La política agrícola común (PAC) tiene como objetivos apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando a los agricultores de la Unión Europea (UE) un nivel de vida razonable.
En la UE hay 10 millones de explotaciones agrícolas y 22 millones de personas que trabajan habitualmente en el sector. En conjunto, los sectores de la agricultura y la alimentación crean aproximadamente 40 millones de puestos de trabajo en la Unión.
Los ingresos de los agricultores, pese a la importancia de la producción alimentaria, son alrededor de un 40 % inferiores a los de los trabajadores de otros sectores, lo que justifica las ayudas a la renta mediante pagos directos y las medidas de mercado para abordar situaciones difíciles, tales como desplomes repentinos de la demanda, como los debidos al Brexit, o caídas de precios debidas a una oferta excesiva en el mercado.
La PAC es una política común para todos los países de la UE. Se gestiona y financia a escala europea mediante los recursos del presupuesto de la UE a través de dos fondos: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que ofrece ayudas directas y financia medidas de mercado; y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que financia el desarrollo rural.
Cada país de la Unión Europea gestiona los pagos de la PAC y está obligado a publicar los datos de los beneficiarios de acuerdo con la normativa de la UE sobre transparencia. En España la distribución del dinero de la UE para la Política Agrícola Común se decide desde el Plan Estratégico Nacional de la PAC.
En España los mayores perceptores de la Política Agraria Común son las administraciones públicas. En lugar de llegar al campo, la mayor parte de las ayudas se las llevan la Junta de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Aragón. Si se eliminaran las administraciones que se autofinancian con fondos agrarios de la PAC y estas se destinaran a los auténticos productores agrícolas el problema prácticamente desaparecería.
El fraude en las subvenciones de la PAC está a la orden del día, y dificulta todavía más la subsistencia de los agricultores y ganaderos.
Tras las manifestaciones del sector agrario, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, ha mostrado su intención de reunirse con los supermercados y los sindicatos del sector para paliar los problemas del campo. El Gobierno quiere regular los precios finales de los productos agrícolas aunque los precios de la alimentación en España están cinco puntos por debajo de la media europea.
En la UE hay 10 millones de explotaciones agrícolas y 22 millones de personas que trabajan habitualmente en el sector. En conjunto, los sectores de la agricultura y la alimentación crean aproximadamente 40 millones de puestos de trabajo en la Unión.
Los ingresos de los agricultores, pese a la importancia de la producción alimentaria, son alrededor de un 40 % inferiores a los de los trabajadores de otros sectores, lo que justifica las ayudas a la renta mediante pagos directos y las medidas de mercado para abordar situaciones difíciles, tales como desplomes repentinos de la demanda, como los debidos al Brexit, o caídas de precios debidas a una oferta excesiva en el mercado.
La PAC es una política común para todos los países de la UE. Se gestiona y financia a escala europea mediante los recursos del presupuesto de la UE a través de dos fondos: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que ofrece ayudas directas y financia medidas de mercado; y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que financia el desarrollo rural.
Cada país de la Unión Europea gestiona los pagos de la PAC y está obligado a publicar los datos de los beneficiarios de acuerdo con la normativa de la UE sobre transparencia. En España la distribución del dinero de la UE para la Política Agrícola Común se decide desde el Plan Estratégico Nacional de la PAC.
En España los mayores perceptores de la Política Agraria Común son las administraciones públicas. En lugar de llegar al campo, la mayor parte de las ayudas se las llevan la Junta de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Aragón. Si se eliminaran las administraciones que se autofinancian con fondos agrarios de la PAC y estas se destinaran a los auténticos productores agrícolas el problema prácticamente desaparecería.
El fraude en las subvenciones de la PAC está a la orden del día, y dificulta todavía más la subsistencia de los agricultores y ganaderos.
Tras las manifestaciones del sector agrario, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, ha mostrado su intención de reunirse con los supermercados y los sindicatos del sector para paliar los problemas del campo. El Gobierno quiere regular los precios finales de los productos agrícolas aunque los precios de la alimentación en España están cinco puntos por debajo de la media europea.
Pedro Sánchez ha criticado el sistema de precios mediante el que las empresas de la distribución venden los productos agrarios por un precio muy superior al que cobran los productores: “Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer autocrítica”.
Los precios que perciben los agricultores y ganaderos son muy volátiles por factores ajenos a los supuestos márgenes excesivos de la distribución. Los problemas reales de los agricultores son estructurales y van más allá de las intensas lluvias y las malas cosechas, como son los altos costes de producción y la financiación.
La mayor parte de la producción agrícola española se dedica a la exportación, y sólo una quinta parte se destina a la industria transformadora, supermercados, fruterías, mercados ambulantes y hostelería.
Los precios que perciben los agricultores y ganaderos son muy volátiles por factores ajenos a los supuestos márgenes excesivos de la distribución. Los problemas reales de los agricultores son estructurales y van más allá de las intensas lluvias y las malas cosechas, como son los altos costes de producción y la financiación.
La mayor parte de la producción agrícola española se dedica a la exportación, y sólo una quinta parte se destina a la industria transformadora, supermercados, fruterías, mercados ambulantes y hostelería.
La distribución se mueve en un entorno muy competitivo, con márgenes netos que no superan el 2%, algo superior en las grandes superficies. El precio de los productos en tienda va determinado por la intervención de productores, transportistas, intermediarios y vendedor.
