Juntó la Muerte ante su trono un día
a los ministros do su furia aciaga,
por dar la palma al que, de todos, haga
mas fiero el cargo que a su saña fía.
Fue la sangrienta Guerra a la porfía,
el Terremoto que ciudades traga,
Incendio y Hambre y Peste, y cuanta plaga
sirve del mundo a la señora impía.
El premio horrendo cada cual espera,
indecisa la negra Soberana
sus méritos iguales considera;
mas viene España, y los laureles gana,
que es ella de las plagas la más fiera
y el gran azote de la estirpe humana.
La plataforma más representativa de escépticos a la versión oficial, se denomina Peones Negros, muchos de los cuales se manifestaban los días 11 de cada mes por toda España con el fin de "homenajear a las víctimas y exigir la verdad", tras la gran cantidad de contradicciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los meses previos y posteriores a los atentados.
La existencia de una trama policial que colaboró en los atentados y saboteó la instrucción del sumario la corroboran los informes contradictorios, declaraciones manipuladas y documentos falsos obrantes en el sumario.
Italia reconoció que los atentados contra la estación de tren de Bolonia, que causaron decenas de muertos, fueron obra de sus servicios secretos. Hay gobiernos que asesinan a sus ciudadanos con el fin de conmocionar a la población, y España no desvela unos cuantos secretos oficiales como el 11M porque dicen que el país no está preparado para conocer la verdad.
El Chino, aparentemente el jefe de la célula de Leganés, fue narcotraficante en el País Vasco y le comentó a Trashorras, según consta en un informe policial, que conocía a los etarras de la caravana de Cuenca. Yusuf Galán, implicado en la trama española del 11-S, fue interventor electoral de Herri Batasuna. Abdelkrim Beresmail, preso en la cárcel, poseía la dirección de la prisión donde cumplían condena dos terroristas etarras, Harriet Iragui y Henri Parot y el nombre de este último. En los diarios de visitas de la cárcel de Villabona, consta que Fernando Huarte, militante del PSOE asturiano, y miembro encubierto de los servicios de inteligencia españoles, se entrevistó con Benesmail antes y después del atentado. La ruta seguida por los que transportaron el explosivo desde Asturias también ha sido alegada como sospechosa, ya que buscaron pasar por Burgos en lugar de seguir una ruta más directa, y fueron detenidos por la Guardia Civil de tráfico, que les permitió reanudar su marcha.
El Chino, aparentemente el jefe de la célula de Leganés, fue narcotraficante en el País Vasco y le comentó a Trashorras, según consta en un informe policial, que conocía a los etarras de la caravana de Cuenca. Yusuf Galán, implicado en la trama española del 11-S, fue interventor electoral de Herri Batasuna. Abdelkrim Beresmail, preso en la cárcel, poseía la dirección de la prisión donde cumplían condena dos terroristas etarras, Harriet Iragui y Henri Parot y el nombre de este último. En los diarios de visitas de la cárcel de Villabona, consta que Fernando Huarte, militante del PSOE asturiano, y miembro encubierto de los servicios de inteligencia españoles, se entrevistó con Benesmail antes y después del atentado. La ruta seguida por los que transportaron el explosivo desde Asturias también ha sido alegada como sospechosa, ya que buscaron pasar por Burgos en lugar de seguir una ruta más directa, y fueron detenidos por la Guardia Civil de tráfico, que les permitió reanudar su marcha.
Según los datos proporcionados por el sumario al menos 5 de los 29 confidentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil, servicios de inteligencia) procesados habrían avisado con tiempo de los atentados (Lavandera, Joe, Cartagena, etc) o formarían parte de la trama asturiana de explosivos (Antonio Toro, Carmen Toro, Suárez Trashorras, Rafa Zouhier).
Los diferentes grupos que organizaron el 11-M estarían controlados de un modo u otro por las Fuerzas de Seguridad del Estado: La trama asturiana, a través de las informaciones que Zouhier proporcionaba a la Unidad Central Operativa (dependiente de la Guardia Civil) y las que Lavandera proporcionó a la Guardia Civil asturiana; el grupo de Lamari, controlado a través del agente del Centro Nacional de Inteligencia "El Pollero", y él, así como el grupo de El Chino, controlado a través del topo "Cartagena".
