No te quejes, ¡oh, Nise!, de tu estado
aunque te llamen puta a boca llena,
que puta ha sido mucha gente buena
y millones de putas han reinado.
Dido fue puta de un audaz soldado
y Cleopatra a ser puta se condena
y el nombre de Lucrecia, que resuena,
no es tan honesto como se ha pensado;
esa de Rusia emperatriz famosa
que fue de los virotes centinela,
entre más de dos mil murió orgullosa;
y, pues todas lo dan tan sin cautela,
haz tú lo mismo, Nise vergonzosa;
que aquesto de honra y virgo es bagatela.
Niñas de 12 y 13 años tuteladas por los servicios sociales de Mallorca, que las apartaron de sus madres y las internaron en un centro de acogida para velar por su "interés superior", han sido víctimas de violación, al menos presuntamente, pues el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), tutor legal, no ha facilitado ninguna información a las madres, que se tuvieron que enterar de que sus hijas habían sido agredidas sexualmente por terceras personas.
“Se llevaron a una niña que iba a la escuela, que no decía una sola palabrota ni insultaba, y me van a devolver a una adolescente desgraciada de por vida, destrozada en el tema sexual. La semana pasada me pidió que si la podía bañar, y al lavarle sus partes íntimas me dijo que tuviera cuidado, que desde que le hicieron eso le duele un hueso. Es terrible”, cuenta una madre. Nadie en el IMAS ha sido capaz de darle detalles sobre este presunto delito.“Ella me lo cuenta todo. Me dijo que la llevaron a urgencias, le dieron la pastilla del día después y ahí quedó todo”.
En el barrio de Corea, uno de los más degradados de Palma, pasaban cosas extrañas con niñas menores de edad que no deberían estar ahí. No se equivocaba. Fue en un piso de ese barrio donde estalló el escándalo de explotación sexual de menores tuteladas por la administración balear. La prostitución de menores tuteladas está “totalmente extendida” en la isla, llegando a la “totalidad” de las niñas en algunos centros de acogida, según desveló 'Diario de Mallorca'. Ese mismo diario ha confirmado, a través de agentes de policía y educadores, que los episodios de prostitución infantil se siguen produciendo con pasmosa normalidad.
Por eso, la negativa del Consell de Mallorca, órgano de gobierno local de la isla, a crear una comisión de investigación para exigir responsabilidades y auditar a los servicios sociales, un rechazo que ha causado estupor e indignación entre las familias afectadas y varios profesionales. Nadie entiende que el tripartido formado por el Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB), Unidas Podemos y MES per Mallorca lleva demasiados años ocultando uno de los mayores horrores en materia social de la historia reciente de España.
El Consell sí ha aprobado la creación de una comisión de expertos para “evaluar” las actuaciones del IMAS. Esta actitud sigue la línea del gobierno de las Islas Baleares, que tras estallar el escándalo insistió en gestionar el asunto internamente, sin dimisiones políticas ni demasiada autocrítica. Por eso la decisión del Consell indigna pero no sorprende a los afectados.
“Al Consell no le interesa investigar al IMAS porque sería un escándalo al nivel de los niños robados” del franquismo, afirma Joana Molinas, que vivió en un centro de acogida en los años 90 y asegura que los episodios de abusos sexuales y descontrol de los servicios sociales en Mallorca se remontan a hace 30 años. “Yo me escapaba cuando quería y en una de las escapadas, después de tres días en la calle, acabararon violándome. Los niños tutelados no pasan hambre, ni les faltará una prenda, pero no tienen ningún tipo de control en sus salidas, mezclan abusadores con abusados, y si se escapan acaban en la calle semanas, incluso meses sin que se dé la voz de alarma”.
Molinas, hoy presidenta de la Agrupación Ciudadana contra la Expotación Sexual (Accesi), recuerda vivamente una de las experiencias más traumáticas de su vida, los abusos de uno de los educadores de su centro de acogida, de nombre Antonio. “Fue en 1993. Nos realizaba tocamientos. Yo le amenacé con matarlo si me volvía a poner la mano encima, pero de mi compañera abusó todo el tiempo que estuvo interna. Con ella mantenía relaciones sexuales completas”. Molinas subraya que los abusos y negligencias por parte del personal de los servicios sociales se ha mantenido en el tiempo. “Ha habido cinco despidos, cuatro mujeres y un hombre, educadores de centros tutelados, en los últimos cuatro años”. El IMAS no ofrece ningún tipo de información al respecto.
Una educadora social con 15 años de experiencia en el IMAS y que ha estado a cargo de menores durante años explica cómo una niña (o un niño) pasa de ser un menor asustado y desorientado en los primeros días de internamiento a ser un delincuente, una víctima de abuso sexual, o ambas cosas a la vez. “Al principio, cuando escapan, lo primero que hacen es ir con la familia, por muy mala que esta sea. Y la familia, como sabe el riesgo que corren sus hijos en la calle y que los van a culpar a ellos si no avisan al centro, los devuelven a la institución. El niño, después de varias idas y venidas, deja de buscar a su familia cuando escapa y se queda en la calle. Está dolido porque se siente rechazado por su familia, está emocionalmente destrozado, y es ahí cuando se convierte en una presa fácil para depredadores”.
