El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es el mejor destino para las causas que no se quieren cerrar, con la excusa del desorden y acumulación de causas heredadas por el juez García-Castellón de su predecesor, Eloy Velasco, como las de Villarejo, Púnica, Lezo, Acuamed, Banca Cívica, Fortia, Vitaldent, y otros asuntos de terrorismo, narcotráfico, etc.
Operación Púnica y Operación Lezo son los nombres dados a los operativos policiales efectuados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a instancias del juez Eloy Velasco.
En 2014, fueron detenidos 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.
Según la Fiscalía Anticorrupción, se trata de una «trama de corrupción municipal y regional infiltrada en diversos ayuntamientos y organismos autonómicos, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia».
Francisco Granados, antiguo número dos del PP en la Comunidad de Madrid detrás de Esperanza Aguirre, fue uno de los principales implicados. Desde octubre de 2014 hasta junio de 2017 estuvo en prisión preventiva, hasta que fue puesto en libertad bajo fianza. La Audiencia Nacional le condenó a dos años de prisión por la el chivatazo que recibió en septiembre de 2014 por parte de agentes de la Guardia Civil y que le permitió destruir pruebas y ocultar dinero. La justicia ordenó el bloqueo de cuentas de Francisco Granados y su testaferro David Marjaliza, en Suiza y Singapur que acumularían unos 11 millones de euros.
David Marjaliza ha sacado estos últimos días a relucir unas notas manuscritas que según él demuestran que no sólo sobornaba a políticos del PP, sino también de otros partidos.
Operación Púnica y Operación Lezo son los nombres dados a los operativos policiales efectuados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a instancias del juez Eloy Velasco.
En 2014, fueron detenidos 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.
Según la Fiscalía Anticorrupción, se trata de una «trama de corrupción municipal y regional infiltrada en diversos ayuntamientos y organismos autonómicos, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia».
Francisco Granados, antiguo número dos del PP en la Comunidad de Madrid detrás de Esperanza Aguirre, fue uno de los principales implicados. Desde octubre de 2014 hasta junio de 2017 estuvo en prisión preventiva, hasta que fue puesto en libertad bajo fianza. La Audiencia Nacional le condenó a dos años de prisión por la el chivatazo que recibió en septiembre de 2014 por parte de agentes de la Guardia Civil y que le permitió destruir pruebas y ocultar dinero. La justicia ordenó el bloqueo de cuentas de Francisco Granados y su testaferro David Marjaliza, en Suiza y Singapur que acumularían unos 11 millones de euros.
David Marjaliza ha sacado estos últimos días a relucir unas notas manuscritas que según él demuestran que no sólo sobornaba a políticos del PP, sino también de otros partidos.
Las investigaciones están bajo secreto de sumario y la poca información que se conoce ha salido del auto por el que el juez enviaba a prisión a los principales acusados. Personas como Eduardo Zaplana, ministro con José María Aznar, o Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL. También nombres vinculados al Canal de Isabel II, empresarios investigados en otros casos de corrupción y el expresidente madrileño Ignacio González, junto con algunos de sus familiares.
Manuel García Castellón, el juez sustituto de Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, fue mencionado por Ignacio González en conversaciones grabadas como prueba. González comentó en una conversación telefónica con Zaplana las maniobras para escoger al Juez que mejor les convenía: “Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional… tú lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño!”.
La Operación Lezo llevó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a prisión y se investigó al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón sobre supuestos sobreprecios pagados por la empresa pública de aguas de Madrid en el extranjero aunque el juez García-Castellón archivó la causa contra él a petición de la Fiscalía.
Manuel García Castellón, el juez sustituto de Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, fue mencionado por Ignacio González en conversaciones grabadas como prueba. González comentó en una conversación telefónica con Zaplana las maniobras para escoger al Juez que mejor les convenía: “Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional… tú lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño!”.
La Operación Lezo llevó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a prisión y se investigó al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón sobre supuestos sobreprecios pagados por la empresa pública de aguas de Madrid en el extranjero aunque el juez García-Castellón archivó la causa contra él a petición de la Fiscalía.
