Un magistrado jubilado fue condenado en 2.018 a pagar 50.000 euros por publicar el siguiente poema satírico, en la revista de una asociación profesional de jueces que también fue condenada a pagar 20.000 euros":
"DE MONJAS A DIPUTADAS"
"Cuentan que en españa un rey
de apetitos inconstantes
cuyo capricho era ley
enviaba a sus amantes
hacer de un convento grey
hoy los tiempos han cambiado
y el amado timonel
en cuanto las ha dejado
no van a un convento cruel
sino a un escaño elevado
la diputada Montero
ex pareja del "coleta"
ya no está en el candelero
por una inquieta bragueta
va con Tania al gallinero".
Recurrida la sentencia ante la Audiencia de Madrid, este tribunal no advirtió una intromisión en el derecho al honor, por lo que anuló la sentencia de primera instancia que consideró que el poema “erosionó” la dignidad de Irene Montero al suponer “un ultraje y ofensa” a ella “como persona y mujer”. Ésta recurrió ante el Supremo.
Éste Tribunal rechazó el recurso de la ministra de Igualdad contra la sentencia que anuló una indemnización de 70.000 euros por intromisión en su imagen defendiendo que el poema está amparado por la libertad de expresión, y subrayando que “la crítica satírica a la situación a que se refiere el escrito litigioso debe ser soportada por el cargo público afectado”.
Pero para la Sala, el debate debe centrarse en los límites que pueden imponerse a la libertad de expresión en una sociedad democrática, por lo que lo relevante del texto es la referencia a “su relación personal con el secretario general del partido”. “La cuestión de las designaciones en los partidos políticos es de interés general”, aunque le resulte “molesto” a Irene Montero, “y el texto litigioso expresa una opinión, no está informando de hechos”, concluye.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas dice, en el artículo 19 que "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección."
El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
La entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, condenado a nueve meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía, sigue enfrentando opiniones sobre dónde está el límite de la libertad de expresión. La justicia, en este caso, deniega por las razones anteriores el derecho a manifestar las opiniones del cantante.
Sin embargo, obviando los escraches de la izquierda y su abuso de la libertad de expresión, está pendiente de recurso al Constitucional el ingreso en prisión de 10 condenados por entrar en barahúnda al centro cultural Blanquerna en un acto de celebración de la Diada en Madrid en 2013.
Los condenados por el "asalto" al centro cultural Blanquerna en 2013 han evitado "in extremis" el ingreso en prisión, que ha quedado suspendido por la Audiencia de Madrid tras la presentación de un nuevo recurso de amparo ante el Constitucional en la madrugada de este jueves. Es la segunda vez en que 10 de los 14 alborotadores de la librería vinculada a la representación de la Generalitat de Cataluña en Madrid, consiguen eludir el inicio del cumplimiento de las penas; las primeras, impuestas hace más de cinco años. De los cuatro restantes, dos están en busca y captura, y otros dos pendientes de que se resuelva su indulto.
El grupo irrumpió en el salón de actos entre gritos de “no nos engañan, Cataluña es España”, y se abrieron paso a empujones a varios asistentes, entre los que se encontraban algunos diputados y el delegado de la Generalitat, que se hallaba en el uso de la palabra. Tiraron al suelo el atril y causaron leves daños materiales.
La Audiencia Provincial de Madrid condenó a los asaltantes en febrero de 2016 en una primera sentencia por delitos de desórdenes públicos y daños, y les impuso penas que oscilaban entre los seis y los ocho meses de prisión. Luego, planteado un recurso de casación ante el Supremo, la Sala Penal elevó las condenas hasta los cuatro años de prisión, al estimar como agravantes que habían actuado movidos por discriminación ideológica.
Los condenados recurrieron entonces al Constitucional, que a finales de 2017 suspendió por primera vez su ingreso en prisión hasta que decidiera sobre el recurso de amparo que habían presentado. Se consideró que, si al final se concedía el amparo, el recurso habría perdido sus efectos en caso de que ya estuvieran cumpliendo la condena.
Casi tres años más tarde, en enero de 2020, el Constitucional dictó una sentencia en la que estimaba que el Supremo vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva. El tribunal de garantías consideró que esa vulneración de derechos fundamentales se produjo al elevarse la pena inicialmente impuesta sin que los condenados hubieran sido oídos por la Sala Penal en la vista del recurso.
El siguiente paso lo dio el Supremo, que en julio del pasado año reformuló la condena a los componentes del grupo, y situó las penas entre los dos años y siete meses y los dos años y ocho meses para los dos implicados que habían liderado los hechos. Esta segunda condena es la que ahora iba a empezar a ejecutarse.
