GUZMAN1

jueves, 5 de octubre de 2017

PUCHERAZO Y "CORRALET".


Los observadores internacionales han concluido que "el referéndum, tal y como se hizo, no puede cumplir con los estándares internacionales". Creen que, dada la actitud de las partes, era "improbable" que se dieran "las garantías de un referéndum bien hecho".

En el proceso electoral ilegal del primero de octubre se intervino ilícitamente con el propósito de modificar los resultados reales. El posible fraude no puede investigarse como delito, al no tener el referéndum validez legal.

No hablemos solamente de los convocantes, que han impuesto su pretensión por la vía de los hechos, sino de las presiones al elector por parte del Gobierno central. La prohibición del referéndum, decidida por el Tribunal Constitucional cautelarmente, se hizo cumplir en unos sitios sí y otros no, y mediante el uso de la fuerza pública contra los disconformes.

Esto último es culpa de muchos, no sólo por las infamantes órdenes del Ministerio del Interior sino también por las arteras maniobras de los organizadores de la consulta, como convocar multitudes frente a los colegios electorales, donde habían situado escolares de todas las edades durante el fin de semana. Con permiso de sus padres, los escuditos humanos impidieron cualquier acción preventiva, mientras en la calle se concentraba el mayor número posible de gente exigiendo la apertura de los centros de votación. Los profesionales de la educación han sido los grandes colaboradores de este "referéndum" organizado con semiclandestinidad en cuanto al depósito y distribución de urnas y papeletas.

También el mando único policial ha contribuído a la falta de fiabilidad del referéndum cuando provocó la caída de los sistemas  electrónicos para impedir el cómputo. Hubo quién votó todas las veces que quiso, y se ignora por completo qué clase de custodia tuvieron las urnas llenas de votos.

En algún caso, como en este video, las urnas iban de un sitio a otro llenas (?) y desprecintadas (!!!).



Hay que recordar que los miembros de la "Sindicatura Electoral" que debía supervisar la transparencia del comicio renunciaron hace semanas a sus cargos. Previamente fueron advertidos de multas por el Tribunal Constitucional y, para evitarlo, el Govern "dió por finalizada su tarea". Una invitación al fraude.

Las actas de votación no reflejan los auténticos resultados debido
también a la introducción de papeletas previamente votadas en la urnas para inflar la opción del "Sí". Se ha hecho en complicidad con los voluntarios del proceso electoral, fieles colaboradores del Régimen Catalanista y principales interesados en ocultar las evidencias de su fraude.

Con la colaboración de los medios de comunicación en confundir y engañar a los electores haciéndolos creer que el resultado fraudulento es legítimo. TV3 no menciona las irregularidades y se dedica a retransmitir información sesgada y favorable a los grupos de poder que respaldan la desobediencia organizada.
Tampoco se oye ni se comenta en los medios que las habituales urnas transparentes para ver que no contengan votos previos fueron sustituídas por unas cajas semiopacas, que no permitían verificar el contenido.

El censo de electores, con datos personales del ciudadano, es el secreto mejor guardado de la Generalitat, porque se sabe que existe, pero no se puede demostrar. Porque es ilegal que adquieran y usen datos personales con cualquier fin, incluídos todos, hasta los mayores de 16 años que fue la edad mínima para votar en esta gran ocasión.

En cuanto a la imparcialidad de los órganos electorales, se trata en general de funcionarios seleccionados por el poder ejecutivo y ejecutores de cada una de las prácticas del fraude electoral.

En pocas palabras, las rutinas electorales de la Cataluña convergente de siempre, con una gran dosis añadida de desobediencia civil.



Todas estas importantes irregularidades no se han puesto de relieve en el leve discurso de un Rey que no se gana el sueldo. Habrá que reinar un poco, y no mangonear. Entre él y Mariano, mal vamos, y Soraya Sáenz de Santamaría es señalada como la responsable de lo sucedido en éstos y los próximos días.

El supervisor bancario europeo se ha interesado por el impacto de una eventual declaración de independencia, pero de momento el Banco Central Europeo no ha pedido un seguimiento especial de la liquidez ni ha convocado ninguna reunión.

Todos están esperando la noticia fatal de la independencia ganada con malas artes, porque hay que mover el dinero fuera de Cataluña si no nos queremos pillar los dedos.

Banco Sabadell y CaixaBank están preparadas para cambiar su sede a otra ciudad española (que no tiene por qué ser Madrid), aunque los ciudadanos catalanes no se librarían de un corralito en el nuevo Estado al estilo de Chipre o Grecia, que afectaría a todos los bancos del territorio catalán, por lo que no se evitaría cambiando de entidad.

Los pensionistas y ahorradores van a pasarlo muy mal si la Generalitat logra sostener la situación durante meses. No obstante, puede que Ada Colau ponga en marcha su plan de crear una moneda municipal, o que Gabriel Rufián nos fabrique los euros con su impresora republicana.