POLILLAS Y TOGAS.

La apertura del nuevo Año Judicial inaugura una nueva ronda de escarnio a la Ley.

Jueces, fiscales, hermanos, hijos y sobrinos no se podrán encomendar ya a su Querido Emilio, pero sí a Gallardón y las autoridades autonómicas quienes son favorecidos para favorecer el relevo generacional de tanto mamporrero.

Vaya ejemplo están dando los que juzgan a delincuentes encopetados, que no necesitan subterfugios porque se los proporcionan los mismos servidores públicos que tendrían que perseguirles.

¿Qué hacen jueces y fiscales que tardan mucho menos en juzgar a la mayoría sin ningún miramiento?

Para empezar, no hacen nada si no les obliga el público conocimiento de las evidencias. Y hacen lo poco que les permite la vergüenza, sólo para cubrir las apariencias.

La responsabilidad política la tendrían que asumir tanto los políticos como algunos jueces cuando existe un público conocimiento de comportamiento ilícito o contrario a la ética.

Porque esperar que llegue la condena sería confiar demasiado en la Justicia. Lo normal es que si llega a imputarse a uno de estos aforados al final haya absolución. Y lo normal es que si la absolución fuese justa, otros asumieran responsabilidades penales por acusar en falso.

Pues es al revés: se arriesgan más los que acusan a un delincuente político que no el culpable. Justicia, la hay: la que cada cual esté en disposición de ejercer por su mano sin buscarla en los grajeros de la judicatura corrupta.

Los plazos son muy importantes para una correcta administración de Justicia. Cualquier abogado te puede decir que si no interpones una demanda o un recurso dentro del plazo establecido, ya no lo podrás hacer nunca.

Lo que pasa es que los juzgadores no permiten prórrogas porque la Ley no les concede esa atribución. Eso es así en aras a que no se eternice la Justicia. Lo que sin embargo ocurre porque los funcionarios judiciales se toman con toda libertad el margen de tiempo que les viene en gana, alegando exceso de trabajo y complejidad del asunto. Como si a los abogados no nos pasara lo mismo, muchas veces por los tiempos impredecibles que nos imponen jueces y fiscales.

Tanto es así que un letrado al que conocí hace tiempo me comentó que el Juzgado se negó a suspender el curso de un proceso aunque fue informado de que este abogado estaba en coma en el hospital por un accidente de circulación. Ese es el respeto que nos tienen los puñeteros, dicho sea sin ánimo de ofender sino porque las togas de los abogados y las de los jueces y fiscales se diferencian porque estos últimos llevan "puñetas" bordadas en las mangas.

Lo que no acabo de entender es por qué los de las puñetas no sólo no cumplen los plazos legales sino que además se ofenden de que alguien lo diga. Eso ocurre en general, sin que pueda afirmarse que lo hacen con mala intención, sino por tradición.

Prevaricar, en lenguaje común, significa faltar a sabiendas a las obligaciones del cargo. En el Código Penal se perfila mejor el prevaricato. No es sólo el juez quien puede cometer el delito, sino cualquier funcionario que escamotea sus deberes a la ciudadanía podría ser acusado, en el supuesto de que su caso cayese en manos de un Juez honrado y riguroso. Cosa que algunos juzgados decanos saben soslayar cuando reparten las causas.

Sin embargo, la forma más sencilla de prevaricar no es dictar un acto injusto, sino no hacer nada porque así parece que la injusticia se produce sola. De ese modo ni siquiera es necesario afrontar recursos o acciones penales.

Está castigado, claro, como toda forma de prevaricar, pero muchos pensamos que sólo sobre el papel porque entre los jueces y magistrados está mal visto meterse con los de su mismo oficio, incluyendo a los secretarios judiciales y al personal a su cargo. 

El artículo 449 del Código Penal define como delito el del funcionario "culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima".

El tiempo lo cura todo, y en especial en un ámbito como es el de la Justicia donde existe algo llamado prescripción, que en definitiva hace imposible castigar un delito o ejercer un derecho cuando ha transcurrido el plazo determinado por la Ley. Esa es la "finalidad ilegítima" delictiva más habitual de nuestros togados, se supone que sin querer, aunque se les denuncie ante los Tribunales o se les abra expediente en el Consejo General del Poder Judicial, que para estas cosas sí que es gremial.

El paso del tiempo también sirve para que algunos asuntos se mueran de aburrimiento no sólo en los juzgados y tribunales sino también en las mentes de la opinión púbica.

Así está pasando en los juicios de la corrupción política, como siempre ha sido, y en otros casos en que los que votaron al actual Gobierno no se esperaban su complicidad, como el "Faisán".

Ni tampoco se esperaban de los jueces de la Audiencia Nacional que pusieran en libertad a narcotraficantes como respuesta a la decisión de ajustar razonablemente sus competencias con sus propias capacidades. Y en cuanto a la ejemplaridad para hacer valer internacionalmente el principio de Justicia Universal, ya sabe todo el mundo qué legitimidad e imparcialidad tiene la Audiencia. 

Y encima hay que oir que estas cosas ocurren porque los funcionarios de la Justicia actúan de forma independiente, cuando los mismos populares acusaban a los ministros de Interior y de Justicia de manejar los Tribunales a su antojo mediante la presión a Magistrados y contando con la obediencia de los Fiscales. Lo decía por ejemplo el destacado popular González Pons, con toda rotundidad, aunque seguramente ahora dirá que esas cosas ya no pasan.

¿Cabe mayor demostración de la falta de credibilidad de los pronunciamientos judiciales relativos a políticos y grandes empresarios? No se les llega a acusar nunca, o no a todos los que deberían estar.

El aforamiento se hizo para no mezclar negocios y política, o sea, justo lo que vemos cada día en los tribunales.

Y los que hablan de previsibles mejoras económicas mejor que se callen porque una de las cosas que nos hunde es toda esta gentuza, petulante porque puede, que pasa por los tribunales para saludarse con los magistrados.

Si quieren respeto que nos lo tengan. Tras demostrarnos ser solamente unos arribistas consumados, que no simulen tanta dignidad porque no cuela. Nunca fue cierto que nuestros partidos políticos fueran referentes morales, sino una idolatría prefabricada a la medida de dirigentes mediocres, en el mejor de los casos, y de ladrones, en casi todos.

Simplemente han estado encubiertos por la mentira certificada por funcionarios fariseos cuya palabra no puede ponerse en duda aunque se demostrase falsa.

El artículo 76 de la Constitución dice que las conclusiones de las Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público "no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales". O sea, que desde la misma legalidad se preestablece la poca credibilidad de unos y otros.

No encuentran repulsiva su propia mierda, y todos sabemos que estamos en venta porque los políticos han enterrado sus principios, si de verdad los tenían, bajo un montón de billetes. Dinero que ni aprovecha a quien lo esconde, mientras a los demás nos sacan todo lo que pueden. 

De ahí el refrán "Las leyes implanta, quien más las quebranta", reflejo de la honda tradición prevaricatoria de la función pública en España.