Tienen razón! Se equivocó mi mano
cuando guiada por noble patriotismo,
tu infamia títuló de despotismo,
verdugo del honor venezolano!
Tienen razón! Tú no eres Diocleciano,
ni Sila, ni Nerón, ni Rosas mismo!
Tú llevas la vileza al fanatismo
Tú eres muy bajo para ser tirano!
“Oprimir á mi patria”: esa es tu gloria,
“Egoísmo y codicia: ese es tu lema
“Vergüenza y deshonor: esa es tu historia;
Por eso, aún en su infortunio recio,
ya el pueblo no te lanza su anatema
El te escupe a la cara su desprecio!
Las Naciones Unidas calculan que 7 millones de venezolanos, lo que equivale a un cuarto de la población, necesitan asistencia humanitaria, mientras que asombrosamente, un 96 por ciento de los venezolanos vive en la pobreza, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 (ENCOVI), publicada por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, detalla cómo la infraestructura básica, el mercado laboral y la educación se han deteriorado desde 2014.
El desgobierno, la opresión y la corrupción del régimen ilegítimo encabezado por Nicolás Maduro han causado un sufrimiento económico generalizado y el colapso de la sociedad en Venezuela.
Cada vez con más frecuencia no hay disponible a diario agua ni electricidad, según el informe. Sólo el 77 por ciento de la población tiene acceso a agua corriente y tres cuartos de ese grupo dicen que experimentan frecuentes interrupciones del servicio. Los informes de noticias han presentado escenas de personas que utilizan el agua expuesta en la calle para bañarse, cocinar y beber.
El 44 por ciento de los adultos trabajadores de Venezuela al desempleo y el número de trabajadores en el sector laboral formal, empleos con horarios regulares, salarios y beneficios, ha disminuido de un 64 por ciento a un 46 por ciento desde 2015. La precariedad en el empleo, en el que no pueden ganar lo suficiente con sus trabajos habituales para alimentar a sus familias y muchos no están cubiertos por seguro médico.
Sólo el 60 por ciento de los niños asiste regularmente a la escuela. Cuando se les preguntó por qué no asistían a la escuela de manera regular, los niños dijeron que era por la falta de comida, agua, electricidad y transporte.
Archivado por decisión del Supremo el ilegal encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid, y las cuarenta maletas que pasó a territorio español, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se reúne cuando quiere con Nicolás Maduro, sin que tampoco haya explicado el motivo.
Durante el régimen de Hugo Chávez, el ex embajador de España en Venezuela nombrado por Zapatero, Raúl Morodo, su hijo Alejo, y dos socios suyos de nacionalidad venezolana y afincados en España se apropiaron presuntamente de 38 millones de dólares y los introdujeron en España a través de cuentas bancarias en Suiza y Panamá. Uno de los socios venezolanos era Juan Carlos Cabrera Marques, ex director de PDVSA, quien se ahorcó después de declarar ante el juez.
Según la investigación, el dinero lo fueron lavando mediante contratos ficticios y facturas falsas para la compra de inmuebles de lujo. A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal, por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015.
El expolio a la petrolera estatal venezolana se investiga en varios juzgados españoles, así como Portugal y Andorra, además de los Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar cientos de millones de dólares obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.
Los desvíos de PDVSA, que se considera el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y directivos de varias filiales, han sido detenidos o están siendo buscados.
Según la investigación, el dinero lo fueron lavando mediante contratos ficticios y facturas falsas para la compra de inmuebles de lujo. A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal, por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015.
El expolio a la petrolera estatal venezolana se investiga en varios juzgados españoles, así como Portugal y Andorra, además de los Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar cientos de millones de dólares obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.
Los desvíos de PDVSA, que se considera el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y directivos de varias filiales, han sido detenidos o están siendo buscados.
El petróleo no es el único origen del lavado de dinero venezolano, y algunas fuentes apuntan a que los socios del actual gobierno se han financiado con la cocaína que la narcoguerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) envía a Venezuela para su refinado y exportación.
