La formación de Santiago Abascal está bajo la acusación de representar a la derecha neofascista, mientras que otros lo consideran "disidencia controlada" al servicio del sistema. Ellos se definen como liberal-conservadores, y mantienen sus diferencias con las demás ideologías que conforman la llamada extrema derecha. Allí se agrupan desde conservadores a radicales, que suelen compartir ciertos principios, pero disienten en las propuestas y prioridades del gobierno que esperan alcanzar un día lejano.
El partido liderado por Josep Anglada, Som Identitaris (SOMI), ha dado su apoyo a la formación "SOLUCIONA" en las elecciones autonómicas andaluzas. Para el histórico líder catalán, “SOLUCIONA es el único partido en Andalucía que se enfrenta sin complejos al problema de la inmigración” y con esos argumentos ha restado votos a VOX sin lograr resultados.
SOMI ha acogido a tres exlíderes provinciales de Vox con la idea de consolidar en España un espacio identitario similar al que ya existe en las principales naciones europeas. Pero no son los únicos.
Alternativa Española, FE-JONS, Democracia Nacional y La Falange articulan la primera coalición electoral que se puede considerar abiertamente euroescéptica en nuestro país. Las cuatro fuerzas han superado sus diferencias para presentarse a las elecciones europeas sobre cinco principios:
Alternativa Española, FE-JONS, Democracia Nacional y La Falange articulan la primera coalición electoral que se puede considerar abiertamente euroescéptica en nuestro país. Las cuatro fuerzas han superado sus diferencias para presentarse a las elecciones europeas sobre cinco principios:
- Restaurar la soberanía nacional frente a una Unión Europea que consideran en crisis.
- Salir del Euro para recuperar el control sobre la política monetaria.
- Poner fin a las políticas de recortes.
- Reivindicar la tradición cristiana como base de los valores y la cultura europea.
- Controlar de forma efectiva nuestras fronteras.
Esta coalición, con el nombre de "ADÑ", aprovechará la ventaja de que las elecciones europeas son de circunscripción única para recabar votos por toda España.
La fragmentación del voto entre los diferentes partidos que compiten en unas elecciones puede hacer que la ventaja de Vox se vea disminuida si hay más partidos entre los que se distribuyan los electores. La clave política para evitarlo será sumar formaciones pequeñas a una candidatura única que pueda gobernar o hacer suficiente fuerza sobre sus oponentes.
Pero hay grandes distancias que salvar, pese a que la llamada ultraderecha sea para algunos una sola cosa. El euroescepticismo separa a estas formaciones de un partido como Vox, que aspira a gobernar desde dentro del sistema, si el aislamiento al que le quieren someter sus oponentes electorales se lo permite. Desde la Unión Europea hay presiones para que cualquier partido a la derecha del PP sea excluído en toda negociación política, y Ciudadanos sigue la consigna al pie de la letra.
El juez Serrano, líder de Vox en Andalucía, dice que su partido no va a entrar en el Gobierno andaluz porque no quiere «cargos ni sillones», pero sí esperan que se les respete, porque «una cosa es que vayamos con humildad y otra que nos traten con desprecio», porque «tanto nuestro partido como nuestros votantes merecen que se les trate con dignidad».
- Salir del Euro para recuperar el control sobre la política monetaria.
- Poner fin a las políticas de recortes.
- Reivindicar la tradición cristiana como base de los valores y la cultura europea.
- Controlar de forma efectiva nuestras fronteras.
Esta coalición, con el nombre de "ADÑ", aprovechará la ventaja de que las elecciones europeas son de circunscripción única para recabar votos por toda España.
La fragmentación del voto entre los diferentes partidos que compiten en unas elecciones puede hacer que la ventaja de Vox se vea disminuida si hay más partidos entre los que se distribuyan los electores. La clave política para evitarlo será sumar formaciones pequeñas a una candidatura única que pueda gobernar o hacer suficiente fuerza sobre sus oponentes.
Pero hay grandes distancias que salvar, pese a que la llamada ultraderecha sea para algunos una sola cosa. El euroescepticismo separa a estas formaciones de un partido como Vox, que aspira a gobernar desde dentro del sistema, si el aislamiento al que le quieren someter sus oponentes electorales se lo permite. Desde la Unión Europea hay presiones para que cualquier partido a la derecha del PP sea excluído en toda negociación política, y Ciudadanos sigue la consigna al pie de la letra.
