La capacidad del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas para adelantarse a su tiempo es proverbial. Ahora, hemos conocido cómo veía a Jordi Pujol y sus sospechas sobre sus negocios turbios. Lo ha contado Julio Merino, director del histórico Diario de Barcelona en un artículo de 1980 titulado La profecía de Tarradellas, en el que narra su conversación con Tarradellas y el análisis que hacía de los candidatos en aquellas primeras elecciones catalanas tras el fin de la dictadura.
“Le he dejado para el final a quien según dicen todos va a ganar si usted no se presenta, me refiero al señor Pujol ¿qué opina usted de don Jordi?”, le preguntó Merino. A lo que Tarradellas, tras ponerse de pie y con las manos en la mesa, soltó: “Señor Merino, yo de enanos y corruptos no hablo”.
Cuando el periodista quiso profundizar más al respecto, Tarradellas le habló del caso Banca Catalana y sacó una carpeta verde de su mesa: “Esto no son rumores, esto son hechos... Esa banca será la tumba política del señor Pujol... Y puede que algo más el día que las cosas lleguen a mano de los jueces. 20.000 millones desaparecidos son muchos millones y los primeros responsables son la familia Pujol. Este asunto traerá cola, mucha cola, porque además ya está en ello la Fiscalía anticorrupción”.
Tarradellas incluso se atrevió a vaticinar lo que pasaría cuando a Pujol se le acusase de corrupción: “Conociendo al personaje, yo lo tengo claro. Luchará y pactará hasta con el diablo para ser president, porque ahí espera tener su mejor escudo. Mire, amigo mío, este hombre en cuanto estalle el escándalo de su banco se liará la estelada a su cuerpo y se hará víctima del centralismo de Madrid... Ya lo estoy viendo: ‘Catalans, España nos roba... No nos dan ni la mitad de lo que nosotros les damos y además pisotean nuestra lengua... Catalans, ¡Visca Catalunya!’. Sí, esa será su política en cuanto llegue a la Presidencia, el victimismo y el nacionalismo a ultranza”.
El expresidente de la Generalitat no pudo por más que recordar el incidente con Jordi Pujol cuando volvió del exilio y desde el balcón de la sede de la Generalitat dijo su mítica frase de “Ja sóc aquí”. “Pero antes dije ‘ciutadans de Catalunya’, lo que ese señor del que hemos hablado me criticó, porque, según él, tenía que haber dicho ‘catalans’ y no ‘ciutadans’. Y eso porque yo entendía que el president tenía que serlo de todos, los de dentro y fuese cuál fue su ideología, y los de fuera, viniesen de donde viniesen”.
De hecho, como contó EL PLURAL, Tarradellas, ya demostró sus dotes adivinatorias en 1981, con un incidente similar a este descrito. Se lo contó en una carta privada al director de La Vanguardia que no se publicó hasta pasadas varias semanas del 23-F.
Tarradellas empezaba su carta recordando el momento en que el Gobierno le encargó dar traslado del cargo de president de la Generalitat a Pujol, cuando propuso despedirse con un discurso en el que acabara diciendo Viva España, Visça Catalunya, “pero con gran sorpresa por mi parte no fue aceptada”, porque Pujol “solamente quería tener presente a Cataluña, pero para mí esto era inaceptable: eran ambos pueblos los que debía ir unidos en sus anhelos comunes”.
“Manifesté que se había roto una etapa que había comenzado con esplendor, confianza e ilusión el 24 de octubre de 1977, y que tenía el presentimiento de que iba a iniciarse otra que nos conduciría a la ruptura de los vínculos de comprensión, buen entendimiento y acuerdos constantes que durante el mandato habían existido entre Cataluña y el Gobierno de España", premonizaba Tarradellas.
“Hemos visto como Jordi Pujol y los suyos se han forrado a costa de Cataluña para reclamar a continuación la independencia y lanzar exabruptos contra el resto del país que hacen suyos el actual Govern compuesto por partidos que aportan discrepancia y tensión”.
Tarradellas señalaba que “todo lo que ahora nos separa, porque nuestro país es demasiado pequeño para que desprecie a ninguno de sus hijos y lo bastante grande para que quepamos todos”. Y deseaba que “ojalá sus palabras lleguen a los oídos interesados en resolver las diferencias y se extienda como el aceite la sensatez y la solidaridad”.
