El silencio que queda entre dos palabras
no es el mismo silencio que envuelve una cabeza cuando cae,
ni tampoco el que estampa la presencia del árbol
cuando se apaga el incendio vespertino del viento.
Así como cada voz tiene un timbre y una altura,
cada silencio tiene un registro y una profundidad.
El silencio de un hombre es distinto del silencio de otro
y no es lo mismo callar un nombre que callar otro nombre.
Existe un alfabeto del silencio,
pero no nos han enseñado a deletrearlo.
Sin embargo, la lectura del silencio es la única durable,
tal vez más que el lector.
Amadeo Martínez Inglés (Zaragoza, España, 1936) es un exmilitar, escritor y ensayista español.
En 1953 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza. Destinado en el Batallón Expedicionario del Regimiento "Tetuán nº 14", fue enviado a Sidi Ifni, que había sido escenario de un conflicto entre fuerzas españolas y guerrilleros marroquíes. La unidad llegó el 25 de junio, cuando las operaciones militares ya habían finalizado, habiéndose declarado un alto el fuego unilateral el 23 de dicho mes. Este batallón prestó servicios de seguridad en campaña hasta ser repatriado el 19 de junio de 1959.
En 1969 se diplomó en Estado Mayor, siendo destinado durante varios años a la Brigada de Infantería Ligera Paracaidista y a las Tropas Nómadas del Sahara. También obtuvo la diplomatura de Estado Mayor por la Escuela Superior de Guerra de Argentina y las especialidades en Estados Mayores Conjuntos, carros de combate, paracaidismo militar, unidades motorizadas, operaciones aerotácticas y fotointerpretación aérea.
A lo largo de sus 37 años al servicio del Ejército, sobre todo durante la Transición Española, ocupó varios cargos de importancia dentro del estamento militar español, tales como el de jefe de Movilización del Estado Mayor del Ejército y jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Zaragoza, a la vez que fue profesor de Historia Militar en la Escuela de Oficiales del Estado Mayor.
En abril de 1990 fue expulsado del servicio activo del Ejército por el Ministerio de Defensa, tras haber pasado cinco meses en la prisión militar de Alcalá de Henares por sucesivas sanciones disciplinarias, iniciadas en noviembre de 1989 con un expediente por falta grave debido a sus declaraciones a diversos medios de comunicación, en las que se mostraba partidario de un ejército totalmente profesional. En su libro España indefensa, publicado ese mismo año, abogaba por la necesidad de un Ejército profesional y de suprimir el servicio militar obligatorio, lo que con el tiempo ocurrió.
En junio de 1991 ingresó en Izquierda Republicana (IR), entonces parte de la coalición Izquierda Unida. En octubre de 1993 abandonó IR, acusando a su líder, Isabel Herreros, de malversación de fondos públicos y desvío de dinero, y al presidente de la coalición, Julio Anguita, de "tratar de tapar todo el tinglado". Esto provocó, según el acusado, su retirada como portavoz de la coalición y la escisión en Izquierda Republicana. En septiembre de 1997 el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid absolvió a Herreros de los delitos de falsedad continuada y falsedad en documento público.
Durante los años 2000 fue protagonista de varios hechos polémicos. Muy crítico con la invasión de Iraq en 2003, protagonizó una polémica al unirse a una manifestación vestido con su uniforme militar el 15 de mayo de 2003 estando apartado del servicio activo del Ejército, por lo que fue llevado a juicio, en el cual fue absuelto.
Otra polémica la protagonizó el 22 de mayo de 2004 cuando logró colarse con su traje militar y con un arma en la guerrera en la catedral de la Almudena de Madrid durante la boda de Felipe de Borbón y Grecia con Letizia Ortiz, arguyendo que lo hizo para denunciar los fallos de seguridad del acto.
Martínez Inglés escribió artículos de opinión para El Mundo, y participaba en las tertulias de programas en la cadena COPE. Su obra publicada se compone de varios ensayos en los que critica los entresijos en los que han estado o están vinculadas las acciones del Ejército español, basándose, según afirma, en el conocimiento que ha adquirido después de tener acceso a los archivos secretos y a las informaciones reservadas del Ejército de Tierra. La transición vigilada versa sobre el intento de golpe de Estado de 1981, tema sobre el que también publicó 23-F. El golpe que nunca existió (Foca, 2001), un libro en el cual Martínez Inglés sostiene la tesis de la participación interesada del rey Juan Carlos I, los jefes de destacadas fuerzas políticas españolas y militares de alto rango en la organización del Golpe de Estado contra el Gobierno de Adolfo Suárez.
Más adelante publicó otra polémica obra sobre la figura del rey Juan Carlos I, Juan Carlos I, el último Borbón (Styria, 2008), en la que criticaba a fondo su forma de llegar a la Jefatura de Estado, el supuesto poder fáctico del que disfrutaba y su oculta vida privada. Ese mismo mes envió una carta al presidente del Congreso de los Diputados pidiendo la creación de una comisión parlamentaria que investigara la responsabilidad que pudiera tener el monarca en la comisión de "graves delitos relacionados con el terrorismo de Estado".
En diciembre de 2011, Martínez Inglés escribió un artículo en el diario digital Canarias Semanal, en el que cargaba contra la dinastía borbónica española y, como parte integrante de la misma, contra el exrey Juan Carlos I.
A raíz de la publicación de dicho artículo, Martínez Inglés fue imputado como presunto autor de un delito de "injurias graves a la Corona", prestando declaración ante un tribunal de la Audiencia Nacional en abril de 2012. El juicio oral sobre dicha causa fue visto para sentencia el 21 de mayo de 2013, resultando el autor del artículo condenado al pago de una multa de 6.480 euros.
Dicho artículo era: "¿POR QUÉ TE CALLAS AHORA?" Por Amadeo Martinez Inglés, coronel del ejército español.
Sí, sí, regio suegro del atlético Urdanga; divino monarca enviado por el Espíritu Santo a este bendito país para velar por la democracia, la felicidad, la salud y el bienestar de sus sufridos ciudadanos; rey sin par que crees provenir del testículo derecho del emperador Carlomagno cuando en realidad lo haces de la pérfida bocamanga del genocida Franco.
