Rubalcaba se echa de menos en el PSOE y por eso José Luis Ábalos está asumiendo las labores de fontanería de Moncloa. Para eso cuenta con el aparato del Estado que, siguiendo la costumbre, se pone al servicio de las actividades reservadas del Gobierno mientras finge cumplir el servicio público.
El Partido Popular exige a Ábalos que explique en el Congreso cómo adjudicó la compra de mascarillas en su Ministerio durante la crisis del coronavirus. Estos contratos se adjudicaron a una empresa que "ha pasado de facturar 100.000 euros en un año a 40 millones por haber recibido tres contratos millonarios del Gobierno", dos por parte del departamento de Ábalos y un tercero para Interior por recomendación suya.
El ministro del Interior cumple con su cometido de esbirro, cuidando de la opacidad de toda la actividad sumergida del Gobierno y garantizando la pasividad de sus subordinados en investigar las irregularidades.
En lo que va de legislatura, el PSOE y Unidas Podemos vetan las solicitudes de comisiones de investigación, como las propuestas por el PP y Ciudadanos sobre la escala ilegal de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez y las cuarenta maletas que confió al ministro Ábalos en el aeropuerto de Barajas, o la referida a los abusos de menores bajo tutela de centros públicos de Baleares y otras comunidades.
El ministro del Interior cumple con su cometido de esbirro, cuidando de la opacidad de toda la actividad sumergida del Gobierno y garantizando la pasividad de sus subordinados en investigar las irregularidades.
En lo que va de legislatura, el PSOE y Unidas Podemos vetan las solicitudes de comisiones de investigación, como las propuestas por el PP y Ciudadanos sobre la escala ilegal de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez y las cuarenta maletas que confió al ministro Ábalos en el aeropuerto de Barajas, o la referida a los abusos de menores bajo tutela de centros públicos de Baleares y otras comunidades.
Es más, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, rechazó la comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos I alegando que "ahora no toca", ya que la prioridad debe ser la crisis del Covid-19. Es chocante ya que el PP ha reclamado la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia del coronavirus, pero tampoco ha llegado a aprobarse.
La nueva política sigue, como la de siempre, al acecho de chanchullos propios y ajenos sin hacer nada para cambiarlo, no sea que perjudique la imagen y la financiación de los capitostes socialistas y podemitas.
El Portal de Transparencia ha estado bloqueado desde que empezó el Estado de Alarma hasta Junio, el general de la Guardia Civil Santiago reprimió la crítica al Gobierno y el ministro de Justicia dispone de todo el poder de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para impedir que prospere cualquier acción legal por mal funcionamiento de los servicios públicos. El Gobierno se blinda frente a sus ciudadanos y monopoliza el poder desde arriba hasta sus escalafones más bajos. Por si alguien suponía que algo iba a cambiar.
Ahora queda pendiente el ajuste de cuentas con José Manuel Villarejo, empresario y excomisario del Cuerpo Nacional de Policía retirado, con un patrimonio de más de 20 millones de euros en España. En excedencia desde 1983 hasta 1993, durante estos años manejó hasta 46 empresas diferentes con un capital social de más de 16 millones de euros. En 1993 se reincorporó como agente operativo, o agente encubierto, para la Secretaría de Estado de Interior.
Durante los periodos de excedencia y tras su retiro en la policía, Villarejo ha realizado investigaciones encargadas por organismos públicos, entidades privadas y particulares. A mediados de la década de los 1990, participó en la elaboración del Informe Véritas, encargado por el Ministerio del Interior del socialista Corcuera, en el que se recogían datos sobre la vida privada de jueces como Baltasar Garzón, políticos, periodistas y empresarios como Javier de la Rosa.
Villarejo está imputado en un juzgado de Madrid acusado de los delitos de revelación de secretos y pertenencia a organización criminal dentro del proceso de investigación de una pieza separada del caso Nicolás, por la supuesta grabación ilegal, manipulación y difusión de una conversación entre policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia. En 2017, para evitar su procesamiento en el caso, Villarejo filtró a la prensa información sobre el rey Juan Carlos y el CNI. También amenazó con filtrar más información si no le retiraban las acusaciones.