Lamentablemente, en eso Tarradellas se equivocó, porque el Caso Banca Catalana se cerró por falta de pruebas, aunque formaba parte de una extensa red de bancos y empresas que, tarde o temprano, suspendían pagos, quebraban o eran vendidas.
Como explicaban los periodistas FRANCESC BAIGES, ENRIC GONZÁLEZ y JAUME REIXACH, en su libro "BANCA CATALANA. Más que un banco. Más que una crisis" (Plaza & Janés editores, S.A., 1985":
«Cuando repaso las cosas que he hecho bien y mal, desde hace veinte años, me encuentro siempre con una que ha sido uno de mis grandes orgullos, y a la vez una herida abierta en la que muchos se han dedicado a echar vinagre. Me encuentro con el hecho de haber contribuido un poco -de hecho, sólo un poco- a recrear la fuerza económica de nuestro país (...) No aspiro a hacerme entender, o a hacerme perdonar el éxito, por parte de quienes siempre me atacarán porque por razones políticas, o por lo que sea, aspiran a erosionar mi imagen." Jordi Pujol escribió estas líneas en mayo de 1978, dentro de un texto destinado a prologar una edición de sus antiguos escritos de prisión. Pujol siempre se sintió perseguido por determinados adversarios. El 19 de mayo de 1984 creyó ver confirmadas, una vez más, sus sospechas. Ese día el periódico madrileño El País anunciaba en portada una "INMINENTE QUERELLA DEL FISCAL DEL ESTADO CONTRA JORDI PUJOL Y OTROS RESPONSABLES DE BANCA CATALANA".
Pujol leyó la noticia mientras viajaba en el coche oficial que, en la parte delantera, exhibía el banderín cuatribarrado de la Presidencia de la Gmeralitat. Resultó sorprendido, pero no extrañado.
Desde el clamoroso triunfo que había obtenido en las elecciones del último domingo de ab;ril, desconfiaba profundamente de las investigaciones que realizaban dos fiscales de la Audiencia barcelonesa. José María Mena Alvarez y Carlos Jiménez Villarejo.
Tras el desastre de Banca Catalana, las autoridades monetarias habían señalado que remitirían la documentación necesaria a la Fiscalía General del Estado, por si se detectaban indicios de delito en el asunto. Pero eso era algo que venía haciéndose con todas las crisis bancarias, sin ninguna consecuencia salvo en casos muy flagrantes. Más tarde empezaron a circular rumores acerca de una hipotética querella contra ex administradores de Catalana, pero los nombres barajados como posibles querellados habían sido siempre los de los ex presidentes Jaume Camer y Raimon Carrasco, el eterno secretario Francesc Cabana y el último director general del grupo, Esteve Renom. En realidad, y hasta ese momento, las alusiones a este asunto se hicieron siempre de forma genérica. Bien cuando los accionistas votaron en contra de la petición de responsabilidades, bien cuando los abogados Piqué Vidal y Rodríguez Vives de la Hinojosa intentaban que los antiguos administradores fueran exonerados de toda culpa.
El anuncio de la querella, efectuado a través de un periódico, El Paìs, identificado desde algunos sectores como un portavoz oficioso del Gobierno, no provino esta vez de una oportuna filtración desde altos niveles políticos. En realidad, fueron los propios fiscales barceloneses quienes, involuntariamente, facilitaron a un redactor de El Pais la información que puso en en estado de alerta a la nación. Tras su última reunión con el fiscal general del Estado y varios magistrados del Tribunal Supremo para perfilar la querella, Mena y Jiménez Villarejo se dirigieron junto a otros compañeros de carrera y de promoción a un bar llamado «El Timón» muy cercano a la fiscalía madrileña. Allí comentaron, en grupo, las incidencias de la reunión. Entre el bastante numeroso grupo estaba casualmente un periodista que inmediatamente llevó a su rotativo la valiosa información.
La información de El Pais desvaneció las dudas de algunos políticos de la izquierda, como Rafael Ribó. Ribó, comunista catalán y hermano del Xavier Ribó del BIM, había expresado su temor de que la venta al «pool» significara «que no se exigirá responsabilidades por la gestión del grupo bancario, por lo que objetivamente coinciden los planteamientos del Gobierno con los del nacionalismo conservador de Pujol». Nada más lejos de la realidad esto último: Convergencia y PSOE no coincidieron jamás en sus planteamientos sobre Banca Catalana.