Sí, tú, último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica culpable del atraso, la ignorancia, la degradación, la pobreza, el odio y la miseria generalizada de centenares de generaciones de españoles; presunto (estamos en un Estado de derecho aunque no lo parezca) malversador de fondos públicos para pagar francachelas sexuales; corrupto máximo en un país donde, desgraciadamente, la corrupción se mama desde la cuna; impune muñidor de una descomunal fortuna personal que nadie en este país sabe de donde ha salido; vil autogolpista castrense en aquél recordado 23-F que organizaste in extremis para salvaguardar tu detestable corona franquista; fratricida confeso (o presunto asesino) en tu juventud; reo de un delito de alta traición a la nación española al pactar en 1975 con el Departamento de Estado norteamericano, ostentando interinamente la Jefatura del Estado español por enfermedad del dictador Franco, la entrega vergonzante a Marruecos de la totalidad de la antigua provincia española del Sahara Occidental (territorio bajo administración española, según la ONU) en evitación egoísta de una guerra con ese país que hubiera puesto en peligro tu tambaleante corona; corresponsable, en consecuencia, del espantoso genocidio posterior (más de tres mil víctimas) cometido por el rey alauí, Hassan II, para dominar el inmenso territorio abandonado por España... tú que mandas callar a voz en grito a jefes de Estado extranjeros.
¿Por qué callas ahora? ¿Por qué no hablas, y cuanto antes, a los españoles? Primero ¡faltaría más! de las andanzas presuntamente delictivas (los jueces hablarán próximamente) de tu deportivo yerno, ese caradura integral que se ha valido de su matrimonio (con el, seguramente, también delictivo consenso de su gentil esposa) y de la impunidad casi absoluta de que ha gozado hasta ahora la llamada familia real española, para apropiarse de millones de euros del erario público. Con la gentil colaboración de políticos y altos cargos de las derrochadoras y detestables administraciones públicas de este país (central y autonómicas).
Y en segundo lugar, supremo líder de la ya amortizada monarquía franquista del 18 de julio, y ya va siendo hora, háblanos de todas las irregularidades y presuntos delitos cometidos por tu regia persona, algunos de los cuales acabo de señalar y que este humilde mortal (o plebeyo, como quieras) ha denunciado repetidas veces en los últimos años ante las Cortes Españolas, única institución que puede entender de los mismos en base a la absoluta impunidad constitucional de la que gozas gracias a tu amado generalísimo, el tercer dictador más sanguinario de la historia europea después de Hitler y Stalin. Presuntos delitos de los que más tarde o más temprano tendrás que responder ante el pueblo español y que, no te quepa la menor duda, ocuparán algún día páginas y páginas en la triste historia de este país de la modélica transición y gaitas parecidas.
Porque, amigo monarca, ya conoces los populares dichos: "A todo cerdo le llega su San Martín" y "El tiempo coloca a cada uno en su lugar". Y a ti, y a toda tu familia y parentela más o menos cercana de enchufados, vagos y maleantes de toda laya, parece ser que está a punto de llegaros esa suculenta y tradicional onomástica de ancestral raíz gastronómica a la vez que el justiciero "devenir temporal de la historia" os arrincona sádicamente contra vuestro propio latrocinio y contra vuestra y escandalosa corrupción; decidido a bajaros a todos a las negras profundidades del infierno político y social.
El largo tiempo del vino (Vega Sicilia, naturalmente) y las rosas de palacios y lujosas residencias veraniegas (más de siete lustros), gastándoos a espuertas el escaso dinero de los amados y tontorrones súbditos, toca a su fin. Y todos, absolutamente todos los componentes de esa tu despreciable familia real, tendréis que comparecer algún día ante la justicia; unos, como el atlético y descerebrado deportista de elite que creyó que le había tocado la bonoloto cuando la infantita de marras le eligió como dulce esposo de su particular cuento de hadas, muy pronto, porque las pruebas son irrefutables y porque, aunque torpe y lenta, la bella diosa ciega celtibérica de la balanza de oro, no podrá esta vez mirar para otro lado y tendrá que castigar como se merece tanto derroche, tanto latrocinio y tanta vagancia familiar e institucional; otros, como las infantitas borbónicas casadas o separadas temporalmente de sus parejas, que se dejan querer cobrando espectaculares sueldos millonarios de grandes empresas españolas y multinacionales y que, con tribunales o sin ellos, pronto tendrán que renunciar a tanta bicoca; y tú, todavía rey franquista de todos los españoles, aún protegido como estás por la larga mano del dictador y por la nefasta herencia constitucional de unos cuantos pelotas de intramuros del régimen (padres de la patria, qué risa) que parieron una Carta Magna a tu medida haciéndote divino e inviolable... no te confíes demasiado que el horno no está para bollos y muy pronto pintarán bastos en las calles y avenidas de muchas ciudades españolas.
¡Deja ya de hacerte el muerto! ¡Deja ya de emplear medios del Estado (aviones militares y demás) para acudir a grandes premios de Fórmula I o torneos internacionales de tenis a la par que eludes con total desvergüenza las escasas y ridículas obligaciones de tu medieval cargo...y habla! Cuéntanos a los españoles si conocías o no las presuntamente delictivas andanzas de tu todavía yerno, el Urdanga ése, y por qué te hiciste el sueco si, como es de cajón, las conocías. Y, también, nos pones al corriente de a cuanto asciende a día de hoy tu amañada fortunita, de como se desarrollaron (sin entrar en detalles morbosos, desde luego) tus pícaras alegrías amatorias con cargo a los fondos reservados del Estado español, de como transcurrió el tortuoso día (23-F del 81) en el que salvaste a todos los españoles... y de todas las demás guarrerías personales y familiares cometidas en tu ya largo reinado. Así los españoles nos iremos enterando de todo ello sin tener que acudir a Internet y los jueces y los diputados electos del Partido Popular del hoy "muy asustado y mudo Rajoy" podrán ir tomando nota. Para cuando haga falta, naturalmente..."
En Canarias Semanal han recogido textos de los libros “Juan Carlos I El último Borbón” y “Juan Carlos I, El rey de las cinco mil amantes” del coronel Martínez Inglés, escritor e historiador.
