La Ley Orgánica 2/2005, de la época Zapatero, modificó el Código Penal mediante un Artículo único y una Disposición final única, ambas derogatorias de los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis.
El artículo 506 bis castigaba con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competencias para ello. Este artículo y el 521 bis también penalizaban a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas.
Por su parte, el artículo 576 bis castigaba con pena de prisión a la autoridad o funcionario que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos por su relación con delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos.
Estos artículos, según la Exposición de Motivos de esta telegráfica Ley, "se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión".
La ley despenalizó la secesión por estos motivos: "El derecho penal se rige por los principios de intervención mínima y proporcionalidad, según tiene señalado el Tribunal Constitucional, que ha reiterado que no se puede privar a una persona del derecho a la libertad sin que sea estrictamente imprescindible. En nuestro ordenamiento hay otras formas de control de la legalidad diferentes de la vía penal.
Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal.
En cuanto a las ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos, el ordenamiento ya prevé una sanción penal si constituyeran actos de participación en asociación ilícita.
En suma, las conductas que se contemplan en estos tipos penales no presentan las notas exigidas para proceder a su incriminación. La Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico ya cuentan con los instrumentos suficientes y adecuados para asegurar el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas y garantizar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos."
Por tanto, desde 2.005 los secesionistas han visto abierta la vía para organizar el referéndum anunciado para octubre de 2017. Y en su día el Govern catalán incluyó en los presupuestos de la Generalitat dos partidas, una de 5 millones y otra de 800.000 euros, en concepto de "procesos electorales y participativos".
Aunque la despenalización efectuada por la antedicha Ley aboga por evitar una respuesta penal a las convocatorias ilegales, la acusación de malversación de fondos públicos es esgrimida como amenaza por Rajoy y su camarilla. También hay pendientes varias acusaciones por desobediencia y prevaricación que curiosamente no implican penas de cárcel, sin lo cual las cansinas advertencias caen inevitablemente en saco roto.
Los aforados, cuando no se saltan las leyes a la hora de cumplirlas, es porque directamente las declaran derogadas en Cataluña.
La cada vez más numerosa desobediencia institucional no se ve frenada por el sistema judicial, por mucho que a este Poder Público se le haya sumado el Tribunal Constitucional. Todos coordinados con la Fiscalía y la Abogacía del Estado bajo el mando del Ministro Catalá. De hecho, tan coordinada que posiblemente la Audiencia Nacional evite a la judicatura catalana tener que implicarse en la insurrección abierta que protagonizan los indepes. Ya resolverán otros los problemas, que el suyo es enfrascarse en poner sentencias al tuntún.
Por tanto, desde 2.005 los secesionistas han visto abierta la vía para organizar el referéndum anunciado para octubre de 2017. Y en su día el Govern catalán incluyó en los presupuestos de la Generalitat dos partidas, una de 5 millones y otra de 800.000 euros, en concepto de "procesos electorales y participativos".
Aunque la despenalización efectuada por la antedicha Ley aboga por evitar una respuesta penal a las convocatorias ilegales, la acusación de malversación de fondos públicos es esgrimida como amenaza por Rajoy y su camarilla. También hay pendientes varias acusaciones por desobediencia y prevaricación que curiosamente no implican penas de cárcel, sin lo cual las cansinas advertencias caen inevitablemente en saco roto.
Los aforados, cuando no se saltan las leyes a la hora de cumplirlas, es porque directamente las declaran derogadas en Cataluña.
La cada vez más numerosa desobediencia institucional no se ve frenada por el sistema judicial, por mucho que a este Poder Público se le haya sumado el Tribunal Constitucional. Todos coordinados con la Fiscalía y la Abogacía del Estado bajo el mando del Ministro Catalá. De hecho, tan coordinada que posiblemente la Audiencia Nacional evite a la judicatura catalana tener que implicarse en la insurrección abierta que protagonizan los indepes. Ya resolverán otros los problemas, que el suyo es enfrascarse en poner sentencias al tuntún.
Por el momento la convocatoria del referéndum ha superado el envite de 2007 del lehendakari Ibarretxe y su "hoja de ruta".