El debate que siguió a la intervención del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, en la Comisión de Economía del Congreso, el diputado aliancista José Ramón Lasuén tildó de «improvisación, imprudencia e incapacidad» las características del antiguo equipo de Banca Catalana. Y cónsideró imprescindible que el Gobierno y el Banco de. España explicaran las razones por las que se había llegado al desastre, que situó en marzo .de 1982. En su respuesta a Lasuéri, Boyer explicó que «en la carta del 19 de mayo, por la cual comuniqué al gobernador del Banco de España la decisión del Gobierno el día anterior, le pedí que me transmitiera .los antecedentes que. pudiera reunir el Banco de España sobre la evolución del Banco, y que estos antecedentes, naturalmente, como dije antes, fueran .puestos a disposición de los fiscales. Y, por otra parte, el Banco instruirá un expediente por las responsabilidades administrativas. Es la misma actuación que hemos seguido en otros casos: el Gobierno tiene indicios de irregularidad.es de todo orden en este grupo bancario, y naturalmente no es misión del Gobierno depurar esas responsabilidades, sino que es la de comunicar todos los antecedentes que le transmita el Banco de España cuando éste haya completado los expedientes sobre la materia». A principios de noviembre, Miguel Boyer volvió a señalar: «El Gobierno tiene que cumplir con la legislación vigente; por ello, hemos enviado a los fiscales todos los expedientes de los Bancos donde encontramos presuntos delitos. Se ha hecho con los Bancos de Descuento y Levante, se hará con Banca Catalana y, naturalmente, con "Rumasa".
A finales de noviembre los servicios jurídicos del Banco de España remitieron un primer informe. En él se hablaba de falsedad documental y de maquinación .para alterar el precio de las acciones de las compañías afectadas por los balances. En el anexo, los técnicos del Banco de España echaban en falta la vigencia del aún en proyecto delito de administración fraudulenta, ya que según se indicaba, "podría constituir el modelo más idóneo para encuadrar el conjunto de comportamientos que han determinado la grave crisis económica y jurídica tanto del Grupo Banca Catalana como de las empresas afectadas al mismo".
Pese a que en las relaciones de consejeros.adjuntas al documento figuraba el nombre de Jordi Pujol, éste quedaba al margen de cualquier acción penal, ya. que los delitos señalados prescribían a los cinco años y Pujol había causado baja en el consejo de administración de Banca Catalana con fecha de marzo de 1977, aunque conservara poderes consignados en el Registro Mercantil de Barcelona junto a Antoni Rosell (* posteriormente el mecenas de Omnium Cultural), Josep Andreu y Jaume Carner, hasta febrero de 1979.
El Gobierno, en esos momentos, titubeaba. Había posiciones no enfrentadas pero sí divergentes en el Consejo de Ministros sobre la solución de aquel espinoso asunto. Se pretendió que fuera el propio Banco de España quien asumiera la responsabilidad de remitir directamente los informes a la Fiscalía General del Estado, para que ésta asumiera una decisión sin que el Gobierno interviniera en el proceso. Pero el Ministerio de Justicia no podía soslayar una cuestión de tal envergadura. Los técnicos ministeriales estudiaron a fondo el material suministrado por el Banco de España y llegaron a la conclusión de que lo más acertado sería abrir una investigación y convocar a los afectados. Con ello se evitatja el «shock» político que había de suponer la presencia de Jordi Pujol al frente de una lista de querellados. Pero las cosas tomaron otro rumbo.
El primer día de marzo de 1984 toda la documentación estaba ya en manos de Luis Antonio Burón Barba, fiscal general del Estado. Dos días más tarde, Burón declaró: «Con toda probabilidad, antiguos consejeros de Banca Catalana serán acusados por el Ministerio Fiscal, al menos, por delito de falsedad en documento público. Esta actuación fiscal podrá tramitarse bien con unas primeras diligencias, bien directamente mediante una querella..» Burón no descartaba tampoco la posible comisión de apropiaciones indebidas. Existía, según el fiscal general, una doble contabilidad o Caja B. «Esto es lo más claro -afirmaba-y así lo ha apreciado el propio Banco. De ahí pueden deducirse estafas o fraudes; puede que las falsedades encubran apropiaciones indebidas, pero no podemos determinarlo todavía, y eso será objeto de investigación. En principio, iniciaremos las acciones por falsedad, pero si surgieran otros aspectos se ampliaría la acusación.»