En julio de 1979, el todopoderoso CESID eleva un Informe-Propuesta de Estrategia antiterrorista al Gobierno de Adolfo Suárez (del que recibieron copia confidencial los Estados Mayores y altos mandos del Ejército) en el que en un apretado y exhaustivo análisis (más de 200 folios) hace una recopilación de las acciones antiterroristas llevadas a cabo contra ETA en los últimos años (con muy escasos resultados prácticos) y formula propuestas muy concretas para seguir actuando (esta vez con éxito) contra la organización terrorista. Entre estas propuestas, y sin remilgos democráticos de ningún tipo, el Centro Superior de Información de la Defensa propone al Gobierno legítimo de la nación española iniciar contra ETA el tipo de guerra sucia aprendido por sus “ejecutivos del terror” en las aulas de los Servicios de Inteligencia argentinos; es decir, dejando de lado cualquier freno legal o moral y empleando desde el propio Estado las mismas técnicas y tácticas usadas por los terroristas. Que por lo que parecía, y sin confirmaciones oficiales de ningún tipo, les había dado excelentes resultados a los estrategas antiterroristas de aquel país sudamericano.
El Gobierno de la UCD (Unión de Centro Democrático), presidido por Adolfo Suárez, se negó en redondo a aceptar la demencial propuesta de los Servicios de Inteligencia del Estado, heredados, no conviene olvidarlo, del franquismo más ancestral. Bastante tenía ya con los problemas que le creaban organizaciones paramilitares y fascistas como La Triple A, El Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA…etc, etc, formadas por exaltados militantes de la ultraderecha española que desde el inicio de la transición y de una forma chapucera y anárquica intentaban doblegar a los terroristas vascos, como para embarcarse, en oposición frontal con los más elementales principios de la democracia y del Estado de Derecho, en una aventura ilegal, inmoral y despreciable.
Sin embargo, los espías de Defensa tendrían más suerte en 1983 cuando fueran con sus chapuceras propuestas a Felipe González, dueño absoluto, tras el apoyo democrático de diez millones de votos, de la política y la vida españolas. El Gobierno del PSOE, endiosado y autoritario después de su espectacular victoria en las urnas a finales de 1982, caería como un pardillo en la trampa tendida por los justicieros militares del CESID aviniéndose a dar luz verde a una demencial operación contraterrorista pensada, diseñada, planificada, organizada… por los aventajados discípulos españoles del general Videla; quienes, finalizado su aprendizaje en la ESMA y otros centros de Inteligencia de las FAS argentinas, creyeron llegado el momento de “ultimar” a los terroristas vascos utilizando los mismos expeditivos sistemas del secuestro, la tortura, el tiro en la nuca, la picana, la cal viva, la bañera, el lavado de cerebro, el asalto, la fosa común… puestos en práctica por sus “profesores” de allende el Atlántico.
La operación antiterrorista del CESID, las andanzas de los GAL (con ramificaciones en el Ejército, la Policía y la Guardia Civil), los chapuceros operativos sacados a la luz pública por el ex coronel Perote (y que tuvieron como llamativos antecedentes las personales peripecias de los tristemente célebres Amedo y Domínguez) fueron, pues, diseñados por la cúpula del CESID y puestos en práctica después por comandos ejecutivos y mercenarios del Ejército, la Guardia Civil y la Policía con arreglo a los conocimientos adquiridos por los servicios de Inteligencia españoles en los centros de instrucción de sus homólogos argentinos. Que, vuelvo a repetirlo, gozaban en España (en su Ejército, más bien) de un magnífico cartel de operatividad y eficacia tras su fructífero trabajo represivo de los años 1976-1982.
En el año 1983, como digo, y con arreglo a las propuestas del CESID al Gobierno de Felipe González plasmadas en un nuevo Informe-Propuesta de ese servicio (la llamada Acta fundacional) en el que hacía las mismas “proposiciones deshonestas” que le hizo en su día a los centristas de Suárez, se pusieron en marcha los famosos GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) que en realidad fueron varios (el plural está perfectamente empleado y no el singular con el que han aparecido en determinados medios de comunicación) y mal avenidos. El cerebro de toda la operación “salvadora de la patria en peligro” (los mismos salvadores de la patria otra vez, antes con Franco y Videla, ahora con González) estaba radicado en el propio CESID, en su Dirección General y en la Jefatura de su Grupo Operativo, cuyos máximos responsables, no sin ciertas dificultades, serían por fin procesados en diversas causas relacionadas con estas actividades delictivas de los más altos servicios de Inteligencia del Estado.
Ambas primeras autoridades de La Casa (director general y jefe del Grupo Operativo) mantenían relaciones jerárquicas de superioridad con los servicios de Inteligencia de las tres ramas de las FAS españolas, con los servicios análogos del Estado Mayor de la Defensa (en teoría un escalón superior) y con la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que, a pesar de pertenecer orgánicamente al ministerio del Interior, aparecían totalmente subordinadas al mando supremo del ilegal operativo para todo lo relacionado con él. A nadie se le escapaba (ni en el Gobierno, ni en el Ejército, ni en el ministerio del Interior, ni en la Guardia Civil, ni en la Policía…ni, por supuesto, en la cúpula del CESID) que aquello en lo que estaban enfrascados todos era una operación ilegal, una guerra sucia “a la española” montada desde las alcantarillas del Estado, una reprobable actuación de los poderes públicos en un Estado democrático y de Derecho… pero según ellos debía hacerse, debía solucionarse a través de la misma (como habían solucionado ya semejantes situaciones otras naciones “civilizadas”) el tremendo y renuente problema del terrorismo vasco. Por el bien de todos los españoles.
Pero aunque en principio la sucia maniobra de los GAL, la mini-guerra atípica y vergonzante contra ETA concebida y planificada por los militares españoles a imagen y semejanza de la puesta en marcha en Argentina (salvando todas las distancias) por los sicarios del general Videla, fue dirigida y controlada por los máximos jerarcas del CESID, la propia dinámica de la operación, su carácter irregular, el variopinto número de organismos implicados en la misma y la necesaria descentralización en su ejecución, hicieron que muy pronto fuera imposible un absoluto control del operativo por parte de la cúpula de ese alto órgano de Inteligencia del Estado adscrito al ministerio de Defensa y, en consecuencia, que surgieran pequeñosreinos de taifas, por lo que a su dirección y ejecución se refiere, en todos y cada uno de los escalones institucionales cooperantes.