Esta educadora confirma el descontrol absoluto. “Los niños se escapan en cuanto la policía los deja en el centro, abren una ventana y están fuera antes de que la patrulla regrese a su base, no hay métodos para retenerlos”. Y explica: “Los menores no se prostituyen tal como lo entendemos, sino por un par de zapatos, o por un paquete de tabaco, hasta por una cocacola. Sienten que esas personas les está dando el afecto que ellos quieren. Les pagan por sexo, pero en su mentalidad y en su poca contención emocional, tener sexo es lo que ellas creen que deben hacer. Esa niña violada [en referencia a la víctima de 13 años que desencadenó el escándalo] fue primero rechazada por su familia biológica, luego adoptada y finalmente devuelta por su familia de adopción, como el que compra un perro en Navidad y lo abandona. Imagina cómo estará esa niña. Ahora la mandarán a la península desarraigándola de todo. Lo único que hacen los servicios sociales es tirar la pelota fuera de su tejado”.
Desde la asociación Infancias Robadas son bastante pesimistas respecto a la comisión de expertos aprobada por el tripartido del Consell de Mallorca. “Siguen con la misma opacidad a pesar de todo. Nadie sabe cuánto dinero gastan, cuántos niños hay en tutela, cuánto se invierte en ellos. La última memoria es del año 2015. Hemos solicitado al consell formar parte de la comisión como asociación externa, pero ni nos han respondido. Al final lo que harán es taparse unos a otros”. Fabiola Azagra, presidenta de la asociación Infancia y Derecho, confirma la sospecha: “No se investigará porque no les interesa que se investigue nada. El oscurantismo es total, y ahora no les ha quedado más remedio que nombrar esa comisión que no servirá para nada. Buscarán más dinero en el presupuesto para contratar a más personal y más medios para ellos, los funcionarios, no para los niños, y ahí quedará todo”. El Consell de Mallorca ha anunciado una inversión de 1,5 millones en la contratación de profesionales para retomar el control sobre los menores La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera (PSIB) anunció la inversión de 1,5 millones en la contratación de más educadores, psicólogos, monitorización de las menores en riesgo y la creación del centro especial para víctimas de explotación sexual. La oposición la acusó de querer “tapar las negligencias en el IMAS con humo”. "El problema del IMAS es que no hay reciclaje del personal de más edad. Se intenta cambiar algunas cosas desde la administración, pero las cabezas visibles son técnicos muy mayores con mentalidades arcaicas, que no se han reciclado jamás y no entienden cómo ha cambiado la sociedad", indica la educadora social consultada.
La presidenta de Infancia y Derecho acusa a los trabajadores sociales de manipular emocionalmente a los menores tutelados para desarraigarlos de sus familias, un factor añadido que ayuda a entender el por qué de esta red masiva de niñas prostituidas en las calles. “Se les dice a los niños que sus padres no les quieren y que por eso les han abandonado, que están solos, y estos niños buscan un apoyo en el que agarrarse. A esas edades no les interesa el dinero, sueñan con tener wifi, con ropa, teléfonos móviles, y como no tienen un proyecto vital, porque en los centros de acogida no les enseñan a amar una profesión o tener un proyecto de futuro para ser alguien por ellos mismos, cuando llegan a los 18 años están muertos de miedo y lo único que quieren es juntarse con alguien que les quiera. Conozco casos de niñas que no se han prostituido porque tenían firmes vínculos con sus familias. Se escapaban para ver a su familia y estaban con ellos pese al riesgo para los padres. Pero si te dicen que tus padres no te quieren, que no existes, ¿esos niños dónde se van a agarrar?. Si se venden por unos zapatos con 13 años, qué más prueba necesitan los políticos para ver qué existe un problema muy grave”.
Azagra conoce de primera mano esta realidad. El IMAS le retiró la tutela de sus dos hijos varios años atrás por mala conducta de los menores. Uno de ellos, cuando salió del centro, acumulaba un amplio historial delictivo y tuvo que ser atendido por Proyecto Hombre. Llegó a pasar seis meses tirado en la calle estando tutelado por la administración. “Una cosa es que se produzca un caso aislado, y otra es que haya toda una organización que favorece que los niños estén desarraigados y vivan en centros o en familias de acogida sin ningún control”, protesta Azagra. Se calcula que en España hay más de 50.000 niños tutelados por las distintas comunidades autónomas.
El Institut Mallorquí d’Afers Socials —IMAS o Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales— es una institución pública que «gestiona servicios sociales, protección a menores y recursos asistenciales», indican en su página web.
En relación a la protección de menores, el IMAS cuenta con 30 centros (6 públicos y 24 concertados) y tiene 359 menores tutelados. «De estos menores que permanecen en centros, 278 son adolescentes», señala el organismo.
El IMAS es el responsable de la menor que denunció una violación grupal en diciembre de 2019, ya que esta menor está tutelada en uno de los centros del IMAS.
Diario de Mallorca publicaba una noticia titulada: «La prostitución se extiende a la totalidad de las niñas acogidas en algunos centros». El artículo contaba, según se puede leer en la pieza, con el testimonio de educadores de estos centros que tutelan a menores:
Educadores de los centros de protección denuncian que la prostitución de las niñas acogidas en los centros de protección de menores de la isla está «totalmente extendida», y que en algunos casos llega a la práctica totalidad de las menores ingresadas.
El Parlamento balear y el Consell de Mallorca rechazan en dos ocasiones iniciativas para investigar la gestión de centros para menores tutelados por el Instituto Balear de Asuntos Sociales (IMAS), la institución que ha admitido que al menos 16 niñas han sido víctimas de abusos sexuales en el último año.
En 2018, la diputada del Grupo Mixto María Consuelo Huertas Calatayud (anteriormente de Podemos y expresidenta del Parlament) presentó en la Cámara balear una proposición no de Ley para, entre otras cosas, investigar los procedimientos de tutela y adopción de los servicios del Consell y depurar responsabilidades, según publica hoy El Mundo.
