Noble y altivo, generoso y bueno
apareciste en tu nativa tierra,
como sobre la nieve de alta sierra
de claro día el resplandor sereno.
Torpe ambición emponzoñó tu seno
y, en el bridón siniestro de la guerra,
trocaste el suelo que tu polvo encierra
en abismo de llanto, sangre y cieno.
Mas si hoy execra tu memoria el hombre,
no del futuro en la extensión remota
tus manes han de ser escarnecidos;
porque tuviste, paladín sin nombre,
en la hora cruel de la derrota,
el supremo valor de los vencidos.
La historia condenará las irregularidades nunca suficientemente divulgadas sobre el proceso del 11M. Los nombres de los mandos y agentes de las cloacas los ocultan los mismos jueces, al pairo de la Comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004 creada por el Parlamento Español el 27 de mayo de 2004 con el fin de esclarecer las circunstancias bajo las que se produjeron los atentados del 11 de marzo de Madrid y las actuaciones policiales y políticas anteriores y posteriores a los mismos.
Para esta comisión se consensuó la figura del presidente en la persona de Paulino Rivero, diputado y portavoz parlamentario de Coalición Canaria, a propuesta de los dos grupos parlamentarios mayoritarios y el asentimiento del resto. El Vicepresidente lo puso el PSOE, y el Secretario el PP.
Los Vocales fueron cuatro por el Partido Socialista Obrero Español, cuatro por el Partido Popular, uno por Esquerra Republicana de Catalunya, otro por Convergència i Unió, otro por el Partido Nacionalista Vasco, otro por Izquierda Unida y otro por el Grupo Mixto. Las comparecencias se alargaron desde ese verano hasta el invierno.
Carmen Baladía Olmedo compareció en la Comisión como directora del Instituto Anatómico Forense de Madrid, declarando que no se terminó el levantamiento de cadáveres en las estaciones hasta las 18:00 horas del día 11 de marzo, y que tras las autopsias no se decía nada sobre la presencia de terroristas suicidas entre los muertos.
Luis Garrudo Hernández era portero de la finca de Alcalá de Henares donde se halló la furgoneta Renault Kangoo, quien aseguró haber visto a tres hombres cerca de la furgoneta poco antes de las siete de la mañana, y cómo uno de ellos iba con un bolso o mochila hacia la estación de cercanías de Alcalá de Henares. Posteriormente, se lo comentó al presidente de la comunidad de vecinos donde trabajaba, avisando este sobre las 10:30 a la policía que inmediatamente identificaron el vehículo abandonado como robado.
Garrudo afirmó que la policía abrió el vehículo y lo inspeccionó visualmente poco antes de la una del mediodía, localizando los detonadores que había en su interior. Sin embargo, el documento facilitado por el anterior gobierno señala que a las 14.15 concluye la inspección ocular donde está la furgoneta, y a las 15.30 se repite la inspección ocular en las dependencias centrales de la policía en Canillas, donde consta la detección de siete detonadores y una cinta de casete, que según la declaración ya se habían encontrado antes.
Eduardo Blanco González compareció en calidad de comisario de Alcalá de Henares. Dijo que, avisados a las 10:30 por el presidente de la comunidad de vecinos donde trabaja el sr. Garrudo de la presencia de la furgoneta, se averiguó a las 10:50 que el citado vehículo era robado, y los equipos TEDAX procedieron a abrir la furgoneta tras determinar la inexistencia de explosivos y que, tras una inspección ocular donde no se localiza nada, el vehículo fue precintado sobre las 12:30 y transportado a las 14:15 a Madrid, donde llegó a las 15:15.
Juan Jesús Sánchez Manzano compareció como comisario Jefe de los TEDAX, e indicó que sobre las 12:30 llegaron a los laboratorios los primeros restos con impregnaciones de la explosión y a las 14:00 horas se identificaron componentes de la dinamita al encontrarse restos de nitroglicerina, sin que se pudiera determinar la marca. Pero la nitroglicerina no es un componente de la Goma 2 ECO, lo que indica que el explosivo empleado por los terroristas era diferente.
