Tú, ya, ¡oh ministro!, afirma tu cuidado
en no injuriar al mísero y al fuerte;
cuando le quites oro y plata, advierte
que le dejas el hierro acicalado.
Dejas espada y lanza al desdichado,
y poder y razón para vencerte;
no sabe pueblo ayuno temer muerte;
armas quedan al pueblo despojado.
Quien ve su perdición cierta, aborrece,
más que su perdición, la causa de ella;
y ésta, no aquélla, es más quien le enfurece.
Arma su desnudez y su querella
con desesperación, cuando le ofrece
venganza del rigor quien le atropella.
Un Decreto de 2020 sitúa a la ganadería intensiva de nuestro país como la que más controles establece para las explotaciones ganaderas intensivas de gran tamaño. Las macrogranjas lastran a Unidas Podemos en el mundo rural ante las elecciones en Castilla y León gracias al Ministro de Consumo Alberto Garzón, quien asegura que habló peyorativamente sobre la calidad de la carne española.
El mensaje del ministro de Consumo en The Guardian -«existe un interés en Reino Unido por conocer nuestras líneas de trabajo», presume- amenaza con profundizar en la sangría de electores morados en Castilla y León, donde pasó de 10 procuradores a dos en los últimos comicios autonómicos.
Pero ni es sólo Garzón ni es sólo la carne ni es sólo Castilla y León. La desafección entre el electorado de la España interior y Unidas Podemos ha sido la prueba más sangrante de su repliegue desde que Pablo Iglesias y Alberto Garzón pactaron la coalición para los comicios de junio de 2016.
Ha pasado de ganar 10 diputados entre Castilla y León (3), Castilla-La Mancha (2), Extremadura (1), Cantabria (1), La Rioja (1) y Aragón (2) a conservar sólo uno, el de Zaragoza, donde el peso demográfico es diferencial, mientras cedía el de Huesca. Esa caída de 10 a 1, si se hubiese extendido al resto del país, tendría a Unidas Podemos con 7 diputados, y cuenta con cinco veces más (35), hasta el punto de ser Gobierno.
En esas seis comunidades donde el valor de la agricultura y la ganadería es notable, o donde la caza es un activo económico, ni el Partido Comunista ni Izquierda Unida, lograron diputados, en 1979 y 1996. Un declive acelerado que no le ha llevado a cambiar su discurso en tierras vaciadas. Al contario, Unidas Podemos intensifica su pulso con Luis Planas, ministro de Agricultura, a causa de la futura Ley de Bienestar Animal, que pone el foco en la situación de los perros de caza.
El también líder de Izquierda Unida achaca, precisamente, a las cercanas elecciones autonómicas en Castilla y León la polémica en torno a la ganadería intensiva. El resultado es el de una campaña electoral que llega incluso antes de la precampaña misma y con los principales partidos preocupados del 13F y no de vacas, cerdos, perros pastores y, menos aún, de los temporeros.
En el campo español las temporeras procedentes de la inmigración son explotadas laboralmente y en muchas ocasiones sexualmente. Por eso CCOO, en cuanto tuvo conocimiento de que cinco mujeres marroquíes necesitaban ayuda, interpuso denuncia que ha dado pie a la operación Yawari: la Guardia Civil detuvo en septiembre a un hombre acusado de acoso sexual y culminó con la detención de nueve personas como presuntas autoras de cerca de una treintena de delitos contra los derechos de las trabajadoras.
La situación de explotación laboral que estas trabajadoras del campo
atemorizadas entre otras muchas mujeres que están sufriendo la misma situación pero callan por miedo a perder el trabajo y quien sabe si la vida es en sí misma un escándalo: “En el campo de Murcia una jornalera cobra por convenio alrededor de los 58 euros al día, mientras que estas mujeres trabajaban ocho horas por 13 euros. La empresa pagaba 20 euros por jornada de ocho horas a una figura que popularmente se conoce como “furgonetero”. El furgonetero es una especie de capataz que recluta a las trabajadoras y que en el caso que nos ocupa se quedaba con 7 euros en concepto de transporte. Además, este sujeto, exigía a las trabajadoras tener relaciones sexuales con él o que soportaran sus tocamientos, sus vídeos y sus comentarios soeces. La Guardia Civil empezó su investigación y recogió el testimonio de cuatro mujeres hasta dar con el agresor al que pusieron bajo vigilancia: la detención del supuesto capataz se precipitó porque estando bajo vigilancia pretendió abusar de una trabajadora.
Las mujeres llegan sin papeles, sin conocer el idioma y sin contactos. Alguien les da un teléfono para que llamen si quieren trabajar y este hombre las entrevista, las recoge con su furgoneta y las lleva a una finca. Nadie trabaja legalmente, ni el “furgonetero” ni las trabajadoras. Las empresas de trabajo temporal y las empresas agrícolas miran hacia otro lado. Cuando empiezan los abusos sexuales, las mujeres agredidas lo primero que piensan es en ocultar lo que está pasando para que no llegué la información a su familia, en sus países de origen, y encima las repudien.