La propuesta de la exdiputada de Podemos, que contó con el apoyo del grupo Mixto y Ciudadanos, partía de denuncias de centenares de familias que acusaban al IMAS de retiradas de menores injustificadas. El diputado David Abril (Més) criticó que se pusiera en cuestión “un trabajo público” y el Parlament rechazó investigar.
El 12 de diciembre, Vox presentó una moción en la que se pedía una auditoría independiente al IMAS para detectar “necesidades y deficiencias” existentes. El presidente de esa institución, Javier de Juan, dijo que sería “una pérdida de tiempo”. Ciudadanos apoyó la iniciativa de Vox y el PP se abstuvo. El Consell de Mallorca, que preside la socialista Catalina Cladera Crespí, no investigó.
En Nochebuena, doce días después, una menor tutelada fue víctima de una violación por parte de un grupo de jóvenes, entre los que había algunos dependientes también del Consell de Mallorca.
Sólo la denuncia de la niña, y no actuaciones de las instituciones baleares, destapó el escándalo. Los abusos sexuales a menores tutelados se extendía en el tiempo. Según dijeron fuentes conocedoras a El Plural, hasta diez años atrás. El IMAS reconoció 16 casos y la Fiscalía, que ha anunciado finalmente una investigación, admitió que tenía conocimiento de hechos de ese tipo: "En los últimos años se han denunciado en Fiscalía diferentes casos concretos de conductas que afectan a menores de edad por hechos similares o parecidos" y que "como no puede ser de otra manera", siempre se han investigado como cualquier hecho que revista característica de delito", afirmó el Ministerio Público en su escrito.
Aún así, la Delegación del Gobierno y el Consell de Mallorca salieron a decir que se trataba de casos aislados. El Ayuntamiento, por su parte, primero anunció, en declaraciones a El Plural, que podría en marcha un plan urgente, pero dos días después, a preguntas de este diario, dijo que no tenía competencias en esta materia.
La Oficina del Defensor del Pueblo ha anunciado una investigación sobre la prostitución de menores tuteladas, mientras que el Defensor del Menor en Baleares ha iniciado un expediente informativo sobre el caso para hacer un seguimiento de la situación.
«El PSOE y los partidos de izquierdas que forman el Pacte en el Gobierno en Baleares votaron hasta en dos ocasiones en contra de llevar a cabo sendas auditorías que arrojaran luz respecto a la situación en el IMAS, entidad que debía tutelar a las menores que son prostituidas», explicaba la noticia.
María Consuelo Huertas, presidenta del Parlament balear (por Podemos) hasta enero de 2017, presentó en marzo de 2017 una Proposición No de Ley (PNL) —tras haber sido cesada de su cargo y sustituida por Baltasar Picornell, y ella haber pasado a formar parte del Grupo Mixto en el Parlament—.
En esta PNL, Huertas, según informaba la agencia Europa Press, solicitaba que «una comisión mixta con participación de expertos de fuera de la Comunidad investigase diez años de expedientes del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en lo relativo a adopción, tutela e intervención en el ámbito familiar».
Esta PNL fue rechazada por una amplia mayoría, entre la que se encontraban las formaciones PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Partido Popular.
En diciembre de 2019, Vox presentó una moción, pero no en el Parlament balear, sino en el Consell de Mallorca, que es un órgano independiente del Gobierno balear. Esta moción pedía «auditar el desfase presupuestario» en la última legislatura y, añadía, una «evaluación del servicio», según consta en la página oficial de Vox Baleares.
Esta moción fue rechazada por PSOE, Més per Mallorca, Podemos, Partido Popular y El Pi-Proposta per les Illes.
PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos votaron en contra, en febrero, de la creación de una comisión de investigación solicitada por Ciudadanos y Vox, tal y como recogía la agencia EFE. En cambio, estos tres partidos sí aprobaron, gracias a su mayoría de votos en el Parlament, crear una comisión de expertos para analizar los casos de explotación sexual de menores tuteladas. Según recogía la agencia Europa Press, el portavoz del PSIB del Consell de Mallorca, Andreu Alcover, explicaba que querían «saber técnicamente» qué había pasado y por ello defendían la comisión de expertos como «la mejor manera para esclarecer los hechos». La portavoz de Ciudadanos en el Consell, Beatriz Camiña, señaló, sin embargo, que la Comisión de Investigación era «perfectamente compatible con la de expertos»: «No nos negamos, pero es una herramienta diferente y la de investigación es más adecuada para clarificar las posibles responsabilidades políticas», apuntaba Camiña.
PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més han rechazado de nuevo la creación de una comisión no permanente de investigación sobre la explotación sexual de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). De este modo, el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol y sus apoyos externos en el Parlament hacen oídos sordos a la petición del Parlamento Europeo, que el pasado mes pidió explicaciones al Ejecutivo autonómico y al Gobierno de Pedro Sánchez sobre «las medidas adoptadas y las soluciones dadas para la protección de los menores bajo su tutela».
No es la primera vez que el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol evita investigar la red que explotaba sexualmente a niñas de entre 13 y 17 años a cambio de drogas, regalos o dinero, y ya votó en contra l 18 de febrero de 2020.
Como alternativa, se abrió una comisión política para enfriar la investigación y «evaluar las decisiones políticas en relación con la detección e intervención en los casos de explotación sexual a menores de edad» tutelados por el IMAS.
