GUZMAN1

miércoles, 11 de noviembre de 2015

UNO PARA TODOS, TODOS PARA UNO.


Jordi Pujol dedicó su vida a construir un país para su familia, con la colaboración en los negocios de su esposa, Marta Ferrusola.

El régimen clientelar que utiliza Cataluña para enriquecerse y acumular poder, no se entiende sin Ferrusola, sus negocios-tapadera y el tráfico de influencias. Dicen que fue ella la responsable de la elección y el nombramiento de Lluís Prenafeta, que "se enfrenta" sobre el papel a casi siete años de cárcel por el caso Pretoria, y fue comisario político del régimen convergente hace años.

La pinza que hicieron con la política, por un lado, y los negocios, por otro, se tradujo en extorsión sobre toda actividad pública y privada catalana, y también se extendió a otras comunidades, llegando a tener grandes ramificaciones en el extranjero cuando los hijos empezaron a moverse por ahí.

Fue Doña Marta la que consolaba a su esposo diciéndole que ya se olvidaría todo cuando iban, obligados, a declarar lo que quisieron declarar. Los dueños de Cataluña ¿por qué y a quién debían explicaciones?.

El mafioso y su clan ha impedido que la Justicia pusiera coto a su impunidad mediante todos los medios de presión posibles y la complicidad garantizada de toda una parte de la sociedad gracias a su partido y sus medios de comunicación.


Para tener la Justicia bien sujeta en Cataluña, el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, que no tiene juez titular, tramita sin prisa un esbozo de procedimiento en el que los Pujol declararon el cuento de la herencia. Las Diligencias Previas 3163/2014 A no han servido ni para que el "sindicato" denunciante Manos Limpias se haya podido lucir.

Ha llegado la cosa al punto de tener que intervenir la Audiencia Nacional, que ha logrado reunir pruebas de que el hijo mayor del clan Pujol cobró más de ocho millones de euros de varias empresas por sobornos a cambio de la adjudicación de contratos públicos de la Generalitat y de otras Administraciones gobernadas por CiU.

El "legatario" Jordi Pujol Ferrusola, encausado por el cobro de comisiones ilegales y por blanqueo de capitales, es objeto de interés de la Fiscalía Anticorrupción, tras la respuesta a la comisión rogatoria enviada a Andorra, según la cual la mayor parte del dinero de la familia Pujol ya habría sido trasladado a otros países.

En marzo de 2013 la Agencia Tributaria indicaba que, entre 2004 y 2012, las sociedades controladas por Jordi Pujol Ferrusola habían movido 32,4 millones de euros a través de países como Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, las Islas Caimán, el Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.

La Audiencia Nacional tiene competencia para juzgar esta inmensa red, y es la única jurisdicción que se atreverá algún día a desafiar a los Corleones locales. Los juzgados centrales de instrucción, además de investigar los delitos de terrorismo o el narcotráfico a gran escala, por ejemplo, son los competentes para instruir los delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional y los cometidos por españoles en el extranjero, como es sabido han hecho la familia Pujol y sus secuaces.

Secuaces como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, quienes en la comisión de investigación del Parlament admitieron que tuvieron cuentas en el extranjero y que allí fueron a parar sus comisiones. Prenafeta dijo sentirse "muy orgulloso" de haber cobrado comisiones de Alstom y Siemens por trabajos de intermediación, y tras llamar "parásitos" a los periodistas críticos con Pujol, expresó su desprecio a jueces y fiscales.

Pero no sólo son sus seguidores los prepotentes: el hampa que controla Cataluña mediante «códigos de honor» inviolables, tiene otros protegidos por la omertà o ley del silencio.



Javier de la Rosa es hijo del abogado del estado Antonio de la Rosa, protagonista del caso de corrupción más importante del postfranquismo en Cataluña, el del Consorcio de la Zona Franca, desde donde Don Antonio organizó un milmillonario desfalco al erario público. Y se fue para evitar la cárcel. Qué disgusto le dió a mi tía, que era secretaria suya.