Paralelamente, seguía en marcha el expediente disciplinario que seguia el Banco de España, con las acusaciones de «doble contabilidad», «pago de .extratipos» «falta de veracidad en los balances, «tenencia de acciones sin autorización». Ese expediente, sin embargo, sólo alcanzaba a la posible exclusión de los expedientes del Registro Oficial de Altos Cargos de la Banca.
Alejandro Sanvicente, fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, fue el encargado de designar los fiscales que llevarían adelante las investigaciones. Sanvicente obró, como quiso resaltar en una nota, «siempre según las instrucciones del fiscal general del Estado», al que debía obedecer por la disciplina interna del Ministerio Fiscal. El fiscal jefe no tenía muchas alternativas a la hora de nombrar a los encargados del asunto Catalana. Estaba decidido a que fueran dos personas, y no una sola, dado el volumen de trabajo que generaría la investigación. Y quería que se tratara de fiscales con experiencia suficiente, por lo complejo e intrincado de la tarea. En la lista de fiscales adscritos a la Audiencia barcelonesa, ordenada según la antigüedad, figuraba en primer 1ugar un fiscal que sufría una grave enfermedad. Le seguía Alejandro del Toro. Tampoco pareció conveniente que se encargara del caso. En tercer y cuarto lugar estaban Jiménez Villarejo y Mena. El quinto fiscal estaba totalmente absorbido por su investigación en torno al fraude a la Seguridad Social descubierto en Barcelona. Los siguientes fiscales eran ya mucho más jovenes que los cinco primeros. Sanvicente optó por José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, dos hombres muy progresistas que habían estado vinculados al PSUC y a los movimientos cristianos marxistas durante el franquismo. Ambos estaban plenamente enraizados en Catalunya, hasta el punto de no haber aceptado traslados que les hubieran supuesto ascensos, y habían formado parte de la lucha en favor de las libertades catalanas. Estaban considerados también, especialmente Mena, dos fiscales «duros».
Ante el asombro de los assores del Ministerio de Justicia, los fiscales se enzarzaron en una intensa labor de recopilación de datos y documentos, en colaboración con dos técnicos solicitados al Banco de España, lo que desvirtuó la posibilidad de tramitar unas primeras diligencias. Para ello habrían bastado un par de folios, pero Mena y Jiménez Villarejo prefirieron presentar una querella terminada y cerrada de quince folios, acpmpañada de un anexo documental que alcanzaba los 8.000 folios. Otra fiscal de la Audiencia, Carmen Tagle (* posteriormente asesinada por ETA), colaboró con ellos en el exhaustivo repaso de jurisprudencia. Conforme adelantaba el trabajo y aparecían nuevas pistas, otros fiscales aportaron también su ayuda.
Cinco días antes de que se celebraran las elecciones autonómicas catalanas, los fiscales tenían ya un borrador de la querella.
A falta de algunos documentos y de algunos detalles, ya existía una lista de veinticinco querellados. Era la siguiente:
Jaume Camer Suñol, Francesc Cabana Vancells, Raimon Carrasco Azemar, Jordi Pujol Soley, Joan Martí Mercadal, Andreu Ribera Rovira, Martí Rosell Barbé, Olegari Soldevila Godó, Josep Lluís Vilaseca Guasch, Manuel Ingla Torra, Delfí Mateu Sayas, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas Bertrán, Salvador Casanovas Martí, Joan Baptista Cendrós Carbonell, Joan Millet Tusell, Ramón Miquel Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Antoni Moragas Gallisa, Víctor Sagi Casamitjana, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arna, Pere Messeguer Miranda y Ramón Monforte Navalón.
Se acusaba a todos ellos de apropiación indebida en los distintos grados de autor material, colaborador necesario o cómplice, por s actuación en el consejo de administración de Banca Catalana entre 1974 y 1977. Fuera del reducido mundo de la Fiscalía no se conocía, sin embargo, aquella bomba. La campaña electoral se cerró por parte socialista con una intervención del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, quien afirmó con su habitual virulencia que Jordi Pujol había escapado «por los pelos» de la querella, ya que sus presuntos delitos habían prescrito. Pero Pujol desconfiaba, y se puso en contacto con Antoni Gutiérrez, secretario general de los comunistas catalanes. Gutiérrez, pese a su amistad y su proximidad ideológica con los fiscales, no sabía gran cosa. Sólo pudo garantizar a Jordi Pujol que los comunistas no utilizarían el «affaire» para atacarle en sus mítines.