El entonces jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, desautorizó a sus fiscales subalternos en más de una ocasión y tuvo que dimitir acorralado por el escándalo de unas escuchas en las que González y otros imputados le señalaban como su favorito para Anticorrupción y por tener participaciones en una sociedad familiar radicada en un paraíso fiscal. Precisamente, el expresidente madrileño Ignacio González, en conversación con el exministro Eduardo Zaplana, grabada por orden del juez Velasco dijo sobre la la futura designación de Moix al frente de Anticorrupción que: “Sería cojonudo. Es un tío bueno y serio”.
No son las únicas tretas de las que se valen los corruptos del partido Popular, entonces en el Gobierno. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, fue reprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, por haberse reunido en su despacho con Pablo González, hermano de Ignacio González y, como él, detenido en la Operación Lezo. No fué cesado de su secretaría de Seguridad, como premio del gobierno popular a los servicios prestados al partido, y no a los deberes de su cargo.
El secretario de Estado es el responsable de todos los servicios del Ministerio, como órganos superiores de la Administración General del Estado. Las operaciones seguidas por la Audiencia Nacional contra las tramas del Partido Popular se han visto obstaculizadas desde las más altas instancias, que no disimularon su encubrimiento de los imputados que gozan de su favor.
El juez Manuel García-Castellón también investiga a su predecesor como secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados
Miembros de la primera línea de la llamada brigada política han declarado que Francisco Martínez supervisó la operación cuando él era el número dos de Interior en el Ministerio de Fernández Díaz, por encima del director general de la Policía Ignacio Cosidó y el jefe operativo de la trama, el comisario Eugenio Pino. A aquella policía política se le atribuyen también la Operación Cataluña o el informe PISA sobre la financiación irregular de Podemos.
Uno de los policías imputados, Enrique García Castaño, cuyo abogado es Baltasar Garzón, reveló que había puesto a su disposición un ordenador portátil que se encuentra precintado en la sede de la Comisaría General de Información, para que siguiera con él todas las novedades de la "Operación Kitchen".
La operación Kitchen estaba destinada a robar la información comprometedora que Bárcenas pudiera tener, una vez el extesorero ingresó en prisión y comenzó a tirar de la manta. Para ello, la "brigada política" pagó 48.000 euros en dos años al entonces chófer de la familia Bárcenas y luego le facilitó un puesto privilegiado en la Policía.
La "brigada política" (como la llama el diario de Ignacio Escolar) también allanó un local de la familia y sustrajo a Luis Bárcenas (entonces en prisión) su agenda personal, documentos de la contabilidad del PP, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid (ya investigados en la Operación Púnica) y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.
El Juzgado Central de Instrucción Número 6 instruye además la única causa que permanece abierta sobre los atentados del 11-M; una pieza que investiga la presencia de ADN sin identificar en el piso de Leganés donde murieron los terroristas de Madrid.
Catorce años después, con las huellas y muestras de ADN sin identificar recogidas en la vivienda, agentes de la policía antiterrorista francesa detuvieron en Lyon, a petición de la Audiencia Nacional, a un marroquí de 43 años que vivió en España a principios de la década pasada. Sus huellas dactilares, identificadas en el piso de Leganés, no probaron ninguna relación con los atentados del 11 de marzo, por lo que fue puesto en libertad.
Hay ocho muestras de ADN extraídas de los distintos escenarios relacionados con los atentados que no han podido ser identificados. La existencia de estos perfiles anónimos tampoco ha podido determinar aún con exactitud el número de presuntos implicados directos en los hechos objeto de instrucción judicial.
Uno de estos perfiles, el 'P12', "solo aparece en Leganés" y "se encuentra en efectos muy variados, algunos de ellos de uso exclusivo personal", lo que llevó a concluir que tenía "una relación estrecha y de confianza con los moradores del 'piso franco' o de seguridad, hasta el extremo de deducir su relación o inclusión en la célula".