El hijo repitió los pasos del padre tras pasar por varios Bancos, llegando a director general del Banco Garriga Nogués, filial de Banesto en Cataluña, donde dejó un agujero de casi 100.000 millones de pesetas, lo que dejó al grupo kuwaití KIO España en suspensión de pagos. Javier De la Rosa cumplió condena en tercer grado (o sea, sólo por las noches) en la cárcel barcelonesa de Can Brians, hasta que en 1992 fue trasladado a Alcalá Meco, donde compartió módulo con Mario Conde.

Después de 20 años de litigio, en verano de 2011 fue absuelto por la Audiencia de Barcelona del caso Hacienda, sin más pleitos pendientescon la justicia.

De la Rosa declaró ante la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, que entregó a la cúpula del Partido Popular catalán 20 millones de pesetas en 1991, cuyo dirigente Enrique Lacalle agradeció por carta.

En los 90, el hoy director de "La Razón", Francisco Marhuenda, entonces jefe de gabinete del ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, escribió que el caso Tibidabo era "una conspiración en la que confluyen fiscales justicieros, periodistas resentidos, políticos con oscuros intereses y otros que quieren esconder sus vergüenzas".

Según Javier de la Rosa, Banesto, Banco Central, KIO, Ferrovial, ACS, FCC, pagaban grandes sumas de dinero al partido político catalán Convergència, por entonces presidido por Jordi Pujol y cuyo tesorero era Miquel Roca, usando para el chantaje el independentismo catalán. De la Rosa dice que él mismo entregó en el despacho de Pujol dinero y cheques por valor de 27 millones de euros, a lo largo de quince años.

Miquel Roca, quien propuso al Juez Lluís Pascual Estevill para vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces y que en pública comparecencia dijo que A Pujol ya se le ha condenado socialmente y políticamente sin que haya sentencia”. "Se le ha vulnerado la presunción de inocencia", insistió quien encarceló a los empresarios que investigaba si no accedían a los sobornos que tramó con el abogado Juan Piqué Vidal, según la sentencia que les condenó por cohecho, prevaricación y detención ilegal.

Qué otra cosa iba a decir un juez condenado también por delito fiscal, sobre el pequeño gran Pujol del que dijo: “Solo digo que porque tenga un dinero en unas cuentas no se debe cargar contra toda su obra de gobierno durante 23 años y mucho antes”.

En general, Roca Junyent y su grupo parlamentario en Madrid "Minoría Catalana" escogieron como topos en el Consejo General del Poder Judicial a vocales de manga ancha y menos escrúpulos, como mi padre, que antes que consejero fue uno de los que dictó el sobreseimiento del caso Banca Catalana.


A la familia Pujol, protegida por los Mossos d'Esquadra, le guardaba el dinero en Suiza el "bróker" Arturo Fassana, que es el mismo implicado en varios casos de corrupción y que blanqueaba el dinero de los cabecillas del Caso Gürtel, del chino Gao Ping, implicado en el Caso Emperador por numerosos delitos económicos, y del entonces Rey de España, Juan Carlos I. Será dinero negro, blanco blanqueado o blanco purísimo, eso no se sabe.

Aunque ninguna cifra es fiable, parece que la familia Pujol tenía un patrimonio oculto de entre 130 y 180 millones de euros en la cuenta de Soleado, que es una cuenta genérica, sin dueño específico, por la cual ha pasado toda España, incluídos el ex-presidente José María Aznar y el antiguo Ministro de Economía y Director del FMI, Rodrigo Rato, por ser quienes desviaban dinero a cuentas suizas procedentes de cuentas del banco Seguribank.

Por eso dijo Pujol que cuidadito con tocar el árbol porque caerían "todas las ramas". No obstante, tras la amnistía fiscal puede que muchos no sigan preocupados por esa amenaza.

La amnistía fiscal en realidad no es tal cosa, sino una verdadera amnistía penal claramente anticonstitucional. No sólo porque el artículo 62 no permita indultos con carácter general, sino porque se ha establecido mediante una ley ordinaria, de rango inferior al Código Penal. Una cosa es la regularización de deudas con Hacienda, una cuestión administrativa, y otra cosa es condonar los delitos económicos por real decreto.