La Audiencia Nacional "investiga" en varios sumarios desde hace una década la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA. Los colombianos pidieron ayuda a los vascos para atentar en España contra el presidente de su país, Álvaro Uribe, y su antecesor, Andrés Pastrana, así como contra otros dirigentes sudamericanos. Además, militares venezolanos escoltaron a etarras que iban a impartir cursillos sobre manejos de explosivos con miembros a las FARC y la guerrilla venezolana del Frente de Liberación Bolivariana (FLB), en un campamento de la guerrilla instalado en territorio venezolano.
La Policía Nacional vincula a clanes gallegos, valencianos, italianos y franceses con disidentes del Frente 21 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la importación de droga debido a la sobreproducción desde Sudamérica que lleva a las organizaciones criminales a la "descentralización de la producción y a multiplicar las formas de transportar la sustancia ilícita". El Frente 21 de las FARC controla el envío de drogas no solo hacia Europa sino también hacia Estados Unidos.
Bono promovió la venta a Venezuela de ocho buques militares y diez aviones de transporte, pero nunca ha aclarado la verdadera entidad del material y sus implicaciones estratégicas. La controversia en cuanto al material vendido radica en la ausencia de datos sobre cuatro de los ocho buques a construir por Navantia. Pese a que el ex ministro Bono los calificó reiteradamente de “patrulleros” de vigilancia del litoral “es evidente que tendrán notables capacidades de defensa de superficie, antimisil, antisubmarina, de defensa antiaérea y de guerra electrónica activa y pasiva (...)
“Todas las armas mencionadas hacen pensar que el buque contará con un sistema de combate bastante complejo”, según un detallado artículo de la revista Defensa, que añade que las embarcaciones contarán con dos lanzadores cuádruples de misiles MM 40 Exocet con un alcance de 65 kilómetros. “En realidad son corbetas, cualquier técnico los definiría como corbetas”, señala un experto.
El Gobierno tampoco ha aportado datos sobre la eventual fabricación en Venezuela de algunos de los buques ni ha mencionado que un equipo de militares venezolanos que llega hoy a España supervisará la operación, hecho del que sí informó la Armada de Venezuela. Por su parte, la empresa Navantia no aclara ninguno de los supuestos.
Las primeras voces contra la operación surgieron cuando el presidente venezolano trató oficialmente el asunto durante su visita a España en noviembre de 2004 y Colombia, aliada de EEUU y en tensas relaciones con su vecino, se quejó del desequilibrio militar que el acuerdo podría suponer.
Su protesta ganaba peso en cuanto que el Ejecutivo de Zapatero había cancelado un contrato de compra de carros de combate firmado entre Bogotá y el Gobierno de Aznar, alegando que no quería contribuir a una escalada armamentística en la zona. Igualmente, Estados Unidos, siempre crítico con el Gobierno de Chávez, vetó la operación y se negó a suministrar componentes de los equipos, afirmando que bloqueaba la planificada venta para no promover la desestabilización en Latinoamérica.
Finalmente, un año después y tras arduas negociaciones, los presidentes de Navantia y Eads Casa firmaron los contratos de venta con el titular de Defensa venezolano, Orlando Maniglia, en presencia de Hugo Chávez y el ex ministro José Bono, que en el acto subrayó la legalidad del acuerdo al afirmar que “Navantia no rompe ningún embargo internacional y (el contrato) es acorde con las normas de conducta de la Unión Europea”.
La buena sintonía entre el Partido Popular y el chavismo también se materializó en la autorización, por parte de Aznar, de la venta a Venezuela de 631 granadas de mano, 6.000 pistolas y 600.000 cartuchos antimotín. "El Partido Popular autorizó la venta de armas al Gobierno de Venezuela presidido por Chávez. Y esto merma mucho el impulso supuestamente patriótico de quienes ahora quieren defender los derechos y las libertades de los venezolanos como si fueran paladines del pacifismo, cuando en la persecución de quienes protestan en las calles de Venezuela se pueden estar utilizando los cartuchos antimotín que se vendieron y autorizaron en la época del presidente Aznar. Hay quien en el PP no tiene menoría y ni algo más... Pero lo que yo le he dicho son los hechos. Que saquen los lectores sus propias conclusiones", explicaba en su día a ELPLURAL.COM, el exministro de Defensa socialista, José Bono.