Sobre las 15:00 se le comunicó el hallazgo de la furgoneta de Alcalá de Henares y aseguró ante la Comisión que los detonadores y un trozo de cartucho de dinamita GOMA 2 ECO fueron encontrados en la inspección de la misma, sobre las 15:30. Puesto que dichos detonadores llevaban el logotipo de una empresa MAXAM, se pusieron en contacto con los representantes de esta, que confirmaron que los detonadores y el resto del cartucho GOMA 2 ECO correspondían a su empresa. Por ese motivo, según explicó el Comisario, a las 72 horas, con la colaboración de empleados de la empresa averiguaron que el material explosivo había sido robado en la mina Conchita de Avilés (Asturias).
En la madrugada del 12, sobre las 2:30, recibió el aviso de que había un artefacto explosivo en el Puente de Vallecas, que los TEDAX consiguieron desactivar en unas tres horas. También relató el hallazgo de restos de explosivos en el registro de la finca de Morata de Tajuña días más tarde, lugar utilizado por los terroristas, que se pudo localizar gracias a la tarjeta del teléfono movil de bomba desactivada por los TEDAX en Puente de Vallecas. Más tarde, a preguntas sobre la causa del fallo en el mecanismo de explosión de la mochila encontrada en Puente de Vallecas, dijo que su departamento investigó y conoce el motivo de dicho fallo, aunque por razones de seguridad no pueden hacerlo público.
El jefe de los TEDAX aseguró que existía coincidencia entre los explosivos usados el 11 de marzo y los que posteriormente se encontraron en las vías del AVE, a la altura de Mocejón (Toledo) y en el piso de Leganés donde presuntamente se suicidó la mayor parte del comando terrorista.
El Comisario Jefe de los TEDAX declaró en la Comisión que el juez del Olmo le confirmó que el teléfono que tenía Suárez Trashorras correspondía a un miembro de la Unidad Central de Información Exterior, de la que Mariano Rayón Ramos era comisario y también compareció para rehuir culpas.
El teniente coronel Faustino Álvarez Sola compareció como Jefe de la Unidad Central Especial de la Guardia Civil que localizó el 14 de marzo un coche robado cerca de la estación de cercanías de Alcalá de Henares que, al parecer, tuvo que ver con los atentados, y llevó el 19 de marzo a la detención de Rafa Zouhier, implicado en el tráfico de explosivos.
Jesús de la Morena Bustillo compareció ante la Comisión como exjefe de la Comisaría General de Información. A las 12:00 del día 11 se le convocaba a una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad junto a los directores y subdirectores de la policía y la Guardia Civil, sin conclusiones sobre la autoría. En esta reunión, el subdirector de la policía Pedro Díaz-Pintado Moraleda recibió la información de que el explosivo utilizado era Titadyne con cordón detonante, aunque aseguró no saber quien le transmitió ese dato. El ex subdirector de la Policía, según contó a la Comisión, requerido por el Secretario de Estado sobre el tipo de explosivo utilizado, llamó al Comisario General de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro, quien en un principio le contestó con acritud que las prisas por conocer este tipo de informaciones sólo conducían a errores. En el transcurso de la citada reunión, Cuadro le llamó para decirle que el explosivo era Titadyne con cordón detonante. Pero el 12 de Marzo aparece la mochila de Vallecas y cambia todo.
Miguel Ángel Santano Soria era en el momento de comparecer comisario general de la Policía Científica, y era jefe de la policía científica de Madrid en el momento de producirse los atentados. Dijo que el traslado de la furgoneta Renault Kangoo a las dependencias de la comisaría general de la policía científica en lugar de a la comisaría provincial se ciñó estrictamente al procedimiento reglamentario para casos de terrorismo. Explicó también que él no llegó a ver la furgoneta en ningún momento, y que hasta el momento de comparecer, aún no la había visto. A pesar de ello, relató a la Comisión la cronología correspondiente al traslado del citado vehículo, que llegó a las dependencias policiales de Canillas a las 15:30 horas del día 11 de marzo. En este punto, dijo desconocer el modo en que la llamada "mochila número 13" llegó a la comisaría de Vallecas y que el teléfono y la tarjeta SIM hallados en la mochila fueron entregadas a primeras horas de la mañana del 12 de marzo a la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), unidad encargada de forma específica de la lucha contra el terrorismo islamista.
