El año pasado, la Dirección General de Trabajo admitió la constitución del sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales, considerando que reunía los requisitos previstos en la Ley de Libertad Sindical. El Gobierno impugnó esta decisión porque ampara una actividad ilícita, y la Ministra Valerio dijo que pediría explicaciones a su departamento tras el visto bueno a la constitución de un sindicato de prostitutas.
El sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales) llegó a pedir la dimisión en bloque del Gobierno, y el PP exigió “una inmediata solución” ante lo que considera “incompetencia” y “falta de atención” del Ejecutivo. El partido popular defiende la abolición de la prostitución porque evidencia la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
Ciudadanos, por su parte, mantiene en su programa electoral la legalización de la prostitución. Begona Villacis se ha manifestado contra las mafias que se lucran con la trata y explotación de mujeres, pero también contra lo que llama "prejuicios e hipocresía para regular la prostitución y proteger a quien la ejerza libremente".
Ciudadanos, por su parte, mantiene en su programa electoral la legalización de la prostitución. Begona Villacis se ha manifestado contra las mafias que se lucran con la trata y explotación de mujeres, pero también contra lo que llama "prejuicios e hipocresía para regular la prostitución y proteger a quien la ejerza libremente".
En la Audiencia Nacional consideran que la prostitución "no es un contrato válido de trabajo", y por esa razón han impedido la constitución del sindicato, dando la razón al Gobierno.
La Constitución de 1978, en su artículo 7, habla de "sindicatos de trabajadores", al decir que "contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios". La Audiencia Nacional alega que se daría lugar al proxenetismo en el caso de que las prostitutas fueran asalariadas, por lo que no las reconoce como trabajadoras, y sus intereses económicos y sociales vienen determinados por el ejercicio de una actividad ajena a la ley.
No siempre hay proxenetas, pero siempre hay trabajadoras sin derechos, que están bajo las órdenes de los empresarios que regentan hoteles, locales de masaje o clubs de alterne. La explotación no está sólo allí y en las calles, sino también en el cine porno, bailarinas y espectáculos en vivo, y donde haya alguien que ofrezca sexo por dinero, o viceversa.
Como argumento a favor de considerarlo un oficio, muchos repiten como si fuera cierto que es la profesión más antigua del mundo y tan digna como cualquier otra. Quienes dicen que la ejercen porque quieren no dejan de reconocer que otras son esclavas o lo hacen por necesidad.
No deja de ser paradójico que a medida que las mujeres han conseguido mayor protección social, admitamos que en ciertos trabajos sí te puedan tocar el culo y mucho más. A las actrices de Hollywood que se han movilizado contra sus acosadores se les respeta, pero no ocurriría lo mismo si trabajaran en el cine X.
Para evitarse el debate sobre cuáles serían los derechos de las trabajadoras prostitutas, surgen los partidarios de legalizar lo prohibido, como si el problema se redujese a tener una licencia en orden. La esclavitud no es lícita por sólidas razones morales, que a algunos se les antojan tabúes que hay que romper.
Para tener la debida cobertura sanitaria, y un sindicato que atienda sus reclamaciones, considerar la prostitución como relación laboral parece ser su única vía. Sin embargo, hay otras plataformas para sus reivindicaciones y también se puede cotizar a la Seguridad Social como autónomo. Así que hay opciones para dedicarse a esta vida sin quedar en la marginación, pero no al alcance de todas.
Podemos decir que la abolición es una solución, pero no cómo erradicar esta actividad. Una cosa es aprobar una Ley de prohibición y otra poner a los funcionarios a perseguir a prostitutas, chaperos y burdeles. Hacer redadas sin despojar a las personas que dependen del lenocinio tampoco es tan sencillo. Así que lo que se plantea nuestro Estado protector es seguir tolerándolo para evitarse ayudas sociales, y si se tercia, cobrar impuestos. Sin olvidar las multas recaudatorias a los clientes de un negocio que hasta se anuncia en los periódicos serios.
