La Unión Europea constata desde hace años que la Justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa.
Un ejemplo más de lo que desgraciadamente nos avergüenza, más aún por ser evitable si la voluntad del pueblo fuese mínimamente atendido por nuestros políticos. "Nuestros" aunque somos suyos para nuestra desgracia. La causa principal es que nuestro dinero también es suyo, y en lugar de beneficiar a todos, sólo enriquece a quienes lo administran.
“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”: así proclama la Constitución Española la independencia del poder judicial y la separación de poderes que se supone en cualquier democracia desde Montesquieu.
Lejos de ser imparcial la justicia, está completamente gobernada por los partidos políticos. Se suele echar la culpa a la falta de medios de los juzgados y no a la falta de principios de los funcionarios.
Lejos de ser imparcial la justicia, está completamente gobernada por los partidos políticos. Se suele echar la culpa a la falta de medios de los juzgados y no a la falta de principios de los funcionarios.
La justicia vulnera el principio de seguridad jurídica debido a la costumbre de los jueces y magistrados españoles de hacer caso omiso del sistema de precedentes, y en su lugar improvisar "ad casum" los fundamentos jurídicos de sus sentencias. Así no hay manera de que se aplique el criterio del Tribunal Supremo, que por otro lado también dictamina en función de lo que le sugieren políticos y grandes empresarios, así como un Rey que es quien se encarga de repartir los sobornos.
La imagen de la Justicia española es lo único que preocupa a los gobernantes, ante la baja percepción que tienen los ciudadanos de su eficacia. En ese ámbito, la administración judicial cae al tercer puesto por la cola. Esta valoración no es fruto de una coyuntura concreta, sino producto de la una tendencia negativa que se prolonga en el tiempo.
La ineficacia de los jueces para resolver problemas es proverbial, y los asuntos se alargan en los Juzgados sin acabar nunca de ejecutarse, de modo que casi nadie confía en la Justicia cuando se la necesita. Para los jueces, cuanto menos acudan a ellos, menos trabajo que tendrán que resolver.
La ineficacia de los jueces para resolver problemas es proverbial, y los asuntos se alargan en los Juzgados sin acabar nunca de ejecutarse, de modo que casi nadie confía en la Justicia cuando se la necesita. Para los jueces, cuanto menos acudan a ellos, menos trabajo que tendrán que resolver.
“Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi“ (“Justicia es la continua y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”) es una cita de Ulpiano que permite afirmar tranquilamente que en España carecemos de un sistema judicial que aplique realmente justicia.
Esto debería ser causa de condenas por responsabilidad del Estado, que es la obligación de indemnizar y reparar los daños causados por culpa, negligencia o hecho ilícito de sus administraciones.
Lejos de la buena fe, los funcionarios se cubren de cualquier reclamación y encubren su mala administración. Sus jerarcas organizan todo de modo que cierren el paso a cualquier ciudadano víctima de sus errores, muchas veces intencionados.
Sin embargo, los encargados de decidir cuándo ha existido un error judicial son los mismos Tribunales, dirigidos por jueces corporativistas siempre dispuestos a encubrir al compañero.
Sin embargo, los encargados de decidir cuándo ha existido un error judicial son los mismos Tribunales, dirigidos por jueces corporativistas siempre dispuestos a encubrir al compañero.
No solamente son los jueces y magistrados los responsables de determinar la responsabilidad judicial, sino también la del legislador a quien deberían estar sometidos. Si una Ley se anula, los tribunales contencioso-administrativos deben indemnizar a los perjudicados. La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2000 establece que "por definición, la ley declarada inconstitucional encierra en si misma, como consecuencia más fuerte de la Constitución, el mandato de reparar los daños y perjuicios concretos y singulares que su aplicación pueda haber originado".
En un país en el que las distintas administraciones actúan unas contra otras y en el que los parlamentos autonómicos legislan en abierta contradicción con los órganos centrales del Estado serían infinitas las demandas cada vez que una ley o resolución perjudicial fuese anulada o declarada inconstitucional.
No digamos ya por incumplimiento de las Directivas comunitarias, que tienen efecto directo en España aunque nuestro gobierno las considere meras sugerencias que puede ignorar tranquilamente.
Derechos fundamentales son diariamente ignorados por las estructuras de la Administración responsables de daños causados por falta de servicio. Y aunque el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal, como he dicho antes se cubren las espaldas unos a otros en perjuicio del ciudadano.
Por poner un ejemplo, el Tribunal Supremo piensa revisar la sentencia que establece que deben ser los bancos, y no los clientes, quienes abonen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a las hipotecas, solamente un día después de dictar dicha resolución. Sin haber ejercido los recursos legales, los Bancos pretenden que el Supremo se retracte de una sentencia firme, cosa inaudita desde el punto de vista jurídico.
Una muestra más de que para la Justicia, como para el resto de administraciones públicas, no somos más que una molestia. También la misma Justicia es una triste molestia para los corruptos, que no le tienen miedo, y para los grupos de poder que la gobiernan, como al conjunto del país.