Miguel Ángel Fernández Rancaño, Jefe superior de Policía de Madrid, acerca de la anteriormente mencionada mochila 13, dijo que según a él le constaba, la mochila no fue trasladada a IFEMA, sino que la transportaron directamente desde la estación de trenes de El Pozo a la comisaría del distrito (Vallecas). Posteriormente corroboró las declaraciones de los anteriores comparecientes en cuanto a la hora de la desactivación del explosivo y la entrega de la tarjeta SIM a la Unidad Central de Información Exterior en la mañana del viernes 12 de marzo.
Se le siguió preguntando, en este caso sobre el seguimiento de Sarhane Ben Abdelmajid, alias "El Tunecino", que se debía a una investigación que ya estaba en curso al llegar él a la jefatura en junio de 2003. Que estas investigaciones relacionaban al sospechoso con una célula de captación de adeptos para el terrorismo islamista, pero que no era parte principal de dicha investigación, sino sólo una de muchas personas investigadas. El seguimiento de este sospechoso terminó el día 5 de marzo, y la investigación sobre la célula no terminó hasta el 29 de marzo de 2004. En Madrid, según dijo, no se tenía conciencia del grado de amenaza que existía ya que, de haberse tenido esa conciencia, se hubiera actuado de otra forma.
Encajan incluso algunas coincidencias temporales como el golpe mortal a la cúpula de logística de ETA en abril de 2004, golpe que se realizó en dos fases: en Saint Michel el 3 de abril (coincidiendo con el episodio de Leganés) y en Chatelleraux el 16 de abril (último día de mandato del gobierno en funciones de Aznar). ¿Alguno de los detenidos en aquella doble operación era confidente nuestro?
Comparecieron también Telesforo Rubio, Comisario general de Información; Francisco Javier Alemán Bellizón, agente de la unidad de guías caninos; Luis Martín Gómez, jefe del Grupo Local de Policía Científica de Alcalá de Henares; Jesús Núñez Díaz, Director del Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria; Manuel Castells, Sociólogo y profesor universitario, ministro de Universidades del Gobierno de España desde 2020; Xabier Picaza, Profesor de Religiones de la Universidad de Salamanca; el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo en 2012; el Fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño; Gemma Martín Muñoz, experta en el mundo árabe; José Luis Prieto Carrero, experto en antropología forense; Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil; José Manuel García Varela, subdirector de Operaciones Especiales de la Guardia Civil; el General Vicente Faustino Pellicer, ex-subdirector de Operaciones de la Guardia Civil; Santiago López Valdivielso, exdirector general de la Guardia Civil; Carlos Gómez Arruche, director general de la Guardia Civil; Agustín Díaz de Mera, exdirector general de la Policía; Víctor García Hidalgo, director general de la Policía; Agentes de la Guardia civil "Paco" y "Víctor", que contactaron con el confidente Rafá Zohuier; y Manuel García Rodríguez, Inspector jefe de estupefacientes de Avilés.