La Audiencia de Madrid, sin embargo, suspendió en el último momento la orden de ingreso en prisión a la vista de que 10 de los asaltantes han recurrido nuevamente al Constitucional frente a esta segunda condena. El Supremo informa en contra de conceder el indulto a siete de los condenados por el 'caso Blanquerna.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha informado en contra de conceder el indulto a siete de los condenados por asaltar el Centro Cultural Blanquerna en Madrid --perteneciente a la Generalitat de Cataluña-- durante la celebración de la Diada de 2013. Precisamente, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha requerido a diez de los condenados para que recojan del 25 al 29 de noviembre su mandamiento de ingreso voluntario en prisión.
El Supremo informa en contra de conceder el indulto a siete de los condenados por el 'caso Blanquerna'
La decisión del Supremo se conoce después de que la Audiencia madrileña lanzara el requerimiento tras saberse que el Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo que motivaba la suspensión de la ejecución de la pena el pasado mes de abril. Ese tribunal remitió también oficio al TS para que aclarara la situación del informe de indulto con respecto a dos de ellos.
Podemos mantiene el máximo secretismo sobre su contabilidad desde 2018, después de la consulta sobre el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero que sacudió la formación. Las únicas cifras oficiales disponibles se remontan a 2017, cuando el partido recaudó 5,2 millones de euros entre donaciones de “grupos institucionales” y de los cargos públicos.
La Caja de Resistencia de Podemos, también conocida como “caja de solidaridad”, es el instrumento que el partido morado quiere reactivar para “tejer procesos de construcción popular”, destinando el 15% de las donaciones de cargos del partido a ese fin.
El partido morado obliga a todos sus cargos (políticos, asistentes y asesores) a entregar al partido la parte salarial que excedente la suma de tres salarios mínimos interprofesionales (39.000 euros brutos). El sueldo de cada ministro raso es de unos 73.000 euros anuales, mientras que un director general puede cobrar entre 60.000 euros y 100.000 euros. Los asesores parlamentarios y ministeriales reciben entre 50.000 y 70.000 euros. Solo entre ministerios y vicepresidencia, el número de asesores ascenderá a unos 50. A ellos hay que añadir los asistentes parlamentarios y los altos cargos administrativos
Las proyecciones apuntan a al menos un millón de euros por la recaudación de cargos altos e intermedios. El partido morado ya tiene abierta una cuenta en el banco Caja de Ingenieros sobre la cual existe la máxima confidencialidad. Hasta finales de 2018 alcanzaba los 400.000 euros. El reglamento plantea que todos los datos se publiquen en el portal de transparencia de Podemos, aunque no lo hacen.
El portal de la Transparencia de la Administración General del Estado ha publicado las Declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Consejo de Ministros, de las cuales se desprende que el matrimonio putativo que dirige Podemos triplica los bienes que posee el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El ex secretario general de Podemos en Madrid Ramón Espinar ha apuntado que tanto Pablo Iglesias como Irene Montero deben explicar su incremento de patrimonio desde que entraron en política. "Forma parte del juego democrático que, si tu líder entra en política en 2014 con 45.000 euros y sale en 2021 con un patrimonio de 800.000, te pregunten por eso", ha apuntado en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. "Irene Montero entró en política con 6.000 euros en la cuenta. Hoy declara otros 800.000 euros", ha añadido.
Unas cifras que han logrado a pesar de tener que haber donado parte del sueldo conforme a las bases que ellos mismos establecieron en su partido. Desde que entraron en las instituciones, Podemos estableció un sueldo máximo para sus miembros que equivale a tres veces el salario mínimo y el resto debe ser donado. Con estas cifras, es difícil averiguar cómo han alcanzado obtener un patrimonio de más de un millón de euros.
Incluso, sin haber donado nada, y con salarios de 6.500 euros cada uno, hubieran llegado a ganar la cifra de 624 mil euros, volviendo a incidir, que sin gastar nada, estarían aun muy lejos de alcanzar el más de millón de euros que han declarado. Este incremento patrimonial sin explicación es parte de lo que se está investigando en la actualidad, y por lo que Pablo Iglesias podría haber salido del Gobierno.