Así, el ministerio del Interior (cuyos máximos dirigentes de la época también serían procesados en diversas causas relacionadas con la guerra sucia que comentamos) pronto empezaría a actuar por libre, al margen de la suprema autoridad del CESID (aunque respetando siempre las formas y la confidencialidad debidas) y apoyándose sus responsables en la buena amistad y en las relaciones políticas fluidas que mantenían con el presidente del Gobierno. Y esta “independencia operativa” enseguida se trasladaría a sus Direcciones Generales de la Policía y Guardia Civil que montarían rápidamente sus órganos de dirección intermedios y sus comandos operativos de mercenarios (Amedo y Domínguez) la primera, y grupos especiales de guardias civiles “fuera de la ley” (Intxaurrondo), la segunda. ¡Ah, el Intxaurrondo de los años 1983-1986! la ESMA española, con sus expeditivos procedimientos para obtener información y sus mecanismos atípicos para controlar y detener comandos etarras copiando sin ningún rubor el secuestro, “la bañera”, “la picana”, el asalto, el tiro en la nuca, la cal viva… de sus profesores argentinos. ¡Ah, el Intxaurrondo de los años 1983-1986, el “Fort Apache” de la Guardia Civil en el País Vasco, haciendo la guerra por su cuenta, la guerra sagrada y bien retribuida de los nuevos salvadores de la patria!
Este “totum revolutum” operativo de dirigentes, comandos operativos y servicios de Inteligencia del Estado, de los tres Ejércitos, del ministerio de Defensa, del de Interior, de la Guardia Civil y de la Policía… explica bien a las claras el chapucero discurrir de la malhadada operación de guerra sucia montada en España contra ETA (policías que se juegan los dineros del Estado en el casino de Biarritz, que contratan mercenarios en Lisboa utilizando la Visa oro del ministerio del Interior, que se inscriben en los hoteles donde se entrevistan con los asesinos a sueldo con sus nombres y apellidos reales…etc, etc) y su desastroso final, con un trágico balance de secuestros, torturas, chantajes, extorsiones, veintiocho asesinatos...y ningún daño apreciable en la infraestructura de la organización independentista etarra. Un triste y despreciable resultado que, aparte de su ilegalidad y la responsabilidad penal que supuso para los en él implicados (no para todos evidentemente pues los máximos responsables todavía no han sido llevados ante la justicia) nos debe hacer reflexionar a todos cuantos respetamos la ley y la justicia en el marco del Estado de derecho en el que aspiramos a vivir.
Por cierto, en relación con las responsabilidades todavía no aclaradas en este deleznable asunto de los GAL convendría hacer algunas puntualizaciones muy importantes y algunas acusaciones muy graves. Y la primera de esas puntualizaciones es afirmar rotundamente que el jefe del Estado español, el rey Juan Carlos I, siempre estuvo al tanto de la guerra sucia que preparaba el CESID para doblegar a los independentistas vascos ya que mucho antes de que florecieran los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación, a principios de 1983, recibió oportunamente, como lo recibieron todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el Informe/Propuesta de Estrategia Antiterrorista dirigido al Gobierno de Adolfo Suárez (ya mencionado) elaborado por ese supremo órgano de información del Estado en julio de 1978 y que aspiraba a involucrar al Estado democrático en la lucha irregular e ilegal contra la organización etarra. Como asimismo recibió años después, en esa triste y recordada fecha de principios de 1983, como jefe del Estado y Comandante Supremo de las FAS, el documento confeccionado por los estrategas antiterroristas de La Casa con idénticos fines y que después ha sido conocido en ambientes periodísticos e, incluso, judiciales como el “Acta Fundacional de los GAL”. Y que en esa ocasión sí recibiría el visto bueno del Gobierno de Felipe González (y el “nihil obstat” del rey) para introducirnos a todos los españoles en el laberinto indeseable del terrorismo de Estado.
Y no sólo estaría el rey Juan Carlos al tanto de la guerra sucia contra ETA a través de estos dos importantes documentos del CESID de 1978 y 1983, dato éste que puede ser confirmado a pesar del tiempo transcurrido acudiendo a la documentación interna de ese alto organismo de Inteligencia del Estado e, incluso, analizando toda la precisa documentación que sobre los GAL y su estructura organizativa y de mando recibieron durante los años ochenta los altos mandos de las Fuerzas Armadas y sus Estados Mayores, sino que antes, durante y después de cada una de sus acciones terroristas tuvo a su disposición, como la tuvieron precisa y oportunamente los más altos jerarcas del Ejército, toda la información que sobre estos grupos de justicieros con licencia para matar generaban tanto el Centro Superior de Información de la Defensa como las Divisiones de Inteligencia de los tres Ejércitos, el Estado Mayor de la Defensa y, por supuesto, los órganos de Inteligencia del ministerio del Interior y de la Guardia Civil.
El jefe del Estado español, el jefe supremo de sus Fuerzas Armadas, el máximo garante del Estado de derecho, “el adalid de la democracia española tras el 23-F”, el rey Juan Carlos, conociendo como conocía todos los entresijos de la guerra sucia contra ETA, debió de actuar de inmediato frenando tal demencial proyecto. Era su obligación moral y política como máximo representante de un Estado democrático y, además, por exigencias de la propia Constitución que le marca taxativamente la misión de “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las Instituciones”. ¿Y qué mejor manera de arbitrar y moderar el funcionamiento de una Institución como el Gobierno de la nación que evitando que se enfrascara en 28 asesinatos de Estado?