Respecto al suministro de explosivos asturianos, el Teniente Coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, exjefe de la comandancia de la Guardia Civil en Gijón, manifestó que a Trashorras lo oyó nombrar por primera vez a raíz de su detención por la Policía Nacional en marzo de 2004 en relación con los hechos investigados por la Comisión. En cambio manifestó que el nombre de Antonio Toro lo conocía desde el 2001 a través de una confidencia, con lo que se refería a la denuncia de Francisco Javier Villazón Lavandera, que había denunciado una trama de tráfico de explosivos en dos comisarías de la Policía Nacional tras las que se había dirigido a la Guardia Civil. La llamada de Lavandera a la Guardia Civil, el compareciente dijo que la llamada se realizó el 26 de agosto del año 2001, que quedó constancia en un pequeño informe que incluía un extracto de la conversación y que no recordaba el nombre del suboficial de servicio. Sin embargo, manifestó que la primera vez que supo de la llamada fue cuando un teniente de la Policía Judicial le informó de la misma y le entregó un informe operativo de un agente que se había entrevistado personalmente con Lavandera para aclarar los extremos de lo que había denunciado por teléfono. El Teniente Coronel manifestó a este respecto que el agente Campillo hizo un informe al cual no se adjuntó ninguna nota informativa de ningún otro agente u oficial.
El Comisionado lanzó en este punto una serie de preguntas para saber si Pedro Laguna Palacios, excoronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Asturias, general de brigada jefe de la zona de Castilla y León, superior en ese momento del compareciente había recabado información sobre la Operación Serpiente a raíz de esta publicación y ante las preguntas a las que lo sometían los periodistas. También preguntó si desde Madrid habían llegado órdenes de no investigar nada.
A todo esto, el Teniente Coronel contestó que la única vez en que se había nombrado la operación Serpiente en su presencia con posterioridad a los atentados había sido una reunión en abril cuando su comandancia había sido encargada exclusivamente de averiguar el origen de los explosivos utilizados puesto que era público y notorio que el resto de la investigación lo estaba llevando a cabo la Policía Nacional. El Teniente Coronel reiteró que la Policía Nacional disponía de la información y que por ello realizó las detenciones de Toro y Trashorras poco después de los atentados. Digamos que eran los sospechosos habituales.
El Comisionado se interesó por las reacciones del Teniente Coronel ante una nota de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la que informaba que Toro y Trashorras habían sido nombrados por un confidente llamado Rafa Zouhier.
En el informe operativo de la operación Serpiente aparecía el dato de que Toro le había manifestado a Lavandera que podía suministrar 1000 Kilos de dinamita a la semana, que le había mostrado 40 Kilos que tenía en el coche. En cambio preguntado sobre si en el informe se citaban Marruecos y las bombas con móviles, el Teniente Coronel lo negó. Finalmente repasaron el tema del control de explosivos -que una vez entregados en la mina, no hay forma de saber si son utilizados allí o distribuidos de contrabando- y las dificultades para gestionar la información de confidentes por su poca fiabilidad y por el hecho de que se basa en la confianza mutua entre estos y su agente.
Antonio Búrdalo de Fuentes, coronel jefe de la Guardia Civil en Asturias, declaró ante la comisión parlamentaria del 11-M que ve "alguna conducta poco ortodoxa e incluso negligente" en las actuaciones desarrolladas por los guardias que tuvieron relación con la cinta grabada en agosto de 2001 por el agente Jesús Campillo al confidente Francisco Javier Villazón Lavandera, "Lavandero". Búrdalo también puso en duda que el agente David Robles tuviera la cinta desde 2003 y no la hubiera escuchado.
Jorge Dezcallar y Alberto Saiz, directores sucesivos del Centro Nacional de Inteligencia, antes de comparecer, expusieron al ministro de Defensa, José Bono, cuáles eran las limitaciones legales de su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre el 11-M, que les había citado. Bono, según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "les ha contestado con la ley en la mano. La ley establece lo que es secreto y, por lo tanto, cumplimiento estricto de la legalidad".
La Ley Reguladora del CNI, de mayo de 2002, afirma que "las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto".
La definición es tan amplia que los responsables del CNI no pueden hablar prácticamente de ningún asunto sin incurrir en un delito de revelación de secretos. Por eso, Dezcallar pidió a Bono un informe escrito que fijase los límites de su declaración. Dezcallar, posteriormente embajador en el Vaticano no podía referirse a los 20 documentos del CNI que fueron examinados por la comisión del 11-M en sesión secreta. Los únicos informes desclasificados (el 18 de marzo por el Gobierno en funciones de Aznar) son uno del 11-M, que daba por "casi segura" la autoría de ETA, y otro del 12 sobre la reivindicación del atentado en un diario árabe de Londres.
