Desde el mes de enero se sabía ya que circulaba un virus altamente contagioso, y se prohibieron reuniones y otras actividades como un Congreso Evangélico, mientras se permitieron las fatídicas manifestaciones del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con la colaboración de los sindicatos, que ese día habían convocado paros y huelgas políticas.
La magistrada que investigó la causa contra el Delegado del Gobierno en Madrid que permitió el 8-M, le tomó declaración después de haber sido aleccionado por sus abogados gracias a la revelación del informe de la policía judicial, que el coronel Diego Pérez de los Cobos se negó a filtrar a sus superiores.
La causa se archivó provisionalmente y el ministro de Justicia lograba que sus fiscales y sus Abogados del Estado protegieran al Poder en contra del interés general de tantos ciudadanos damnificados por la gestión de la crisis del coronavirus.
No se informó preventivamente a la población de cómo evitar todo contacto directo con sudor, saliva o fluidos corporales infectados, ni qué precauciones debían tomar durante el contacto con pacientes posiblemente contagiados. Se requisaron las mascarillas de las farmacias hasta que el Gobierno dispuso de un stock suficiente para distribuir. No se observaron las prácticas de inhumación sin riesgos, hasta el plante de las funerarias a trabajar sin protección, que obligó a intervenir a la Unidad Militar de Emergencias.
Los primeros brotes llegaron sin garantizarse una vigilancia continua, y sin que el personal sanitario y la sociedad estuvieran informados de las experiencias de China e Italia a fin de diagnosticar y tratar rápidamente a los pacientes infectados. Sin identificar los factores de riesgo, confirmar el diagnóstico mediante pruebas de laboratorio y comunicar los resultados a las autoridades competentes, todas las Comunidades Autónomas tuvieron que improvisar por separado sus estrategias contra el virus.
La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, responsable de coordinar la Administración Central del Estado con las autonomías y las autoridades europeas, no funcionó y en su lugar tomó el mando Fernando Simón, denunciado ante varios Juzgados por su reiterada negligencia y por desaconsejar las mascarillas cuando incluso un pañuelo o bufanda proporciona mejor protección que nada.
El personal sanitario se ha encontrado ante este nuevo patógeno sin que las autoridades les hayan provisto de medios y menos aún capacitarlos en materia de prevención y control de la infección. El personal expuesto a pacientes infectados, al igual que las personas que convivan con los pacientes, no fue testado ni atendido hasta presentar síntomas.
La Comisión Europea ha creado un comité científico formado por expertos de distintos Estados miembros, entre los que no se cuenta España. A pesar de ser uno de los países con más casos y porcentaje de muertes por coronavirus, este comité prefiere prescindir de nuestro asesoramiento sobre cómo afrontar esta enfermedad.
Levantado el estado de alarma, se han abierto las fronteras sin controles siquiera en los aeropuertos. Si se diera una guerra bacteriológica, no seríamos capaces de defendernos.
PSOE y Unidas Podemos han vetado la comparecencia en el Congreso de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, para exponer sus informes sobre la aplicación del estado de alarma ante la pandemia. El máximo órgano consultivo del Gobierno ha sido censurado por los que hablaban de transparencia y de democracia.
El letal hacinamiento de las residencias de mayores extendió la epidemia entre ancianos y sus celadores sin que ninguna Administración Pública enviase sanitarios para hacerse cargo de un asunto que excedía de los medios y conocimientos del personal geriátrico. Al final se hizo cargo el Ejército, que abrió investigaciones por si la culpa del abandono pudiera achacarse al personal de las residencias y no a la Administración sanitaria.
El Gobierno y algunas Comunidades autónomas pusieron en marcha prácticas ampliatorias de la eutanasia. Sin debate parlamentario para contraponer sus opiniones y sin profundizar en el dilema moral en cuestión, a los enfermos que no cabían en las UCIS se les condenó a la muerte digna.
La eutanasia directa es la provocación intencional del médico que busca la terminación de la vida del paciente, bien sea por suministrar directamente fármacos que causen la muerte, o bien sea por la omisión de tratamientos o medicamentos. La denegación de cuidados intensivos que Sanidad justificaba con el argumento de que sería un "tratamiento agresivo" lleva aparejada que al paciente se le suministren los llamados "cuidados paliativos", que no curan, pero ya no se consideran "agresivos" porque evitan la angustia y el dolor.