En la votación en el Parlament, el PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca y el Grupo Mixto han sumado 30 votos para rechazar la moción presentada por el PP, que ha contado con los 25 apoyos de los populares, Ciudadanos, Vox y los regionalistas de El Pi.
Asimismo, en la votación de la moción, el pleno del Parlament también se ha opuesto a revisar y modificar el Protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil y explotación sexual infantil en las Islas; así como a instar al Consell de Mallorca y al IMAS a promover, con campañas, el conocimiento este protocolo.
Además, la Cámara ha rechazado pedir al Ejecutivo balear que desarrolle e implante itinerarios integrales de proyectos de recuperación psicológica y de inserción social para las víctimas de explotación sexual e instar a los consells y al Govern a impartir talleres de educación afectiva sexual.
Finalmente, los votos del tripartito balear evitarán que el Parlament pida al Govern que convoque, como mínimo cada tres meses, reuniones de coordinación con los consells, Fiscalía, policía y entidades implicadas, para examinar el cumplimiento del protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil.
Lo único que se ha aprobado respecto de la explotación de menores es pedir al Ejecutivo balear que se persone en los casos judiciales abiertos que impliquen explotación sexual de menores tutelados o en guarda y reforma y a que los consells y el Govern sigan con los cursos de formación específicos y actualizados sobre explotación sexual infantil y adolescente a todos los trabajadores del centros menores.
Durante su defensa en el debate de la moción, Durán ha afirmado que «hoy, un año y medio después, es más importante que nunca votar a favor de una comisión de investigación, no sólo para depurar responsabilidades, sino para buscar entre todos soluciones de futuro». En este sentido, ha añadido que una comisión es «la única herramienta de la que disponemos los parlamentarios para realizar nuestras aportaciones y, velando por el interés de los menores, es fundamental que este Parlament no mire hacia otro lado». Durán ha asegurado que esta legislatura será «la del abuso a menores« y quedará »manchada por ello«. »Hoy, una vez más, se producirá una infamia«, ha subrayado la diputada popular.
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Mayor, acusó al PP de querer «politizar la explotación sexual infantil» para conseguir «un titular» y defendió que la Ley del «sólo sí es sí» es la solución a la explotación de menores.
La portavoz socialista, Bea Gamundí, ha preferido excusarse en que los hechos que se quieren investigar «sobrepasan» las «competencias» del Govern, y que «es un tema complejo» que «no se puede entender si se centra sólo en el contexto de estos centros».
Finalmente, el representante de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, insistió en que hay «otras instituciones que ya están estudiando el caso», aunque no hay ninguna comisión abierta ni en el Consell de Mallorca ni en el Congreso de los Diputados, y ha acusado al PP de querer «colgarse una medalla».
Según un informe policial cuenta con todo detalle, una de las menores que estaba tutelada por el gobierno balear y que estuvo fugada de su centro durante un año, fue convencida de que debía abortar bajo amenazas cuando estaba bajo la tutela del IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) e incluso fue a la clínica abortista acompañada una técnico de esta institución.
Siempre según ese informe policial, la menor fue amenazada con ser "trasladada a la península" y separada de su pareja, que también era el padre del niño que nunca llegó a nacer.
El informe policial recoge también la declaración del propio novio que aseguraba que la pareja quería "tener al bebé", pero fue amenazada por el personal del IMAS: "Le dijeron a María que si insistía en continuar con el embarazo sería trasladada a la península" y que "no podría hacerse cargo del cuidado del bebé". Según el joven, esa fue la razón por la decidieron abortar y "una técnico de menores nos acompañó hasta la clínica".
Otro aspecto importante es que el IMAS había localizado a la menor en 2020, pero siguió manteniendo la denuncia de su desaparición e incluso permitió que se publicase su fotografía en la web del Centro Nacional de Desaparecidos en lugar de pedir a la Policía que devolviese a la menor al centro.
La menor no sólo estuvo desaparecida sino que fue una de las que fue prostituida mientras estaba bajo la tutela de las instituciones públicas baleares, un escándalo que PSOE y Podemos se han negado a investigar en repetidas ocasiones.
Vox ampliará la denuncia que presentó el pasado 30 de septiembre en la Fiscalía de Baleares por el caso de una menor tutelada de Mallorca que estuvo un año desaparecida. Así lo ha anunciado el diputado portavoz del partido en el Parlamento autonómico, Jorge Campos, tras conocerse esta información. En la denuncia que ahora se amplía, el partido de Santiago Abascal solicitó la investigación de los hechos por presuntos delitos de dejación de las funciones de tutela y prostitución de menores.
Campos ha declarado que "ahora sabemos, según se indica en el atestado policial, que es un escándalo mucho mayor. ¿Qué más tiene que pasar para que dimitan el presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan, y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera? Francina Armengol, y los partidos de izquierda separatista que la sustentan, no pueden seguir negándose a investigar este escándalo. Y no pueden seguir un minuto más al frente de unos gobiernos, insular y autonómico, que tienen bajo su tutela a menores que acaban abusadas, prostituidas e, incluso, incitándolas a abortar a quienes están falsamente desaparecidas. Si lo hacen, confirmarán que están implicados en este escándalo".
Un grupo de eurodiputados se desplazará en 2022 a Mallorca para emitir un informe sobre el escándalo de prostitución de menores en los últimos años
Un grupo de investigación dependiente del Parlamento Europeo indagará en Baleares los abusos sexuales a menores tuteladas. Un escándalo que sacude al archipiélago desde finales de 2019, cuando trascendió que al menos una veintena de chicas tuteladas por la administración pública habían sufrido abusos sexuales a cambio de dinero, drogas y regalos por parte de adultos.