El excomisario está investigado en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid después de que la dermatóloga Elisa Pinto lo reconociera como el autor de una agresión que había denunciado. Presuntamente, el comisario apuñaló en su coche a la doctora cuando estaba con su hijo, por encargo de Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, miembro del consejo de administración de Fertiberia, consejero de Inmobiliaria Espacio, vicepresidente y consejero delegado de Grupo Ferroatlántica, presidente de Tressis, fundador y presidente del holding inversor Siacapital, miembro del World Economic Forum y miembro del patronato de la Fundación Princesa de Asturias hasta 2016. Este empresario fue condenado en el caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y detenido por la Guardia Civil como consecuencia de la 'Operación Lezo'. Además, ha estado involucrado en otros procesos judiciales.
El 3 de noviembre de 2017 Villarejo fue detenido por los supuestos delitos de blanqueo y organización criminal en la Operación Tándem, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que ordenó su ingreso en prisión sin fianza.
La operación Tándem fue iniciada por un anónimo enviado a la Fiscalía Anticorrupción por un exagente del CNI que actuó por su cuenta. El comisario Villarejo hizo un informe para un alto cargo del Gobierno de Guinea Ecuatorial que destapaba los trapos sucios de uno de los hijos de Teodoro Obiang. El informe recogía interceptación de comunicaciones, informaciones bancarias y otros datos privados que Villarejo vendió por 5,3 millones de euros a través de sociedades pantalla.
Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, fue detenido en el marco de esta operación, por contratar a Villarejo para cobrar una deuda, mediante el chantaje a un juez con un vídeo comprometedor.
También se relaciona a Villarejo como autor del incendio que sufrió la Torre Windsor, rascacielos que estaba en pleno corazón financiero de Madrid. Supuestamente con el incendio se buscaba destruir unos papeles perjudiciales para el entonces presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González Rodríguez.
También se relaciona a Villarejo como autor del incendio que sufrió la Torre Windsor, rascacielos que estaba en pleno corazón financiero de Madrid. Supuestamente con el incendio se buscaba destruir unos papeles perjudiciales para el entonces presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González Rodríguez.
La Prensa asegura no querer participar en el chantaje de Villarejo, según su costumbre de no sacar los trapos sucios de los poderosos, sobre todo si controlan los medios de comunicación.
Pero las grabaciones que se vienen desvelando identifican quiénes y qué clase de servicios compraban muchos al comisario jefe de las cloacas del Estado. La red prestaba servicios parapoliciales a grandes empresarios y políticos, como demuestran las grabaciones efectuadas en el despacho oficial del propio ex-ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y también en el que tenía Dolores de Cospedal en la sede del PP.
Villarejo desveló las conversaciones del entonces ministro Fernández Díaz con el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, en el marco de la denominada "Operación Cataluña", que pretendía desacreditar a líderes soberanistas catalanes con pruebas obtenidas ilegalmente o incluso fabricadas.
Daniel de Alfonso, que fue destituido por el Parlament en 2016, percibió cerca de 70.000 euros de manera irregular según un informe elaborado por la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el ejercicio de 2015. Después se reincorporó a su puesto de juez, a proteger a la élite amparado por la toga, puede que movido por la lealtad al régimen, puede que a cambio de ventajas y dinero.
Las grabaciones de Villarejo demuestran que se reunía con la actual Fiscal General del Estado y ex-ministra de Justicia, de quien decía que "Es muy tronca, muy, muy amiga mía". Dolores Delgado, quien fue fiscal en la Audiencia Nacional, mantenía una estrecha relación con Baltasar Garzón, abogado defensor de Enrique García Castaño, otro comisario relacionado con la trama de Villarejo, también imputado por los fiscales anticorrupción.
El Tribunal Supremo condenó en 2012 a Baltasar Garzón a su inhabilitación como juez, por autorizar unas escuchas telefónicas entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. El mismo exjuez que en su Juzgado deslizaba información a la Prensa cuando convenía, defiende los intereses de mafiosos que se reunían con superiores y clientes privados para revelar secretos u ocultarlos a cambio de dinero.
El comisario favorito de los socialistas está desvelando informaciones que podrían perjudicarles, pero lo más gordo se lo guarda para utilizar las mismas armas que sus ex-socios ahora usan contra él.
El Tribunal Supremo condenó en 2012 a Baltasar Garzón a su inhabilitación como juez, por autorizar unas escuchas telefónicas entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. El mismo exjuez que en su Juzgado deslizaba información a la Prensa cuando convenía, defiende los intereses de mafiosos que se reunían con superiores y clientes privados para revelar secretos u ocultarlos a cambio de dinero.
El comisario favorito de los socialistas está desvelando informaciones que podrían perjudicarles, pero lo más gordo se lo guarda para utilizar las mismas armas que sus ex-socios ahora usan contra él.