El Parlamento Europeo ha aprobado por mayoría exigir a Bolivia que reabra la investigación del caso Neurona, por corrupción de la consultora latinoamericana después de haber sido archivada cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, volvió al poder tras las últimas elecciones.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez del caso Neurona, que reabra la investigación en torno al uso de los fondos de la llamada caja de solidaridad de Podemos por presunta administración desleal. El magistrado había archivado esta parte al no hallar indicios de delito. Es la caja a la que destinaban parte de sus sueldos los dirigentes de la formación liderada por el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
“Esta Sala ha estimado el recurso formulado frente al auto de 20-10-20, acordando en su lugar la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos”, dice el auto de la Sección 30 de la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso Vozpópuli dictado el 16 de febrero.
La Audiencia responde así a los recursos que había presentado la exsenadora de Podemos Celia Cánovas a la que el juez había apartado del caso. Cánovas denunció ser perjudicada por el uso que hizo el partido de parte de su sueldo que donó a la caja de solidaridad de la formación. Esta es una de las partes que el magistrado ha ido archivando respecto a la denuncia inicial que dio origen al caso que investiga la financiación de Podemos y a varios de sus dirigentes, el ultimo de ellos el cofundador Juan Carlos Monedero, presentada por el exabogado cesado de Podemos, José Manuel Calvente.
La condición de afiliada constituye a Celia Cánovas en presunta víctima o perjudicada de parte de los hechos investigados”, senadora de Podemos por Tarragona entre 2016 y 2019, pidió personarse como acusación y dijo tener pruebas de que el partido pudo incurrir en delitos de malversación y blanqueo en la gestión de la llamada caja de solidaridad que alimentaban los cargos de Podemos con parte de sus sueldos para sufragar causas sociales. Cánovas quiere saber qué uso le dieron a los 25.000 euros que donó ella en poco más de dos años.
El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha reabierto la investigación en torno a los sobresueldos en Podemos y pide nuevos documentos para seguir indagando a la gerente de la formación morada, Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos.
En concreto el juez remite un oficio al Registro de Partidos Políticos para que informen de los Estatutos de Podemos elevados a escritura pública en fecha 12 de febrero de 2018. También cita a declarar al exgerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón.
Además le pide a Podemos que aporte el Informe sobre ejecución de presupuesto de 2019, con especial indicación de la partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales tanto de la Gerente como del Tesorero como del resto de miembros de dicho partido político, a los que dicha Gerente implementó complementos salariales aportando igualmente la oportuna documentación acreditativa de la presentación de dicho Informe al Consejo Ciudadano Estatal y el acta correspondiente a la aprobación de dicho informe por dicho órgano del partido.
Al recurso presentado por VOX se unieron otras acusaciones como la que ejerce la asociación Prolege, o la exsenadora de Podemos por Tarragona, Celia Canovas, pero contó con la oposición de la Fiscalía, que defendió confirmar el archivo. La formación que lidera Santiago Abascal consideraba que era insuficiente la documentación aportada por Podemos para avalar los complementos salariales del partido morado. Entre esa documentación acreditativa estaba un certificado de la actual vicepresidenta del Gobierno, Ione Belarra.
A mediados de marzo, Escalonilla decretó el sobreseimiento "en relación con el presunto delito de administración desleal imputado a Rocío Esther Val Val en relación con la implementación de los dos complementos salariales y respecto del abono de los gastos por desplazamiento tanto a dicha Gerente como a Daniel de Frutos Ramírez". Se refiere a unos gastos abonados a ambos investigados y que, según el juez, son "gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna".
En cuanto a los sobresueldos, se trata del complemento por Coordinación por importe de 210,32 euros, y del complemento por Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros. La denuncia presentada por los exabogados de Podemos Mónica Carmona y José Manuel Calvente indicaba que dichos dos complementos salariales mensuales no constaban en las tablas salariales del partido ni un acuerdo oficial del Consejo de Coordinación autorizando dichas subidas salariales y la aplicación por tanto de dichos complementos que, según decían, se habían atribuido unilateralmente.
"La cuestión a dilucidar por tanto es si dicha investigada tenía facultades para incrementar su sueldo, el del Responsable de Finanzas y Transparencia y el de otros empleados del partido mediante la implementación de dichos dos complementos salariales. En caso de no tener competencias para ello podría haber incurrido en un delito de administración desleal", explicaba el juez, quien concluyó en marzo que entra dentro de las competencias de la gerente atribuir esos complementos una vez analizada la documentación facilitada por Podemos. Entre los beneficiados de estos complementos estaba la abogada Marta Flor Núñez, exletrada del líder de la formación morada Pablo Iglesias y que mantiene la defensa de su exasistente Dina Bousselham en la Audiencia Nacional.