Como si fuera un libro sagrado, a un diputado vasco le metieron un paquete por arrancar nosequé página de una constitución que era suya. Pecado nefando, mientras el resto del hemiciclo glorifica en público el pretendido texto supremo, para después usarlo para limpiarse el culo. Y ahora quieren modificarla, más que nada para blanquearla de todo aquello que pueda comprometer a la clase política.

El mismo Gobierno dijo, cuando promulgaron dicha amnistía, que la misma ofrecía a las mafias internacionales la oportunidad de blanquear en España sus beneficios. Así que no entiendo muy bien por qué persiguen a Gao Ping, cuando los intereses extranjeros pesan más que el "interés público".



También desvela De La Rosa que Jordi Pujol hacía pagos mensuales al Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien presiona y es presionado al mismo tiempo por las anteriores circunstancias. Tras conocerse que el ministro podía haberles alertado sobre una investigación, y ser preguntado públicamente acerca de si conocía los negocios de esta familia, Fernández Díaz contestó que "No sé de qué me están hablando. Si eso lo ha dicho alguna persona no tengo nada que decir. Respondo a cuestiones que digan personas serias y que digan cosas serias. Es evidente que la justicia está actuando y no tengo nada más que decir".

Toda Cataluña (y media España) ha colaborado con la telaraña del clan Pujol, voluntaria o forzosamente, pero desde luego nadie desconocía un tinglado de esta envergadura, por lo que se puede afirmar sin rubor que el ministro mintió.


Luego pasa lo que pasa, como que la Mesa del Parlament, que "investigó" el patrimonio oculto de la familia Pujol entre otros casos, aprobase por mayoría llevar ante el fiscal a los ministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro para que investigue su posible "responsabilidad penalpor negarse a comparecer en la Comisión de investigación del fraude.

Código de silencio, hasta que la Justicia haga honor a su nombre después de tantos y tantos años.

























Lo último que leo es relativo a la fuga de 900 millones en Belice y 2.400 en Panamá. Las cantidades que he podido extraer de lo publicado en prensa son sólo la punta del iceberg. Para cifrarlas con mayor exactitud habría que tomar como referencia el importe del rescate, o ayuda financiera, que España recibió de la Unión Europea. Los responsables del agujero se comprometieron a rellenarlo a cambio de condiciones e intereses, puesto que en vez de devolverse a personas titulares se desvió a instituciones y políticos a quienes no pertenece. Los Bancos que lo recibieron impusieron a su vez condiciones, y eso ha sido el milagro de Rajoy.

Eso es lo que se esconde en paraísos fiscales, o se detenta en Bolsas extranjeras con la tranquilidad de saber que los jueces seguirán, como siempre han hecho, persiguiendo sin alcanzarles. Por delante de ellos, y del CNI, va la UDEF, en la medida que les dejen ejercer de policías y no de esa ambigua función de "policía judicial". Los únicos que pueden acometer el deber de impedir delitos hacen lo que pueden cuando los jueces les dejan.

También insiste la prensa en reducir a comisiones ilegales y otros delitos económicos el origen de estos capitales, cuando eso es también sólo lo que aflora entre cortinas de humo.

Los distintos procesos judiciales apuntan a una gran simulación que se sigue teatralizando actualmente, y que se desdibuja con ese cuento de que es una herencia anterior. Los perpetradores del delito incautan su producto y lo desvían simultáneamente sin tener en cuenta a perjudicados como yo.

Cuando se ha tornado evasión y estafa lo que los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional consideraron legal durante décadas ha sido en esta funesta legislatura. Y lo que siempre fue ilegal se ha vestido de lícito beneficio. Todos los poderes del Estado se han aplicado en obstruir la labor de la Justicia, y por unanimidad.

Decenas de miles de millones se han evaporado, por arte de magia contable, sin responsabilidades penales ni políticas. ¿Responsabilidad económica del Estado? Ja. ¿Responsabilidad económica de jueces y magistrados? Dos veces ja.

La única responsabilidad, la que se cobran los acontecimientos. Ya veremos cómo sigue el permanente "continuará" del inacabable culebrón.