Sumar la cuenta del total tesoro,
ver si están los talegos bien cabales,
aquí poner los pesos, allí los reales,
y de la plata separar el oro:
advertir cual doblón es más sonoro,
calcular los escudos por quintales,
distribuirlos en filas bien iguales
fundando en esto su mayor decoro:
ver si están los talegos bien cabales,
aquí poner los pesos, allí los reales,
y de la plata separar el oro:
advertir cual doblón es más sonoro,
calcular los escudos por quintales,
distribuirlos en filas bien iguales
fundando en esto su mayor decoro:
ver de cerca y de lejos este objeto,
notar si el oro es más subido o claro,
registrar de las onzas el secreto,
y en fin sonarlas con deleite raro;
notar si el oro es más subido o claro,
registrar de las onzas el secreto,
y en fin sonarlas con deleite raro;
todo esto es describir en un soneto
la vida miserable del avaro.
la vida miserable del avaro.
En el Caso Pujol se investiga al expresidente de Cataluña Jordi Pujol i Soley, su mujer Marta Ferrusola i Lladós y sus siete hijos Mireia, Marta, Jordi, Oleguer, Josep, Oriol y Pere, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad.
Tanto a Jordi Pujol como a su mujer y a sus hijos se les vincula con diferentes casos de corrupción y con la titularidad de abultadas cuentas corrientes en diferentes paraísos fiscales e intereses inmobiliarios en diferentes países, especialmente en Latinoamérica.
Los obispos catalanistas ganaron mucho con Pujol y la clase media que le seguía. El obispo Modrego llegó a mediar ante Franco por Pujol, alegando que, aunque quizás pecase de catalanista, era de muy buena familia.
El primer paso de Jordi Pujol en política, hacia los años 50, se llamó Crist i Catalunya, que después se convirtió en Catòlics Catalans. La Federació de Joves Cristians de Catalunya, fundada por Fèlix Millet (padre del homónimo del caso Palau), fue otro de los núcleos de los activistas católicos y los políticos catalanistas. Movimientos de jóvenes y trabajadores de todos los ramos, aglutinaron catolicismo y catalanismo, de forma paralela a lo que hacía Acción Católica a escala estatal. Los jóvenes excursionistas llamados "minyons de muntanya", gracias a la creación de la Delegació Diocesana d'Escoltisme, sobrevivieron al margen del Frente de Juventudes.
Convergència i Unió gobernó Cataluña ininterrumpidamente desde 1980 hasta 2003, bajo la presidencia de Jordi Pujol. Convergència i Unió (CiU) fue una coalición de dos partidos políticos nacionalistas catalanes, creada en 1978 y disuelta en 2015. Estaba integrada por Convergencia Democrática de Cataluña, de centroderecha, y Unión Democrática de Cataluña, de ideología democristiana.
Durante esa época y con la bendición diocesana, Pujol llegó a ser el Sumo Pontífice de Cataluña, en el sentido etimológico de hacedor de puentes. Toda clase de obras públicas y grandes negocios enriquecieron a la burguesía catalana, que rendía cuentas al President.
Desde enero de 2001, cuando Artur Mas fue elegido como "sucesor" por el propio Pujol, el relevo abrió una crisis en CiU, que tras 23 años en el Gobierno, quedó en la oposición durante dos legislaturas del tripartito "de izquierdas".
El año 2010, CiU obtuvo una amplia victoria electoral que le hizo recuperar la Presidencia de la Generalitat. y desde allí dar apoyo a la autodeterminación de Cataluña para distraer la atención de los numerosos escándalos de corrupción y financiación ilegal.