En cuanto al organigrama del CNI hay que decir que los detalles constituyen informaciôn clasificada con el grado de secreto, incluyendo utilizaciôn y control de los créditos destinados a fondos reservados, los servicios de inteligencia autonómicos y otros entuertos de nuestra Inteligencia.
Félix Sanz Roldán es un general español que ha servido como jefe del Estado Mayor de la Defensa entre los años 2004 y 2008 y como director del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019, con rango de secretario de Estado, en sustitución de Alberto Saiz. No fue citado a la Comisión pero ahora sabemos quién mandaba el CNI.
Félix Sanz Roldán y el rey emérito siempre "querían hacer constar" que las órdenes del exdirector del CNI provenían del monarca, según revelaron Villarejo y Corinna Larsen en el primer juicio contra el excomisario. Así lo ha dicho en su declaración como testigo en el juicio que este viernes ha comenzado en Madrid contra el excomisario José Villarejo, absuelto de calumnias al exdirector del CNI. Villarejo asegura que el CNI puso los medios para grabar su reunión con Corinna en Londres.
Larsen ha asegurado que le aterrorizaron las reiteradas amenazas que recibió del exjefe del Centro Nacional de Inteligencia Sanz Roldán, quien le dijo que si no seguía determinadas recomendaciones e instrucciones, él no iba a poder asegurar su seguridad física ni la de sus hijos.
"Siempre querían hacer constar que el señor Sanz Roldán recibía los órdenes del Rey Juan Carlos I, que las recibía desde arriba", ha dicho la alemana, quien añadió que "cada vez que no estaba de acuerdo con lo que él quería, me decía que no era una buena idea y que podría haber consecuencias". "Además, tenga en cuenta que el hecho de denunciar al señor Roldán como jefe de la seguridad del Estado, tendría que haber denunciado al rey Juan Carlos por darle las órdenes y al tener inmunidad diplomática o estar el rey protegido por la ley, no tendría ninguna consecuencia ni aseguraría mi seguridad en Londres", ha manifestado. "Cuanto más asustado estás, estás enfrentándote a personas con determinado nivel de poder, no sacas hechos a la luz a no ser que estés siendo respaldado por otras personas", ha contestado antes de recordar que hasta 2019 Sanz Roldán seguía siendo el jefe del CNI y seguía teniendo inmunidad diplomática.
Roldán ha rechazado dar cuenta del contenido de su encuentro con Corinna en Lodres o de si éste tenía como objeto la defensa de la Seguridad del Estado amparándose en el artículo 417.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dada su condición de ex director del CNI. "El CNI solo puede actuar en el país en el que existe, no tengo capacidad para hacer nada fuera de España, caería en grave responsabilidad, salvo misiones en el exterior aprobadas por el Estado", ha indicado.
Ángel Acebes Paniagua compareció ante la Comisión como exministro del Interior, para asegurar que en todo momento había ofrecido la información que tenía y que hasta mucho después de las elecciones no había sido posible descartar la hipótesis de ETA. Eduardo Zaplana, Portavoz del PP en el Congreso y ex-portavoz del Gobierno negaba la responsabilidad a la célula de Leganés, en sintonía con la exministra de Exteriores Ana Palacio e Ignacio Astarloa Huarte, exsecretario de Estado de Seguridad.
Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, su ministro del Interior; Fernando Aldea Juan; el teniente coronel y nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Juan Carretero Lucena; Juan Manuel Calleja Menéndez, comisario jefe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid; José Luis Bayona Pérez, jefe del servicio de inspección e intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil; Rafael Gómez Menor, responsable de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía, experto en terrorismo árabe; Gerardo Herrero, fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; el traductor Yousef Nedal Ziad; Mariano Simancas Carrión, director en funciones de Europol; Gijs de Vries, coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo.