La solución regulatoria del Gobierno para la actual situación del campo pasaría por encarecer los precios de la alimentación para el consumidor. Los que no van a dejar de hacer negocio son los dueños de los supermercados, a menos que una subida de los precios reduzca sus ventas.
El problema no es sólo de los agricultores y ganaderos, sino del sistema extractivo de la gestión pública y quiénes se reparten los fondos, que suelen ser los enchufados en la Administración con sueldazo y no los funcionarios que se quejan de la sobrecarga de trabajo, aunque de todo hay.
A pesar de que el artículo 405 del Código Penal castiga con las penas de multa y suspensión de empleo o cargo público "a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello", se tolera ampliamente el enchufismo de tanto chupasangres que vive de nuestros impuestos.
El artículo 406 impone la misma pena de multa "a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles." Pero la ley es un poco ambigua en definir cuáles son los méritos necesarios para ser nombrado a dedo.
Este es el caso del mejor amigo de la infancia del presidente, Iñaqui Carnicero, bien colocado con 90.000 euros al año por ocupar la nueva Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura creada por el ministro Ábalos.
Carnicero no es el único caso de enchufismo de Pedro Sánchez desde que este último aterrizó en La Moncloa hace más de 2 años, recuerda la plataforma TVE Libre con una larga lista que describe a la perfección lo bien que sabe tratar Sánchez a sus allegados, amigos y adeptos:
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, colocada en el Instituto de Empresa con sueldo de 100.000 euros;
David Sánchez Castejón, hermano del presidente, colocado como "coordinador" de dos "conservatorios" en la Diputación de Badajoz con sueldo de 60.000 euros;
José Félix Tezanos, colocado en el Centro de Investigaciones Sociológicas con sueldo de 100.000 euros;
El expresidente de la Generalitat José Montilla, colocado de consejero de Enagás con sueldo de 160.000 euros;
Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, colocado de Presidente de Correos con sueldo de 200.000 euros;
Óscar López, exsecretario de Organización del PSOE, colocado de Presidente de Paradores con sueldo de 184.000 euros;
Y hay más casos, como el de la veterana socialista Rosa María Mateo, con sueldo de 160.000 euros al año como administradora única de RTVE.
No sólo Montilla, sino el exvicesecretario general del PSOE, José Blanco van a coincidir en el consejo de Enagás con otros cinco expolíticos del PP nombrados durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. El consejero delegado de Enagás es Marcelino Oreja, hijo del excomisario europeo y antiguo eurodiputado popular, los consejeros independientes Antonio Hernández Mancha, ex presidente de Alianza Popular; la exministra de Exteriores Ana Palacio; la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino; y la exviceconsejera de Hacienda del Gobierno canario Rosa Rodríguez.
El bipartidismo sostiene sin ninguna diferencia las puertas giratorias, y tanto Unidas Podemos como Ciudadanos se disputan ser aliados preferentes de los gobiernos que manden en busca de su chollo correspondiente, porque si otros lo hacen ¿por qué no hacerlo también?.
A pesar de que el artículo 405 del Código Penal castiga con las penas de multa y suspensión de empleo o cargo público "a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello", se tolera ampliamente el enchufismo de tanto chupasangres que vive de nuestros impuestos.
El artículo 406 impone la misma pena de multa "a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles." Pero la ley es un poco ambigua en definir cuáles son los méritos necesarios para ser nombrado a dedo.
Este es el caso del mejor amigo de la infancia del presidente, Iñaqui Carnicero, bien colocado con 90.000 euros al año por ocupar la nueva Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura creada por el ministro Ábalos.
Carnicero no es el único caso de enchufismo de Pedro Sánchez desde que este último aterrizó en La Moncloa hace más de 2 años, recuerda la plataforma TVE Libre con una larga lista que describe a la perfección lo bien que sabe tratar Sánchez a sus allegados, amigos y adeptos:
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, colocada en el Instituto de Empresa con sueldo de 100.000 euros;
David Sánchez Castejón, hermano del presidente, colocado como "coordinador" de dos "conservatorios" en la Diputación de Badajoz con sueldo de 60.000 euros;
José Félix Tezanos, colocado en el Centro de Investigaciones Sociológicas con sueldo de 100.000 euros;
El expresidente de la Generalitat José Montilla, colocado de consejero de Enagás con sueldo de 160.000 euros;
Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, colocado de Presidente de Correos con sueldo de 200.000 euros;
Óscar López, exsecretario de Organización del PSOE, colocado de Presidente de Paradores con sueldo de 184.000 euros;
Y hay más casos, como el de la veterana socialista Rosa María Mateo, con sueldo de 160.000 euros al año como administradora única de RTVE.
No sólo Montilla, sino el exvicesecretario general del PSOE, José Blanco van a coincidir en el consejo de Enagás con otros cinco expolíticos del PP nombrados durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. El consejero delegado de Enagás es Marcelino Oreja, hijo del excomisario europeo y antiguo eurodiputado popular, los consejeros independientes Antonio Hernández Mancha, ex presidente de Alianza Popular; la exministra de Exteriores Ana Palacio; la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino; y la exviceconsejera de Hacienda del Gobierno canario Rosa Rodríguez.
El bipartidismo sostiene sin ninguna diferencia las puertas giratorias, y tanto Unidas Podemos como Ciudadanos se disputan ser aliados preferentes de los gobiernos que manden en busca de su chollo correspondiente, porque si otros lo hacen ¿por qué no hacerlo también?.