Otro, el 'P39', "anónimo de varón", aparece en tres lugares relevantes: la finca de Chinchón en la que fueron preparados los artefactos colocados en los trenes; el piso de Leganés y el coche Skoda Fabia que fue encontrado en Alcalá de Henares.
Lo que no se busca con esa investigación es saber de quién es el ADN de la mochila de Vallecas, probablemente de los policías que supuestamente la encontraron y que Interior no ha identificado. El Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, cuya ayuda solicitó el juez Del Olmo, concluyó que la muestra de ADN de la mochila de Vallecas no pertenece a un magrebí, sino a un europeo.
Como nos cuenta López Bru en "LAS CLOACAS DEL 11M" todas las pruebas esenciales para el juicio eran objeto de sospechas, que justificaron un informe interno del Ministro del interior. Cito siguientemente al autor:
El juez Manuel García-Castellón también investiga a su predecesor como secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados
Miembros de la primera línea de la llamada brigada política han declarado que Francisco Martínez supervisó la operación cuando él era el número dos de Interior en el Ministerio de Fernández Díaz, por encima del director general de la Policía Ignacio Cosidó y el jefe operativo de la trama, el comisario Eugenio Pino. A aquella policía política se le atribuyen también la Operación Cataluña o el informe PISA sobre la financiación irregular de Podemos.
Uno de los policías imputados, Enrique García Castaño, cuyo abogado es Baltasar Garzón, reveló que había puesto a su disposición un ordenador portátil que se encuentra precintado en la sede de la Comisaría General de Información, para que siguiera con él todas las novedades de la "Operación Kitchen".
La operación Kitchen estaba destinada a robar la información comprometedora que Bárcenas pudiera tener, una vez el extesorero ingresó en prisión y comenzó a tirar de la manta. Para ello, la "brigada política" pagó 48.000 euros en dos años al entonces chófer de la familia Bárcenas y luego le facilitó un puesto privilegiado en la Policía.
La "brigada política" (como la llama el diario de Ignacio Escolar) también allanó un local de la familia y sustrajo a Luis Bárcenas (entonces en prisión) su agenda personal, documentos de la contabilidad del PP, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid (ya investigados en la Operación Púnica) y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.
El Juzgado Central de Instrucción Número 6 instruye además la única causa que permanece abierta sobre los atentados del 11-M; una pieza que investiga la presencia de ADN sin identificar en el piso de Leganés donde murieron los terroristas de Madrid.
Catorce años después, con las huellas y muestras de ADN sin identificar recogidas en la vivienda, agentes de la policía antiterrorista francesa detuvieron en Lyon, a petición de la Audiencia Nacional, a un marroquí de 43 años que vivió en España a principios de la década pasada. Sus huellas dactilares, identificadas en el piso de Leganés, no probaron ninguna relación con los atentados del 11 de marzo, por lo que fue puesto en libertad.
Hay ocho muestras de ADN extraídas de los distintos escenarios relacionados con los atentados que no han podido ser identificados. La existencia de estos perfiles anónimos tampoco ha podido determinar aún con exactitud el número de presuntos implicados directos en los hechos objeto de instrucción judicial.
Uno de estos perfiles, el 'P12', "solo aparece en Leganés" y "se encuentra en efectos muy variados, algunos de ellos de uso exclusivo personal", lo que llevó a concluir que tenía "una relación estrecha y de confianza con los moradores del 'piso franco' o de seguridad, hasta el extremo de deducir su relación o inclusión en la célula".
Otro, el 'P39', "anónimo de varón", aparece en tres lugares relevantes: la finca de Chinchón en la que fueron preparados los artefactos colocados en los trenes; el piso de Leganés y el coche Skoda Fabia que fue encontrado en Alcalá de Henares.
Lo que no se busca con esa investigación es saber de quién es el ADN de la mochila de Vallecas, probablemente de los policías que supuestamente la encontraron y que Interior no ha identificado. El Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, cuya ayuda solicitó el juez Del Olmo, concluyó que la muestra de ADN de la mochila de Vallecas no pertenece a un magrebí, sino a un europeo.
