Bajo la presión incesante de los indepes, la Justicia de Pedro Sánchez y Dolores Delgado ha dictado sentencia sobre los procesados del "procés", valga la redundancia. Sin contradecir mi criterio en su día, la misma declara que "La Sala da por probada la existencia de violencia. Pero no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión."
Por tanto, dichos episodios de violencia relacionados con el "procés" independentista han sido calificados como sedición que, unida a la malversación, componen las condenas que los indepes quieren contestar con más actos de resistencia a las autoridades.
Los políticos que agitaron los desórdenes ven así castigadas sus acciones, y también el desvío de fondos públicos para sus propósitos. La malversación es un delito cometido por un funcionario o cargo público que sustrae o usa indebidamente recursos públicos en el desempeño de sus funciones. La condena del Supremo pone en evidencia a Rajoy y sus ministros que decían no tener conocimiento de dicha malversación.
El que mejor debía conocer a dónde iban los dineros de todos, Cristóbal Montoro, declaró en el juicio a los líderes independentistas que los funcionarios de su departamento no encontraron pagos de la Generalitat para el "procés". El en su día todopoderoso ministro de Hacienda desbarataba de ese modo la acusación de malversación de fondos para el referéndum ilegal.
Hacienda interpuso una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el Govern destituido y las organizaciones ANC y Òmnium por la utilización de dinero público en el referéndum ilegal, pero tampoco Montoro aportó pruebas de malversación al Tribunal de Cuentas.
Al mismo juez Llarena le llamó la atención que el ministro de Hacienda asegurase que no se ha destinado ningún euro público a financiar el procés, y Montoro sigue sin explicar cómo de fiable fue su supervisión de las cuentas de la Generalitat. El fisco ha estado buscando facturas falsas pensando que ésa es la única manera de burlar la intervención. También obligaba a los bancos con cuentas corrientes de la Generalitat a certificar que ninguna transferencia iba a financiar actos del independentismo. A la vista está que las medidas de control fueron insuficientes, porque nadie sabe cómo, pero salió el dinero. También Rajoy y Sáenz de Santamaría declararon como Montoro que no tuvieron culpa de la situación producida en 2.017.
La declaración de Urkullu como testigo demuestra lo que ya se sabe aunque no se diga, ocultas componendas que explican también por qué el Gobierno Rajoy no llegó a tramitar la extradición de Puigdemont cuando fue a Dinamarca. Pese a que la Fiscalía dijo que iba a solicitar la euroorden, finalmente la Justicia decidió no cursarla y hacer como que no le constaba la localización del huído, anunciada a bombo y platillo con sobrada antelación.
Lo que llevó al fracaso a los populares es que no hicieron más que ignorar el "procés" mientras los indepes pretenden hacer suya la situación. Desestabilizando al gobierno a través de acciones orientadas a generar desorden esperan tomar poder. La partitocracia, sostenida sólo por la Prensa y la burocracia del régimen, está legitimada para hacerles frente, pero sigue actuando igual que siempre en esta nueva etapa de la política catalana.
La élite española no tiene empacho en acercarse al catalanismo de todo signo para negociar los dineros de la forma que lo han hecho toda la vida. Los demás políticos pasan el tiempo entretenidos por esta situación, de la que no pierden detalle ya que les va en ello la parte que puedan hacer suya. Los restos sin repartir del desvío de fondos insinuado pero no explicado por la Prensa, que los políticos se han reservado con la incuestionable ayuda de miembros de la judicatura.
Por eso los políticos indepes quieren un Poder Judicial catalán al que poder controlar también. Para ser impunes ante los Tribunales, como lo son todos los miembros de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, que han visto cómo en Cataluña se desviaban fondos a la corrupción, y lo han callado mientras también se estaban desviando fondos para el independentismo. Lo han callado porque también ellos tienen mucho que callar sobre malversación.
Hacienda interpuso una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el Govern destituido y las organizaciones ANC y Òmnium por la utilización de dinero público en el referéndum ilegal, pero tampoco Montoro aportó pruebas de malversación al Tribunal de Cuentas.
Al mismo juez Llarena le llamó la atención que el ministro de Hacienda asegurase que no se ha destinado ningún euro público a financiar el procés, y Montoro sigue sin explicar cómo de fiable fue su supervisión de las cuentas de la Generalitat. El fisco ha estado buscando facturas falsas pensando que ésa es la única manera de burlar la intervención. También obligaba a los bancos con cuentas corrientes de la Generalitat a certificar que ninguna transferencia iba a financiar actos del independentismo. A la vista está que las medidas de control fueron insuficientes, porque nadie sabe cómo, pero salió el dinero. También Rajoy y Sáenz de Santamaría declararon como Montoro que no tuvieron culpa de la situación producida en 2.017.
La declaración de Urkullu como testigo demuestra lo que ya se sabe aunque no se diga, ocultas componendas que explican también por qué el Gobierno Rajoy no llegó a tramitar la extradición de Puigdemont cuando fue a Dinamarca. Pese a que la Fiscalía dijo que iba a solicitar la euroorden, finalmente la Justicia decidió no cursarla y hacer como que no le constaba la localización del huído, anunciada a bombo y platillo con sobrada antelación.
Lo que llevó al fracaso a los populares es que no hicieron más que ignorar el "procés" mientras los indepes pretenden hacer suya la situación. Desestabilizando al gobierno a través de acciones orientadas a generar desorden esperan tomar poder. La partitocracia, sostenida sólo por la Prensa y la burocracia del régimen, está legitimada para hacerles frente, pero sigue actuando igual que siempre en esta nueva etapa de la política catalana.
La élite española no tiene empacho en acercarse al catalanismo de todo signo para negociar los dineros de la forma que lo han hecho toda la vida. Los demás políticos pasan el tiempo entretenidos por esta situación, de la que no pierden detalle ya que les va en ello la parte que puedan hacer suya. Los restos sin repartir del desvío de fondos insinuado pero no explicado por la Prensa, que los políticos se han reservado con la incuestionable ayuda de miembros de la judicatura.
Por eso los políticos indepes quieren un Poder Judicial catalán al que poder controlar también. Para ser impunes ante los Tribunales, como lo son todos los miembros de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, que han visto cómo en Cataluña se desviaban fondos a la corrupción, y lo han callado mientras también se estaban desviando fondos para el independentismo. Lo han callado porque también ellos tienen mucho que callar sobre malversación.