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara, presidida por Dolores Monserrat (PP), ha tomado esta decisión después de que fuera el propio grupo popular el que lo propusiera en enero de este año tras recibir dos reclamaciones de ciudadanos residentes en las Islas, uno de Ibiza y otro de Mallorca. Los denunciantes pedían amparo a la institución comunitaria denunciando la parálisis del gobierno balear.
De hecho, la Comisión ya realizó una primera acción reclamando por carta explicaciones al Gobierno de España, pidiendo información a la Vicepresidencia que entonces ocupaba Pablo Iglesias, así como al Ministerio del Interior. El ministro Grande-Marlaska remitió una carta en la que explicaba que los cuerpos policiales actúan y que están a disposición de la Justicia y de lo que determine la Fiscalía.
Ya entonces se advertía de la posibilidad de enviar una misión para analizar 'in situ' este asunto y tratar de investigar y fiscalizar a las autoridades públicas españolas ante la gravedad de los hechos.
Fue la eurodiputada mallorquina Rosa Estarás (PP) la que lo reclamó. Y ahora su solicitud ha salido adelante, incluyendo la investigación de este asunto sobre el terreno como una de las misiones de la Eurocámara para el primer semestre del año que viene.
En la práctica esto supone que una delegación integrada por entre 6 y 8 eurodiputados se desplazará a las Islas con potestad para mantener reuniones y entrevistas con las autoridades, incluidas las fuerzas policiales, los responsables políticos y los técnicos responsables de la protección y tutela de menores.
La misión estará integrada por representantes de los diferentes grupos políticos representados en la Comisión. No podrán ser miembros vinculados a las Islas. Después emitirá un informe de conclusiones que será elevado al Parlamento Europeo.
La de Baleares es una de las tres misiones fijadas hoy para el año que viene, junto a otra misión para revisar la situación del Mar Menor y una tercera relacionada con la seguridad en territorio francés.
Según ha difundido el grupo popular europeo, la Comisión ha aprobado esta misión para el próximo año con el apoyo de los grupos en los que se integran C's y Vox. El PSOE, que gobierna en Baleares, ha realizado en cambio otras propuestas de misión sobre asuntos diferentes.
En declaraciones efectuadas tras esta decisión, Estarás ha valorado que resulta "muy positivo" que se investigue sobre el terreno y que el asunto trascienda a la esfera europea porque, "lamentablemente", ha agregado, los partidos que gobiernan Baleares han denegado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento balear.
Un nuevo escándalo de abusos sexuales vuelve a salpicar a la Generalitat Valenciana del socialista Ximo Puig y la ultrafeminista Mónica Oltra. 175 menores del sistema de protección de la Generalitat denunciaron abusos sexuales entre junio de 2020 y junio de 2021. El 72% de ellos se encontraba en acogimiento en residencias. Las grietas del sistema de protección de menores de Puig y Oltra quedan totalmente al descubierto.
Si la punta del iceberg fue el caso de la menor abusada por el ex marido de la propia Oltra, ahora una nueva revelación vuelve a poner los pelos de punta y a cuestionar las alertas y procedimientos del sistema. Más aún si tenemos en cuenta que el 72% de los abusados se encontraba en acogimiento residencial y el otro 28% en acogimiento familiar.
Los datos han sido aportados este lunes por la síndica popular en las Cortes Valencianas María José Catalá y constituyen tan sólo los más destacados que contiene la resolución hecha pública por el Defensor del Pueblo valenciano Ángel Luna a la queja de la diputada popular Elena Bastidas acerca del funcionamiento de los centros de menores en la Comunidad Valenciana el pasado verano. Al defensor no le fue sencillo obtener esos datos y hace unas semanas, tal como publicó OKDIARIO, llegó a acusar a Oltra de entorpecer su investigación.
La resolución del Defensor sostiene que 127 de esos 175 menores que denunciaron abusos sexuales entre junio de 2020 y junio de 2021 estaban en acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar. De esos 175 menores, 48 eran de sexo masculino y 127 de sexo femenino. Sin embargo, el dato más espeluznante es que 7 de los casos afectan a menores entre 0 y 3 años, 18 casos afectan a menores entre los 4 y 6 años, 45 casos entre los 7 y 12 años, y 105 casos entre los 13 y los 17 años.
Respecto a las medidas de protección por lugar de residencia, según los datos aportados por la Consejería al Defensor del Pueblo valenciano y que constan en la resolución, en Alicante 6 estaban en régimen de acogimiento familiar y 42 en acogimiento residencial. En Valencia, 66 casos estaban en acogimiento residencial y 34 en familiar. Y, en Castellón, había 18 casos en acogimiento residencial y 8 en familiar.
En referencia a los agresores, 48 eran menores de edad y 101 mayores de edad, en tanto que la edad de los otros 26 se desconoce. La resolución matiza que ninguno de ellos era profesional del sistema de protección, en tanto que 1 era profesional del centro educativo, otro era profesional de actividades de ocio y deporte y en otros 2 casos se trata de profesionales relacionados. 145 eran ajenos al sistema de protección y en otros 26 casos se desconoce.