En el año 2002 el jefe del aparato electrónico de ETA, Elgorriaga Kunze, lograra diseñar, tras dos años de trabajo, un sistema de detonación de bombas mediante teléfonos móviles que fue empleado fallidamente en el cementerio de Zarauz durante un homenaje al concejal asesinado por ETA Ignacio Iruretagoyena. Esta teoría se sustenta en que el auto del juez no ha conseguido aclarar ni quién adquirió los móviles ni quién montó las bombas, pues, según los defensores de las teorías de la conspiración, ninguno de los fallecidos en Leganés disponía de los conocimientos técnicos necesarios para ello. Añaden que los indios dueños de la tienda donde se compraron los móviles afirmaron que éstos fueron adquiridos por personas de raza española, con acento español, y que hablaban entre ellos en una lengua extraña. El diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, preguntó ante la Comisión de Investigación de los Atentados del 11-M, si ese idioma hubiera podido ser el euskera.
Los diferentes grupos que organizaron el 11-M estarían controlados de un modo u otro por las Fuerzas de Seguridad del Estado: La trama asturiana, a través de las informaciones que Zouhier proporcionaba a la Unidad Central Operativa (dependiente de la Guardia Civil) y las que Lavandera proporcionó a la Guardia Civil asturiana; el grupo de Lamari, controlado a través del agente del Centro Nacional de Inteligencia "El Pollero", y él, así como el grupo de El Chino, controlado a través del topo "Cartagena".
En el año 2002 el jefe del aparato electrónico de ETA, Elgorriaga Kunze, lograra diseñar, tras dos años de trabajo, un sistema de detonación de bombas mediante teléfonos móviles que fue empleado fallidamente en el cementerio de Zarauz durante un homenaje al concejal asesinado por ETA Ignacio Iruretagoyena. Esta teoría se sustenta en que el auto del juez no ha conseguido aclarar ni quién adquirió los móviles ni quién montó las bombas, pues, según los defensores de las teorías de la conspiración, ninguno de los fallecidos en Leganés disponía de los conocimientos técnicos necesarios para ello. Añaden que los indios dueños de la tienda donde se compraron los móviles afirmaron que éstos fueron adquiridos por personas de raza española, con acento español, y que hablaban entre ellos en una lengua extraña. El diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, preguntó ante la Comisión de Investigación de los Atentados del 11-M, si ese idioma hubiera podido ser el euskera.
La mochila de Vallecas, que fue vital para detener a Jamal Zougam antes de las elecciones, no fue detectada en los trenes ni por los Tedax ni por los perros que olisquearon palmo a palmo cada uno de los vagones llenos de cadáveres y restos humanos. El inspector Álvarez, que estuvo presente en el Pozo del Tío Raimundo la mañana del 11 de marzo, afirmó ante el juez Del Olmo que la citada mochila no se encontraba entre los objetos hallados en los trenes.
Según la declaración del inspector jefe que era responsable de dicha custodia, Miguel Ángel Álvarez-Sánchez, ante el juez Del Olmo, no se siguieron sus órdenes y no podía hacerse responsable del tiempo que los bultos pasaron el pabellón 6 del Ifema sin su consentimiento. Esta declaración del inspector Álvarez anulaba el sumario, pero el jefe de la comisaría de Puente de Vallecas donde apareció la mochila, fue encontrado culpable de manipular las pruebas, tras lo cual fue absuelto por el Tribunal Supremo, hecho irrelevante para las conclusiones de la fiscal.
El automóvil Škoda Fabia, donde se hallaron los rastros de ADN que permitieron vincular al 11-M con Lamari y otros 6 miembros de su trama, no fue descubierto en Alcalá de Henares hasta junio de 2004, según se desprende del propio informe de la policía, 3 meses después de los antentados y 2 meses y medio después de que explotara el piso de Leganés donde estaban los terroristas.
