Un 11 de marzo de 2004 dejó 193 muertos y cerca de 2.000 heridos. Tres años después, la Audiencia Nacional condenó a unos cuantos moros, unos relacionados con la policía secreta, y otros integristas no implicados en el crimen.
La autoría del atentado fue puesta en duda durante años por parte de dirigentes políticos y medios de comunicación, que intentaron vincular con los sucesos a terceros y contribuyeron a la desinformación tras el 11M.
Y siguen contribuyendo. El jefe de los Tedax en el 11M, entrevistado en "El País" declaró mucho después que: “A las 15:00 de la tarde del 11-M ya se descartó la autoría de ETA”. El comisario acusa a través del diario al entonces presidente Aznar, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, así como los periodistas Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos y Casimiro García-Abadillo de orquestar una mentira sobre la autoría de los atentados.
El locuaz comisario basa sus afirmaciones en la furgoneta Kangoo donde se encontraron restos de Goma 2 Eco, unos detonadores y una cinta cassette que contenía cánticos del Corán en árabe, pasando por alto la misteriosa aparición del vehículo que en un primer momento no estaba allí, la ausencia de análisis del explosivo usado en los trenes debido a la destrucción oficial de pruebas, y la contradicción entre los cánticos sunnitas de la cinta con un Corán chiíta hallado también en la furgoneta-prueba. Los Tedax comprobaron que la materia explosiva era blanca y no rojiza como la dinamita Titadine usada por ETA, pero no averiguaron si era la misma de los trenes porque las pruebas habían sido lavadas con agua y acetona.
El locuaz comisario basa sus afirmaciones en la furgoneta Kangoo donde se encontraron restos de Goma 2 Eco, unos detonadores y una cinta cassette que contenía cánticos del Corán en árabe, pasando por alto la misteriosa aparición del vehículo que en un primer momento no estaba allí, la ausencia de análisis del explosivo usado en los trenes debido a la destrucción oficial de pruebas, y la contradicción entre los cánticos sunnitas de la cinta con un Corán chiíta hallado también en la furgoneta-prueba. Los Tedax comprobaron que la materia explosiva era blanca y no rojiza como la dinamita Titadine usada por ETA, pero no averiguaron si era la misma de los trenes porque las pruebas habían sido lavadas con agua y acetona.
Llama la atención esta entrevista periodística del Comisario Jefe de los TEDAX-NRBQ, porque ante la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre los Atentados del 11-M y en la Vista Oral, dijo que el explosivo utilizado por los terroristas fue dinamita, sin poder especificar marca, porque sin restos de material explosivo, la Policía Científica no puede averiguar la marca.
Es cierto que ETA había amenazado días antes con acciones contra RENFE, por lo que hubiera sido lógico investigarlo, dado que ETA también ha empleado en sus atentados GOMA-2, cordón detonante, TNT y su amonal casero. Además, días antes del 11-M dos etarras fueron detenidos conduciendo una furgoneta con explosivos que, según confesaron, pensaban hacer detonar en unos trenes en Madrid. Lo mismo intentó ETA hacer en la Nochebuena de 2.003 en un Talgo, por lo que era harto sospechosa a falta de otras pistas.
Pero la negociación con ETA estaba en el horizonte, así que Zapatero y Rubalcaba dejaron a la Prensa hacer todo lo posible por evitar que se aclararan estas contradicciones y por endilgar a alguien la condena que la Audiencia Nacional adjudicó tras haber ordenado destruir las pruebas inconvenientes para su verdad fabricada. A pesar de que la destrucción de pruebas y la revelación de secretos están castigados en los artículos 413 y siguientes del Código Penal, los funcionarios de la Audiencia Nacional sabotearon su propia investigación mientras hacían circular informaciones obtenidas por razón de su oficio o cargo sin preocuparles el daño para la causa pública o para tercero. Zougam sigue en la cárcel como advertencia para quien ponga en duda al sistema político y sus tentáculos policiales y judiciales. La Prensa, por el contrario, goza de plena libertad para atribuir a quien haga falta la autoría ideológica de la masacre de los ejecutores ejecutados.
