"Ladrones de corte", de Diego de Torres Villarroel.

Por muchos siervos que lo justifiquen, el impresentable Juan Carlos de Borbón abandonó su residencia del Palacio de La Zarzuela comunicándolo después a su hijo Felipe VI sin dar datos sobre su destino y paradero. En ese breve folio no dijo que se fuera de vacaciones, sino que había decidido trasladarse fuera dejar España. Ayer comunicó que se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, estado que desde el 2.009 tiene tres acuerdos ratificados en 2.010 en materia de extradición, de asistencia judicial en materia penal y de traslado de personas condenadas. El artículo 4 del Instrumento de Ratificación del Convenio de extradición entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2009 establece que no se concederá la extradición si el delito por el que se solicita la extradición es considerado delito político por la Parte requerida, en este caso un Estado feudal donde sus señores son impunes. Tampoco si la extradición puede tener consecuencias graves para la persona reclamada, por razón de su edad o estado de salud. Tampoco si el delito se cometió fuera del territorio de la Parte requirente y la legislación de esa Parte excluye la jurisdicción sobre ese delito en circunstancias análogas, lo que podría excluir los actos del ex-Rey en Suiza o paraísos fiscales. Se podrá conceder la extradición de una persona reclamada, siempre que manifieste su consentimiento por escrito ante una autoridad judicial, después de haber sido informada del contenido de la solicitud de extradición y de sus derechos en virtud de un procedimiento formal de extradición. Los abogados del Borbón han prometido que seguirá a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, así que si llega el caso, mentirían todos ellos si no lo hace. Como hizo Puigdemont, ante la inminente acusación, el Borbón se fuga en toda regla a refugio seguro para no afrontar la investigación judicial ni compartir la suerte de Iñaki Urdangarin. Juan Carlos no reconoce ningún acto delictivo sino que define como "ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada" los hechos que la Fiscalía y el Tribunal Supremo están investigando pese a haber encubierto y dejado prescribir muchos otros y no digamos los que perpetró mientras fue inviolable. No se puede esperar que el cabeza de la familia de bribones asuma las consecuencias de sus actos después de reincidir tras haber dicho aquello de "no volverá a ocurrir". La desvergüenza amparada por la impunidad es de toda la corrupta familia porque incluso Felipe VI miente cuando dice renunciar a la herencia de alguien que no ha fallecido, lo que prohíbe el artículo 991 del Código Civil en los siguientes términos: "Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia". Del mismo modo el art 816 del Código Civil en relación con la legítima dispone que "Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula, y éstos podrán reclamarla cuando muera aquél; pero deberán traer a colación lo que hubiesen recibido por la renuncia o transacción". No sabemos si el actual Rey y su familia ya han recibido toda o parte de la fortuna del bribón, cuando es evidente que ocultaron la fuga y el escondrijo de Juan Carlos que el Gobierno sabía aunque afirman que no les corresponde a ellos decirlo, sino a la Casa Real. La Casa Real tardó un año en retirar a Juan Carlos la asignación tras conocer la estructura financiera ilegal que se había montado en Suiza y que tenía a Felipe VI como beneficiario. Pero la falta de presentación de la Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero ha permitido a los técnicos del Ministerio de Hacienda detectar un posible delito de fraude fiscal agravado y un presunto delito de blanqueo de capitales, pese a los esfuerzos de la Fiscalía, el Poder Judicial y los letrados del Congreso en extender la inviolabilidad del abdicado a sus actos posteriores y a sus cómplices. La Justicia debe declarar los hechos mediante sentencia que exprese quiénes cometieron tales y cuales delitos, de los que sería absuelto el viejo Rey por ser inviolable o condenado si ya no lo era. Hablar de presunción de inocencia a estas alturas es ridículo, porque todo el mundo sabe que sean "regalos" o comisiones lo que recibió JC1, tributan igual que los premios de la Lotería. La obligación de contribuir al erario público está relacionada con la procedencia de todos sus fondos ocultos, que supondría la imputación de terceras personas no protegidas por inmunidad o inviolabilidad y que por tanto también deberían ser investigadas en la misma causa. Lo que no pueden tener el Rey ni sus amistades peligrosas es absoluta impunidad, como ya dije en mi entrada "a muchos debe temer aquél a quien muchos temen". La inviolabilidad es un privilegio en virtud del cual ciertas personas no están sujetas a responsabilidad penal por los actos que llevan a cabo en el ejercicio de su función. Este privilegio no puede extenderse a las actividades privadas del monarca, porque la ocultación de su patrimonio y la forma de cómo ha podido obtenerlo no son función pública del Rey. La inviolabilidad, como todo privilegio, debería restringirse a la responsabilidad penal durante el tiempo de ejercicio de un cargo público. El Rey, mientras lo sea, no tiene responsabilidad jurídica aunque ello atente y sea incompatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. Pero este argumento no cuenta para la Sala segunda del Tribunal Supremo, cuya Sentencia de 21 de Diciembre de 2.004 declara que: "la inviolabilidad no es sólo una prescripción que exime de responsabilidad, sino incluso un privilegio frente a la mera incoación de todo procedimiento (incluso civil), un verdadero límite a la jurisdicción que tiene carácter absoluto". Hay que resaltar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es la única competente para la tramitación y enjuiciamiento de las acciones penales dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte (artículo 55 bis LOPJ). Un rey que ocultó sus enormes ganancias de dudoso origen mientras cobraba una cuantiosa asignación de los Presupuestos del Estado por desempeñar sus funciones y además se llevó los fondos a paraísos fiscales en lugar de invertirlos en su país, demostró así su poca confianza en el futuro de la institución garantizándose así un cómodo retiro si la Corona caía. Desde Carlos IV todos los reyes borbones han tenido que exiliarse: Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, y Alfonso XIII. VOX exclama VERDE (Viva El Rey De España) por un patriotismo mal entendido en un momento en que hay que elegir entre la suerte de España y la del ex-inviolable. Que no se olviden de que otros pueden ocupar su lugar. Aún así, los verdaderamente falsos son PSOE, PP y Ciudadanos que se han hecho totalmente cómplices del expolio convertido en profesión y un privilegio hereditario. Unidas Podemos y los independentistas se callan mucho de lo que saben para alardear de republicanismo sin pretender de verdad derribar la monarquía. Ellos también están en la tarea de defenderse de la Justicia a cambio de compartir su impunidad. Oigo decir a muchos cortesanos tal oficina tiene tres mil reales pero vale diez mil y muy cavales ¡válgame dios y azotan a gitanos! aquestos son rateros chabacanos que pillan una capa, unos pañales, un borrico, una mula y sus caudales, no llegan a seis cuartos segovianos. Reconoces los montes es quimera que no son hermitaños los ladrones ni en los jarales buscan su carrera. Haga aquí la justicia inquisiciones y verá que la corte es madriguera donde están anidados a montones.