El Gobierno anda a vueltas con el posible traslado de los restos de Franco a la Catedral de la Almudena, quizás para demostrar que hace algo por la Ley de Memoria Histórica, ante los insuficientes logros en orden a la reubicación de los restos de las víctimas que fueron enterradas en fosas comunes.
La LMH ordena la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de víctimas. "La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artículo". A la hora de la verdad, no hay una dotación ordinaria para estos gastos, sino que dependen de subvenciones que dependen de la voluntad de la Administración Central.
La LMH ordena la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de víctimas. "La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artículo". A la hora de la verdad, no hay una dotación ordinaria para estos gastos, sino que dependen de subvenciones que dependen de la voluntad de la Administración Central.
La Ley ordena al Gobierno, en colaboración con todas las Administraciones públicas, elaborar un mapa integrado que comprenda todo el territorio español, a fin de preservar las fosas donde puedan encontrarse víctimas. El tema de cuán completos son esos mapas no se comenta, ni cuántas reclamaciones están pendientes de respuesta en los laberintos administrativos.
Se ha llegado a dar el caso de que, en aplicación de la Ley, se han excavado fosas comunes a la búsqueda de víctimas del franquismo y, tras constatar que se trataba de víctimas de la represión republicana, han vuelto a tapar la fosa sin respeto alguno por los allí enterrados.
Según la base de datos del Ministerio de Justicia, de las fosas de la Guerra Civil y la represión franquista, se han llevado a cabo unas 120.000 exhumaciones en 2.591 fosas que se encuentran repartidas por todo el territorio nacional. Andalucía, Aragón y Asturias son las comunidades con mayor número de fosas identificadas.
La Ley dice que "Las Administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas". "Los hallazgos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes."
Se ha llegado a dar el caso de que, en aplicación de la Ley, se han excavado fosas comunes a la búsqueda de víctimas del franquismo y, tras constatar que se trataba de víctimas de la represión republicana, han vuelto a tapar la fosa sin respeto alguno por los allí enterrados.
Según la base de datos del Ministerio de Justicia, de las fosas de la Guerra Civil y la represión franquista, se han llevado a cabo unas 120.000 exhumaciones en 2.591 fosas que se encuentran repartidas por todo el territorio nacional. Andalucía, Aragón y Asturias son las comunidades con mayor número de fosas identificadas.
La Ley dice que "Las Administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas". "Los hallazgos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes."
"Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo 11, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar.
En cualquier caso, la exhumación se someterá a autorización administrativa por parte de la autoridad competente, en la que deberá ponderarse la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados. A tales efectos, y con carácter previo a la correspondiente resolución, la administración competente deberá dar adecuada publicidad a las solicitudes presentadas, comunicando en todo caso su existencia a la Administración General del Estado para su inclusión en el mapa referido en el apartado primero del artículo anterior.
Los restos que hayan sido objeto de traslado y no fuesen reclamados serán inhumados en el cementerio correspondiente al término municipal en que se encontraran."
La Ley declara de utilidad pública e interés social las referidas actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos a los efectos de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa.
En la práctica, la identificación de las víctimas es difícil e improbable en la mayoría de los casos. Por eso algunos hablan de "los desaparecidos del franquismo", al no haber manera de saber a quiénes corresponden los huesos desenterrados, ni por tanto dar satisfacción a los familiares de los que murieron durante la Guerra. Los ejecutados tras la contienda por lo general fueron sepultados debidamente identificados, aunque sus restos a veces se encuentran en osarios o fosas comunes, por lo que a estas alturas difícilmente pueden ser reconocidos.
Desde 2011, se paralizaron las actuaciones relacionadas con la Ley de Memoria Histórica y se dejaron de repartir subvenciones para buscar y exhumar víctimas de las fosas. Los restos encontrados fueron trasladados a los cementerios, aunque muchos de los enterramientos ya estaban allí, y la Ley ha agotado sus objetivos sin que pueda decirse que los ha cumplido. Por eso los socialistas, que fueron los que impulsaron la LMH, necesitan ahora llevar a cabo la última exhumación, la del Caudillo, a quien quieren buscar acomodo en un lugar donde nadie pueda ir a rendirle homenaje.
Sacar a Franco del remoto Valle de los Caídos para enterrarlo en la céntrica Catedral de la Almudena no cumple dicha finalidad, y la vicepresidente ha hecho gestiones con la Iglesia para buscar una salida al problema que el propio gobierno ha creado. Pero tanto el representante del Vaticano como el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, han manifestado no poder negarse a enterrar a Franco allí. La Iglesia carece de autoridad y de motivos para intervenir en esta nueva secuela de la llamada "memoria histórica", y el gobierno para impedir que el odiado general siga enterrado en sagrado.
