Parece que los que decían que "lo de Cataluña" lo podía resolver una pareja de la Guardia Civil se están tragando sus palabras. Albert Rivera, por ejemplo, es desde hace poco el más firme defensor de una intervención en Cataluña por la vía del artículo ciento cincuenta y cinco. El socialismo también secunda esta opción y, junto con Ciudadanos, espera que se traduzca en unas prontas elecciones que les beneficien.
La Constitución de 1978, en su TÍTULO VIII, sobre "la organización territorial del Estado", contiene el famoso Artículo 155:
"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general."
Este primer párrafo regula principalmente el procedimiento que, como hemos visto, permite al Gobierno requerir al President para que cumpla la Ley o deje de atentar al interés general. Si no lo cumple entonces se vota en el Senado, siendo necesario alcanzar la mayoría absoluta. En caso de obtenerla, el Gobierno tendrá manos libres para corregir la rebelión.
Es entonces cuando se produce lo previsto en el párrafo 2: "Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas". Es decir, que si el President no cumple el requerimiento el Gobierno pasa a dar las órdenes a las autoridades inferiores a él, en lo necesario para el normal funcionamiento de la Administración.
Rajoy dice haber enviado una carta al President, que no contiene algún requerimiento sino más bien una aclaración sobre si ha declarado la independencia o no. El requerimiento puso a Puigdemont contra las cuerdas, ya que quedaría solo ante una posible acusación personal. Por eso ha rehusado contestar, por mucho que se lo hayan pedido sus aliados y sus rivales. Ya da lo mismo, porque declarar o suspender una declaración de independencia puede considerarse atentatorio contra el interés general.
El Fiscal General del Estado ha dicho que la aplicación del artículo 155 implica "la sustitución de todo o parte de las instituciones autonómicas que se consideren oportunas durante un tiempo, limitado, hasta que todo regrese a la legalidad constitucional". O sea, que ya no hablamos simplemente de dar nuevas instrucciones, sino de destituir funcionarios y tomar el control de la administración catalana.
¿Cuáles serían las administraciones catalanas en las que intervenir?
Rajoy dice haber enviado una carta al President, que no contiene algún requerimiento sino más bien una aclaración sobre si ha declarado la independencia o no. El requerimiento puso a Puigdemont contra las cuerdas, ya que quedaría solo ante una posible acusación personal. Por eso ha rehusado contestar, por mucho que se lo hayan pedido sus aliados y sus rivales. Ya da lo mismo, porque declarar o suspender una declaración de independencia puede considerarse atentatorio contra el interés general.
El Fiscal General del Estado ha dicho que la aplicación del artículo 155 implica "la sustitución de todo o parte de las instituciones autonómicas que se consideren oportunas durante un tiempo, limitado, hasta que todo regrese a la legalidad constitucional". O sea, que ya no hablamos simplemente de dar nuevas instrucciones, sino de destituir funcionarios y tomar el control de la administración catalana.
¿Cuáles serían las administraciones catalanas en las que intervenir?
Interior ya designó a un mando único policial y solamente hay que destituir a aquellos agentes o mandos que desobedezcan las nuevas órdenes. Quedan otros departamentos por intervenir, y para eso el control de las arcas públicas es esencial.
El vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, se comprometió por carta a justificar semanalmente al ministro de Hacienda, la información que se le solicite sobre sus cuentas.
El vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, se comprometió por carta a justificar semanalmente al ministro de Hacienda, la información que se le solicite sobre sus cuentas.
No ha trascendido por ahora que se hayan detectado contratiempos, pese a que esas cuentas son un montón de mentiras, y la supervisión fiscal no ha servido para impedir la votación del primero de Octubre.
Del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Cataluña se lleva un tercio. Aunque tiene sus cuentas intervenidas por el Ministerio de Hacienda, Cataluña será la comunidad de las nueve que están adheridas al FLA que más reciba. Muchos, fuera de Cataluña, se preguntan por qué. Simplemente, porque las comunidades deben destinar el dinero a pagar la deuda con los bancos o entidades financieras principalmente.