Tras un ultimátum de CDC a UDC para que esta última decidiera en un plazo de "dos o tres días" si se sumaba o no a la hoja de ruta independentista, el proyecto político de CiU se había acabado. En enero de 2018 CiU fue condenada por financiación ilegal. La sentencia del conocido como 'caso del Palau de la Música' condenó a CiU por lucrarse con 6,6 millones de euros a través del cobro de comisiones irregulares a cambio de adjudicar obra pública a la constructora Ferrovial. Esta trama permitió, entre 1999 y 2009, el expolio continuado de 23,7 millones de la arcas del Palacio de la Música Catalana.
Parte del dinero era para lucro personal de los ex directivos de la institución cultural mientras que el partido se financió de forma irregular a través de pagos ficticios de Ferrovial al Palau. Era lo habitual en un partido que recaudaba el diezmo de todo el dinero que se movía en Cataluña.
Desde el fin de Convergencia y el retiro del Molt Honorable President, la Iglesia ha hecho lo posible para no perder adeptos con el cardenal Sistach a la cabeza de los obispos catalanes tras del cese como Vicario Regional de Ramón Herrando Prat de la Riba, nieto del creador del separatismo catalán y el odio a España.
Parte del dinero era para lucro personal de los ex directivos de la institución cultural mientras que el partido se financió de forma irregular a través de pagos ficticios de Ferrovial al Palau. Era lo habitual en un partido que recaudaba el diezmo de todo el dinero que se movía en Cataluña.
Desde el fin de Convergencia y el retiro del Molt Honorable President, la Iglesia ha hecho lo posible para no perder adeptos con el cardenal Sistach a la cabeza de los obispos catalanes tras del cese como Vicario Regional de Ramón Herrando Prat de la Riba, nieto del creador del separatismo catalán y el odio a España.
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En 2014, Jordi Pujol reconoció en un comunicado enviado a varios medios haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero», según sus afirmaciones procedente de su padre Florenci Pujol. En ese comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el «momento adecuado» para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública. Según varios medios, se trataría de en torno a cuatro millones de euros, ubicados en Andorra, que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Rajoy en 2012.
Esto fue aprovechado por el "sindicato" Manos Limpias para denunciar a Jordi Pujol i Soley y a su esposa ante los juzgados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. La denuncia recayó en el juzgado 31 de Barcelona, donde la juez titular acordó abrir diligencias y notificar su decisión a la Fiscalía. Al día siguiente, 29 de julio, el presidente Mas, tras una reunión mantenida con Pujol i Soley, anunció que este renunciaba al sueldo y a la oficina que tenía asignados como expresidente, así como al título honorífico de presidente fundador de CDC y de CiU. Posteriormente, el conseller de la Presidencia Francesc Homs aclaró que esto incluía renunciar al trato honorífico de «Molt Honorable Senyor» y a la medalla de oro de la Generalidad.
En 2015 el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, citó a declarar como imputado a Jordi Pujol Soley, y a su esposa, Marta Ferrusola, por un delito de blanqueo de capitales continuado. En el auto de citación del matrimonio, el juez apuntó a que todos los miembros de la familia habían venido "orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos, y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".
Las indagaciones sobre la familia Pujol se llevan en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que investiga a Jordi Pujol Ferrusola, Oleguer Pujol Ferrusola y su socio Luis Iglesias, yerno del popular Eduardo Zaplana.
En 2017 Oleguer Pujol declaró ante el juez De la Mata, y aunque Anticorrupción pidió la prisión preventiva, el magistrado decretó la libertad provisional. Ese mismo año De la Mata envió a prisión sin fianza a Jordi Pujol Ferrusola, pero fue excarcelado tras abonar una fianza de 500.000 euros.
Según algunos medios de comunicación, el asunto se reduce a los 4 millones de euros que Pujol padre reconoció haber ocultado a la Hacienda española. Sin embargo, otras fuentes apuntan a que la cantidad en manos de su clan oscila entre 3000 y 5000 millones.
