Los gobernantes, ansiosos de demostrar que son más ecologistas que nadie, han puesto sus ojos en los vehículos diésel, pese a la importancia que el gasóleo presenta en el transporte.
El sector del transporte sigue siendo enormemente dependiente de los productos petrolíferos (en un 98 por ciento). En el caso del transporte por carretera, este representa más de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en España, correspondiéndole del orden del 80 por ciento del consumo energético del sector transporte y el 90 por ciento de sus emisiones de CO2.
El sector del transporte sigue siendo enormemente dependiente de los productos petrolíferos (en un 98 por ciento). En el caso del transporte por carretera, este representa más de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en España, correspondiéndole del orden del 80 por ciento del consumo energético del sector transporte y el 90 por ciento de sus emisiones de CO2.
La ministra Teresa Ribera dijo que la industria del automóvil está en proceso de transformación en todo el mundo y "la industria europea no debe perder ese tren". De momento las fábricas de vehículos a motor cierran o se trasladan a países con regulaciones menos restrictivas.
El coche eléctrico fue anterior a los motores de combustión interna. En la década de 1830 aparecieron los primeros modelos, cuya fabricación decayó con el sistema de arranque eléctrico en 1913, junto con el sistema de producción en cadenas de montaje de forma masiva y más barata implantado por Ford desde 1908.
La caída del vehículo eléctrico a finales de 1930 ha remontado en el presente siglo, aunque tiene menor autonomía que un coche convencional dado que necesita recargas frecuentes. Como la carga de las baterías es lenta y su precio muy costoso, si la Unión Europea no quiere quedarse atrás y sin alternativas, tendrá que poner en marcha una red de recarga y sustitución de baterías antes de prohibir los vehículos de combustión interna.
Desde la perspectiva medioambiental, no cabe duda de la eficacia del vehículo eléctrico en la transformación de la energía eléctrica de la batería en la energía mecánica con la que se moverá el vehículo (60-85%), frente al rendimiento de la transformación de la energía del depósito de gasolina en la energía mecánica que mueve un vehículo de gasolina (15-20%).
La recarga masiva de vehículos eléctricos generará una demanda importante sobre la red. Estos vehículos serán más o menos contaminante en función de su fuente última de energía, sea térmica, nuclear o renovable.
Aunque el mantenimiento y costo energético es mucho menor, la electricidad necesaria para recargar las baterías se produce mediante combustión de materias primas contaminantes como el carbón. En el caso de vehículos que utilizan hidrógeno, su grado de contaminación dependerá de cómo se haya obtenido, porque en estado natural solo se encuentra combinado con otros elementos, y para aislarlo hay que invertir mucha energía.
“Nada destruye más el respeto por el Gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución", dijo Albert Einstein.
A propósito de ello, la vicepresidenta Teresa Ribera ha sacado adelante su Ley de Cambio Climático con el que se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones en el 2050. No entiendo que para la llamada emergencia climática se plantee una solución a treinta años vista. Muchos gobiernos van a pasar hasta entonces, así que esta ley me parece una engañifa para distraer al votante y posponer el problema "sine die".
El verdadero fin de esta legislación es favorecer el deficitario sector de las energías renovables, y el de los fabricantes de vehículos. La "crisis climática" es sólo una excusa para solapar ayudas multimillonarias a las grandes industrias, que devuelven los favores financiando a los partidos.
Las empresas con intereses en las "energías verdes" han alterado los mercados mundiales, destinando cosechas a la producción de biocombustibles igualmente contaminantes y recibiendo financiación para energías renovables que no son competitivas.
La ministra Ribera participa del consenso que atribuye el calentamiento global a las actividades humanas, una actitud ideológica puesta en duda porque está demostrado que los cambios cíclicos del Sol y de la Tierra han sucedido muchas veces antes de haberse iniciado la era industrial o incluso mucho antes del propio ser humano.