El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es una línea de crédito creada por el gobierno español para prestar dinero a las comunidades autónomas y que éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados. Está dirigido por el Instituto del Crédito Oficial, competencia del ministro Luis de Guindos. Él y Montoro son responsables de la financiación de la Generalitat, con un dinero que dicen que es de todos.
Pero entre el Gobierno de España y el "Govern" de Cataluña las cuentas no están claras porque divergen, por ejemplo, por reclamar como propios unos cuantiosísimos fondos que estuvieron muchos años bajo control judicial, o algo parecido, dado el tipo de justicia que se puede esperar en España y en la futura Cataluña. En realidad, una requisa sin excusa ni justificación.
Los milmillonarios fondos deberían quedar bajo control público, según los planes de las varias administraciones que se los disputan, y gastarse rápidamente antes de que alguien los pueda reclamar. Esa es la única finalidad del proceso judicial del que todo depende, porque allí hay fondos abultadísimos en las cuentas de conocidos empresarios y políticos, catalanes y foráneos.
Y toda la clase política tiene puestas las manos en tal asunto en el que les conviene muy mucho propiciar un desenlace. No se trata de si Cataluña que si España, sino de quién se queda con el expolio. En tertulias y noticiarios se alude por encima del hombro a las verdaderas personas y causas de la inestabilidad que no pueden soslayar en sus sketches informativos.
La confusión alimentada por auténticos culpables de los hechos rige y corrige las opiniones del público. Los comerciantes de opiniones encubren públicamente a los políticos y ensordecen las verdades que rodean a los amos de la ratonera española. Tanto o más sucede en Cataluña.
Ni siquiera una triste indemnización para poder demostrar que aquí se respeta la vida privada de los que no somos personas públicas. En otra entrada de fecha 7 de agosto de 2.015 (Francisco de Quevedo: "A un juez mercadería") puedes ver cuáles han sido las respuestas de "nuestros representantes". Los tutores de nuestros derechos, jueces y fiscales, demuestran su autoridad aplicando su poder y no la Ley, igual que sus agentes. No es una conspiración, por tanto, ya que vagamente se finge cumplir alguna orden que alguien finge no haber dado.
Por la Consellería de Presidencia se planifica el futuro de Cataluña, por las personas más próximas a los presidents, como el esbirro Jordi Turull i Negre. Para demostrar su adhesión ciega al régimen subversivo, quiso negar la entrada de la Guardia Civil al Palau de la Generalitat, donde debían requerir información sobre el caso del 3% por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Ante un Gobierno débil y corrompido, Jordi Turull quiere ser un Tirant lo Blanc que derrote al enemigo español. Y lo hace no sólo promoviendo la desobediencia a la Ley, sino también minando cualquier resistencia de los funcionarios a desobedecer sus directrices.
Los Mossos D'Esquadra son un buen ejemplo, y seguro que son más disciplinados que la mayoría de funcionarios de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido que el edificio sea custodiado por el Cuerpo Nacional de Policía y no sólo por los agentes autonómicos. Se teme un choque entre los funcionarios autonómicos y los de la Administración central.
Ante un Gobierno débil y corrompido, Jordi Turull quiere ser un Tirant lo Blanc que derrote al enemigo español. Y lo hace no sólo promoviendo la desobediencia a la Ley, sino también minando cualquier resistencia de los funcionarios a desobedecer sus directrices.
Los Mossos D'Esquadra son un buen ejemplo, y seguro que son más disciplinados que la mayoría de funcionarios de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido que el edificio sea custodiado por el Cuerpo Nacional de Policía y no sólo por los agentes autonómicos. Se teme un choque entre los funcionarios autonómicos y los de la Administración central.
En el ámbito de la educación, la Generalitat también lleva años desoyendo al Tribunal Constitucional en el asunto de las lenguas oficiales. Esperemos que se acabe la tardanza mediante la intervención e impongan el orden constitucional los peperos, en vez de declamar grandilocuentes afirmaciones de la unidad de España.
Ya conocemos que los indepes consideran que no pueden ceder en todo lo que creen irrenunciable. Eso sí, en el reparto del dinero y de las bulas e indultos, es en lo que se pondrán de acuerdo prioritariamente. Y no sabremos nunca a cambio de cuánto.