En febrero, el magistrado pidió información al partido sobre los complementos salariales de estos dos cargos y el acta de la reunión en la que se dio el visto bueno. De Frutos y Val declararon ante el juez y tuvieron que dar explicaciones sobre sus complementos salariales. "Consta acreditado que el Consejo de Coordinación de dicho partido político tuvo conocimiento del gasto de personal correspondiente al año 2019 incluidas la totalidad de las retribuciones devengadas por la Gerente Roció Esther Val Val y por el Tesorero Daniel García de Frutos durante dicho ejercicio", zanja.
Vozpópuli tuvo acceso a estas declaraciones en las que el tesorero apeló al plan de cumplimiento normativo de Podemos, según el cual, “la gerencia tiene potestad incluso para realizar una auditoría interna sobre objetivos de las personas que trabajan en Podemos”.
Por su parte, la gerente explicó que “el complemento de coordinación existía y estaban dentro de una escala salarial de referencia que existía en el partido para nuevas contrataciones”. “Tanto Daniel de Frutos como yo tenemos a muchos efectos poder de representación. Eso no lo tiene nadie más en el partido excepto Daniel de Frutos y yo. Por lo tanto, formamos parte del núcleo de representantes del partido. En base a eso implemento ese plus de coordinación y además lo anejo al cargo, es decir, si deja de ser responsable del partido o yo dejo de ser gerente dejo de recibir ese complemento”, detalló. Preguntada acerca de si el tesorero le había pedido ese aumento de sueldo, ella no lo descartó: “Yo soy la gerente, todos me piden complementos, subidas, más fondos”.
El caso Neurona -del que emanan otras líneas de investigación como esta- tiene su origen en la denuncia que presentó ante la Guardia Civil el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. El letrado declaró ante el juez en una larga comparecencia de más de horas citó a Pablo Manuel Fernández, purgados como gerente del partido. En su lugar nombraron a Esther Val, una de las investigadas por el juez. Calvente aseguró ante el juez que el referente de Podemos Juan Carlos Monedero cobró comisiones por el hecho de que que se contratara a Neurona para la campaña electoral de abril de 2019. Según narró, eso se lo dijo a él Pablo Manuel Fernández.
“Yo recordaré toda la vida cuando Pablo Manuel Fernández me dijo: ‘Están metiendo la mano en la caja y eso no lo podemos permitir’”, relató en otro momento de su interrogatorio. Fernández Alarcón es además el marido de Gloria Elizo, actual diputada de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso. Elizo es otra de las exdirigentes próximas a Pablo Iglesias caída en desgracia en los últimos años, que no ha ocultado sus críticas hacia la dirección del partido, por ejemplo, en la manera de gestionar en los tribunales el caso Dina, que afecta de lleno al líder de Podemos.
Pero todo ha dado un vuelco con las revelaciones de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. El exjefe de los Servicios de Contrainteligencia de Venezuela confesó al magistrado de la Audiencia Nacional que el cofundador de Podemos habría recibido 200.000 euros para financiar de manera irregular al partido de Pablo Iglesias.
Hugo ‘El Pollo’ Carvajal Barrios, 61 años, exjefe militar de los servicios secretos venezolanos, diputado del chavismo y general del Ejército, conoció a Hugo Chávez en 1980, en la academia militar de Caracas, donde era su instructor. Desde 2008, está reclamado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos –por colaborar con la narcoguerrilla colombiana de las FARC para «inundar» de cocaína y armas a otros países– acusado de sendos delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas. Con su detención el pasado 9 de septiembre en Madrid ha desatado una tormenta de acusaciones en las que prometió facilitar a la Justicia española información sobre las presuntas prácticas ilegales de varios miembros de Podemos en Venezuela. El Pollo ha señalado directamente a Juan Carlos Monedero quien, según su testimonio, recogía «las entregas» de los pagos de la petrolera estatal PDVSA «empaquetadas en billetes de 100 dólares».
«Por el tamaño de los paquetes, hablamos de entre 100.000 y 200.000 dólares en cada retirada», ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 de Audiencia Nacional. Y fueron varias las ocasiones: «Cada vez que viajaban a Venezuela pasaban por PDVSA a recoger su dinero». Tal era la frecuencia de las operaciones que, en el transcurso de su relato, Carvajal instó al juez a citar a uno de sus informantes, jefe de seguridad dentro de la petrolera, para que corrobore su versión.
Fuentes próximas a El Pollo han apuntado a El Debate cómo relató ante el juez que Monedero se habría beneficiado de la trama diseñada, presuntamente, a través de terceros interpuestos. Estos eran los encargados de emitir los documentos de cobro a la petrolera PDVSA mientras el cofundador de Podemos «simplemente tomaba el dinero». Juan Carlos Monedero viajaba a menudo para retirar las remesas de divisas en efectivo y, según Carvajal, lo hacía de la mano de William Amaro, hombre de confianza y asistente personal de Nicolás Maduro.