José Luis Rodríguez Zapatero comparece como presidente del gobierno, inmediatamente después de Aznar, con la más prolongada de todas las declaraciones en la que reiteró que los atentados eran, sin duda alguna, obra del terrorismo islámico radical.
Pilar Manjón compareció como presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, asociación suprapartidaria y aconfesional, nombrada entidad de utilidad pública, formada inicialmente por víctimas y familiares de víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Esta madre de un joven muerto acusó a partidos y medios de comunicación de utilizar los atentados en beneficio propio, criticando además la actitud frívola que se vivía en la comisión con abucheos y aplausos a los testigos. En este punto, espetó a los comisionados: "¿De qué se ríen, señorías?". Su intervención generó una gran conmoción social, cambiando drásticamente el ambiente dentro de la propia comisión. Además de estas acusaciones, la presidenta de la asociación 11M Afectados del Terrorismo exigió la creación de una nueva comisión de investigación independiente de los partidos políticos que depurara las responsabilidades sobre los errores y las imprevisiones que condujeron a los atentados.
Las conclusiones de la Comisión fueron aprobadas por 184 votos a favor, 145 en contra y una abstención (El PP se mostró en desacuerdo con el resto de partidos). Las conclusiones determinan que el gobierno de José María Aznar no previno de forma adecuada la amenaza del terrorismo islamista radical y tergiversó los datos de la autoría del atentado en los días posteriores, insistiendo en hablar de ETA cuando la investigación policial se alejaba de esa hipótesis.
El lehendakari Juan José Ibarretxe, en una declaración pública a primeras horas de la mañana del 11M culpó a ETA de la masacre y tildó de alimañas a sus militantes. Otros partidos se le fueron uniendo. El dirigente de la izquierda abertzale Otegi tenía concertada una entrevista con Mariano Ferrer en Herri Irratia. Y, allí, en antena, rechazó la autoría de ETA, sostuvo que los atentados de Madrid tenían relación con la participación española en la guerra de Irak y que sus autores eran grupos yihadistas. Y así ha quedado.
Se llama "verdad oficial". António Vitorino, ex-comisario europeo de asuntos de Justicia e Interior reconoció ante la Comisión que cualquier atentado es en último término un fracaso de la prevención, que requiere un conocimiento del modus operandi de las redes terroristas que actúan en Europa. Comentó que no existía una sola red islámica centralizada sino redes muy locales con un comportamiento de ataque oportunista. A su juicio, estas redes estaban formadas por ciudadanos reclutados en el interior de los países miembros y su encuadramiento en organizaciones radicales, personas muy integradas y con cualificaciones profesionales elevadas o que podían financiarse a base de pequeña delincuencia. En este sentido afirmó que estos grupos no tenían preferencia por ningún tipo de delito sino que utilizaban el que pudiera darles la financiación necesaria de manera más efectiva.
Continuando su exposición, el Sr. Vitorino llamó a un control mucho más efectivo del mercado de sustancias explosivas en la Unión Europea aunque advirtió que había muchos métodos e instrumentos al alcance de los terroristas que les permitiría cometer sus delitos incluso si carecían de acceso a explosivos tradicionales. Tras los atentados en Cataluña del 17-A está claro que los controles son insuficientes.
Afirmó que todos los países deben ser responsables de la seguridad colectiva y que el viejo modelo de colaboración entre servicios de inteligencia basado en un mercado de favores recíprocos era completamente obsoleto, puesto ahora era en interés de cada país que los demás dispusieran de toda la información que él mismo poseía.
Vitorino manifestó que no veía a España como un país con un riesgo diferencial por causa de la guerra de Irak porque países que no habían participado en ella habían estado a punto de sufrir atentados aunque estos habían sido abortados, aunque la relación entre el atentado de Casablanca y el 11-M dejó claro que había una matriz de actividad radical en Europa de origen marroquí. Afirmó también que la colaboración del gobierno de Marruecos era fundamental y estaba siendo muy buena. Ante la pregunta directa de la Comisionada, el Sr. Vitorino expreso de forma clara no tener ninguna prueba ni indicio que existiera relación alguna entre ETA y Al-Qaeda.
