Por si acaso las elecciones dan la vuelta a la tortilla, los aforados nombran a sus futuros testaferros, o hijos políticos en la nomenclatura periodística actual.
Paisano de Rajoy, su sustituto en caso de desgracia parece ser Núñez Feijoo. En Cataluña, tras lograr aposento institucional a las posaderas de Brutus Garcia-Albiol, el nuevo barón podría ser Jorge Moragas. Aunque se barajan otros nombres, que está la cosa que arde.
Barón, o recaudador regional de su partido, que en vez de regenerar sus actividades está enfrascado en la recuperación (de lo que pueda arramplar disputándoselo a sus adversarios). Es que, claro, pudiéndose ganar bien la vida en la plaza a la que opositaron, los figurones populares no quieren ganar menos por el desempeño de tareas de mucha mayor cuantía.
Y por si acaso la Justicia se les acerca demasiado, la actual cúpula popular ha creado la oficina de reparto de la corrupción para, una vez más, erradicar del Poder Judicial cualquier poder que aún pueda retener. Mariano Rajoy ha inaugurado la "Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)" para que "ningún delincuente pueda disfrutar de lo que ha robado", dejando claro que él no se considera dentro de dicha categoría.
Aunque no está dotada de personal ni medios, esta nueva extensión del Ejecutivo creada por real decreto, depende del Ministerio de Justicia para sugerir cierta apariencia de respeto a la división de poderes.
Según los autores del fraude de ley, se trata de descongestionar los juzgados y tribunales descargándolos de una tarea burocrática, y de paso agigantar un poco más el Estado creando nuevas oficinas para asistir a las oficinas de asistencia a las víctimas, a las comunidades autónomas, a las ONG, entidades estatales sin ánimo de lucro, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Agencia Tributaria y la Fiscalía, entre otros.
El PSOE exige a Rajoy que explique en la oficina "el 3% del PP", en una buena salida de su portavoz Antonio Hernando, quien preguntó al presidente si ha invitado a la inauguración al presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, y al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Por su parte, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha sugerido para dirigir dicha oficina de Recuperación y Gestión de Activos a Rodrigo Rato, Luis Bárcenas de tesorero o Jaume Matas como "director de mordidas".
Tampoco es para criticar tanto, porque todos los felices colaboracionistas celebran el decreto y esa fábula de disolver el dinero de los perjudicados en "fines sociales".
Tuvimos buena muestra de sus caritativos beneficios en las cantidades destinadas a la Iglesia, que tanto gusta de repartir con los ricos lo que le escatima a los pobres.
No es mendicidad, claro: Gladio y el Sacro Estamento saben cobrarse los favores. La burocracia clerical se siente amenazada ante tanto ateo como rivaliza con ellos en la política, y apoyará antes que a ningún otro al Partido Popular. Y los ancianos, de la mano de las monjas, también les votarán. Quizás no en Cataluña, donde las siervas de la Moreneta, curas y sacristanes son, muchos de ellos, devotos del "procés".
El "panem et circenses" que entretiene a quien no puede elegir es mejor destino social que el que cada uno se gane el pan con el sudor de su frente, deben pensar los que usan la Biblia de pisapapeles para que no se les vuelen los billetes.
Quizás dejen algo para obras de las de verdad y con eso algunos tengan empleo el tiempo que dure: templos, colegios concertados, y puede que hasta reformas para que las casas que les dejaron en herencia las viejecitas no se les caigan encima a los inquilinos. O ponerles ascensor, en lugar de esperar que lo pague otro.
Si no es eso, no se me ocurre de qué modo va a crecer la economía que ni siquiera va a recibir ingresos por impuestos que no paga la Iglesia. Me parece normal que los templos y monasterios no cuenten como patrimonio inmobiliario, pero es de vergüenza que toda la especulación en viviendas, fincas industriales y comerciales esté también exenta. A la vez que los curitas, tan solidarios con lo de los demás, piden a los gobernantes que haya más sensibilidad social.
Y eso que podrían impulsar actividades, como la de esas monjas cocineras que hacen postres que saben a cielo. O los priores y abades que tanto han hecho por mejorar su vino y su cerveza a lo largo de los siglos. Pero no reparte el agarrado obispado ni con ellos.
Ya lo hará perico de los palotes, lo de crear riqueza.
Lo más probable es que ese "destino social de lo derivado de la corrupción" se siga ejecutando en colaboración con Interior y así dar de comer al soviet de la producción española de bienes y servicios.
Con la filosofía de que el trabajador español rinde poco y pide mucho, la deslocalización seguirá enviando tarea al exterior. Ricos o humildes, grandes o chicos, otros países viven ahora la época del desarrollismo industrial y las empresas españolas aspiran a que les compren vino y jamón hasta que empiecen a saber hacerlo ellos.
Con la mediación de conseguidores, también se puede encontrar la oportunidad de comprar y vender a los potentados del Tercer Mundo, donde España se sabe mover bien gracias a agencias institucionales que representan al comercio exterior. El contacto adecuado es en España la única regla del mercado.
Con motivo de la próxima renovación de cargos tras las elecciones, los políticos deberán cumplir con las obligaciones de las leyes de transparencia en relación a declarar su patrimonio antes y después de su nombramiento y cese.
Las leyes anticorrupción forzarán al perjurio a entrantes y salientes, quienes, en deferencia a su presunta honradez, no deberán aclarar si un dinero que se sabe de quién es, será suyo por un casual.
No hay que preocuparse, todos se han puesto de acuerdo en que la discreción es lo primero, tras el reembolso del dinero que, antes de saberse si es suyo, de otro o de todos, se lo quedan los que mandan.
A la par que juzgados y tribunales buscan vericuetos para no ver delito donde lo hay, o para ver un delito donde hay otro, los políticos a los que sirven se afanan en buscar la manera de gastar como sea los fondos que se recaudan en los estrados.
El gasto público es la panacea que venden asesores, partidos y medios de comunicación, confundiendo empleo digno con caridad, que desconocen la diferencia. Para empezar, un puesto de trabajo sólo debería ofrecerlo el Estado (mediante oposición, y no por enchufe) o el empresario, cuando su nivel de actividad requiera más personal.
Nos animan a ser emprendedores, como si para eso no hiciera falta capital. Lo necesitas hasta para pedir un préstamo, para avalarlo, y eso sin contar que para arrendar una oficina, taller o local comercial hace falta ganar más que lo que te cuesta el alquiler (y muchas veces es al revés, excepto en temporada punta).
Lo más evidente parece ser desconocido por los candidatos, que deben suponer que también lo desconoce el votante.
Con la mediación de Miquel Roca, el juicio a la Infanta Cristina y el duque empalmado coincidirá con la rendición de cuentas de los salientes tras las elecciones generales. Perfectamente sincronizados para la espantada y evasión del botín, raro será que no provoquen otro estrepitoso descalabro bursátil como el que sucedió al discurso de investidura de Rajoy.
Luego hablan de mayorías democráticas, como si las ostentaran en nuestro beneficio y no nos lo estuvieran robando. Pues como todos han hecho y piensan seguir haciendo.