La embajada de Venezuela en España también habría servido de «tapadera» para la financiación de Podemos. El Pollo ha explicado, durante su declaración, cómo la sede diplomática venezolana organizó varias exposiciones en nuestro país –auspiciadas por el Banco de Comercio Exterior de Venezuela (Bancoex), cuyo presidente era Ramón Gordils– que habrían servido para que varias empresas, propuestas por Podemos, facturasen diferentes servicios de publicidad que en realidad no prestaban y así obtener comisiones de los sobreprecios.
Las mismas fuentes señalan la insistencia de El Pollo en explicar cómo el sistema de corrupción instrumentalizado a través de la petrolera estatal venezolana –para financiar tanto a entidades empresariales como a grupos violentos– estaría vigente hoy en día. La trama se articulaba a partir de órdenes de compra de bienes y servicios, infladas con sobrecostes, que no correspondían a ninguna prestación de servicios real. Los pagos, según la versión del exmilitar, siempre se hacían en efectivo.
El Pollo Carvajal registró en sede judicial los contratos por valor de 8.835.000 euros entre PDVSA y la mercantil Ilocat, S.L. de la que es administrador único Baltasar Garzón, que justificarían los pagos presuntamente irregulares realizados por la petrolera estatal venezolana al exjuez español.
A la luz del análisis de los datos, el juez tendrá que decidir si las informaciones reveladas por Carvajal tienen la entidad suficiente que justifique la reapertura de alguna de las causas en suspenso en la Audiencia Nacional, como las que hasta 2010 indagaban sobre los vínculos de ETA con las FARC y Venezuela, o la incoación de nuevos procedimientos.
La clave de la confesión de El Pollo está ahora en el contenido del dossier consignado, de su interés depende que García-Castellón paralice o retrase de alguna forma el proceso de extradición de Carvajal a Estados Unidos (ya ordenada por el Tribunal Supremo).
El Pollo conserva la documentación comprometedora, a buen recaudo, entre España y Venezuela, esperando a que se agote la vía del recurso para reactivar la extradición si, finalmente, no se le concede protección internacional.
El propio Monedero aprovechó para jugar el rol de víctima, pero ‘rogando’ que Estados Unidos se lleve al exjefe de los Servicios de Contrainteligencia cuanto antes para detener la lluvia de declaraciones y entrega de documentos que ponen en la cuerda floja tanto a Podemos como a él mismo. El anhelo de la extradición de Monedero es que ‘El Pollo’ Carvajal dedique su tiempo e información a los juzgados de Estados Unidos, lo que resultaría menos peligroso para los fundadores de Podemos de que los datos caigan directamente en la Audiencia Nacional, donde ya existen varias causas abiertas contra el partido de extrema izquierda.
A pesar de que Monedero afirma que no existen pruebas de las declaraciones de ‘El Pollo’ Carvajal, el chavista ya se comprometió ante el juez Manuel García-Castellón a entregar la documentación necesaria, ya que según la calidad de las pruebas presentadas se determinará el futuro del exgeneral bolivariano: seguir en España o tomar el avión de la DEA que le espera en Barajas.
La información letal que tiene de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno de España, el régimen de Maduro y el narcotráfico hace que tenga demasiadas mafias detrás de su cabeza”. “El ‘Delcygate’ fue la demostración de que el PSOE-Podemos tiene un sólido compromiso con el régimen de Nicolás Maduro. Un vínculo que aún existe y que compromete a ambas partes”.
La fuente diplomática considera que ‘El Pollo’ Carvajal puede tener el mismo final que el exabogado de PDVSA, Juan Carlos Márquez, quien presuntamente se habría quitado la vida en su despacho de la Consultora Alcander SL justamente antes de declarar ante la Audiencia Nacional.
Es importante recordar que, según publicó ‘El Confidencial’ citando a fuentes militares de Venezuela y a un agente europeo de Inteligencia: “No se suicidó. Lo mataron. Juan Carlos Márquez armaba jurídicamente los guisos en PDVSA [la estatal petrolera de Venezuela] en la época de Rafael Ramírez».
Una polémica muerte que la fuente diplomática teme que se repita con ‘El Pollo’ Carvajal, lo que paralizaría cualquier avance que pueda realizar la Audiencia Nacional con los datos que aporte el chavista. “Por eso, es fundamental que se agilice su extradición a Estados Unidos. No solo son capaces de proteger su vida, sino que podrán sacarle información de gran valor”, sentencia.