Según su Plan lo primero era alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España sobre el futuro de Euskadi que contuviese el "respeto a la voluntad de la sociedad vasca". Después, el optimista Ibarretxe quería aprobar dicho acuerdo en el Parlamento Vasco, y entonces se convocaría un referéndum vinculante, y si no se aprobase, solicitaría la votación del Parlamento vasco para realizar una consulta no vinculante.
Finalmente la Cámara vasca votó a favor de una ley de consulta a la ciudadanía vasca, que el Tribunal Constitucional declaró por unanimidad inconstitucional por invadir competencias estatales.
Ahora, sin un plan conocido y tras dictar leyes manifiestamente sediciosas, los indepes van directos a un referéndum sin garantías para poder declararse independientes al día siguiente. ¿Dónde están los tradicionales aliados nacionalistas, catalanes y vascos, que esta vez no saldrán en ayuda del Presidente del Gobierno?.
Estos también van listos con la que han armado, llámense Democracia i Llibertat, Demócrates de Catalunya o cualquier otra denominación, todos sabemos que son sólo los sucesores de Convergencia que aspiran no perder todos los votos en favor de Esquerra Republicana.
Los alcaldes como Ada Colau autorizan la instalación de urnas a fin de celebrar el proyectado referéndum. No son los únicos estamentos administrativos que no van a colaborar con la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional. Nuestra alcaldesa dice que, no es que haya cedido infraestructuras, no es que haya dado permiso para llevar a cabo la votación, sino que "se ha encontrado una solución imaginativa". Desde que llegó al poder municipal, ya no sabe distinguir entre lo legal y lo que tiene apariencia de legalidad.
Claro que es la misma que dijo que "Desobedecer es un derecho", y para algunos y algunas, casi una obligación. Todo ese mundillo de los asamblearios no puede sino rendirse ante el acto previsto dentro del programa separatista. Se le nota casi un toque de envidia cuando dice: "No somos de nadie, y menos de convergentes que hace dos días no tenían ni idea de qué era la desobediencia civil".
Podría pensarse que hay quien apoya el referéndum sólo por hacer la puñeta, pero todo este caldo de cultivo de la desobediencia generalizada, en ocasiones tumultuaria, beneficia a esa izquierda que siempre quiso socavar lo existente para crear un mundo mejor.
Estos también van listos con la que han armado, llámense Democracia i Llibertat, Demócrates de Catalunya o cualquier otra denominación, todos sabemos que son sólo los sucesores de Convergencia que aspiran no perder todos los votos en favor de Esquerra Republicana.
Los alcaldes como Ada Colau autorizan la instalación de urnas a fin de celebrar el proyectado referéndum. No son los únicos estamentos administrativos que no van a colaborar con la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional. Nuestra alcaldesa dice que, no es que haya cedido infraestructuras, no es que haya dado permiso para llevar a cabo la votación, sino que "se ha encontrado una solución imaginativa". Desde que llegó al poder municipal, ya no sabe distinguir entre lo legal y lo que tiene apariencia de legalidad.
Claro que es la misma que dijo que "Desobedecer es un derecho", y para algunos y algunas, casi una obligación. Todo ese mundillo de los asamblearios no puede sino rendirse ante el acto previsto dentro del programa separatista. Se le nota casi un toque de envidia cuando dice: "No somos de nadie, y menos de convergentes que hace dos días no tenían ni idea de qué era la desobediencia civil".
Podría pensarse que hay quien apoya el referéndum sólo por hacer la puñeta, pero todo este caldo de cultivo de la desobediencia generalizada, en ocasiones tumultuaria, beneficia a esa izquierda que siempre quiso socavar lo existente para crear un mundo mejor.
El culpable de este panorama es también Rajoy, quien a costa de su partido y de sus simpatizantes, dentro y fuera de Cataluña, culmina su logro de dejar que la situación política se pudra, estrategia que no piensa corregir porque ni sabe, ni eso no va con su personalidad.
Esto se corrige con autoridad, y no sin ella.
Esto se corrige con autoridad, y no sin ella.
