El Assir, amigo de Juan Carlos I e intermediario en turbios negocios de armas, recurrió a Villarejo para salvarse de una extradición a Francia. La oficina de la Interpol de Madrid ha solicitado a Abu Dabi la detención inmediata del millonario libanés. La orden trae causa en un procedimiento por delito fiscal en el que se le espera en España para ser enjuiciado. La solicitud española podría paralizar otra reclamación por parte de Francia, que le espera desde junio de 2020 para que cumpla una condena de cinco años de prisión por su participación en el 'caso Karachi', uno de los procedimientos más famosos y dolorosos del país galo.
La oficina de Interpol de Madrid ha solicitado a Abu Dabi la detención inmediata y extradición a España del traficante de armas libanés Abdul Rahman El Assir, quien acompaña al rey emérito Juan Carlos I en el emirato, al que voló desde Suiza, su país de residencia, después de que en junio de 2020 fuera condenado en ausencia en Francia a cinco años de prisión. La solicitud española al emirato se adelanta a la francesa y tiene causa en la orden de detención y prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en marzo de 2019 tras cuatro plantones consecutivos del millonario libanés convocado otras tantas veces para ser enjuiciado por un delito fiscal instruido en el juzgado de instrucción nº52 de Madrid.
Al frente de aquel juzgado se encontraba hasta 2014 el magistrado Fermín Echarri, hoy parte de la terna de jueces de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional que juzga al comisario jubilado José Manuel Villarejo y una treintena adicional de procesados por tres piezas (Land, Iron y Pintor) del sumario del caso Tándem.
Durante el primer semestre de 2014, mientras el juzgado francés cerraba la instrucción de la pieza que afectaba a El Assir, Adrián de la Joya, cuñado del libanés, a la vez que socio y amigo del comisario Villarejo, solicita los servicios de este para resolver los problemas judiciales del financiero libanés además de los suyos propios en el caso Gürtel. Las agendas, cuadernos de trabajo y demás material (digital o impreso) incautado al comisario indican de forma nítida (como veremos más adelante) que el problema de El Assir que el comisario jubilado debía resolver era el caso francés y no el español (aunque este fuera el que debían controlar, porque si "se desinflaba" no habría nada que hacer en Francia).
El Karachi Affaire trata en esencia de una trama de corrupción con dinero público francés que empieza en 1994 y 1995 con sobornos a funcionarios corruptos de Arabia Saudí y Pakistán con los que Francia buscó asegurar el éxito en un concurso internacional de venta de fragatas y submarinos a esos dos países. Una parte del dinero que salió de las arcas públicas francesas para dichos sobornos volvió a Francia para supuestamente financiar ilegalmente parte de la campaña del primer ministro francés Edouard Balladur.
El asunto de las comisiones desembocó el 8 de mayo de 2002 en el salvaje atentado de Karachi, ciudad de Pakistán, que tuvo por objetivo un autobús, en el que mueren 16 personas, entre ellas 11 ingenieros franceses integrantes del equipo que trabajaba en la construcción de los submarinos vendidos a Pakistán. La instrucción judicial francesa concluyó en que el atentado, inicialmente atribuido a Al Qaeda, fue una represalia por el impago de una parte de los sobornos comprometidos a los intermediarios pakistaníes.
El caso no hubiera pasado de ser uno más de corrupción, y por tanto condenado al olvido con los años, de no ser por el salvaje asesinato de los ciudadanos franceses. Y Francia no ha olvidado. Cada año desde entonces cientos de artículos llenan la prensa francesa refrescando todos los detalles del caso. El último juicio se celebró el año pasado.
La participación de El Assir en la trama, y por lo que fue condenado, se refiere única y exclusivamente a los servicios que prestó, en compañía de otras personas, como intermediario financiero para canalizar el dinero desde las arcas públicas francesas a los receptores de los sobornos y la campaña electoral del entonces primer ministro galo. En su defensa, El Assir se presentó ante los jueces instructores franceses como un experto en la venta de armas, alegando que todo el dinero público que le entregaron correspondía a la retribución por sus servicios de asesoramiento para desbloquear los contratos de venta de las fragatas y los submarinos. Pero los jueces no le dieron credibilidad y concluyeron que el millonario libanés apareció a última hora, con la fase contractual terminada, para ayudar en el trasvase de las comisiones. En la operación participó una pareja de baile del libanés, el ubicuo Paul Manafort, ex asesor de campaña y artífice del triunfo de Donald Trump en 2016 antes de ser detenido por el FBI.