Luis del Pino afirma que se ocultan las grabaciones de los terroristas en las estaciones, lo que parece indicar que los suicidas de Leganés no fueron los organizadores ni se habrían suicidado, sino que serían unos mercenarios a los que se les habría pagado 3.000 euros por colocar las mochilas-bomba del 11-M. Afirma que, tanto la mochila que no estalló, como la camioneta y un coche usados por los terroristas para llegar a la estación de Alcalá de Henares, son pruebas falsas.
Luis del Pino afirma que se ocultan las grabaciones de los terroristas en las estaciones, lo que parece indicar que los suicidas de Leganés no fueron los organizadores ni se habrían suicidado, sino que serían unos mercenarios a los que se les habría pagado 3.000 euros por colocar las mochilas-bomba del 11-M. Afirma que, tanto la mochila que no estalló, como la camioneta y un coche usados por los terroristas para llegar a la estación de Alcalá de Henares, son pruebas falsas.
Luis del Pino afirmó que las autopsias archivadas en el sumario revelaban que los cuerpos no tenían metralla, a diferencia de lo que sucedía en el explosivo de la citada mochila de Vallecas, que sí la tenía. Carmen Baladía (Directora del Instituto Anatómico Forense durante el 11-M) en una entrevista concedida a Luis del Pino en la que detallaba como coordinó y supervisó las labores de identficación y las autopsias de las víctimas, contestaba de esta manera a una de las preguntas sobre la metralla: Luis del Pino: "¿En los cuerpos de las víctimas del 11-M había metralla, clavos, tornillos?"Carmen Baladía: "Nada, nada en absoluto. De los 191 cuerpos solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico, que debía ser, lógicamente, de los trenes. Pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos."
En 2012 el fiscal del Estado Eduardo Torres-Dulce ordenó abrir una investigación al juez instructor Juan del Olmo por ocultar en el lugar donde trabajó la empresa que se encargó de la reparación o el desguace de los trenes restos de uno de ellos sobre los que, según la noticia, no se hizo "ningún estudio" o "en caso de que se hiciera se ha mantenido oculto". Tres meses después el caso era archivado porque los fiscales no apreciaron "ninguna actuación de ocultación o manipulación de los referidos restos" para hacer desaparecer pruebas. Los fiscales afirmaban que "todo se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que fueron informados en su momento".
La destrucción intencionada de las pruebas tiene como único objeto impedir la reapertura del caso, pero si todas estas obstrucciones a la investigación provienen del propio aparato del Estado, es a éste a quien señalan como responsable.
Aznar, Mayor Oreja y Maroto, entre otros, han presumido de su capacidad de negociación con etarras y batasunos, negociaciones que culpan las que también realizó el PSOE. El PP tiene en su haber más de 127 acuerdos en el Parlamento Vasco con Bildu, ha negociado con ETA el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas cuando aún la banda no había dejado de matar y ahora quiere hacer olvidar todo eso a la opinión pública con la ayuda de buena parte de la prensa publicada.
Los mismos populares que ocultan negociaciones con Bildu y con ETA aprovechan para señalar a un Gobierno que hace lo mismo. Sánchez fue nombrado por una coalición de bolivarianos e independentistas, no por las urnas.
Si bien el art. 62 de la Constitución prohíbe las amnistías, cuando otorga la facultad al Rey de “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales”, lo cierto es que un gran número de presos de ETA se ha beneficiado de ellas.
Con una falta absoluta de sinceridad, los presos etarras se pusieron de acuerdo para enviar cartas en las que pedían perdón (a su manera) a sus víctimas y familiares, "lamentando pero no condenando" el daño causado. El Gobierno socialista y después el popular hicieron como que se lo creían y los fueron poniendo en libertad poco a poco, para que no se dijese que se trataba de una amnistía encubierta.
El indulto no puede causar perjuicio a tercera persona ni lastimar sus derechos. Con carácter previo debe ser oída la parte ofendida, cuando el delito por el que hubiese sido condenado el reo fuere de los que solamente se persiguen a instancia de parte. Si se trata de un delito perseguible de oficio, la opinión de víctimas o perjudicados no impide la impunidad.
El pseudoindulto que se viene aplicando para la liberación de terroristas se confunde con la derogación de la llamada "doctrina Parot" con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2006 por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios, etc) se aplica respecto a la pena total y no respecto al máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el ya derogado Código Penal de 1973, es de 30 años.