Juan Carlos Monedero, director de la fundación de Podemos, ya había vaciado en 578.732 euros las cuentas de la empresa con la que cobró el informe fantasma encargado por el Gobierno de Venezuela sobre implantar una moneda común en Latinoamérica. Es la compañía Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones S.L. que pasa de tener 616.663 euros en activos a tan sólo 37.930 euros un año después. Un movimiento en plena investigación del caso Neurona en el que precisamente se investiga la relación del partido morado y sus dirigentes con entidades latinoamericanas.
Se trata de la sociedad con la que Monedero cobró en 2013 el famoso informe que nunca apareció sobre la unidad monetaria de América del Sur. Los trabajos se desarrollaron supuestamente tres años antes de su facturación en esta empresa sin empleados ni estructura. Las alertas de la Hacienda Pública se activaron y el fundador de Podemos tuvo que hacer una regularización in extremis para evitar una sanción por no declarar esos ingresos por el IRPF. Monedero impidió entonces a la prensa acceder al contenido de los trabajos ni de las facturas por supuestas cláusulas de confidencialidad. “Los informes estratégicos para instituciones no los puede ver nadie”, justificó para agregar: “No hay nadie más transparente que nosotros”.
OKDIARIO ha tenido acceso a las nuevas cuentas anuales de la sociedad Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones S.L. que el también profesor universitario acaba de registrar en instancias oficiales. Corresponden al ejercicio 2020. La cuenta de pérdidas y ganancias está vacía, únicamente presenta 168 euros de pérdidas por «gastos de personal», pero el balance del Activo y del Pasivo arroja una descapitalización muy considerable de la entidad.
Llama la atención que la fuga de 578.732 euros del balance de la empresa no se explica en ninguna de las 22 páginas de la memoria contable. Ninguna motivación de esta circunstancia contable. Monedero apenas rellena los apartados que son imprescindibles para que las cuentas anuales sean validadas por las autoridades españolas. No explica si este vaciado de miles de euros es porque está pagando a deudores o alguna maniobra similar.
El partido morado ya ha tenido que indemnizar a dos trabajadores en Valencia, por un total de 27.000 euros. Son los primeros pagos realizados este año (que deberían sumarse a los desembolsados para la demanda de la exescolta de Irene Montero y el abogado José Manuel Calvente). Pero en los próximos meses los tribunales se llenarán de demandas laborales, con afectados en Andalucía, Madrid y País Vasco, en las que Podemos podría ser condenados a nuevos pagos. Las fuentes consultadas cifran ese gasto en 300.000 euros solo este año.
Un juicio amenaza con hacer saltar por los aires todas las primarias de Podemos de 2020. Solo en Andalucía, 16 extrabajadores de Podemos han demandado a la coalición de Unidas Podemos tras la escisión con Adelante Andalucía. Se trata de miembros del grupo parlamentario que han demandado al partido ahora controlado por Irene Montero, que podría tener que afrontar unos gastos en indemnizaciones de entre 10.000 y 12.000 euros por trabajador, según comentan las fuentes consultadas.
A ellos se suman “dos o tres” trabajadores en el País Vasco. El año pasado dimitió de todos los cargos el ex secretario regional vasco después de unas primarias en las que sorprendentemente ganó la candidata pablista. A partir de ese momento, como a menudo ha ocurrido en otras regiones, se han ejecutados despidos en el partido, cuyos afectados han decidido elevar a los tribunales.
En Valencia, también se celebraron unas primarias con un resultado muy ajustado. Resultó ganadora la oficialista Pilar Lima, y pocos meses después de su triunfo más de cinco trabajadores del partido han sido cesados de manera fulminante. Dos de ellos ya han cobrado su indemnización, y en un caso la afectada habló incluso de “acoso” a la formación morada, y tuvo que recibir atención médica.
Los problemas en Valencia no han acabado con estas dos indemnizaciones, sino que otros trabajadores esperan la sentencia del juez. Piden el reintegro en el puesto de trabajo, o recibir una compensación que puede ser incluso superior a la alcanzada por sus otros compañeros. Más casos se dan en La Rioja, donde el partido sigue sin indemnizar a un exdiputado, Germán Cantabrana, quien ganó un juicio por la exclusión en las primarias y tuvo que lidiar, al igual que Calvente, con una acusación falsa de acoso.
A todos ellos ahora se sumarán los seis informáticos cesados el pasado 2 de agosto. Como desveló Vozpópuli, Podemos les echó argumentando “motivos disciplinarios” y que, después de una auditoría realizada por una empresa que algunos califican de “sospechosa”, se han detectado ataques al sistema interno del partido de la que culpan a esos profesionales.