La brillante victoria electoral de Jordi Pujol resultó empañada pór la espada de Damocles que suponía la querella. Sólo el propio Pujol, sin embargo, debía tener presente el problema aquella noche. Militantes y simpatizantes de Convergencia i Unió, la candidatura triunfante, se lanzaron a una celebración callejera exultante durante la cual Marta Ferrusola, la esposa de Pujol, llegó a ser vitoreada oon gritos de «eso es una mujer». Jordi Pujol recordó en esos instantes, probablemente, el informe del Banco de España de noviembre de 1983 que Felipe González le hizo llevar personal mente por un funcionario de la Moncloa, Angel Platón, dos días después de la entrevista que ambos mantuvieron en Madrid. En ese informe, tal como le había adelantado el presidente del Gobierno, Pujol era exculpado.
Pero los fiscales trabajaban a ritmo acelerado. El 19 de mayo, cuando El Pals informó del contenido de la querella, la tenían prácticamente lista. El fiscal general del Estado había dado su visto bueno y los pequeños detalles pendientes se resolvieron en los días siguientes. El texto definitivo de la querella fue fechado el día 22 de mayo de 1984. El día siguiente, 23 de mayo, amaneció soleado en toda Catalunya pero con enorme tensión ambiental en todos los medios políticos y económicos. Los dos hombres de confianza de Jordi Pujol en el asunto de la querella, su secretario Lluís Prenafeta y su abogado Joan Piqué Vidal, tenían ya diseñada la que había de ser postura oficial de la Generalitat , de Convergencia y del propio Pujol ante la presentación de aquélla en los juzgados. El resto de los afectados por la querella se mostraban confiados. De hecho, la presencia de Pujol entre los querellados confería al asunto un inevitable cariz político, del que hubiera carecido si sólo se hubiera inculpado al grupito de ex consejeros inicialmente rumoreado. En todos los partidos políticos, centrales sindicales e instituciones estaban a punto las notas que debían emitirse por la tarde. La inmensa mayoría de ellas reiteraban el respeto hacia Pujol como presidente de la Generalitat de Catalunya, al margen de las consecuencias del proceso judicial que aquel día había de iniciarse.
Unos minutos después del mediodía, los fiscales abandonaron su oficina, contigua al inmenso salón "de los pasos perdidos" del Palacio de la Audiencia, cruzaron varios corredores y salones de altísimos techos, flanqueados por los andamios de los restauradores del edificio, y depositaron el texto de la querella en el registro de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Banca Catalana dejó de ser, en ese momento, alo más que un Banco o la historia de una crisis financiera. Banca Catalana se convirtió con la querella en mucho, muchísimo más que un proceso judicial."
Tal y como ya dije en el blog, Pujol ha tenido siempre muy buenos contactos que le han dado una impunidad indiscutible.
El Pacto del Majestic fue un pacto firmado tras las elecciones generales de 1996 entre el Partido Popular y Convergència i Unió según el cual el partido de Jordi Pujol daba apoyo a la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno a cambio de darle más competencias a Cataluña y del apoyo del PP a CiU en Cataluña. La legislatura duraría los 4 años legalmente establecidos hasta el año 2000.
El pacto era el resultado de dos meses de negociaciones donde tuvo un papel clave una cena el 28 de abril de 1996 en el Hotel Majestic del paseo de Gracia de Barcelona. Como resultado de este pacto, CiU tomaba el compromiso de apoyar la investidura de Aznar como presidente y se acordaba el desarrollo de la financiación autonómica, ya iniciado en la etapa socialista, además del traspaso de nuevas competencias a Cataluña en materia de policía de tráfico.
Como resultado de este pacto, el 4 de mayo de 1996 Aznar fue investido presidente del Gobierno por mayoría absoluta en la primera votación gracias a los votos de CiU, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria.
Cuando Aznar necesitó apoyarse en los votos de CIU de Pujol quién intermedió fue el Rey que antes había puesto las condiciones a Aznar de su gobierno y ministros para controlarlos. Juan Carlos no solo nombraba ministros, también colocaba y ordenaba en grandes empresas quienes dirigían, como Monzón en Indra o Prisa, y quiénes y cómo repartían.