Aunque el Tribunal Constitucional de España mantuvo un tiempo que la Justicia podía aplicar un doble cómputo de las penas para los etarras, en 2013 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió definitivamente que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que las reducciones de condena comenzaron a ser aplicadas sobre el máximo tiempo de permanencia en prisión legal permitido.
Dictada la sentencia del TEDH, el Gobierno de Rajoy procedió a la puesta en libertad inmediata de delincuentes con penas que superaban ampliamente los 30 años.
El propio Ministro del Interior y antes Juez de la Audiencia Nacional es uno de quienes olvidan a las víctimas de ETA, como le recordó certeramente la Abogada del Estado Macarena Olona, Diputada de VOX en el Congreso. El entonces Juez en Bilbao Grande-Marlaska acusó a un agente de la policía autónoma vasca que disparó al aire para evitar ser agredido por manifestantes de la organización ilegalizada Herri Batasuna.
Tanto cinismo asquea casi tanto como recordar las falaces palabras de quienes han enterrado a compañeros de partido y ahora se olvidan de lo que dijeron, como Patxi López.
Desde el primer momento del atentado de Las Ramblas el magistrado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, permitió una doble investigación sobre el atentado: una, en manos de los Mossos quienes, a pie de calle iniciaron las diligencias, y otra, en manos de la Unidad de Información de la Guardia Civil.
El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas, ha explicado que “quizá es hora de exigir responsabilidades penales a Colau por no haber adoptado esta medida de protección, que podría haber salvado muchas vidas”, refiriéndose a la negativa de Ada Colau a instalar bolardos en La Rambla de Barcelona, tal como había aconsejado el Ministerio de Interior después de que las autoridades españolas y los Mossos d’Esquadra recibieran una alerta de que existía un serio riesgo de atentado yihadista, concretamente en Las Ramblas de Barcelona. Pese a ello, la alcaldesa se negó afirmando que Barcelona es una ciudad segura.
Pese a ello, la alcaldesa Ada Colau ejerce la acusación contra los tres únicos procesados por los atentados del 17A, no descarta recuperar la acusación de asesinato durante el juicio, y junto a la Generalitat, respalda la petición de penas del fiscal, de hasta 44 años de prisión, y no acusa de delitos de asesinato a los tres procesados porque no participaron materialmente en los ataques que los otros miembros de la banda terrorista perpetraron en la Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona).
En la misma contraposición de intereses, la Generalitat pasa de largo por el hecho de que titular del Juzgado al que pertenece Alcanar consideró que existía la posibilidad de un atentado yihadista cuando observó que en la vivienda usada como centro de operaciones de los terroristas de Barcelona y Cambrils habían decenas de bombonas de butano. y apuntó en la inspección ocular tras la explosión en la casa de Alcanar que las bombonas “podían estar preparadas para un atentado”.
Los agentes de los Mossos d´Esquadra que se encontraban presentes en la vista de la jueza le contestaron: “Señoría, no exagere”, según las mismas fuentes. Los Mossos rechazaron la colaboración de la Guardia Civil, y en las tareas de desescombro se produjo una segunda explosión.
En la misma contraposición de intereses, la Generalitat pasa de largo por el hecho de que titular del Juzgado al que pertenece Alcanar consideró que existía la posibilidad de un atentado yihadista cuando observó que en la vivienda usada como centro de operaciones de los terroristas de Barcelona y Cambrils habían decenas de bombonas de butano. y apuntó en la inspección ocular tras la explosión en la casa de Alcanar que las bombonas “podían estar preparadas para un atentado”.
Los agentes de los Mossos d´Esquadra que se encontraban presentes en la vista de la jueza le contestaron: “Señoría, no exagere”, según las mismas fuentes. Los Mossos rechazaron la colaboración de la Guardia Civil, y en las tareas de desescombro se produjo una segunda explosión.
La jueza contó a sus superiores lo vivido tras los atentados. Los datos fueron analizados en una reunión a la que asistieron varios magistrados destinados en Cataluña. A la jueza Sonia Nuez Rivera “no le cuadraba” por el tipo de materiales encontrados en la vivienda que se tratara de un laboratorio de fabricación de drogas, como estimaron los Mossos.
