Los CDR (Comités para la Defensa de la República) están llevando a cabo sus acciones con total impunidad. Hasta ahora las acciones han consistido en cortes de carreteras y levantamiento de barreras en los peajes de las autopistas. Los Mossos d'Esquadra no reciben órdenes de actuar para impedirlo, y de ese modo los independentistas más radicales se están creciendo y ya amenazan con asaltar el Parlament.
El conseller de Interior, Miquel Buch, ha asegurado que "no le temblará el pulso" para tomar "las decisiones que correspondan" con aquellos agentes que se hayan "extralimitado", después de que Torra le ordenase que realice una purga entre los Mossos d'Esquadra que no sigan las instrucciones de la Generalitat.
El Sindicato de Policías de Cataluña, ante las amenazas contra la profesionalidad del cuerpo, han manifestado que "Buch, más que conseller de Interior, parece que es conseller de los CDR", y ha anunciado que tampoco dudarán en pedir su dimisión.
"El Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones", ha asegurado el Presidente Sánchez, que no ha culpado a los Mossos, sino a la "injustificable inacción de los cargos políticos para dar órdenes de actuación". Los superiores de la policía autonómica aseguran que no hubo tal inacción, sino "proporcionalidad".
Los miembros de la policía catalana deben “jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado y al Estatuto de Autonomía como norma básica de Cataluña”, y la primera de sus funciones consiste en cumplir y hacer cumplir “la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente”.
Los Mossos no están sometidos a la “obediencia debida” a órdenes que “entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o las leyes”. Por si fuera poco, la ley establece que los Mossos deben actuar con “neutralidad política e imparcialidad”.
Pero Buch mantiene su actitud de amparar la impunidad de los CDR, pasándose por el forro la Ley y la propia opinión de la policía autonómica, cuya autoridad está poniendo en entredicho.
El conseller de Interior, Miquel Buch, ha asegurado que "no le temblará el pulso" para tomar "las decisiones que correspondan" con aquellos agentes que se hayan "extralimitado", después de que Torra le ordenase que realice una purga entre los Mossos d'Esquadra que no sigan las instrucciones de la Generalitat.
El Sindicato de Policías de Cataluña, ante las amenazas contra la profesionalidad del cuerpo, han manifestado que "Buch, más que conseller de Interior, parece que es conseller de los CDR", y ha anunciado que tampoco dudarán en pedir su dimisión.
"El Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones", ha asegurado el Presidente Sánchez, que no ha culpado a los Mossos, sino a la "injustificable inacción de los cargos políticos para dar órdenes de actuación". Los superiores de la policía autonómica aseguran que no hubo tal inacción, sino "proporcionalidad".
Los miembros de la policía catalana deben “jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado y al Estatuto de Autonomía como norma básica de Cataluña”, y la primera de sus funciones consiste en cumplir y hacer cumplir “la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente”.
Los Mossos no están sometidos a la “obediencia debida” a órdenes que “entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o las leyes”. Por si fuera poco, la ley establece que los Mossos deben actuar con “neutralidad política e imparcialidad”.
Pero Buch mantiene su actitud de amparar la impunidad de los CDR, pasándose por el forro la Ley y la propia opinión de la policía autonómica, cuya autoridad está poniendo en entredicho.
El superior de los Mossos d'Esquadra debería tener en cuenta que sus predecesores están siendo juzgados por las órdenes de no actuar dadas al cuerpo policial durante la consulta independentista orquestada por Puigdemont. La Fiscalía solicita once años de cárcel para Josep Lluís Trapero por un delito de rebelión y pide la misma pena para el ex director general de los Mossos, Pere Soler, y para el ex secretario general de Interior Cèsar Puig.
Según el Fiscal, Puig "alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso"; Soler "daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", y Trapero "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas".
Los tres estaban procesados en la Audiencia Nacional por delitos de sedición y organización criminal, pero el ministerio público ha decidido acusar por rebelión, como a los acusados del "procés" juzgados por el Tribunal Supremo.
El mismo mes de octubre de 2017, días después del referéndum de independencia de Cataluña, Trapero fue cesado por el Gobierno español en la plaza de la categoría de Mayor de la Escala Superior del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, en aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española.
Según el Fiscal, Puig "alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso"; Soler "daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", y Trapero "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas".
Los tres estaban procesados en la Audiencia Nacional por delitos de sedición y organización criminal, pero el ministerio público ha decidido acusar por rebelión, como a los acusados del "procés" juzgados por el Tribunal Supremo.
El mismo mes de octubre de 2017, días después del referéndum de independencia de Cataluña, Trapero fue cesado por el Gobierno español en la plaza de la categoría de Mayor de la Escala Superior del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, en aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española.
Trapero ha rechazado volver a comandar el cuerpo policial, después de que Quim Torra y Miquel Buch se reunieran con él para ofrecerle volver a ejercer las funciones de jefe del cuerpo de los Mossos d'Esquadra.
Ahora su sucesor en el cargo deberá enfrentarse o con el Govern de la Generalitat o con la Justicia, porque una cosa es ser un servidor público y otra muy distinta ser un pistolero a sueldo de los insurrectos que gobiernan la Generalitat.