La información bruta contenida en el sumario del caso Tándem o caso Villarejo indica con claridad que el comisario Villarejo intervino en como mínimo una decena de casos en favor de ricos clientes en riesgo inminente de extradición a varios países y que el sistema utilizado (con distinto grado de éxito) fue siempre el mismo: una jugada en dos planos que necesita, eso sí, de la complicidad consciente o inconsciente de jueces y fiscales y de funcionarios de distintos ministerios. Y también de periodistas.
1. Conseguir que la persona con riesgo de extradición sea imputada en España por algún caso. Según más de una veintena de fuentes jurídicas consultadas por Público, la mejor y más eficiente manera de rechazar una solicitud de extradición sin crear un conflicto diplomático es decir: "Sintiéndolo mucho, no se le puede extraditar porque está imputado aquí en un caso y se le necesita en España para 'esclarecer los hechos'". Y es lo que sucede a los clientes de Villarejo en riesgo de extradición: se les imputa una y otra vez en casos en España para impedir su extradición; casos, además, habitualmente mediáticos o a los que mediáticamente se les da apariencia de gravedad.
2. Obtener un trato por el que la persona en riesgo obtenga la protección del Estado español ante una petición de extradición: un acuerdo de protección a cambio de su reconversión en confidente de valía. Aquí la misión es convencer al Gobierno, a los ministerios de Justicia, de Interior y de Exteriores, de que la denegación de extradición a cambio de ganar un confidente tiene el premio gordo de recompensa, porque se trata, como les vende el comisario, de una persona que lo sabe todo de muchas y variadas tramas criminales nacionales e internacionales. Así lo hace con El Assir y así lo hizo con muchos otros clientes: en el sumario pueden encontrarse, perdidas en kilométricos anexos, "notas informativas" del comisario dirigidas a las personas que pueden influir en la decisión, expresándose en tal sentido con relación a personas en riesgo inminente de extradición.
Por el lado policial le acompaña en la misión José Luis Olivera (al que apoda "OLI"), entonces director del director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Y por el lado político (donde tiene que convencer de los beneficios de no extraditar a El Assir) cuenta con el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez, apodado Chisco (imputado en Kitchen), y con los contactos e ideas de Mauricio Casals, del consejero de Atresmedia y accionista de La Razón, y gran amigo de Adrián de La Joya.
La primera referencia que Villarejo hace de El Assir es de enero de 2014, mes a partir del cual estrecha su relación con Adrián de la Joya tras el asunto de los Papeles de Bárcenas y los recibos de Cospedal. Poco después, De la Joya le pide ayuda para sus propios líos (estaba imputado en Gürtel) y para los problemas de su cuñado libanés (las esposas de ambos son hermanas).
El comisario, para salvar a El Assir, presenta la mejor oferta en el mejor momento al Gobierno del Partido Popular: aprovechando la fama de su cliente y su residencia suiza da seguridades al secretario de estado de Interior Francisco Martínez Vázquez (para que así lo trasmita al ministro Jorge Fernández Díaz y a quien proceda) de que la información que tiene el financiero libanés sobre los soberanistas catalanes es definitiva. Datos muy contundentes sobre movimientos de empresarios y políticos catalanes en SUIZA. Un caramelo tentador a pocos días de la consulta soberanista del 9-N convocada por Artur Mas y con la Operación Cataluña que ejecuta una facción del partido en pleno apogeo.
En paralelo a la "venta política", Villarejo se trabaja la vía ejecutiva; esto es, las personas a cargo de las que está el seguimiento y todo lo que tenga que ver con órdenes de extradición. En el Ministerio del Interior esa persona era Juan Rueda, en ese momento subdirector de Relaciones Internacionales, a quien el 6 de noviembre de 2014 Villarejo le reitera "la importancia de El ASSIR".