Cuando Zapatero tomó posesión de su cargo de presidente de gobierno, una de sus decisiones inmediatas, junto con la retirada de las tropas españolas de Irak, fue la destitución del embajador de España en Marruecos. El papel de Marruecos en las investigaciones de la masacre de Madrid nunca ha sido aclarado. Lo que sí es evidente, con los datos que tenemos hasta la fecha, es que la versión oficial del 11-M se construyó no en base a los datos, sino a los silencios de nuestro vecino del sur.
Así que resulta inevitable pensar lo que Marruecos podría contarnos sobre esa interminable serie de "agujeros" con la que se construyó la versión oficial de los atentados del 11-M: ¿de qué hablaron, por ejemplo, Moratinos y Taieb Fassi-Fihri, viceministro de Exteriores marroquí, en la reunión secreta que mantuvieron en Madrid una semana después del atentado del 11-M, cuando aún Zapatero no había tomado posesión de su cargo de presidente? ¿Qué tenía Moratinos que tratar o negociar con tanta urgencia que no pudiera esperar a la toma de posesión del nuevo Gobierno, prevista para escasas semanas después? ¿Podría el gobierno marroquí informarnos de cuál era el objeto y cuáles fueron los puntos tratados en esa reunión?
Cuando se produce la explosión del piso de Leganés, la Policía determina que uno de los cadáveres encontrados en el piso es el de un marroquí llamado Jamal Ahmidan y apodado El Chino. Según los informes policiales, la identificación se produce gracias a que Marruecos envió las huellas de Jamal Ahmidan, que pudieron cotejarse con las del cadáver. Sin embargo, en el sumario del 11-M no consta esa ficha de huellas supuestamente enviada por Marruecos, como tampoco consta ninguna comunicación oficial de Marruecos al respecto. ¿Podría el gobierno marroquí confirmar si efectivamente se enviaron dichas huellas a la Policía española? ¿Podría proporcionar una copia del oficio de remisión correspondiente o informarnos de por qué ese oficio no consta en ningún lado?
Jamal Ahmidan, que nos han vendido como supuesto cerebro de los atentados de Madrid, consta en los informes policiales incluidos en el sumario del 11-M porque aunque mató a una persona en Marruecos en el año 2000, salió de la cárcel a mediados de 2003 y pasar a España, donde los informes policiales están llenos de contradicciones en lo que a ese aspecto se refiere y, para variar, tampoco consta ninguna comunicación oficial de Marruecos avalando dicha historia.
Por si fuera poco, cuando el periodista de El Mundo Ali Lmrabet trató de indagar en Marruecos acerca de la veracidad de esa historia, se encontró con que el sumario sobre ese supuesto asesinato cometido por Jamal Ahmidan unos años antes del 11-M no aparecía por ninguna parte. ¿Podría Marruecos informarnos de por qué no existe ninguna comunicación oficial marroquí en el sumario del 11-M con el historial de Jamal Ahmidan? ¿Podría confirmar si son ciertos esos antecedentes de Jamal Ahmidan recogidos en los informes de la policía española? ¿Podría decirnos el gobierno marroquí qué informes le fueron solicitados por la policía española y proporcionarnos copia de los informes enviados como contestación a esos requerimientos?
Hicham Ahmidan, supuesto primo de Jamal Ahmidan, dejó rastro en numerosos escenarios de los utilizados para construir la versión oficial: en el registro de su casa apareció una tarjeta telefónica del mismo lote que la encontrada en la mochila de Vallecas; sus huellas dactilares aparecen en el coche habitualmente utilizado por El Chino; fue el encargado de falsificar tres matrículas usadas por los miembros de la trama; aparecen sus huellas dactilares en la casa de Morata de Tajuña donde nos dicen que se montaron las bombas; en uno de sus coches apareció ropa con el ADN del propietario de la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares y que supuestamente se usó para transportar las bombas.
