EL SÍNDROME DE PUIGDEMONT.

Eludir la acción de la Justicia se ha puesto de moda entre los indepes desde que el Tribunal Supremo se ha puesto a requerir a sus aforados sobre el sentido del "procés". Los altos magistrados quieren saber qué sintieron y cuáles fueron sus motivaciones cuando se saltaban a la torera las bases del Estado de Derecho.

Puigdemont y sus acompañantes han creado escuela y ahora que el ex-President ha caído en una escala de su extravagante fuga, los demás extraditables podrían tirar también la toalla.

¿Qué hará la cupera Gabriel resistiendo en su negativa a declarar desde su refugio en Suiza?. Las indagaciones del Supremo y su misterioso futuro no aconsejan a nadie arriesgarse a ser encarcelado a la espera de nuevos acontecimientos.

Respecto a la Gabriel, sólo se la acusa de desobediencia y por el momento no se ha solicitado la extradición. Pese a los falsos rumores difundidos por Pedro J. Ramírez, no es cierto que el Ministerio suizo de Justicia y Policía haya manifestado que los delitos de los que se la acusa tengan connotación política, lo que justificaría denegar la extradición.

Por si acaso, Marta Rovira, actualmente una de las máximas autoridades en Esquerra Republicana, ha decidido acogerse a la hospitalidad del país helvético, muy generosa siempre con los gestores del erario público de otros países. Que suelen tener cuentas bancarias allí.

Un preso político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, por ejemplo bajo arresto domiciliario, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea.

Según la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un preso político debe considerarse como tal únicamente en los siguientes casos:

- La detención ha sido efectuada violando alguna de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o cualquiera de sus protocolos. En particular, libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, libertad de reunión o asociación.

Este extremo es inútil discutirlo con los indepes, que consideran que se les está privando de llevar a término el "procés", conculcando todos esos derechos y alguno más; como demuestra, por ejemplo, los actuales debates del Parlament sobre la privación de derechos políticos de los candidatos a President.

- La detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado.

No es el caso, pero hay mucha gente desinformada que quiere verlo así. Se les acusa de malversación de fondos que es un delito claramente definido, aunque las acusaciones de rebelión y sedición puedan ser discutibles (en juicio) según la persona y sus circunstancias.

- Por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido.

En este aspecto, no parece que haya quejas, pero vete a saber si los abogados de los extraditables se inventan alguna.

- Por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas.

No hay en este caso otros ejemplos para comparar.

- La detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente ilegales y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades.

Esta última situación es la que el independentismo supone del Gobierno, en un país donde éste invade por norma la independencia judicial, bellamente procalamada pero inexistente en las salas de Justicia. 

Amnistía Internacional España no considera a los "Jordis" ni a los exconsellers “presos de conciencia” porque “están acusados de actuaciones que pueden constituir delito”. Esta asociación de encubridores, desde principios de la década de 1960 distingue de lo que denominan "presos de conciencia", que se caracteriza por el no empleo ni propugnación de la violencia. Se denomina preso de conciencia al individuo que ha sido encarcelado por su raza, religión, color de piel, idioma, orientación sexual o credo, siempre que no haya propugnado ni practicado la violencia.

Las autoridades catalanas siempre se han amparado en el uso de la fuerza cuando han necesitado la colaboración o la discreción de los Mossos d'Esquadra. Dentro de sus medios, los indepes reclaman coacción para imponer esas ideas que ahora son el motivo de la detención de sus líderes. Y, claro, se quejan de que ahora, con el 155 en aplicación, los policías autonómicos reciban órdenes estrictas desde Madrid y ya no sean sus marionetas.

Lo cierto es que M. Rajoy y sus adláteres temen el momento en que se levanten las medidas judiciales porque eso significa que también cese el régimen especial derivado del artículo 155. La intervención en Cataluña se superpone a las causas judiciales sobre las cabezas visibles del "procés", es decir, los que dan la cara y no los que lo están organizando entre bambalinas. Artur Mas, por ejemplo, que utiliza a Puigdemont como piloto de pruebas de todo lo que no se arriesgó a hacer él cuando fue President. Y Roca Junyent, con su más que larga experiencia como urdidor de contubernios desde su despacho y lobby principal del catalanismo.

Los abogados que aconsejaron a Puigdemont acogerse en Bélgica trabajan codo a codo con los que dirigen las demás estrategias del catalanismo rebelde. Fueron ellos los que aconsejaron a los miembros del Parlament el truco para proclamar la República Catalana, que consistió en cambiar sobre la marcha el procedimiento parlamentario y votar en secreto mediante urna. De ese modo nadie puede demostrar si alguien votó a favor de la independencia o no.

Por eso solamente están acusados de rebelión unos pocos políticos catalanes, y no media Cámara de representantes. Pero lo cierto es que los hechos de los que se les acusa son difícilmente perseguibles, excepto los que vinieron acompañados de pública sedición, que es de lo que se acusa a "los Jordis".

Bajo el título de "Delitos contra la Constitución", el Código Penal determina el contenido de la rebelión. A partir de su artículo 472 se definen como "reos del delito de rebelión" a "los que se alzaren violenta y públicamente" para cualquiera de los fines enumerados en dicho artículo. Por ejemplo: "Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; Declarar la independencia de una parte del territorio nacional o Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno."

Varios de estos supuestos podrían aplicarse a la legislatura interrumpida por la detención del Govern de la Generalitat, pero la Ley sólo define como rebeldes a quienes se alzaren violenta y públicamente.

Cuando exista ese elemento de levantamiento con pública violencia, se distingue entre diversos grados de participación en el delito. Sin embargo, President y consellers fueron procesados por perpetrar "actos preparatorios" de la rebelión, sin más atropello que el de la Ley aunque con cierta vehemencia en las calles. Sin más, salvo que se quieran buscar vínculos con los delitos de sedición perpetrados por la ANC y Òmnium Cultural.

El artículo 473 del Código Penal considera culpables de rebelión a todos aquellos que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, los jefes principales de ésta,  los que ejerzan un mando subalterno y los meros participantes. Las penas van desde prisión por seis años hasta veinticinco años, además de inhabilitación por el mismo tiempo.

La justicia alemana no ha considerado que exista delito de rebelión,  al no constatar violencia contra el gobierno español, por lo que solamente ha concedido la extradición de Puigdemont por malversación de fondos. Probablemente seguirán el mismo criterio los demás países que albergan a los indepes fugados, lo que rompe la estrategia de Mariano y Soraya. Todo eso ya se verá.

En todo caso, a ver si se empieza a hablar de candidatos serios para designar de una vez al nuevo Govern autonómico. O, como quieren ver los indepes, para la Presidencia de la República Catalana, que ya se descarta que vaya a tener nueva sede en Waterloo.