Y, sin embargo, el rey no hizo nada. Miró para otro lado, convirtiéndose por omisión en cómplice de las aventuras asesinas de los GAL y, por ende, en el máximo responsable de sus crímenes, secuestros y tropelías. A algún conspicuo ciudadano de buena fe le puede parecer muy duro esto que acabo de decir, pero la realidad objetiva es la que es. Y el jefe del Estado en cualquier país moderno, democrático y de derecho, que ostenta además la suprema jefatura de sus Fuerzas Armadas, aunque no gobierne directamente (aunque sí entre bambalinas) como es el caso de España, tiene unas muy claras exigencias éticas, morales y políticas. No se puede llamar andana y mirar hacia otro lado cuando las propias fuerzas de seguridad del Estado, saltándose a la torera las leyes y normas básicas del Estado de derecho, asesinan a presuntos delincuentes e, incluso, por error, a gente honesta de la calle que nunca tuvo la más mínima relación con la organización terrorista etarra…
Los españoles nos creemos muy cargados de razón cuando tachamos de asesinos, de genocidas, de escoria humana, a siniestros personajes de fuera como Pinochet, Milosevic, Videla, Hitler, Sadam Hussein, Gadafi…Pero nos cuesta muchísimo reconocer que aquí, en nuestro país, se han cometido, y no hace tantos años, en plena democracia, crímenes de Estado horrendos por los que casi nadie ha pagado todavía. No pagó en su momento el dictador Franco ni pagaron después la pandilla de asesinos que se beneficiaron con su régimen y que luego se convertirían en demócratas advenedizos. Y tampoco han pagado muchas altas autoridades de la democracia que, como en estos flagrantes delitos de los GAL, creyeron que los atajos extralegales y las cloacas del Estado eran posibles caminos a transitar para acabar con la lacra del terrorismo etarra. El juez Baltasar Garzón, el durante tantos años látigo judicial de la Audiencia Nacional para meter en vereda a los independentistas del Norte y “valeroso adalid” de la justicia internacional contra genocidas y dictadores, debería haber mirado en su propia casa antes de meterse a perseguir crímenes cometidos muy lejos de nuestras fronteras. Y no debió dejarnos a todos los españoles en la duda de quien se encontraba detrás de su famosa “X” en el organigrama de los GAL. Por lo menos, para darnos una mejor y definitiva pista, debió pintar una coronita real encima de la dichosa letra… Porque mucha gente en este país ha venido colocando todos estos años en el lugar que no le correspondía, como jefe indiscutible de los GAL, al presidente del Gobierno de entonces, Felipe González. Y a cada cual lo suyo. Porque donde manda patrón no manda marinero y hasta en las mafias asesinas y en las organizaciones criminales con licencia para matar es el jefe supremo el que debe responder ante la justicia si las cosas vienen mal dadas.
Es cierto que por debajo de la “X” de Garzón, por supuesto con corona real, muchas altas autoridades del Estado español estaban también al tanto de lo que ocurría en las cloacas de Interior y Defensa. Entre ellas los miembros del Gobierno, con su presidente al frente, y todos los mandos del Ejército que, con los mejores servicios secretos de la nación bajo su férula, conocían al detalle la siniestra planificación de una guerra asquerosa impropia de un Estado moderno. Pero, aunque nunca puede servir de justificación, estos altos mandos del Ejército (y de la policía y la Guardia Civil) estuvieron siempre sometidos a la jerarquía, a la cadena de mando, al Gobierno de la nación que autorizó los asesinatos y al jefe supremo del Estado y de los Ejércitos al que, en definitiva, le correspondió siempre ser el primero en actuar y detener como fuera aquel delirio asesino. En conciencia y con el poder en la mano.
Más allá del tono de sus artículos, Martínez Inglés denuncia hechos punibles pero fué castigado por "injurias graves a la Corona".
Este delito está contemplado en el CAPÍTULO II del Código Penal que regula los "Delitos contra la Corona". Así, el artículo 490, 3. preceptúa que "El que calumniare o injuriare al Rey o Reina a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son."
A su vez, el artículo 491 del CP establece que:
1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses.
2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona."
Es decir, se condena con total ambigüedad la mera posibilidad de que una imagen (un dibujo satírico, un collage, etc) pueda dañar el prestigio de la familia Real.
Ello establece un evidente trato de favor hacia esas personas, en comparación con el TÍTULO XI del CP, relativo a los DELITOS CONTRA EL HONOR.
Así. el artículo 205 define que "Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad."
Pero el artículo 207 matiza que "El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado."
A su vez, el artículo 208 define que: "Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.
Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
Y, al igual caso de las calumnias, el artículo 210 aclara que: "El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas."
Por último, el artículo 215 CP preceptúa que:
1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Bastará la denuncia cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.
2. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociere o hubiere conocido.
3. El culpable de calumnia o injuria quedará exento de responsabilidad criminal mediante el perdón de la persona ofendida por el delito o de su representante legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 4. del artículo 130 de este Código.
Es decir, que los representantes de la Corona no necesitan ni querellarse, porque ya lo hace por ellos la Fiscalía, o un Juez, de oficio.
No como los demás, que no pueden demandar ni denunciar al Rey para demostrar que hechos ilícitos sean ciertos, ya que es inviolable y, de rebote, toda la Familia Real goza del mismo privilegio con la consiguiente pérdida del derecho a la tutela judicial efectiva del resto de los ciudadanos.
ElHuffPost publicó que el rey Juan Carlos admitió la posibilidad de ceder Melilla a Marruecos en 1979, según un cable de la inteligencia norteamericana, y poner a Ceuta bajo el control de un protectorado internacional similar al que tuvo Tánger entre 1923 hasta la independencia del reino alauí en 1956.
En ese cable diplomático, cuyo original ha consultado Europa Press, el Rey, durante un encuentro que mantuvo en el Palacio de la Zarzuela con el senador de EEUU Ed Muskie, enviado personalmente por el presidente de EEUU, Jimmy Carter, dice que "el gran asunto entre España y Marruecos son los dos enclaves españoles". "Él (Don Juan Carlos) consideraba que Melilla se podría ceder a Marruecos en un plazo relativamente corto de tiempo porque allí sólo vivían 10.000 españoles", asegura el telegrama escrito por la Embajada americana, que se envió a Muskie antes de remitirlo a Washington.
Un resumen de la conversación de más de hora y media con el Rey que mantuvieron el senador y el embajador de EEUU en España, Terence Todman, quedó reflejado en un telegrama secreto enviado por la misión diplomática americana en Madrid al Departamento de Estado, desclasificado en 2014 y al que hace referencia el historiador Charles Powell en el libro Rey de la democracia, que, a través de varios autores, analiza la contribución del reinado de Juan Carlos I al afianzamiento de la democracia en España.