La familia Pujol podría estar escondiendo 179,5 millones de euros en Nueva Zelanda, según indica la declaración de un testigo protegido a la cual ha tenido acceso el digital Vozpópuli. Este testigo ha aportado al juez del caso varias carpetas con documentación, ya que aseguró ser la persona que había organizado desde 1994 el entramado de sociedades donde la familia Pujol habría guardado su dinero en el extranjero.
Aunque el testigo aseguró al magistrado José de la Mata que durante los últimos años Jordi Pujol había realizado más operaciones financieras que nunca, recientemente el Juez ha archivado las diligencias al no haber verificado dicha información.
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía, altos cargos del PP facilitaron financiación pública a la familia Pujol, con la que amañarían posteriormente contratos de obras de ingeniería en países africanos.
La UDEF presentó ante la Audiencia Nacional un informe en el que implica al ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Comercio Juan Costa, y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella en la obtención de fondos públicos para la empresa Ibadesa, participada por Jordi Pujol Ferrusola y estrechamente vinculada con José Herrero de Egaña López del Hierro, sobrino del marido de la popular María Dolores de Cospedal.
Según la Policía, el entramado que gira en torno a Ibadesa fue utilizado durante años «para fines criminales» y contó con el «apoyo de organismos públicos españoles» para acometer numerosos proyectos en países como Gabón y Marruecos.
Los investigadores subrayan que el dinero público procedía de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, que concedía a las sociedades de la trama Pujol créditos previos para financiar proyectos. En estas empresas participaba también Jordi Puig, hermano del ex consejero convergente Felip Puig.
Según la Udef «éste era el motivo por el que las gestiones dinamizadoras de Jordi Pujol Ferrusola incluían en este caso 'trámites' que se hicieron ante el Gobierno de España, personificadas en el secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa Climent, sobre el que se influyó a través de José Manuel Fernández Norniella, presidente en ese momento del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, pero que desempeñó el mismo puesto con anterioridad que Juan Costa, para que el entonces secretario de Estado aprobara los expedientes».
«Por tanto, como consecuencia directa e inmediata, se puede establecer una conexión directa y evidente entre las comisiones obtenidas por Jordi Pujol con dinero procedente de España que financiaría estos proyectos». La Udef insiste en que «no se puede obviar el papel desempeñado en Madrid por otras personas involucradas que, como dicen en las comunicaciones, tienen que hacer presiones en La Moncloa». Éstas «corresponderían a la estructura del grupo Ibadesa en Madrid, encarnada en la persona de José Herrero de Egaña, al que dirigen multitud de comunicaciones».
«Finalmente, cuando con el devenir del tiempo las gestiones fructifican, consiguiendo sacar adelante sus pretensiones empresariales, no queda sino repartir las comisiones devengadas».
La Udef resalta que a la hora de repartir el dinero se articularon «claras relaciones triangulares entre las distintas mercantiles». Así, «algunas sociedades ejercerían fundamentalmente como instrumentales personalistas». Es el caso de «Iniciatives, Marketing i Inversions para Jordi Pujol Ferrusola y de Ascot Inversions para Jordi Puig Godés, utilizadas para lucrarse personalmente».
«No obstante», los ingresos en muchos casos provienen de otras como Ibadesa Cat, que a su vez en su mayor parte obtiene sus partidas de Ibadesa».
La Policía recuerda que «una de las cuestiones que se dirime en el procedimiento consiste en discernir si las cuantiosas comisiones que son percibidas por Jordi Pujol Ferrusola a través de sus sociedades instrumentales, amparadas en negocios internacionales en países extranjeros, tienen un fondo sustancial, en cuanto a la realización efectiva de tareas que generen valor añadido alguno». Añaden que «En virtud de la documentación facilitada, se encuentran diversos archivos que hacen referencia a negocios en países como Gabón y Marruecos en los que Jordi Puig, Jordi Pujol y José Herrero de Egaña López del Hierro, participarían desarrollando diversos proyectos de inversión para multinacionales españolas como el grupo Isolux».