En el grupo Prisa, de Polanco a Cebrian, las grandes decisiones se han tomado en Zarzuela. El Confidencial se atrevió a escribir que el rey tenía acciones hasta que desapareció esa información.
Roures es quien es gracias a Juan Carlos y amigos qataries dueños de AlJazeera. Jaume Roures ha repetido en un par de ocasiones que "ganamos la licencia en un concurso". Esto no es del todo así: es cierto en caso del canal digital, pero Roures no dice que el analógico se les concedió a dedo.
Cuando se implantó el TDT en España, era secretario de Comunicación Miguel Barroso, amigo personal de ZP, que ejerció el cargo desde abril de 2004 a septiembre de 2005 y era amigo de algunos promotores de La Sexta, como Contreras o Roures. La Sexta, canal patrocinado por Zapatero, tenía como socio principal a Juan Abelló, el financiero e íntimo de Juan Carlos.
El financiero Juan Abelló siempre ha sido considerado uno de los más próximos al Rey emérito y al Partido Popular. Así que, aunque ya había firmado el acuerdo por el que entraba en el capital de Imagina (Globomedia y Mediapro, José Miguel Contreras y Jaume Roures: La Sexta) decidió hablar con José María Aznar, quien le dijo: "Es tu decisión Juan, yo en eso no debo entrometerme".
Juan Abelló es el principal exportador español de cannabis, con fines "médicos y recreativos", después de vender su parte en uno de los mayores productores de morfina.
Abelló fue socio de Mario Conde cuando vendieron Antibióticos a Montedison, y compraron, con permiso, Banesto. Mario Conde se convirtió en banquero de Juan Carlos I y pagaba a CIU siguiendo instrucciones de Roca Junyent, quien más tarde y casualmente fue abogado de la infanta Cristina en el caso Noos.
Los servicios jurídicos del Estado, en un primer escrito, pidieron una pena de 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, así como de 17 años y medio para su ex mujer y 4 para Josep, por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsificación en documento mercantil y frustración a la ejecución, exonerando al resto de la familia.
Anticorrupción pedía nueve años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para su primogénito por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública e incluso de frustración de la ejecución.
Marta Ferrusola, no llegará a juicio después de que la Audiencia Nacional haya acordado el sobreseimiento por motivos de salud, y respecto a Pujol Soley, tampoco hay imputación, sin duda por lo ya dicho, pese que el Juez dijo que la familia constituía organización criminal.
"Jordi Pujol Soley acordó con su cónyuge, Marta Ferrusola, que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus hijos", sostiene Anticorrupción. "El acusado Jordi Pujol Soley aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC". A esto se añade que "el patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo", labores en las que intervinieron otros miembros de la familia "de manera coordinada a lo largo de muchos años". Según explica Anticorrupción, los padres dirigían las operaciones; el primogénito, su mujer y su hermano Josep gestionaban la actividad, y el resto se beneficiaba "directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación". Todo ello mediante "paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo".
En cuanto los diez empresarios implicados en la trama delictiva, Anticorrupción les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil, con lo que pide cinco años de cárcel para ellos y multas que en el caso más alto roza los 50 millones de euros.
Parte de los hechos investigados coincidieron con la etapa de Pujol como presidente catalán entre 1980 y 2003, tiempo en el que dirigió las actividades de la familia junto a su mujer, la “madre superiora de la congregación”. Pese a ello, el auto de procesamiento ya apuntaba a su hijo Jordi Pujol Ferrusola, "el capellán de la parroquia", como el supuesto responsable de la dirección del clan y era el encargado de dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas de cada hermano: Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia.
Salvo en el caso de Josep, para el que pidió 14 años de cárcel, Anticorrupción pidió ocho años de cárcel para todos ellos. Pero de entonces a ahora, toda la familia se salva de la acusación, menos Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés, para la que la Fiscalía solicita 17 años de cárcel.
Quitar codicia, no añadir dinero,
hace ricos los hombres, casimiro:
puedes arder en púrpura de tiro
y no alcanzar descanso verdadero.
Señor te llamas; yo te considero,
cuando el hombre interior que vives miro,
esclavo de las ansias y el suspiro,
y de tus propias culpas prisionero.
Al asiento del alma suba el oro;
no al sepulcro del oro l'alme baje,
ni le compita a dios su precio al lodo.
Descifra las mentiras del tesoro;
pues falta (y es del cielo este lenguaje)
al pobre, mucho; y al avaro, todo.