En cuanto al lugar en que sucedieron los hechos, se especifica en concreto, 74 casos en el domicilio familiar de la víctima, 17 casos en centros de acogida o socio educativos, 15 en el domicilio de la persona agresora y 15 más en plena calle. Las denuncias realizadas en ese periodo de tiempo (junio 2020-junio 2021) fueron 118, de las que 26 lo fueron en Alicante, 19 en Castellón y 73 en Valencia. En la resolución del Defensor se especifica que todos los casos fueron comunicados a Fiscalía, si bien la diferencia entre los 118 casos denunciados y los 175 totales estriba en cuestiones como conductas sexuales inadecuadas pero no delictivas y casos en que la persona agresora era menor de 14 años, entre otros.
La denuncia efectuada por inicialmente por Catalá apunta, directamente, a la línea de flotación de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, que dirige la vicepresidenta primera de ese Ejecutivo Mónica Oltra. Y ello, porque los datos evidencian que el caso de la menor abusada por el ex marido de la propia Oltra ha sido tan solo la punta del iceberg.
De hecho, Catalá ha explicado en su exposición que no se trata sólo «del caso aislado del que todos hemos sabido por estar vinculado personalmente a la vicepresidenta» (en referencia a la menor abusada por el ex marido de Oltra) sino que también ha habido 175 menores en 12 meses, que están en el sistema de protección de menores, que han denunciado que han sufrido abusos sexuales.
Ante la gravedad de los hechos, la síndica popular ha exigido respuestas a Ximo Puig y le ha recordado que él es el responsable de que el sistema de protección de menores tutelados de la Generalitat Valenciana no esté funcionando y a quien ahora exigen responsabilidades.
Los representantes de Vox en Baleares han interpuesto una denuncia donde piden que se abra una investigación penal sobre los últimos acontecimientos conocidos en las últimas semanas.
Por un lado, la detención de 17 personas en Palma vinculadas a una trama de explotación y abuso sexual de una decena de niñas que estaban bajo tutela, desarrollada en 2018 y 2019.
Entre los detenidos hay adultos de entre 21 y 65 años de edad que contactaban con las chicas a través de anuncios insertados en una web de contactos sexuales. Había tres chicas que ejercían de intermediarias y ayudaban a captar a otras víctimas. Se investiga además si se distribuía material pornográfico de esas mismas menores.
Además, Vox ha puesto en manos de la Fiscalía la fuga de una menor que dependía de los centros de tutela y cuya presunta desaparición durante meses provocó una alerta de las autoridades policiales. El Govern ha admitido que la chica no estaba en el centro pero ha alegado que la adolescente, de 17 años, mantenía contacto con los tutores y estaba localizada mientras se "emancipaba".
Los denunciantes consideran que estos hechos podrían constituir delitos de prostitución de menores y de omisión del deber de perseguir delitos y dejación de funciones. Y por esa presunta dejación, piden en consecuencia que la responsabilidad se extienda a dos de los miembros del gobierno regional.
Lavarles el cerebro a los menores. PSOE y Unidas Podemos estrechan el cerco a la concertada: 'no' a la educación diferenciada de niños y niñas y actividades complementarias obligatorias. La concertada teme que esas actividades al final acaben siendo talleres de sexualidad e ideología. de género.
Las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos pretenden que se supriman por ley los conciertos para los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas (educación diferenciada). Y si a los centros que reciben subvenciones del Estado, el Gobierno PSOE-Unidas Podemos le puede amenazar con quitarles las ayudas, a los privados, que no tienen esa presión, les puede imponer que impartan esas actividades complementarias por ley. Es decir, pueden incluir esas actividades, charlas sobre educación afectivo sexual, medio ambiente, talleres sobre sexo, etc como asignaturas obligatorias por parte del Estado.
La titular de Igualdad Montero dejó claro que “Soy abolicionista y el ministerio lo tiene en su horizonte”, pero el acuerdo de Gobierno de coalición plantea una norma contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual que no incluye la abolición de la prostitución.
Sobre actuar contra los explotadores y contra los usuarios, Irene Montero opina que "En nuestro país ya existe la posibilidad de multar a los clientes de la prostitución, eso lo introdujo el Partido Popular en la Ley de Seguridad Ciudadana, y no está sirviendo para que haya menos puteros."
Prostitutas y empresarios han dicho que esta Ley dejará sin recursos a varios cientos de miles. 109 colectivos feministas claman contra Montero por leyes que creen que estigmatizan a las personas trans y a las trabajadoras sexuales.
Laura Berja, la responsable de Igualdad en el PSOE, se muestra del lado de Montero y considera que “la prostitución es una forma de explotación sexual porque se aprovecha muchas veces de la situación de extrema pobreza”.
Las asociaciones y colectivos feministas que abogan por la abolición de la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler se han puesto en pie de guerra contra el departamento que dirige Irene Montero por celebrar un encuentro con el sindicato de prostitutas Otras, cuyos estatutos fueron validados en junio de 2021 por decisión del Tribunal Supremo tras una larga controversia. "Cada quien de lo que sabe y de lo que trata. Llegaron para apuntalar todos los cautiverios de las mujeres", ha criticado la filósofa Amelia Valcárcel en referencia al encuentro organizado por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género que hoy pilota Ángela Rodríguez.
Desde el movimiento feminista abolicionista entienden que la prostitución supone una violencia contra los cuerpos de las mujeres. Es el caso de Movimiento Feminista de Madrid, cuyo lema de este año para la manifestación por el Día Internacional de las Mujeres será, precisamente, "El feminismo es abolicionista". La organización acaba de lanzar un decálogo en el que, en primer lugar, exigen la abolición de la prostitución y la pornografía, además de pedir "su consideración como formas de violencia machista incompatibles con el principio de igualdad entre los sexos".