No obstante, y a pesar de la existencia de los proyectos en cuestión, «llama poderosamente la atención que empresas internacionales con unos recursos humanos y materiales tan importantes, requieran de asesoramiento de ciudadanos españoles para que se les adjudiquen proyectos en el exterior». «Especialmente», incide la Udef, «cuando estos, como es el caso de Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godés, carecen de la formación necesaria en materia de ingeniería o arquitectura civil de cualquier tipo».
Por todo ello consideran los investigadores que este entramado societario se dedicó a cometer «actos de corrupción en el comercio internacional para conseguir los fines societarios».
Como ejemplo del modus operandi de la trama, la Policía resalta dos cartas dirigidas por Pujol y Puig a Josep Duró, uno de sus contactos en Gabón, en 2001.
En ellas planteaban abiertamente la posibilidad de comprar el título de cónsul de Gabón en Barcelona para facilitar sus negocios: «Te informo que [el cónsul] tiene la intención de vender el título o cargo por la cifra de 17 millones de pesetas. Plantea un adelanto a fondo perdido de 5 millones para hacer gestiones y pasar la cartera de asuntos al posible interesado [...] ¿Crees que es interesante en base a los proyectos que podemos hacer conjuntamente?».
«Se infiere que pagarían por ostentar un cargo de representación pública que entendemos no admite compraventa y que se hicieron las gestiones necesarias para evitar la libre concurrencia en concursos públicos del país africano», apostilla la Policía Judicial. «De hecho, constan varias misivas a ministros del país africano en las que se insta a que vayan a Barcelona».
Como consecuencia de los informes de la UDEF, la mafia de los Pujol ha quedado en evidencia, y ahora sólo queda averiguar cuánto de su dinero es de unos, es de otros, es de procedencia lícita o de procedencia honrada. Los Tribunales, quizás por primera vez, cuidarán de juzgar a la rica familia cuya riqueza procede de la nada.
La familia Pujol podría estar escondiendo 179,5 millones de euros en Nueva Zelanda, según indica la declaración de un testigo protegido a la cual ha tenido acceso el digital Vozpópuli. Este testigo ha aportado al juez del caso varias carpetas con documentación, ya que aseguró ser la persona que había organizado desde 1994 el entramado de sociedades donde la familia Pujol habría guardado su dinero en el extranjero.
Aunque el testigo aseguró al magistrado José de la Mata que durante los últimos años Jordi Pujol había realizado más operaciones financieras que nunca, recientemente el Juez ha archivado las diligencias al no haber verificado dicha información.
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía, altos cargos del PP facilitaron financiación pública a la familia Pujol, con la que amañarían posteriormente contratos de obras de ingeniería en países africanos.
La UDEF presentó ante la Audiencia Nacional un informe en el que implica al ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Comercio Juan Costa, y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella en la obtención de fondos públicos para la empresa Ibadesa, participada por Jordi Pujol Ferrusola y estrechamente vinculada con José Herrero de Egaña López del Hierro, sobrino del marido de la popular María Dolores de Cospedal.
Según la Policía, el entramado que gira en torno a Ibadesa fue utilizado durante años «para fines criminales» y contó con el «apoyo de organismos públicos españoles» para acometer numerosos proyectos en países como Gabón y Marruecos.
Los investigadores subrayan que el dinero público procedía de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, que concedía a las sociedades de la trama Pujol créditos previos para financiar proyectos. En estas empresas participaba también Jordi Puig, hermano del ex consejero convergente Felip Puig.
Según la Udef «éste era el motivo por el que las gestiones dinamizadoras de Jordi Pujol Ferrusola incluían en este caso 'trámites' que se hicieron ante el Gobierno de España, personificadas en el secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa Climent, sobre el que se influyó a través de José Manuel Fernández Norniella, presidente en ese momento del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, pero que desempeñó el mismo puesto con anterioridad que Juan Costa, para que el entonces secretario de Estado aprobara los expedientes».