Y, sin embargo, el juez Del Olmo no se molestó en interrogar a Hicham Ahmidan a lo largo de la instrucción del 11-M, a pesar incluso de que se lo había solicitado una de las acusaciones. Sólo después de acabado el juicio del 11-M Hicham Ahmidan fue enjuiciado en Marruecos y condenado por su presunta participación en los atentados de Madrid sin que los abogados de las víctimas pudieran participar en ese juicio y sin que Marruecos proporcionara un relato detallado de los hechos que se le imputan a Hicham Ahmidan y confirmarnos si, en algún momento durante la instrucción del sumario en España, alguien hizo el menor intento por interrogarle.
Rachid Tachti es, junto con Hicham Ahmidan, la única persona viva que podría aclararnos quién compró el lote de tarjetas telefónicas que supuestamente se emplearon en los atentados, porque en el sumario del 11-M consta que ambos (Hicham Ahmidan y Rachid Tachti) llegaron a utilizar tarjetas telefónicas de dicho lote. Pero, cuando uno de los abogados de las defensas solicitó al juez, el 4 de abril de 2005, que tomara declaración a Rachid Tachti, la Policía contestó que acababa de ser expulsado de España tres días antes, en aplicación de la Ley de Extranjería.
Sin embargo, pocos meses después, en diciembre de 2005, ese individuo que nos decían que había sido expulsado fue detenido por apuñalar a una persona en la discoteca Joy Eslava. La explicación que dio la Policía es que había vuelto a entrar ilegalmente en España poco después de ser expulsado. Y nadie se molestó en interrogarle acerca de las tarjetas supuestamente empleadas en las bombas.
En la tarde del 3 de abril de 2004, los mandos policiales que se encontraban en Leganés recibieron de sus subordinados la información de que los "suicidas" rodeados en el piso estaban llamando a sus familiares en Marruecos para despedirse. Al parecer, las llamadas habrían sido interceptadas en la Embajada española en Marruecos y dos funcionarios del Ministerio de Interior marroquí habrían ayudado a traducirlas.
Sin embargo, aquel episodio no puede ser sino un montaje, como ya reveló el periódico marroquí Le Journal Hebdomadaire, la petición de ayuda al Ministerio de Interior marroquí para traducir las llamadas de "despedida" se produjo a las 3 de la tarde del 3 de abril es decir, cuatro horas antes de que esas llamadas se produjeran. ¿Podría Marruecos confirmarnos si efectivamente llegó a recibir alguna petición oficial de ayuda para traducir las llamadas de los "suicidas" y a qué hora la recibió?
En mayo de 2009, acabado ya el juicio del 11-M, aparecía por sorpresa en Marruecos Mohamed Belhadj, uno de los "huidos" del 11-M, del que los informes policiales decían que posiblemente se había suicidado en Irak. Este "suicida resucitado" fue juzgado en Marruecos y condenado por su presunta participación en el 11-M, de nuevo sin que ninguna de las acusaciones que representan a las víctimas tuviera la oportunidad de interrogarle y sin que nadie nos haya explicado cuál fue su participación exacta en los hechos.
Son muchos los aspectos del sumario que se pierden en la nebulosa de nuestro vecino del sur: los informes policiales remiten en numerosas ocasiones a supuestas comunicaciones de Marruecos de las que, sin embargo, no hay constancia documental por ninguna parte; son varios los personajes secundarios de la trama oficial del 11-M de los que se nos dice que han sido juzgados y condenados en Marruecos, sin que sepamos qué participación en el 11-M se les atribuye; también son varios los personajes de la trama sobre los que pende la sospecha de su posible colaboración con los servicios de información marroquíes.
¿Qué cosas nos podría contar Marruecos y los servicios secretos de otros países acerca de las investigaciones del 11-M?