"Consideramos que la reunión choca de lleno con nuestro lema y con lo que deberían ser los objetivos del Ministerio de Igualdad. Avalar a cualquier grupo que provee prácticas de explotación de un ser humano no debería ser la misión de ese ministerio", denuncian desde el Movimiento Feminista de Madrid.
La ex diputada socialista Ángeles Álvarez ha calificado la cita de "escándalo". "La verdad es que es un escándalo que la Secretaría de Estado, que debería estar dedicada a combatir la explotación sexual, use el cargo para su activismo pro legalización de una práctica que esclaviza a millones de mujeres en todo el mundo. Alguien, por coherencia, debería mostrarle la puerta", ha lanzado a través de sus redes sociales.
Álvarez es una de las integrantes de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres (ACBM) que lleva tiempo luchando contra las principales medidas 'estrella' del Ministerio de Igualdad. Entre ellas, la llamada 'ley Trans'. Entre otros aspectos, denuncian que la sustitución de la categoría biológica 'sexo' por la de 'identidad de género' pone en peligro los derechos de las mujeres y las niñas basados en su sexo. Y, además, abogan por erradicar la prostitución.
"La reunión anunciada de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, con quienes representan a la industria proxeneta es un gesto de apoyo a la explotación sexual de las mujeres. La prostitución es violencia contra las mujeres y esa reunión es un acto de blanqueo que vende la idea de que es legítimo prostituir a las mujeres y a las niñas", acusan desde la plataforma.
"El Gobierno no puede prometer la abolición de la prostitución y al tiempo reunirse con quienes quieren regular y legalizar esa forma de violencia contra las mujeres. Si la secretaria de Estado es partidaria de esa regularización que no use un despacho oficial para hacer propaganda. Por cierto, es el mismo despacho que siempre ha estado cerrado, como todos los del ministerio de Igualdad, para recibir a las organizaciones feministas", apuntan.
En medio de los preparativos del 8 de Marzo, advierten desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, tenemos que recordar que el feminismo es abolicionista y que el abolicionismo es incompatible con la defensa de la prostitución como "un trabajo". "En definitiva, es incompatible con lo que afirman los grupos con los que se va a reunir Ángela Rodríguez, secretaria de Estado en el Gobierno de Pedro Sánchez", apuntan.
La reunión que ha incendiado al feminismo se produjo en la tarde el miércoles. Además de Ángela Rodríguez, quien sustituyó en el cargo a Noelia Vera tras su salida de la política, asistieron representantes del sindicato Otras y los colectivos Afemtras, Aprosex, Nómadas, CATS Y Putxs en Lucha.
La organización sindical saltó a la palestra mediática el verano de 2018. El 4 de agosto de aquel año, el Boletín Oficial del Estado (BOE) insertaba la Resolución de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo anunciando la constitución de Otras.
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla interpusieron una demanda para impugnar los estatutos del sindicato. A esta demanda se adhirió el Ministerio Fiscal. Tres meses después, la Audiencia Nacional declaraba "la nulidad de los estatutos y del acta de constitución del denominado Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales" y, por ende, ordenaba "la disolución de la organización sindical ordenándose la baja de la misma en el registro correspondiente".
Desde Otras se interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y el alto tribunal terminó reconociendo sus derechos como trabajadoras sexuales. Lo hizo en junio de 2021. Una decisión que fue celebrada por la organización porque defiende que "siempre fuimos legales" y acusa al abolicionismo de "esconder una moralina y odiar visceralmente a las trabajadoras sexuales". Las asociaciones feministas que luchan por la abolición de la prostitución cargaron entonces contra la jueza del Supremo que dio la razón a Otras y hoy estallan contra la Secretaría de Estado de Igualdad por contemplar reuniones con el sindicato de prostitutas en su agenda.
Las llamadas feministas abolicionistas y quienes defienden la prostitución como un trabajo sexual libraron otra batalla a principios de febrero. En esta ocasión, en el ámbito de la Universidad. La Universidad de Almería acogió un acto con el título 'Jornada sobre prostitución, derechos y crisis sanitaria' y diversas asociaciones feministas de Andalucía reprocharon al rector que acogiese las voces de quienes "normalizan" una práctica que, a su juicio, "es esclavitud sexual". Al igual que en la reunión con el departamento de Igualdad que dirige Montero, al acto también acudieron representantes de la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales de Madrid (Afemtras) y la Secretaría de Identidades del Sindicato Otras.
El Partido Popular recalca que para los grandes debates y cuestiones a afrontar es conveniente un Pacto de Estado. El debate histórico sobre si abolir o regular la prostitución ya saltó de los colectivos feministas al Congreso de los Diputados, donde se vio, en muchos partidos, falta de consenso.
Marga Prohens, portavoz de Igualdad del Partido Popular, defiende que “Somos partidarios de luchar contra la prostitución, que está muy ligada a la trata con fines de explotación sexual”, señala la diputada que sostiene: “La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen de forma libre“.
Vox deja claro que respaldan la “prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos”. Su diputado al Congreso por Murcia, Joaquín Robles incide en que: «El tráfico de mujeres que van a parar a la prostitución está íntimamente ligado a la inmigración ilegal»
Antonia Morillas, nueva directora del Instituto de Mujeres, a elección de la ministra de Igualdad, pidió cuando era concejala de Málaga en 2014, un solar para que las prostitutas que se encontraban en el polígono de Guadalhorce pudieran realizar sus servicios "con seguridad e higiene" ya que "son víctimas y necesitan el apoyo del Consistorio".