El monarca reconoció a sus interlocutores que la cesión de Melilla disgustaría al Ejército español, que "protestaría", pero que ese malestar "duraría sólo dos meses". Además, el Rey se mostraba convencido de que podría "controlar la situación".
Don Juan Carlos veía más complicado ceder la ciudad de Ceuta, donde por aquel entonces vivían 60.000 españoles, un número demasiado alto como para decidir sin más que pasaran bajo soberanía marroquí. Para el caso de Ceuta "quizás la mejor solución" sería un estatuto similar al que tuvo Tánger entre 1923 y 1956, cuya administración la ejerció una comisión de varios países europeos, España entre ellos.
"En ausencia de una solución, (el Rey) temía la posibilidad de otra 'Marcha Verde' que podría crear problemas serios", añade el cable diplomático, que comienza describiendo el clima en que se desarrolló la conversación -registrada por la prensa gráfica al inicio y final del encuentro- con un monarca "muy relajado y comunicativo" que repitió varias veces que iba a hablar de manera "franca y abierta" entre otras cosas porque la conversación era "secreta".
Ese encuentro tuvo lugar el 30 de abril de 1979, tres años y medio después de la Marcha Verde por la que Marruecos invadió el Sáhara Occidental, una crisis al calor de la que surgió el vínculo entre Don Juan Carlos y Hassan II de Marruecos.
En cuanto al Frente Polisario, el Gobierno está implicado en el caso del líder Brahim Gali quien, aunque obtuvo DNI español y residencia habitual en nuestro país en 2004, no la presentó para entrar al país desde Argelia por la Base Aérea de Zaragoza e ingresó en un hospital de La Rioja con nombre falso.
La investigación abierta en un juzgado de Zaragoza sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, la pasada primavera para ser tratado de coronavirus pone contra las cuerdas al Gobierno. Cuando Marruecos conoció en mayo que la vecina España había recibido al presidente separatista de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) «a sus espaldas», como afirmó el ministro de Exteriores Naser Bourita, se desató una grave crisis diplomática a la que se achacó la entrada masiva de inmigrantes marroquís por Ceuta del pasado 16 de mayo.
Las condiciones en las que el Gobierno español permitió la entrada del principal enemigo de Marruecos, en secreto, sin pasar ningún control de fronteras ni identidad de pasaporte directo a la Base Aérea de Zaragoza e ingresando posteriormente en el Hospital San Pedro de La Rioja con el nombre ficticio ‘Mohamed Benbatouche’, han traspasado el ámbito político y se investigan ya en los tribunales. La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya está imputada en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, y el día 18 de octubre declararán como testigos las jefas de Gabinete de Carmen Calvo y de Fernando Grande-Marlaska.
Las acusaciones piden que comparezca la ex vicepresidenta Carmen Calvo para depurar responsabilidades viendo en la actuación de quien permitiera la entrada del polisario presuntos delitos de falsedad documental, malversación, prevaricación y encubrimiento.
Ghali voló desde Argel hasta la Base Aérea de Zaragoza con el visto bueno y gracias a las gestiones del Ministerio de Exteriores español a petición de Argelia, país con el que España negociaba el 25% del suministro de gas nacional entre las empresas Naturgy y Sonatrach.
Desde Zaragoza, Ghali fue trasladado al Hospital San Millán-San Pedro de La Rioja, a donde llegó a las 22.48 horas e ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con «severas complicaciones respiratorias» por Covid. El teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, confirmó al jefe de Gabinete de Laya Camilo Villarino cómo sería la llegada, según los whatsapps entre ambos que figuran en la investigación judicial y a los que ha tenido acceso El Independiente.
Fuentes del Gobierno trasladan a este diario que no hubo ningún Consejo de Ministros ni «consejillo» para la aprobación de la operación, sino que se orquestó en Exteriores. Explican que la participación de un mando militar no implica el conocimiento de los hechos por parte del Ministerio de Defensa.
El juez descarta cerrar el caso Ghali y avisa al Gobierno de que vulneró el Código Schengen. Apunta que no se pueden acoger ni al Reglamento del Espacio ni a los acuerdos con Argelia porque entró de manera oculta y sin identificar. Sobre su ingreso en el hospital con nombre falso dice que no fue un error.
El Gobierno no lograr cerrar la investigación penal por el ya bautizado como caso Ghali. El magistrado que investiga delito de falsedad documental y prevaricación con la entrada del líder del Frente Polisario en España tumba la petición de la Abogacía General del Estado de archivar la causa desgranando punto por punto los motivos que apuntan a posible ilícito penal con la llegada del activista saharaui. Al respecto destaca que no es que hayan malinterpretado el Código de Fronteras Schengen, sino que se produjo una "vulneración total de sus preceptos".
Los servicios jurídicos del Gobierno, que representan a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y a su exmano derecha, Camilo Villarino, siempre han defendido que no hay ilícito penal porque Ghali tiene DNI español y que la Ley les permite librarle de pasar por el control de aduana, tal y como recoge el artículo 5.2 del Reglamento. Sin embargo, el magistrado Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 aclara que cualquier Estado miembro del Espacio Schengen puede permitir el cruce de personas fuera del espacio fronterizo siempre y cuando "cuente con las autorizaciones requeridas por el Derecho interno" ya que el código precisa que no debe haber "conflicto con intereses de orden público o seguridad".
Tenían que haber informado de esta maniobra al resto de Estados miembro. "No sólo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada 'fuera discreta'", reza el auto. El mismo recalca además que la base aérea de Zaragoza (por donde entró Ghali) es un paso fronterizo habilitado, por lo que tampoco se le puede aplicar la excepcionalidad que invoca la Abogacía General del Estado y que solo se aplica a los pasos fronterizos no habilitados.
Sobre el acuerdo bilateral entre España y Argelia que permite la entrada a titulares de pasaporte diplomático sin visado, ello no quiere decir que se le libre al diplomático en cuestión de pasar por los controles necesarios. "El Reglamento obliga a las propias instituciones de la UE y a los países que la integran, siendo directamente aplicable en éstos de forma inmediata sin necesidad de trasposición al Derecho interno, habiendo motivos hasta el momento para creer que no ha sido una mala o difícil interpretación, sino una vulneración frontal de sus preceptos", matiza.