«Por tanto, como consecuencia directa e inmediata, se puede establecer una conexión directa y evidente entre las comisiones obtenidas por Jordi Pujol con dinero procedente de España que financiaría estos proyectos». La Udef insiste en que «no se puede obviar el papel desempeñado en Madrid por otras personas involucradas que, como dicen en las comunicaciones, tienen que hacer presiones en La Moncloa». Éstas «corresponderían a la estructura del grupo Ibadesa en Madrid, encarnada en la persona de José Herrero de Egaña, al que dirigen multitud de comunicaciones».
«Finalmente, cuando con el devenir del tiempo las gestiones fructifican, consiguiendo sacar adelante sus pretensiones empresariales, no queda sino repartir las comisiones devengadas».
La Udef resalta que a la hora de repartir el dinero se articularon «claras relaciones triangulares entre las distintas mercantiles». Así, «algunas sociedades ejercerían fundamentalmente como instrumentales personalistas». Es el caso de «Iniciatives, Marketing i Inversions para Jordi Pujol Ferrusola y de Ascot Inversions para Jordi Puig Godés, utilizadas para lucrarse personalmente».
«No obstante», los ingresos en muchos casos provienen de otras como Ibadesa Cat, que a su vez en su mayor parte obtiene sus partidas de Ibadesa».
La Policía recuerda que «una de las cuestiones que se dirime en el procedimiento consiste en discernir si las cuantiosas comisiones que son percibidas por Jordi Pujol Ferrusola a través de sus sociedades instrumentales, amparadas en negocios internacionales en países extranjeros, tienen un fondo sustancial, en cuanto a la realización efectiva de tareas que generen valor añadido alguno». Añaden que «En virtud de la documentación facilitada, se encuentran diversos archivos que hacen referencia a negocios en países como Gabón y Marruecos en los que Jordi Puig, Jordi Pujol y José Herrero de Egaña López del Hierro, participarían desarrollando diversos proyectos de inversión para multinacionales españolas como el grupo Isolux».
No obstante, y a pesar de la existencia de los proyectos en cuestión, «llama poderosamente la atención que empresas internacionales con unos recursos humanos y materiales tan importantes, requieran de asesoramiento de ciudadanos españoles para que se les adjudiquen proyectos en el exterior». «Especialmente», incide la Udef, «cuando estos, como es el caso de Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godés, carecen de la formación necesaria en materia de ingeniería o arquitectura civil de cualquier tipo».
Por todo ello consideran los investigadores que este entramado societario se dedicó a cometer «actos de corrupción en el comercio internacional para conseguir los fines societarios».
Como ejemplo del modus operandi de la trama, la Policía resalta dos cartas dirigidas por Pujol y Puig a Josep Duró, uno de sus contactos en Gabón, en 2001.
En ellas planteaban abiertamente la posibilidad de comprar el título de cónsul de Gabón en Barcelona para facilitar sus negocios: «Te informo que [el cónsul] tiene la intención de vender el título o cargo por la cifra de 17 millones de pesetas. Plantea un adelanto a fondo perdido de 5 millones para hacer gestiones y pasar la cartera de asuntos al posible interesado [...] ¿Crees que es interesante en base a los proyectos que podemos hacer conjuntamente?».
«Se infiere que pagarían por ostentar un cargo de representación pública que entendemos no admite compraventa y que se hicieron las gestiones necesarias para evitar la libre concurrencia en concursos públicos del país africano», apostilla la Policía Judicial. «De hecho, constan varias misivas a ministros del país africano en las que se insta a que vayan a Barcelona».
Como consecuencia de los informes de la UDEF, la mafia de los Pujol ha quedado en evidencia, y ahora sólo queda averiguar cuánto de su dinero es de unos, es de otros, es de procedencia lícita o de procedencia honrada. Los Tribunales, quizás por primera vez, cuidarán de juzgar a la rica familia cuya riqueza procede de la nada.