En "Pólvora del Rey" ya analizo cómo la vida política espñola se vio alterada bajo la acción de la comunicación, la desinformación, la estrategia política y la manipulación. Ningún investigador de lo sucedido tras los atentados integristas del 11 de Marzo hasta las cruciales elecciones del día 14 puede negar el éxito de dichas estrategias sobre nuestra reciente historia.
Para el Partido Socialista no fue necesario averiguar nada tras el "quién ha sido", pero los populares persistieron en discutir la teoría del ataque de la célula yihadista suicida formada por confidentes. Cuando los populares recuperaron el poder, perdieron el interés en aclarar el asunto y empezaron a llamar "discreción" a su sospechoso mutismo. Unos buscando prorrogar indefinidamente una investigación dirigida lejos de los culpables, los otros culpando de ello a sus adversarios. Desde entonces, la Prensa de derechas y de izquierdas calla o difunde cortinas de humo que distraen la atención de lectores a quienes nunca contarán la verdad.
Las pruebas falsas del sumario ponen en evidencia que además de los terroristas hubo otra conspiración para predeterminar culpables, de la cual forman parte los principales nombres del periodismo. Además, debe tenerse en cuenta el principio Cui prodest? (¿a quién beneficia?), habitual en las investigaciones de delitos. Interpretando este principio los periodistas especularon con la implicación del PSOE y de los responsables de la "guerra sucia" de Felipe González y Rubalcaba, bien para alterar las elecciones que tuvieron lugar tres días después, bien porque la afirmación de Zapatero de que si ganaba retiraría de inmediato las tropas de Irak pudo producir un efecto llamada para cometer el atentado.
Las pruebas falsas del sumario ponen en evidencia que además de los terroristas hubo otra conspiración para predeterminar culpables, de la cual forman parte los principales nombres del periodismo. Además, debe tenerse en cuenta el principio Cui prodest? (¿a quién beneficia?), habitual en las investigaciones de delitos. Interpretando este principio los periodistas especularon con la implicación del PSOE y de los responsables de la "guerra sucia" de Felipe González y Rubalcaba, bien para alterar las elecciones que tuvieron lugar tres días después, bien porque la afirmación de Zapatero de que si ganaba retiraría de inmediato las tropas de Irak pudo producir un efecto llamada para cometer el atentado.
Hay poderes internacionales muy interesados en culpar al Islam de todos los males posibles y así justificar las guerras movidas por el petróleo. Nuestra sociedad fue atacada dentro de la estrategia de la OTAN con el visto bueno del mando superior de los servicios de inteligencia del Estado.
Con este atentado de falsa bandera se quiso poner a prueba la capacidad de España en reaccionar ante este tipo de emergencias. Los sanitarios y las fuerzas del orden estaban preparados para la contingencia, así que quedó demostrado que el país estaba en guardia. La Comisión Parlamentaria y su investigación no aclararon nada, y los diputados la pudieron cerrar tranquilos por su deber cumplido. Y los moros, a donde no puedan hablar, que para eso están los periodistas del entretenimiento.
Con este atentado de falsa bandera se quiso poner a prueba la capacidad de España en reaccionar ante este tipo de emergencias. Los sanitarios y las fuerzas del orden estaban preparados para la contingencia, así que quedó demostrado que el país estaba en guardia. La Comisión Parlamentaria y su investigación no aclararon nada, y los diputados la pudieron cerrar tranquilos por su deber cumplido. Y los moros, a donde no puedan hablar, que para eso están los periodistas del entretenimiento.
El Informe oficial del 11-M fue declarado secreto al amparo de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, promulgada en el Palacio de El Pardo por Francisco Franco.
"Es principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras Leyes Fundamentales, la publicidad de la actividad de los Órganos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos", comienza diciendo esta Ley, que continúa así: "Mas si la publicidad ha de ser característica de la actuación de los Órganos del Estado, es innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional."