Los informáticos de Podemos, según lo que ha podido saber este diario, consideran que se trata de una maniobra orquestada desde hace tiempo para culparles de los amaños en las primarias (que denunciaron a través de una carta interna) y para que la cúpula morada pueda entrar en la intranet de la formación. Y están dispuestos a denunciar el partido.
Si todos estos juicios se concluyen con condenas para Podemos (es decir, que se mantiene la tendencia), el partido morado afrontará pagos de unos 300.000 euros por todos esos juicios. Un desembolso que algunos en la formación califican directamente de “dinero tirado a la basura”, porque en lugar de ser invertidos en equipos y políticas, se irán para tapar los agujeros de una conducción partidista y a veces sectaria de la formación.
Íñigo Errejón Galván es uno de los fundadores de Podemos, partido para el cual, como uno de sus principales estrategas políticos, dirigió varias campañas electorales.
Errejón aseguraba que se marchó de Podemos para unirse a la plataforma de Manuela Carmena porque en el partido morado no le dejaban desarrollar su proyecto ni construir una alternativa. En la Comunidad de Madrid hacía falta, ha defendido, una opción "un poco más abierta" que Podemos y en concreto exportar el modelo del Gobierno municipal de Carmena a lo autonómico.
Ha defendido que estuvo callado "mucho tiempo" aguantando "carros y carretas" por responsabilidad con el partido que fundó y ha añadido sobre la división en la izquierda: "Si no nos hemos puesto de acuerdo antes nos pondremos de acuerdo después".
Íñigo Errejón preside la comisión del Congreso de los Diputados contra la corrupción pero su partido, Más País, es el único que no publica sus cuentas anuales en su correspondiente página web. A pesar de que el diputado cobra 118.083 euros públicos anuales por, entre otras funciones, velar por que las formaciones políticas arrojen luz sobre sus finanzas, no aplica los más mínimos principios de calidad democrática a sus siglas.
Tras años de andadura como partido político, aún no ha publicado un solo documento sobre las finanzas internas Más País. Ni las cuentas anuales (balance de activos y pasivos, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria del ejercicio, etc.), ni el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, ni ningún otro informe. Ni en la web de Más País, ni en la de Más Madrid hay portal alguno de cuentas claras.
Se trata de una información con mucho interés porque, a pesar del alto sueldo del líder, la aventura política de Errejón tendría una contabilidad muy endeble. Los cargos públicos han tenido que aumentar sus donaciones al partido para cubrir los gastos electorales y el alquiler de la sede, un local céntrico en el barrio madrileño de Embajadores que cuesta 3.500 euros al mes.
La mayoría de PSOE, Podemos, nacionalistas y separatistas colocó a Errejón al frente de la comisión anticorrupción a pesar de estar salpicado por polémicas como la de su beca black en la Universidad de Málaga o la financiación de Podemos a través de dinero procedente de Bolivia.
Aunque cobra un suculento plus por presidir la citada comisión, la actividad que ejerce es muy escasa. Aún no ha organizado ninguna sesión ordinaria para llamar a comparecer a personas clave en la financiación de los partidos. A pesar de las peticiones para aclarar la financiación del partido morado desde narcodictaduras, algo en lo que él mismo está implicado, no ha convocado ninguna declaración parlamentaria.
El grupo parlamentario del PP ya ha pedido la comparecencia de Pablo Iglesias en esta comisión para que explique los vínculos de Podemos con la consultora Neurona, que está siendo investigada por las autoridades bolivianas por delitos de corrupción tales como «uso indebido de influencias», «conducta antieconómica» y «negociaciones incompatibles con la función pública». Sin embargo, Íñigo Errejón no ha querido agilizar esta u otra petición sobre investigaciones abiertas en México, Ecuador o Venezuela.
PSOE y Podemos, con la ayuda de sus socios de ERC, Bildu, PNV y Más País, han rechazado la comparecencia del ex abogado de los morados José Manuel Calvente en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso de los Diputados sobre la figura del denunciante de corrupción. registrada por el PP, que sí ha tenido el apoyo de Vox y Ciudadanos.
La votación se ha producido después de que la Mesa del Congreso, controlada por la mayoría de PSOE y Podemos, rechazara la petición al respecto registrada por el PP para una sesión extraordinaria. del Reglamento de la Cámara para la convocatoria de sesiones extraordinarias».