El magistrado Lasala también se pronuncia sobre otro de los aspectos clave en esta causa y es el relativo al conocimiento que podía tener el Ejecutivo de las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional contra varios miembros del Frente Polisario. "Con lo expuesto ya es suficiente para denegar la pretensión de archivo, pero no ha de olvidarse que se investiga también si la conducta podría tener la finalidad de evitar problemas judiciales en nuestro país de quien de manera tan peculiar entraba, pues caso de saberse de un proceso judicial contra una persona y aunque no haya medidas cautelares contra ella, las autoridades han de poner en conocimiento de los juzgados competentes la localización del sujeto investigado", reza.
Tampoco ayuda la omisión del control de pasaportes al dejar abierta la puerta a la hipótesis de que pudiera entrar con una documentación falsa
En cuanto a la falsedad documental investigada, Lasala responde que ésta puede afectar no solo a quien se beneficiara de estos hechos sino también a los que consintieran que se utilizase una documentación falsa. Sobre este asunto la exministra de Exteriores explicó en sede judicial que se facilitó la entrada de Ghali para dar respuesta a la petición de Argelia y al tratarse de una persona gravemente enferma de covid. Según razonó, el asunto se trató siempre con respeto a la legalidad y fue de índole política, no administrativa.
Ahora el magistrado recuerda que el hecho de que no se le identificara ni se le pidiera ningún documento "deja abierta la puerta a la hipótesis de que pudiera entrar con una documentación falsa o de que pudiera causar problemas". Del mismo modo también alude a informes policiales para apuntar a la diferente documental expedida sobre Brahim Ghali bajo identidades diferentes. Al respecto explica que obtuvo la nacionalidad española en expediente de Registro Civil de Valencia con el nombre de Gali-Sidi Mustafá Abdelyelil aunque en su DNI se obvia el nombre de Mustafá.
Sobre su ingreso en el hospital de Logroño bajo la identidad falsa de Mohamed Benbatouche, el magistrado explica que no cree que este error fuera resultado de una "casualidad" y esgrime que el argumento de que se registrara con ese nombre para preservar datos íntimos de su salud es una "excusa que ofende a los profesionales sanitarios y administrativos" de dicho centro hospitalario. Al hilo también recuerda que su hijo (que viajaba con él cuando llegó a España) obtuvo su permiso de residencia cuando llevaba ya cinco días en el país, desmintiendo de este modo la información que ofreció Villarino a su interlocutor para facilitar la entrada de ambos sin tener que pasar por el control de aduanas.
La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) que persigue a Ghali y otros 28 militares del Frente Polisario por practicar supuestamente torturas a saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf, se enteró de que estaba ingresado en Zaragoza bajo una identidad falsa y presentó una querella en la Audiencia Nacional contra él. El titular del Juzgado Central de Instrucción 5, Santiago Pedraz, pidió a la Policía que se trasladara al hospital riojano y comprobara la identidad del ingresado. El 4 de mayo, agentes de la Dirección General de la Policía certificaron que «sin duda, Mohamed Benbatouche es Brahim Ghali», como corroboró un responsable del centro hospitalario.
Brahim Ghali obtuvo, según la información proporcionada por el Ministerio del Interior que obra en el sumario judicial, la nacionalidad española en 2004 y la residencia permanente en la Delegación del Gobierno de Extremadura el mismo año. En 1999, fue nombrado representante del Frente Polisario en España hasta 2008. Según traslada la Policía en uno de los informes de la causa consultados por este diario, en algún momento «se consideró la posibilidad de considerarlo agente diplomático, pero dado que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) no es reconocida como estado por España, se optó por la consideración de residente en régimen general. Sin embargo, dado la condición de representante popular de Brahim Ghali, en el expediente se estima esta consideración por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores».
Para las acusaciones de la causa, no es entendible que teniendo la nacionalidad española Ghali no pasara por el control de pasaportes al llegar a España ni tampoco su hijo que le acompañaba. La ministra de Exteriores española defiende que Ghali entró en España «por razones humanitarias» y que no lo hizo con un pasaporte falso, sino que comenzó a utilizar una identidad ficticia en el hospital. Sin embargo, las acusaciones también destacan que esa razón humanitaria para la acogida no se reflejó en el procedimiento.
Aunque estuviera muy enfermo, otra persona podría haber presentado la documentación por él y debería haberse comprobado su identidad, consideran los denunciantes. De ahí que sospechen que se buscó encubrirle con alguna intención, como no alertar de su llegada para evitar que se reabrieran sus causas judiciales (ya fueron archivadas dos querellas de ASADEDH contra él en 2013 y 2016) o para evitar una crisis diplomática con Marruecos.
Precisamente después de conocer todos los detalles de la entrada, Marruecos acusó a España de «sacrificar» su relación bilateral por Ghali y consideró la acogida directamente una «agresión». El ministro de Exteriores marroquí entendió que el Gobierno se había puesto de parte de Argelia, que protege a los saharauis. Reprochó que «con los socios no se maniobra por la espalda».
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomó declaración por videoconferencia desde el hospital a Ghali por la querella de genocidio y torturas de ASADEDH el 1 de junio. No le impuso medidas cautelares y Ghali salió de España el 2 de junio, de madrugada, en plena crisis del Gobierno con Marruecos sin presentar documentación nuevamente en el aeropuerto, según los denunciantes.
El juez Pedraz archivó la querella por genocidio contra Ghali por la falta de consistencia del relato de hechos. Todavía hay otra querella de un bloguero que denuncia haber sufrido tortura por parte de Ghali. No está archivada, pero la defensa del líder de la RASD, que ejerce el abogado Manuel Ollé, espera que lo esté pronto. El abogado aclara que «cuando Ghali entró en España no había ninguna causa abierta contra él, por lo que no había ningún impedimento para que el Gobierno le permitiera entrar en el país».
El Frente Polisario, acrónimo de Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, es el movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental, que trabaja para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui.