El juez Serrano, líder de Vox en Andalucía, dice que su partido no va a entrar en el Gobierno andaluz porque no quiere «cargos ni sillones», pero sí esperan que se les respete, porque «una cosa es que vayamos con humildad y otra que nos traten con desprecio», porque «tanto nuestro partido como nuestros votantes merecen que se les trate con dignidad».
Serrano subrayó que cuentan con un programa «que queremos que se negocie con nosotros» y dejó claro que Vox es un partido «del arco democrático», «constitucionalista» y que ha logrado representación parlamentaria en unas elecciones «libres y democráticas».
Al fin y al cabo Vox ha ganado sus escaños atacando a la "derechita cobarde" y al "toro manso" que representan a PP y Ciudadanos, por lo que no renunciará a poner condiciones al tripartito que está por ver si se constituye.
Por eso han presentado una lista de propuestas para elaborar un plan común de gobierno, que algunos han tachado de exigencias de la ultraderecha. Han sido especialmente criticadas la derogación de la Ley andaluza de violencia de género y la petición de que la Junta "colabore con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados".
En cuanto a la legislación autonómica sobre violencia de género, además de los aspectos negativos de la discriminación masculina que ya comenté en la entrada anterior y que no reduce el número de agresiones y parricidios, está la cuestión de que no tiene sentido que haya leyes en cada Comunidad para regular lo que ya está previsto en la legislación estatal.
En cuanto a la inmigración ilegal, la Administración andaluza "posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía". La Constitución ordena la colaboración de todas las Administraciones Públicas en la aplicación de las leyes, en este caso la Ley de Extranjería que prescribe la expulsión del territorio de todos los residentes ilegales. El artículo 103 establece que la Administración Pública debe actuar "de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".
Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ampara que unas administraciones se reserven confidencialmente los datos sobre residencia ilegal de extranjeros sin papeles para impedir que el Estado ejerza su función y los expulse. La Unión Europea, que tanto se ha quejado de que la frontera sur de nuestro país sea un coladero de inmigrantes ilegales, se calla ahora que vienen partidos que quieren solucionar el problema. ¿En qué quedamos?.
Vox va a tener que combatir el "cordón sanitario" al que le quieren someter las élites europeas y los rivales electorales como Ciudadanos, que representa la vacuidad ideológica y el sometimiento a los dictados de las oligarquías europea y española. Igual les pasará a los demás partidos de la extrema derecha que competirán por su espacio en las próximas elecciones.
Al fin y al cabo Vox ha ganado sus escaños atacando a la "derechita cobarde" y al "toro manso" que representan a PP y Ciudadanos, por lo que no renunciará a poner condiciones al tripartito que está por ver si se constituye.
Por eso han presentado una lista de propuestas para elaborar un plan común de gobierno, que algunos han tachado de exigencias de la ultraderecha. Han sido especialmente criticadas la derogación de la Ley andaluza de violencia de género y la petición de que la Junta "colabore con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados".
En cuanto a la legislación autonómica sobre violencia de género, además de los aspectos negativos de la discriminación masculina que ya comenté en la entrada anterior y que no reduce el número de agresiones y parricidios, está la cuestión de que no tiene sentido que haya leyes en cada Comunidad para regular lo que ya está previsto en la legislación estatal.
En cuanto a la inmigración ilegal, la Administración andaluza "posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía". La Constitución ordena la colaboración de todas las Administraciones Públicas en la aplicación de las leyes, en este caso la Ley de Extranjería que prescribe la expulsión del territorio de todos los residentes ilegales. El artículo 103 establece que la Administración Pública debe actuar "de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".
Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ampara que unas administraciones se reserven confidencialmente los datos sobre residencia ilegal de extranjeros sin papeles para impedir que el Estado ejerza su función y los expulse. La Unión Europea, que tanto se ha quejado de que la frontera sur de nuestro país sea un coladero de inmigrantes ilegales, se calla ahora que vienen partidos que quieren solucionar el problema. ¿En qué quedamos?.
Vox va a tener que combatir el "cordón sanitario" al que le quieren someter las élites europeas y los rivales electorales como Ciudadanos, que representa la vacuidad ideológica y el sometimiento a los dictados de las oligarquías europea y española. Igual les pasará a los demás partidos de la extrema derecha que competirán por su espacio en las próximas elecciones.