La entonces edil insistió en que el debate de la prostitución no solo se debe abordar desde el ámbito de la seguridad y la convivencia ciudadana, sino también desde el laboral, el social y el sanitario. "Criminalizar, señalar y expulsar a las prostitutas no es la vía para atender este problema y eso es precisamente lo que se ha hecho con la Ordenanza de Convivencia, donde se sanciona a las prostitutas, incluso por la vía penal, cuando hoy por hoy no es una cuestión ilegal", manifestó en declaraciones recogidas por Europa Press.
Desde 2015 se aprobó un texto integral contra la trata de blancas, pero no impide que el Ministerio de Igualdad haya promovido otra sobre el mismo asunto y el de menores prostituídas, pasando por alto los casos de las internadas en los centros tutelados, que no se investiga aunque dé lugar a muchos abucheos parlamentarios.
Una ley absurda e inútil, porque el Código Penal siempre ha castigado estas conductas. Hoy, tras sucesivas reformas, en su CAPÍTULO V (De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores) se contempla que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determinar a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, aun con el consentimiento de la misma, será castigado con prisión de dos a cinco años y multa.
Al amparo del artículo 189 CP se impone prisión al que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas. También al que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.
La Sala de lo Social del Supremo ha establecido que las personas que desarrollan trabajos sexuales tienen derecho a sindicarse, pero precisa que ahí no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena.
La Audiencia Nacional declaró la nulidad de los estatutos del sindicato OTRAS al considerar que el ámbito funcional de actuación de un sindicato no puede comprender actividades que no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido como es la prostitución.
Según la Audiencia, admitir los estatutos supondría asumir, de forma colectiva, que la organización demandada y los proxenetas y sus asociaciones puedan negociar las condiciones en las que debe ser desarrollada la actividad de las personas empleadas en la prostitución, disponiendo para ello de forma colectiva, de un derecho de naturaleza personalísima como es la libertad sexual.
OTRAS, en cambio, defendía que su ámbito funcional era el de "actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes", además de la prostitución, lo que incluía actividades como las realizadas por los trabajadores de alterne, los bailarines eróticos, los actores porno y los centros de masaje, por lo que recurrió en casación ante el Supremo.
La sentencia estima que el ámbito funcional de los estatutos impugnados es conforme a Derecho y que las personas que desarrollan trabajos sexuales a las que se refiere el procedimiento gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse.
Pero precisan que dentro del ámbito funcional de los Estatutos no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena, hecho aceptado por el sindicato que reconoce que no existe relación laboral válida en tales casos. Es proxenetismo y lo dice claramente el Código Penal.
Ciudadanos es el único partido que defiende que la prostitución es un trabajo y promueve regular la forma en la que se lleva a cabo, “como se ha hecho ya en Alemania, Países Bajos, Austria o Suiza” ya que “protege a las trabajadoras y trabajadores sexuales, garantiza sus derechos y lucha de manera efectiva contra las mafias”, recalcan.
La prostitución dejó de ser ilegal en Alemania en 1927, y las personas prostituídas pagan impuestos derivados de dicha actividad desde 1964. Lo que hace la ley del 2002, por tanto, no es legalizar la prostitución, sino reconocer la prostitución como trabajo, incluyendo a las personas trabajadoras del sexo en el régimen de la seguridad social y legalizando el contrato verbal establecido entre éstas y sus clientes.
Lo cierto es que en esos países, legalizar la prostitución favorece la trata de mujeres con fines de explotación sexual. En Holanda y Alemania, la ley se aplica sólo a las personas trabajadoras del sexo nacionales, y por efecto del derecho europeo, de la Unión Europea. Las personas nacionales de terceros países no pueden ejercer la prostitución legalmente, con independencia de cual sea su estatus migratorio, pues quienes tienen derecho legal de residencia, pueden perderlo si ejercen la prostitución. Se crea así un mercado sexual legal para las personas trabajadoras del sexo europeas, y la ilegalización de la prostitución extranjera, y el aumento de la trata en Alemania como consecuencia.
El porno es prostitución filmada, sexo por dinero, el pacto no prohibido pero tampoco autorizado. Tras las cámaras, agentes y representantes negocian con cineastas lo que mujeres y hombres deben hacer y consentir. Prostitutas que ofrecen su cuerpo y también han renunciado a los derechos a su propia imagen y su intimidad a precio.
El consumo de contenido pornográfico, cada vez más violento por parte de los hombres, impregna la cultura contemporánea. La alta y la baja cultura: la publicidad, el cine, la literatura o la televisión acusan la influencia del imaginario pornográfico. Las mujeres hipersexualizadas de los relatos pornográficos se han convertido en imágenes que recibimos diariamente a través de diferentes medios de comunicación de masas.
El exdiputado de la CUP en el Parlament de Cataluña Antonio Baños, en un mensaje ya borrado, colgaba una captura de un reportaje que dejaba al descubierto las pestañas de navegación en internet que tenía abiertas, en las que se podían apreciar búsquedas como 'fantastic orgy' o 'japanese scat' junto a otras sobre el cambio climático.
Poco tardaron las redes en convertir en la primera tendencia en Twitter al propio Baños, y la expresión 'japenese scat' también se convirtió en el séptimo término más usado y las búsquedas en Google Trends se dispararon en apenas unas horas, sobre todo en Cataluña. Antonio Baños no se va de putas, porque prefiere verlas sometidas a prácticas escatológicas. Nada más humillante, casi misógino, pero al fin y al cabo un negocio legal en el que parte de los derechos laborales no existen.
