El PP ha rechazado la declaración de 'persona non grata' al líder de Vox, Santiago Abascal, por la Asamblea de Ceuta. "Estas reglas del juego no son del PP, siempre vamos a estar en contra de declarar "personas non gratas", de los señalamientos y de cordones sanitarios", afirma Andrea Levy Soler, presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, así como miembro del Comité de Dirección Nacional.
Según Levy, la declaración de "persona non grata" es "una herramienta absolutamente deleznable que utiliza la izquierda" como forma de expresar su "superioridad moral" para "echar al adversario político". Bien lo sabe la exdiputada en el Parlament de Cataluña por el PPC, que sufrió allí similar discriminación.
La Asamblea de Ceuta declaró por mayoría "persona non grata" a Abascal por las declaraciones que hizo en la ciudad autónoma durante las dos visitas que realizó en una semana tras la crisis fronteriza de mediados de mayo.
"Persona non grata" significa literalmente persona no bienvenida. Es un término utilizado en diplomacia con un significado legal específico. Suele aplicarse generalmente a personas extranjeras a las cuales se les prohíbe el acceso a un país por orden de su gobierno.
De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, artículo 9, un Estado puede "en cualquier momento, y sin tener que explicar su decisión" declarar a cualquier persona de un cuerpo diplomático persona non grata. Una persona así declarada es considerada inaceptable y normalmente es requerida por su país de origen para que regrese. Si no regresa, el Estado "puede rechazar reconocer a la persona en cuestión como miembro de la misión."
La calificación de persona non grata por parte del gobierno, o del Estado, de un país a alguno, varios o todos los integrantes de una legación diplomática de otro país suele ser que la acusación de persona non grata esté señalando un estado de tensión diplomática entre los gobiernos y o estados en cuestión, o cuando algún integrante de la legación diplomática extranjera es acusado de espionaje u otras actividades que menoscaben la soberanía o protagonicen injerencia en los asuntos internos, cometa faltas, contravenciones o delitos en el país anfitrión.
En un uso no diplomático, calificar a alguien como «persona non grata» no tiene ninguna consecuencia jurídica, inclusive cuando quien se pronuncia en tal sentido es una Administración Pública, por lo que tan solo significa que la «persona non grata» no resulta del agrado de los miembros del órgano que optaron por tal distinción.
En el Código Penal, sin embargo, en su CAPÍTULO IV (DE LOS DELITOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS) regula los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
Su artículo 510 se refiere a los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos de ideología, religión o creencias. Serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
Vox ha sufrido la calumnia, la discriminación, el odio y la violencia en muchos de sus actos públicos, ante la inacción o colaboración pasiva de las autoridades. Y del marchito grupillo de los afines a Pablo Casado, que ha querido marginar a Vox por rivalidad política, en lugar de buscar un punto de encuentro.
En busca del bipartidismo perdido, Casado se ha plegado ante el PSOE y el Ciudadanos de Arrimadas, estancando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones donde esconde sus títeres. Tanto mejor para Vox y los que quieran unirse.