La eutanasia indirecta se verifica cuando el médico no puede asegurar si un paciente podrá resistir ciertos tratamientos y éste da su consentimiento informado y consciente.
Eutanasia voluntaria es aquella en la cual es el paciente quien toma la decisión o en su nombre familiares o terceras personas designadas en algún tipo de testamento vital. No es voluntaria en la actual crisis sanitaria cuando es un tercero (médicos, autoridades sanitarias) quien toma la decisión sin la voluntad del paciente, incluso descartando documentos de voluntades anticipadas que permitan dar tratamiento al paciente para su curación, aunque no para prorrogar artificialmente la vida.
La asistencia social, según el artículo 148 de la Constitución, es de las competencias cedidas a las comunidades autónomas, lo que no contradice el artículo 43 que reconoce el derecho a la protección de la salud y establece claramente que "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios."
El Gobierno no puede descargarse de responsabilidades en materia de Salud Pública y coordinación de emergencias, cuando a diario sus representantes nos han estado "informando" de su gestión, y Defensa e Interior han ejercido mayores o menores responsabilidades.
Ni siquiera se dispone de un recuento fiable de fallecidos: la cifra oficial oscila de un día para otro y se acerca a los cincuenta mil, o más si cuadramos los datos de las defunciones inscritas en el Registro Civil, muchas más que las de años anteriores. Como a los más de diecinueve mil muertos en las residencias geriátricas no se les hizo ninguna prueba o test, "oficialmente" debieron morir por otras causas.
El Gobierno ha estado ocultando cifras y responsabilidades, pretendiendo que nos creamos que el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente Pablo Iglesias han gestionado bien un trabajo del que no tienen la menor idea. Nadie podrá devolvernos a los que hemos perdido, pero el Gobierno pretende además que afrontemos el rebrote con la misma actitud.
La eutanasia directa es la provocación intencional del médico que busca la terminación de la vida del paciente, bien sea por suministrar directamente fármacos que causen la muerte, o bien sea por la omisión de tratamientos o medicamentos. La denegación de cuidados intensivos que Sanidad justificaba con el argumento de que sería un "tratamiento agresivo" lleva aparejada que al paciente se le suministren los llamados "cuidados paliativos", que no curan, pero ya no se consideran "agresivos" porque evitan la angustia y el dolor.
La eutanasia indirecta se verifica cuando el médico no puede asegurar si un paciente podrá resistir ciertos tratamientos y éste da su consentimiento informado y consciente.
Eutanasia voluntaria es aquella en la cual es el paciente quien toma la decisión o en su nombre familiares o terceras personas designadas en algún tipo de testamento vital. No es voluntaria en la actual crisis sanitaria cuando es un tercero (médicos, autoridades sanitarias) quien toma la decisión sin la voluntad del paciente, incluso descartando documentos de voluntades anticipadas que permitan dar tratamiento al paciente para su curación, aunque no para prorrogar artificialmente la vida.
El Gobierno no puede descargarse de responsabilidades en materia de Salud Pública y coordinación de emergencias, cuando a diario sus representantes nos han estado "informando" de su gestión, y Defensa e Interior han ejercido mayores o menores responsabilidades.
Ni siquiera se dispone de un recuento fiable de fallecidos: la cifra oficial oscila de un día para otro y se acerca a los cincuenta mil, o más si cuadramos los datos de las defunciones inscritas en el Registro Civil, muchas más que las de años anteriores. Como a los más de diecinueve mil muertos en las residencias geriátricas no se les hizo ninguna prueba o test, "oficialmente" debieron morir por otras causas.
El Gobierno ha estado ocultando cifras y responsabilidades, pretendiendo que nos creamos que el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente Pablo Iglesias han gestionado bien un trabajo del que no tienen la menor idea. Nadie podrá devolvernos a los que hemos perdido, pero el Gobierno pretende además que afrontemos el rebrote con la misma actitud.
Todavía se aman a pesar de la plaga
y encuentran en la noche sus torsos alumbrados
sabiendo que la muerte les acecha celosa.
Tiemblan cuando desnudos se miran al cristal
y ven alguna mancha que oscurece su piel.
Con precaución celebran sus huesos arropados
y con certeza saben éste es tiempo de guerra.
Oficiando sus ojos un memorial de sombras
recuerdan tantos nombres que con pasión se amaron,
cuerpos llenos de fuego su coraza encendida
y que ahora rescatan del campo de batalla.