Sin embargo, ahora, dentro ya del periodo ordinario de sesiones, el PP había vuelto a formular su solicitud de comparecencia de Calvente. Ante ello, Errejón alegó que no es partidario de que se impongan vetos en la comparecencias y planteó que si no había acuerdo en la Mesa de esta comisión el tema se elevara al Plenario de la misma, donde se ha votado y rechazado citar a Calvente.
Calvente es denunciante del caso Neurona, donde el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid investiga, principalmente, la posible existencia de un contrato simulado entre esta consultora política mexicana y Podemos para la campaña electoral de 2019 con el presunto objetivo de desviar dinero de las cuentas moradas. Además, el ex abogado de los morados es testigo en el caso Dina-Iglesias, donde la Audiencia Nacional investigar el papel de Pablo Iglesias en la retención de la tarjeta de móvil a su ex asesora Dina Bousselham.
En la sesión de la Comisión Anticorrupción, los populares también habían reclamado la comparecencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en su caso, dentro de un paquete de citaciones para buscar mejoras que permitan incrementar la independencia de los órganos reguladores. Sin embargo, esta solicitud, que se ha votado de manera conjunta a la de Calvente, también ha sido rechazada por PSOE y Podemos.
En lo referente a la presunta corrupción de Podemos, no es la primera vez que el PSOE sale a tapar a su socio. El exvicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, contó ya en agosto de 2020 en el Congreso con la ayuda de los socialistas para no tener que comparecer en un Pleno extraordinario en la Cámara baja por el caso Neurona, tal y como exigieron PP y Ciudadanos.
Miembros de Podemos filtraron información sensible sobre su financiación al partido de Errejón, según el letrado José Manuel Calvente, quien denunció "brechas de seguridad derivadas de la sospecha de sustracción de datos personales hacia Más País".
Miembros de Podemos filtraron información sensible sobre su financiación al partido de Iñigo Errejón. En dicho escrito, Calvente denunciaba irregularidades en Podemos en su doble condición de delegado de Protección de Datos y abogado defensor.
Fuentes conocedoras del caso consultadas por LD afirman que la formación de Errejón tuvo acceso a información sensible "sobre los financiadores de Podemos". "Según algunas investigaciones internas, miembros de Podemos pudieron filtrar a Más País las bases de datos o el listado de personas que habían financiado las últimas campañas electorales del partido de Iglesias a través de los conocidos microcréditos".
Calvente alertó a la Guardia Civil tras ser despedido de la posible financiación ilegal de Podemos a través de la agencia de comunicación Neurona Consulting y de los microcréditos. Parece que "varios de los financiadores de Podemos recibieron correos electrónicos del partido de Errejón en los que les solicitaban contribuir en la financiación de la campaña electoral de esta nueva formación, sin que hubieran facilitado su dirección a Más País". De hecho, "un informático del partido de Iglesias llegó a ser investigado internamente, ya que se sospechaba que podía haber filtrado información sobre su labor a Más País en la elaboración de las páginas web", aseguran.
En el mismo escrito, Calvente recriminaba a su vez que el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, otras irregularidades. Entre ellas, que Rodríguez le había impedido "tener acceso a una notificación de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD", ocultándole primero "su recepción y retrasando luego su entrega". "Pude descubrir la notificación y la ocultación porque yo recibo un aviso de notificación de la AEPD", afirmaba Calvente.
El letrado purgado por Podemos también denunciaba que le habían mentido "aleccionando a los afectados, de la cesión de uso de los ordenadores del partido a asistentes del Congreso de Podemos sin las debidas medidas de seguridad, como pudo descubrir doña Azahara Botella (exletrada del partido) días antes de ser despedida en su propio ordenador".
Por último, Calvente apuntaba otras irregularidades que tengo debidamente identificadas como incidencias de seguridad y que me han sido ocultadas deliberadamente, una cometida el 22 de octubre de 2019 por la SOE (Secretaría de Organización Estatal de Alberto Rodríguez) en materia de apoderados.
José Manuel Calvente afirmaba en su denuncia que con parte de los fondos obtenidos mediante los contratos entre Neurona y Podemos, "se estaría promocionando políticamente a miembros de organizaciones políticas extranjeras para que alcanzaran la máxima relevancia posible" en Latinoamérica.
Posteriormente, dichas organizaciones políticas podrían dirigir campañas electorales o gestionar presupuestos, "comprometiéndose", a cambio del apoyo recibido, a contratar a Neurona creando "una red de fraude global" a costa de organizaciones populares de Latinoamérica. En este contexto, Calvente señalaba al actual director de Estrategia y Comunicación en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de Iglesias, Juanma del Olmo, como la persona que dirigió el presupuesto de campaña electoral de Podemos en los últimos comicios celebrados.