El Frente Polisario es el sucesor del Movimiento para la Liberación del Sahara, de finales de la década de 1960, dirigido por Mohamed Sidi Brahim Basir, que desapareció a manos de la policía territorial española en una insurrección en 1970 en El Aaiún, en la que varios saharauis fueron abatidos por la Legión Española durante la dictadura de Franco.
Varios grupos de saharauis (estudiantes saharauis en Marruecos, trabajadores y soldados del Sáhara español, refugiados de Mauritania) formaron el 10 de mayo de 1973 en Zuérate (Mauritania) el Frente Polisario, con el propósito de alcanzar la independencia del territorio del dominio colonial español. Su primer secretario general fue Brahim Gali. El día 20 inician los primeros enfrentamientos armados, combates basados en una estrategia de guerra de guerrillas, la primera en el mundo organizada en un desierto y a gran escala. El 5 de mayo de 1974, El Uali Mustafa Sayed es nombrado secretario general del Frente Polisario en su segundo congreso.
Desde 1975, la organización se estaciona en Tinduf, territorio argelino. Con el Acuerdo Tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, considerado nulo por la ONU, la guerrilla continúa combatiendo a los países vecinos que se habían repartido el territorio, Marruecos en el norte y Mauritania en el sur.
El mismo año, la misión visitadora de Naciones Unidas reconoce al movimiento como la única fuerza política dominante en el territorio. El 27 de febrero de 1976, el Polisario proclama desde Bir Lehlu (Sahara Occidental) la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y a El Uali como su primer presidente, considerándose por muchos países un gobierno en el exilio. El 8 de junio de 1976, alrededor de 200 guerrilleros saharauis atacan Nuakchot, la capital mauritana, después de haber recorrido más de 1000 km por el desierto. El Uali estaba entre ellos, y muere al día siguiente en la retirada. El 10 de junio de 1976, Mahfoud Ali Beiba asume de forma interina el cargo de secretario general del Polisario, hasta la celebración del III Congreso del movimiento, que nombra el 30 de agosto a Mohamed Abdelaziz como nuevo secretario general.
Prosiguieron los ataques contra Mauritania, logrando el 5 de agosto de 1979 que Mauritania cediese su parte del Sahara Occidental al Frente Polisario, pero esto no es reconocido por Marruecos, que se anexiona esa zona el 11 de agosto. A raíz de dicha anexión, la ONU aprueba una resolución en la que reconoce al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui, mientras que considera a Marruecos como una potencia ocupante.
A partir de 1981 y hasta 1987, Marruecos cambia su estrategia militar al construir una serie de ocho muros en el desierto, con una longitud de más de 2000 km, sembrado con millones de minas, que impide la movilidad de los guerrilleros saharauis, pero que corta el territorio en dos.
La RASD era miembro de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y es miembro fundador de la Unión Africana (sucesora de la OUA). Ha sido reconocida como Estado soberano por 85 países, la mayoría africanos o latinoamericanos. Otros muchos países, como los europeos, no la reconocen, pero sí al Polisario como representante legítimo de los saharauis.
Los combates siguen hasta el 6 de septiembre de 1991, día en el que se acuerda un alto el fuego. La Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental (MINURSO) es el organismo encargado de velar por el alto el fuego y preparar un referéndum, cuya celebración se preveía para 1992 y que todavía no ha sido celebrado.
Tras la apresurada retirada española de su antigua provincia, existen diversos ataques y secuestros a barcos pesqueros canarios que faenaban ilegalmente en la costa saharaui bajo bandera marroquí, documentados en el periodo de 1977 a 1987, algunos atribuidos al Frente Polisario e incluso reivindicados por este y otros atribuidos a militares marroquíes por los supervivientes de dichos ataques.
El Frente Polisario controla la parte oriental del territorio al otro lado del muro marroquí, aunque parte del territorio está prácticamente deshabitado y gran parte sus tropas están estacionadas en Argelia. Algunos analistas, como el senador del PSOE Jordi Solé Tura, han afirmado que el apoyo de Argelia al Frente Polisario viene determinado por el interés de este país en obtener una salida al océano Atlántico, haciéndose eco de esa tesis marroquí. El diplomático Inocencio Arias llega a decir que el Sahara Occidental es "un peón suculento" en el enfrentamiento entre Marruecos y Argelia.
En Tinduf están organizados los campos de refugiados saharauis. Hasta hace un tiempo tenían en su poder unos 500 soldados marroquíes como prisioneros de guerra (de los más de 2000 que llegaron a capturar), algunos desde hace más de 25 años, si bien fueron liberados después de presiones internacionales por parte de Estados Unidos, España o Libia. Los últimos 404 prisioneros fueron puestos en libertad, de manera unilateral, el 19 de agosto de 2005.
Mientras, 151 prisioneros de guerra saharauis siguen siendo reclamados por el Polisario a Marruecos, que niega tener algún dato sobre ellos.
El 9 de noviembre de 2020 denuncia que Marruecos está mandando fuerzas a la zona del paso de Guerguerat y avisa de que responderá "con firmeza a cualquier agresión", advirtiendo de que supondría "el fin del alto el fuego" pactado en 1991 y el inicio de "una nueva guerra total en la región".
El 14 de noviembre de 2020 estalla nuevamente el guerra en el Sahara Occidental al declarar el Frente Polisario roto el alto el fuego, en respuesta a la intervención de unidades militares marroquíes para expulsar a activistas saharauis cuando estos se manifestaban y bloqueaban, desde el 21 de octubre, el paso fronterizo de Guerguerat.
El área de las hostilidades a lo largo de la línea de contacto en el muro militar, que separa las fuerzas de la República Saharaui de las de Marruecos, sigue ampliándose y con ello se ha aumentado la tensión bélica en el Sáhara Occidental.
La situación en el Sáhara Occidental se ha "deteriorado significativamente" desde el año pasado, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un informe presentado al Consejo de Seguridad, y también que la "reanudación de las hostilidades entre Marruecos y el Frente Polisario es un gran revés hacia el logro de una solución política".
Guterres añadió que las dos partes deben acordar el nombramiento de un enviado de la ONU para reiniciar el diálogo político sobre el Sáhara Occidental.