Desde el principio, CCOO y la Guardia Civil sospecharon que el detenido debía de actuar en complicidad con alguien de las empresas de trabajo temporal. La Guardia Civil continuó su investigación y ayer detuvo a ocho personas más, nueve en total, a los que se les atribuyen una treintena de delitos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. A tres de los detenidos, un “furgonetero” y dos trabajadores de ETT, se les atribuye también la presunta autoría de 25 delitos de acoso, abuso y agresión sexual.
En el curso de la operación Yawari, los investigadores averiguaron que dos individuos, relacionados con dos empresas de trabajo temporal, podían haber mantenido el mismo tipo de relación con varias de las empleadas, aprovechando su situación de vulnerabilidad para conseguirles trabajo fuera de la legalidad. Los detalles sobre la forma de actuar de estos sospechosos, permitieron constatar que coincidían en el modus operandi empleado por el primer detenido, sometiendo a las víctimas a una situación de indefensión, llegando uno de ellos a agredir sexualmente a una de ellas; y el segundo a acosar sexualmente a otra de las mujeres.
La investigación continuó para desenmascarar la supuesta trama delictiva hasta identificar a seis capataces agrícolas que, al parecer, contactaron con estos primeros detenidos para solicitarles mano de obra barata.
La patronal es cómplice de estas prácticas: ¿por qué se quería contratar en origen si hay miles en paro en el sector agrícola?. La única explicación que encuentro es que la patronal sabe que las personas nada más llegar no disponen de recursos ni de contactos para negarse a las condiciones de explotación que alguien, en nombre de una empresa que no conocen, les va a ofrecer.
No existe el trabajo fijo y la máxima aspiración de la gente es ser fijo discontinuo en el campo que, junto con una cultura racista y machista es el caldo de cultivo de las agresiones sexuales.
Estamos ante un sector en el que las condiciones laborales son lesivas para la salud de las personas que vienen a esta tierra a encontrar un futuro y que además sostienen una actividad básica como es la agricultura.
El trabajo asalariado en el campo extremeño está plagado de irregularidades, fraudes de ley y aplicaciones torticeras de la legislación laboral que siempre favorecen a una clase empresarial agraria atrincherada en sus privilegios.
Un año más, las condiciones laborales en las que se realizarán las tareas agrarias son ignoradas por organizaciones patronales que gritan contra la aplicación del salario mínimo y contra toda mejora en las condiciones salariales de quienes trabajan y producen en el campo.
De este modo, los escasos salarios que se pagan en el campo, sobre todo a los jornaleros eventuales, no alcanzan ni mucho menos el umbral de la pobreza; de hecho, apenas permiten hacer frente a las necesidades mínimas de bienestar de una familia normal. Así, las condiciones laborales, salarios, horas, descansos y desplazamientos reflejan una acusada explotación laboral.
Los emolumentos netos que se están cobrando en la actualidad suelen ir desde los 40 a unos 45 euros/día. En muy pocas empresas se pagan salarios que lleguen o superen los 50 euros. Además, suele ser frecuente que no se incrementen cuando se superan los horarios convencionales, ni se abonen los desplazamientos hasta el centro de trabajo, ni cualesquiera otras circunstancias especiales que suelen darse en la realización de las tareas agrícolas.
Las jornadas reales que el empresario comunica en un plazo que alcanza hasta los primeros seis días del mes siguiente al que hizo la contratación para comunicar las jornadas reales que ha realizado ese empleado favorecen la economía informal y multiplica el poder de contratación del patrón, dejando al asalariado resignarse ante el miedo a no ser contratado en un futuro inmediato.
De aquí se derivan realidades que posibilitan y favorecen muy significativamente la intensificación de la explotación laboral, eximen del pago de las cotizaciones sociales y posibilitan e impulsan una economía sumergida que, aunque parezca lo contrario, perjudica enormemente a la clase obrera.
Cuando las jornadas reales que realiza el trabajador o la trabajadora agrícola no son las que testifica el empresario agrícola a la seguridad social, declarando menos de las que se hacen, se produce un fraude a la seguridad social y un robo del salario indirecto.
Además, cada vez que no declara las jornadas realmente realizadas, también se queda con la cuota que como empresario debe cotizar a la seguridad social, un ataque contra las pensiones públicas.
También puede suceder que haya quienes, cobrando el subsidio o la renta agraria, estén trabajando simultáneamente para un patrón. De este modo, sus ingresos se ven favorecidos, ya que al salario que recibe del contratador se adiciona la ayuda del subsidio estatal. Cuando los trabajadores y trabajadoras agrícolas no reúnen el número mínimo de las jornadas reales que son necesarias (35 actualmente) para cobrar el subsidio agrario o la renta agraria, se ven obligados a comprarlas a los patronos. Como es de imaginar, este hecho da un poder social de carácter excepcional al patrón, demostrando que los residuos culturales de dominio de épocas pasadas están aún muy vivos en las sociedades rurales.
