el asunto.

La frase del romano Publio Siro de que "la absolución del culpable es la condena del juez" explica muy bien cuál es la causa del menosprecio a la Justicia tanto desde las bancadas de la política como desde la opinión pública.

A ver qué hay de nuestro sistema judicial que no sepa ya hasta los que no saben leer. Por ejemplo, me planteo si los jueces aplican el mismo criterio en todos los casos de simulación como el asunto de la llamada "CANTIDAD HEREDADA" en el "Memorando de Entendimiento" suscrito por el Gobierno con sus homólogos europeos como cláusula de naturaleza indefinida, a veces eufemismo del "Rescate" y en cualquier caso, engañosa.

En http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2012/120720_MOU_espanyol_2_rubrica_MECC_VVV.pdf puedes encontrar el transparente documento del Ministerio de Economía que he rebautizado "EL RESCATE Y LA HERENCIA" y que procede de la "creación de riqueza", de la que tanto hablan los incompetentes que sólo saben guardarse toda la que he demostrado con la complicidad de los demás limosneros que invocan la dignidad.

Parte del asunto (para mí, lo más importante) está relacionado con unas patentes tecnológicas que la Justicia iba registrando sin pedirme permiso  y demostrando así que en España los jueces y sus comparsas pueden impedir que el inventor de una patente o sus adiciones pueda registrarlas, mientras autorizan que lo hagan otros.

Y no sólo eso, sino que a la par que entraba dinero en España y se ensalzaban los logros tecnológicos, cualquier metepatas se ha metido de por medio a ver lo que sacaba. Y por lo visto eso también es legal.

Todo sale del mismo saco, que la Justicia llena para que cada Juez pueda vaciarlo con la debida equidad y respeto a los intereses privados pretextados.

La suerte de muchos está por encima de la de un solo individuo, dicen los que acaparan para sí creyendo que la Ley no está a la altura de sus atribuciones. Son ellos mismos los que cada año aprueban el reparto de fondos entre sus partidos; son los que mandan por más que no demuestren mejorar nuestra suerte.

La apropiación y desvío de fondos bajo la custodia de la clase política y su eterno retorno visceral al gasto y las corruptelas asociadas nos llevan al agotamiento de los recursos del sistema público. Ya queda cada vez menos en nuestra bolsa, y la suya no nos rinde ningún beneficio real.

Y ahora díganme sus señorías si soy yo sólo el único que piensa en la naturaleza delictiva de sus resoluciones. Dispongan que las cumplan, si son tan legítimas, a Gobiernos y Tribunales extranjeros.

A ver a quién van a reclamar el dinero que según entra, sale directo al bolsillo de sus patrocinadores. Dinero bloqueado y ocultado que no rinde a más economía que a la de quienes la guarecen, y seguirá así por tener una "Justicia" incompatible con los que deberían considerarse estándares mínimos de la Unión Europea.

Y por haberla dejado al servicio de notables y autoridades, pero no de los ciudadanos. Sus señorías no llaman a declarar a Falciani porque conocen mejor que él el origen del dinero que han repartido con los capos de la corrupción política.

Gracias, Falciani, por llevarnos las cuentas mejor que toda esta purria de facinerosos. Sobre los verdaderos movimientos económicos y otros secretos de quienes abusan de la confianza de cualquier sociedad o entidad regida por la Ley.

Gracias por recordarle a Montoro lo que sabe tan bien como el resto de responsables económicos del Gobierno, y por colaborar con la base de datos informatizados por la Agencia Tributaria. No hay privacidad que valga si los demás no tenemos.

Y mucho menos cuando lo que saben todos es porque ni se molestan en disimular un poco.

Por eso dice Montoro sobre los casos relacionados en la Lista Falciani que "Todo lo que está apareciendo es de la legislatura anterior, es un asunto antiguo y, si les parece interesante, pues imagínense lo que hay ahora después de lo que se ha hecho en España en esta legislatura; todo lo que están viendo es como el aperitivo de lo que está en los ordenadores de la Agencia Tributaria".

Que ya se ocupará él de cuadrar esa lista con la de la de los amnistiados fiscales, la Lista de los chorizos mayores, que si se salva uno se salvan todos, sobre todo si son ministros. Pero eso sí, el pasillo de fotógrafos para breve escarmiento de los arrojados y seria advertencia para los incautos.

Y es que encima de amnistiarlos a precio de saldo, algunos de estos robaperas no se han dignado ni a declarar la totalidad de sus "herencias". Igualito que los Pujol, que por unas cosas y otras se les olvidó que hay que pagar impuestos y no dejar propinas para que les hagan la vista gorda.

Hasta el próximo ahogo económico y consecuente revisión y actualización de la morosidad fiscal de la élite filibustera. Que será pronto si sacan y no reponen al ritmo que les vemos hacerlo. Ya usarán sus mañas de trilero para darnos su versión oficial.