Como nos cuenta López Bru en "LAS CLOACAS DEL 11M" todas las pruebas esenciales para el juicio eran objeto de sospechas, que justificaron un informe interno del Ministro del interior. Cito siguientemente al autor:
"En el informe se aparenta criticar la actuación policial en todo lo relacionado con la mochila de Vallecas, “admitiendo fallos en la cadena de custodia”, pero lo que hace, en realidad, es reproducir punto por punto toda la farsa de lo que el juez Bermúdez denominó “extravagante periplo” de los efectos de las víctimas de El Pozo. Ese extravagante periplo, como demostré en mi libro, y más claramente en este blog, fue toda una operación de ingeniería mediático-policial-judicial que se llevó a cabo del 6 al 15 de Marzo de 2006, para suplantar los auténticos testimonios que se produjeron en el inicio de la Instrucción, y que claramente manifiestan -estos últimos-que la mochila que llegó a la comisaría de Vallecas no venía disimulada e inadvertida en un enorme bolsón que contenía diversos efectos (como pretende la Versión Oficial), sino que fue llevada directamente a la Comisaría suelta en un vehículo policial, de manera independiente, por policías muy determinados, pero desconocidos, porque no se ha querido investigar.
Eran varios los testimonios de peso, todos ellos en los primeros días posteriores al atentado, que avalaban estos hechos, que nunca adquirieron el rango de Versión Oficial porque, evidentemente, era una bomba de relojería que no solo hubiera anulado la prueba, sino que habría tenido como consecuencia que judicialmente se abriera una pieza separada para averiguar de donde venía esa mochila y quién la habría mandado colocar.
Lo he contado todo esto en la entrada segunda de este blog (ver aquí), y lo reproduzco al final de este artículo, porque creo que es una de las aportaciones fundamentales que hice en el análisis de la falsa mochila en mi libro, aportación tan importante -e ignorada- como esa otra que hice sobre el anuncio de la existencia de la mochila en el programa de la COPE de José Apazarena ¡¡¡cinco horas antes de que la descubrieran los policías de Vallecas!!! (ver aquí)
Lo que me me resulta inconcebible –o quizás no tanto- es que a estas alturas la policía nos quiera tomar el pelo con estos jueguecitos de asuntos internos, cuando tienen en mi libro, y en todo lo que se ha escrito por los grandes investigadores del 11-M, una auténtica AUDITORÍA externa que pone en solfa, no “tres momentos”, como destacan en el Informe de la BARC, sino todos los momentos de una Instrucción y una Investigación intoxicadora y falsa, que no otra cosa es la Versión Oficial.
Pero está claro que el informe de la BARC no buscaba la verdad, sino otra cosa muy diferente. La clave está en este mensaje, aviso para navegantes:
El informe concluye que se ha documentado la actuación de más de 70 miembros del Cuerpo Nacional de Policía en los diversos escenarios en los que estuvo la bolsa del artefacto. Pero que «únicamente ha quedado registrada la entrega voluntaria de ADN para cotejo por parte de cinco de ellos. Sigue anónimo el perfil genético encontrado en el asa de la bolsa que contenía el artefacto», advierten los especialistas policiales.
No me cabe duda que ahí se encuentra una amenaza muy velada (“vamos a no hacernos daño…”), porque es más que probable que en uno de esos “70 miembros” se encontrara el perfil genético de quien colocó la mochila en la comisaría de Vallecas. Así se las gastan nuestras Fuerzas de Seguridad. Sencillamente indecente…"
Un secreto de esta envergadura no va a esclarecerlo el magistrado García-Castellón, que espera como mucho terminar alguno de sus asuntos, aunque otros queden en el olvido. Pero puede que los dos magistrados de apoyo que le han destinado desatasquen esa maraña de asuntos entremezclados y que las víctimas obtengan justicia algún día.