Normalmente se atribuye la negación del cambio climático al producto de intereses comerciales por parte de corporaciones que distribuyen productos que afectan el medio ambiente, como por ejemplo, las petroleras. Pero aunque los sindicatos se oponen puntualmente al cierre de minas de carbón o centrales térmicas por la pérdida de puestos de trabajo, el consenso español avala esta política. Mientras tanto, a primeros de mes Alemania aprobaba la ley para prorrogar el abandono progresivo del uso del carbón como fuente de energía hasta 2038, así como ayudas por 40.000 millones de euros para las regiones y empresas afectadas en el periodo de transición.
El reciclaje de residuos proporciona igualmente biomasa, plásticos y otros combustibles para las centrales termoeléctricas, que se mantienen bajo la excusa de la defensa del medio ambiente. No obstante, se cierran minas carboneras y centrales térmicas, mientras España compra gas a Argelia, energía nuclear a Francia y térmica de carbón a Marruecos.
La política de «transición energética» está provocando que España sea incapaz de provocar su propia energía y que los españoles tengamos una de las facturas más caras de la Unión Europea. Una de dos, o estamos en manos de idiotas o algunos se están llevando un pico por todas estas importaciones energéticas que ni son "verdes" ni rentables para España.
Aunque el mantenimiento y costo energético es mucho menor, la electricidad necesaria para recargar las baterías se produce mediante combustión de materias primas contaminantes como el carbón. En el caso de vehículos que utilizan hidrógeno, su grado de contaminación dependerá de cómo se haya obtenido, porque en estado natural solo se encuentra combinado con otros elementos, y para aislarlo hay que invertir mucha energía.
“Nada destruye más el respeto por el Gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución", dijo Albert Einstein.
A propósito de ello, la vicepresidenta Teresa Ribera ha sacado adelante su Ley de Cambio Climático con el que se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones en el 2050. No entiendo que para la llamada emergencia climática se plantee una solución a treinta años vista. Muchos gobiernos van a pasar hasta entonces, así que esta ley me parece una engañifa para distraer al votante y posponer el problema "sine die".
El verdadero fin de esta legislación es favorecer el deficitario sector de las energías renovables, y el de los fabricantes de vehículos. La "crisis climática" es sólo una excusa para solapar ayudas multimillonarias a las grandes industrias, que devuelven los favores financiando a los partidos.
Las empresas con intereses en las "energías verdes" han alterado los mercados mundiales, destinando cosechas a la producción de biocombustibles igualmente contaminantes y recibiendo financiación para energías renovables que no son competitivas.
La ministra Ribera participa del consenso que atribuye el calentamiento global a las actividades humanas, una actitud ideológica puesta en duda porque está demostrado que los cambios cíclicos del Sol y de la Tierra han sucedido muchas veces antes de haberse iniciado la era industrial o incluso mucho antes del propio ser humano.
Normalmente se atribuye la negación del cambio climático al producto de intereses comerciales por parte de corporaciones que distribuyen productos que afectan el medio ambiente, como por ejemplo, las petroleras. Pero aunque los sindicatos se oponen puntualmente al cierre de minas de carbón o centrales térmicas por la pérdida de puestos de trabajo, el consenso español avala esta política. Mientras tanto, a primeros de mes Alemania aprobaba la ley para prorrogar el abandono progresivo del uso del carbón como fuente de energía hasta 2038, así como ayudas por 40.000 millones de euros para las regiones y empresas afectadas en el periodo de transición.
El reciclaje de residuos proporciona igualmente biomasa, plásticos y otros combustibles para las centrales termoeléctricas, que se mantienen bajo la excusa de la defensa del medio ambiente. No obstante, se cierran minas carboneras y centrales térmicas, mientras España compra gas a Argelia, energía nuclear a Francia y térmica de carbón a Marruecos.
La política de «transición energética» está provocando que España sea incapaz de provocar su propia energía y que los españoles tengamos una de las facturas más caras de la Unión Europea. Una de dos, o estamos en manos de idiotas o algunos se están llevando un pico por todas estas importaciones energéticas que ni son "verdes" ni rentables para España.
