Serán castigados con una pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando se trate de donaciones de importe superior a 500.000 euros recogidas en las letras a) o c), o que superen en esta cifra el límite fijado en la letra b).
El mismo castigo corresponde a las donaciones de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos que superen el importe de 100.000 euros.
Si los hechos a que se refiere el apartado anterior resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos anteriores.
Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, el que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley.
Se impondrá la pena en su mitad superior a las personas que dirijan dichas estructuras u organizaciones y si los hechos resultaran de especial gravedad, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
La financiación ilegal de los partidos políticos pone de relieve las fraudulentas "comisiones de investigación", que no sirven para investigar sino más bien encubrir.
Una comisión de investigación es un órgano que pueden crear el Congreso de los Diputados y el Senado, y, en su caso, ambas cámaras conjuntamente, para investigar cualquier asunto de interés público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización.
Las comisiones de investigación deben elaborar un plan de trabajo y pueden nombrar ponencias en su seno y requerir la presencia de cualquier persona para ser oída. Las conclusiones de la comisión no son vinculantes para los Tribunales, ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Son, por tanto, decisiones políticas sin efectos legales.
En lugar de pedir explicaciones sobre sobresueldos o cuentas de la formación popular, los parlamentarios aprovechaban para enzarzarse en acusar al testigo, lo que convirtió la comisión en exhibición colectiva de desfachatez.
El ex presidente del Gobierno José María Aznar, se vió obligado a comparecer en el Congreso en la comisión sobre la presunta financiación ilegal del partido. En sede parlamentaria, Aznar ha perjurado cuando ha negado cualquier relación con la trama Gürtel y ha ha defendido que durante la investigación judicial "Ni fui imputado ni citado a declarar". El expresidente se desentendió con la consabida excusa de los dirigentes del PP: “De la gestión económica del partido se encargaba el tesorero”.
También declaraba Ángel Acebes, quien fue secretario general del PP y ministro de Justicia e Interior durante el Gobierno de Aznar, "en el PP en sobres no ha cobrado nadie", aunque las anotaciones de Luis Bárcenas supuestamente reflejan entregas a su favor de 6.300 euros trimestrales.
Cospedal, Rato, Mayor Oreja, Arenas, y Álvarez Cascos niegan haber recibido los pagos. Federico Trillo tampoco sabía nada de la contabilidad y Jaume Matas, afirmó por videoconferencia desde prisión, que jamás cobró donaciones de empresas a cambio de obra pública ni sobresueldos, así como que sus condenas por tráfico de influencias y por el "caso Nóos" son absolutamente autónomas, de las que es el único responsable.
Sin embargo, el "número dos de la trama Gürtel", Pablo Crespo, exsecretario general del PP en Galicia y ex diputado del partido condenado a 37 años y 6 meses de prisión, afirma que "la dinámica de donativos y pagos en B era algo instalado institucionalmente". Además, ha ratificado que "todos los secretarios generales del PP sabían que había financiación ilegal".
Asimismo, Crespo ha señalado ante las preguntas de la portavoz socialista de la Comisión que la mayor parte de la financiación de las campañas del PP gallego era en negro y que el pago de sobresueldos era una práctica habitual. "Había donaciones irregulares de empresarios y había una contabilidad que no estaba en la contabilidad oficial del partido, eso es así", según dijo.
Cospedal, Rato, Mayor Oreja, Arenas, y Álvarez Cascos niegan haber recibido los pagos. Federico Trillo tampoco sabía nada de la contabilidad y Jaume Matas, afirmó por videoconferencia desde prisión, que jamás cobró donaciones de empresas a cambio de obra pública ni sobresueldos, así como que sus condenas por tráfico de influencias y por el "caso Nóos" son absolutamente autónomas, de las que es el único responsable.
Asimismo, Crespo ha señalado ante las preguntas de la portavoz socialista de la Comisión que la mayor parte de la financiación de las campañas del PP gallego era en negro y que el pago de sobresueldos era una práctica habitual. "Había donaciones irregulares de empresarios y había una contabilidad que no estaba en la contabilidad oficial del partido, eso es así", según dijo.
De ser uno de los hombres fuertes del PP, Carlos Fabra, el que fuera presidente de la Diputación de Castellón. fue condenado por corrupción. Hay que recordar que hubo un tiempo en el que Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, se rodeaba de las altas figuras del PP valenciano y les ponía como ejemplo de grandeza política. Francisco Camp, Rita Barberá… pero también Carlos Fabra, al que definió como “un político ejemplar”.
Poco después, en 2013, Fabra fue condenado por la Audiencia Provincial de Castellón a cuatro años de prisión y al pago de 1,4 millones de euros de multa por cuatro delitos fiscales, tras considerar que el exmandatario había defraudado a la Hacienda Pública 693.000 euros.
Quizás por ello, el PP se desvinculó de Fabra, quien critica duramente a Mariano Rajoy, al que acusa de abandonarlo en los momentos más duros. "Todo lo que no me gustaba de Rajoy me gusta de Casado. Rajoy abandonó a los suyos, a todos, me abandonó a mí, abandonó a Soria, abandonó a Rita Barberá y abandonó a todo el mundo", ha dicho.
José Manuel Villarejo aseguraba tener pruebas de la vinculación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy con la caja b del PP. “Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda”, dicen Villarejo y varios de sus compinches en una grabación que consta en el sumario del caso Kitchen. Las grabaciones de las que habla Villarejo son precisamente las que guardaba Bárcenas contra el entonces presidente de su partido y también a quien llegó a ser vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En varias conversaciones entre diversos comisarios de Policía, relatan cómo ésta, entre los años 2009 y 2010, les pidió que hicieran un barrido en el despacho de Rajoy en el Congreso de los Diputados cuando éste era líder de la oposición. “Soraya nos ayudó a nosotros a meter en el Congreso los equipos de rastreo”, sostiene Villarejo en una de las conversaciones.
Según su relato, fue Sáenz de Santamaría quien introdujo todo el material en el Parlamento para evitar los controles de seguridad. Supuestamente, les ofrecieron pagarles “en negro”. El encargo era revisar si había micrófonos en el despacho de Rajoy.
Son múltiples las conversaciones que mantiene Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 por presuntamente liderar una organización criminal dentro de la Policía, sobre sus trabajos extraoficiales para empresarios y partidos, principalmente para el PP. La labor de la Policía, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, y de la Fiscalía Anticorrupción es determinar si lo que dice tiene visos de credibilidad.
Según él mismo confesaba a sus allegados, entre el material que almacenaba había información que implicaría a varios dirigentes del Partido Popular “en hechos susceptibles de ser penados con pena de prisión” según sus propias manifestaciones (en particular, se refieren al ”Asturiano”, persona con capacidad para cesar de su puesto de trabajo a un comisario principal y del que el secretario de Estado de Seguridad depende), según dice literalmente en una conversación.