La actuación de los Mossos en Alcanar ha provocado contundentes críticas por parte de guardias civiles y agentes de la Policía Nacional. En un comunicado, asociaciones de estos Cuerpos denunciaron que la Policía autonómica rechazó que los Tedax de la Guardia Civil entraran en la vivienda para investigar.
La asociación de víctimas de Pilar Manjón también está personada en la causa y pide la responsabilidad del Estado pero no la de Colau ni la del Ayuntamiento de Barcelona.
Colau ha defendido que se constituya una comisión de investigación en el Congreso para aclarar todas las dudas sobre el atentado: "Tenemos que saber toda la verdad sobre el 17-A. Lo merecemos como sociedad democrática y, en particular, las víctimas. Deben saber todos los detalles". Nos los dará el Juez Andreu, animado de sus simpatías.
Documentos recién desclasificados de la CIA fechados en 1984, indican que “Felipe González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas”. También se señala que esta operación podría cuestionar la Transición y “las credenciales democráticas del Gobierno español”.
La formación soberanista vasca, EHBildu, solicitó la comparecencia ante el Congreso del expresidente Felipe González para dar explicaciones sobre su relación con los GAL. Los letrados del Congreso se opusieron, ya que González no es actualmente diputado ni miembro del Gobierno, pero dejan abierta la puerta a una Comisión de Investigación sobre los GAL. No voy a repetirme sobre lo que ya he opinado en contra de toda manifestación del terrorismo en "Secreto bien guardado, el que a nadie se ha contado."
El citado caso del GAL es una hipócrita cortina de humo cuya finalidad no es esclarecer algo que todo el mundo sabe, sino obtener rédito mediático.
El terrorismo está orientado a generar un impacto mediático generalizado que se basa en el miedo, y las acciones que los gobiernos emprenden contra esa clase de terrorismo con métodos prohibidos por el derecho internacional, son terrorismo de Estado.
El terrorismo puede perseguirse en España por aplicación del Código Penal vigente en el momento de la comisión de los hechos, al ser norma más favorable al reo que el actual, pero también puede perseguirse en el extranjero al ser delito internacional. Si la Justicia española no lleva a cabo un juicio con las más mínimas garantías, habrá que acudir a otro Tribunal.
La Corte Penal Internacional (llamada también Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional permanente con sede en la ciudad de La Haya, como la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas.
La Corte Penal Internacional (llamada también Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional permanente con sede en la ciudad de La Haya, como la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas.
Su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad, éste último discutiblemente comprensivo de las acciones de los GAL, aunque sí podría abarcar matanzas indiscriminadas de civiles en actos de terrorismo de Estado.
El funcionamiento de la Corte se rige por una serie de normas y principios que lo transforman en un tribunal especial, con principios aplicables como son: el de complementariedad, por el que la Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal; el de imprescriptibilidad de éstos y el de que el cumplimiento del cargo no es eximente de responsabilidad penal.
Pero la investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se puede iniciar por remisión de un Estado Parte a la Corte de una situación particular; por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o de oficio por el Fiscal de la Corte.
En este caso es improbable que España pida juzgar a Felipe González y tampoco el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Estados Unidos tiene derecho de veto y se ha afirmado claramente en contra de esta jurisdicción. Por tanto, la única posibilidad sería que el Fiscal maneje los antecedentes que le faciliten y presente una acusación que sería revisada por la Cámara de Asuntos Preliminares. Si es procedente se acoge la acusación que pasa a ser conocida por la Cámara de Primera Instancia, donde se realiza el juicio. Una vez absuelto o condenado, tanto el Fiscal como el condenado en su caso, pueden apelar o casar ante la Cámara de Apelaciones.
Las penas que puede establecer la sentencia puede ser de prisión por un plazo no mayor de 30 años, o cadena perpetua, además de penas accesorias. Su cumplimiento se puede llevar a cabo en el país sede de la Corte (Holanda), o en otro, de acuerdo con los convenios que se puedan establecer entre la Corte y otros países.