"Destacan por su especial importancia aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación y que constituyen los verdaderos «secretos oficiales», protegidos por sanciones penales que, tanto en el Código Penal Común como en el de Justicia Militar, alcanzan penas de la máxima severidad. Pero esta sanción penal, especialmente represiva, sólo de una manera indirecta, por medio de la intimidación, protege el descubrimiento o revelación de secretos. Las medidas de protección eficaces son las que la propia Administración ha de establecer para garantizar que los documentos o materiales en que físicamente se reflejan los secretos, no puedan ser conocidos más que por aquellas personas que, por razón de su cometido, estén autorizadas para ello."
"Asimismo, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la garantía de los ciudadanos, es importante resaltar que la Ley establece la necesidad de notificar a los medios de información la declaración de «materia clasificada» cuando se prevea que ésta puede llegar a conocimiento de ellos." Al amparo del artículo trece, "Las actividades reservadas por declaración de Ley y las "materias clasificadas" no podrán ser comunicadas, difundidas ni publicadas, ni utilizado su contenido fuera de los límites establecidos por la Ley."
Por tanto, el informe y la documentación son confidenciales y ningún medio de comunicación puede revelar su contenido. De hecho, el informe no ha sido facilitado a las víctimas ni a los condenados, pese a que según el artículo catorce "La calificación de secreto o reservado no impedirá el exacto cumplimiento de los trámites de audiencia, alegaciones, notificaciones directas a los interesados, sin perjuicio de la eventual aplicación de las sanciones previstas en esta Ley en caso de violación del secreto por parte de los interesados." Está claro que Zougam no se considera un interesado en saber el contenido del informe elaborado por los servicios del Estado, que seguramente no contribuiría a señalar los verdaderos culpables sino a encubrirlos como la Prensa y la Justicia llevan haciendo desde el día de las explosiones.
"Es principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras Leyes Fundamentales, la publicidad de la actividad de los Órganos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos", comienza diciendo esta Ley, que continúa así: "Mas si la publicidad ha de ser característica de la actuación de los Órganos del Estado, es innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional."
"Destacan por su especial importancia aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación y que constituyen los verdaderos «secretos oficiales», protegidos por sanciones penales que, tanto en el Código Penal Común como en el de Justicia Militar, alcanzan penas de la máxima severidad. Pero esta sanción penal, especialmente represiva, sólo de una manera indirecta, por medio de la intimidación, protege el descubrimiento o revelación de secretos. Las medidas de protección eficaces son las que la propia Administración ha de establecer para garantizar que los documentos o materiales en que físicamente se reflejan los secretos, no puedan ser conocidos más que por aquellas personas que, por razón de su cometido, estén autorizadas para ello."
"Asimismo, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la garantía de los ciudadanos, es importante resaltar que la Ley establece la necesidad de notificar a los medios de información la declaración de «materia clasificada» cuando se prevea que ésta puede llegar a conocimiento de ellos." Al amparo del artículo trece, "Las actividades reservadas por declaración de Ley y las "materias clasificadas" no podrán ser comunicadas, difundidas ni publicadas, ni utilizado su contenido fuera de los límites establecidos por la Ley."
Por tanto, el informe y la documentación son confidenciales y ningún medio de comunicación puede revelar su contenido. De hecho, el informe no ha sido facilitado a las víctimas ni a los condenados, pese a que según el artículo catorce "La calificación de secreto o reservado no impedirá el exacto cumplimiento de los trámites de audiencia, alegaciones, notificaciones directas a los interesados, sin perjuicio de la eventual aplicación de las sanciones previstas en esta Ley en caso de violación del secreto por parte de los interesados." Está claro que Zougam no se considera un interesado en saber el contenido del informe elaborado por los servicios del Estado, que seguramente no contribuiría a señalar los verdaderos culpables sino a encubrirlos como la Prensa y la Justicia llevan haciendo desde el día de las explosiones.