El comisario ya puso el foco en Rueda en julio de 2014, aunque espera a noviembre para un abordaje a fondo porque primero trata de buscar o prefabricar algo con lo que poder presionar al alto cargo de Interior (mediáticamente o de otra forma). Es lo que explica la mención de Villarejo a "Kalasov" en julio de 2014 en el apunte de su agenda que resume una charla con Enrique García Castaño, compañero de aventuras y entonces aún jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Kalasov era un criminal ruso cabecilla de una de las mafias que centró el caso Avispa en el que Juan Rueda era el policía que dirigía la unidad investigadora a las ordenes del juez.
Mientras el juicio en Francia se retrasaba año tras año a causa de recursos continuos de los seis procesados, Villarejo estaba contento porque su cliente se mantenía imputado en el juzgado nº 52 de Madrid. El 4 de abril de 2017 felicita exultante al entonces jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí, por su investigación sobre el asunto fiscal que apuntalaba aún más la imputación a El Assir. "CORBI: Respuesta a mi felicitación sobre EL ASSIR . Y el embargo de su patrimonio por blanqueo".
El posible recorrido judicial sobre las cuentas del Rey Juan Carlos I ha terminado. Después de meses anunciándolo, la Fiscalía acaba de hacer público los decretos de archivo sobre las investigaciones que se iniciaron en 2018 (durante la instrucción del “caso Villarejo”) y se trasladaron al Tribunal Supremo en 2020 sobre el patrimonio del exjefe del Estado y el posible cobro de comisiones ilegales. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado los decretos de archivo este mismo miércoles sin conseguir amarrar ningún delito contra el Rey, bien por la inviolabilidad que le otorga la Constitución en sus años de mandato, bien porque los hechos han prescritos o bien porque los indicios han sido insuficientes. Termina así, sin querella, la investigación que ha llevado al exjefe del Estado a trasladar su residencia fuera de España.
A lo largo de dos decretos de archivo -la primera y la segunda línea indagatoria se ha unido en una- la Fiscalía analiza todas las transacciones de dos Fundaciones Lucum y Zagatka, para terminar concluyendo que no hay reproche penal que alcance al que fuera Jefe del Estado. Sí hubo fraude al fisco, pero quedó subsanado con las dos regularizaciones que Don Juan Carlos hizo en diciembre de 2020 y febrero de 2021. Sobre todo lo demás, no hay suficientes indicios para determinar que cobró comisiones ilegales del AVE a La Meca (primera línea); tampoco se puede concretar que utilizara tarjetas opacas porque se trataba de regalos (segunda línea); ni que fuera él quien gestionara un trust con sede en la isla de Jersey (tercera línea). Hasta aquí llegan, por tanto, las tres diligencias que un equipo de fiscales, liderados por el fallecido Juan Ignacio Campos y por el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, han desplegado durante más de 21 meses.
Según el relato de la Fiscalía la Fundación Lucum se abrió en agosto de 2008 y ese mismo día, el 8 de agosto, se efectuó un ingreso por transferencia bancaria procedente del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí por importe de 100.000.000 dólares estadounidenses, que al cambio son 64.884.405 euros. En el informe de apertura de la cuenta se indica: “importe enviado por el rey Abdallah de Arabia Saudí como regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”. A partir de ese momento y hasta 2012 se realizaron diversas operaciones. Por ejemplo, en junio de ese año se transfirieron 3.500.000 euros a una cuenta abierta a nombre de la sociedad Dolphin en un banco en Bahamas y cuyo titular era Arturo Fasana.
La Fundación abrió hasta cuatro cuentas diferentes. Una en francos suizos que se utilizó para satisfacer las comisiones por servicios bancarios y para obtener efectivo; otra en abril de 2010 para poder ingresar ese mismo día en ella 1.890.250 dólares en efectivo que, “al parecer” dice el fiscal, el Sultán de Bahrein habría entregado al entonces Rey de España y en la que se realizaron operaciones de inversión; y la cuarta, y última, se abrió en libras esterlinas con el objetivo de realizar inversiones con valores británicos.
El decreto especifica que Don Juan Carlos presentó las correspondientes autoliquidaciones del IRPF en este periodo (entre 2008 y 2012), pero que no incluyó las rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas en el banco Mirabeaud. La Agencia Tributaria no ha hallado otros motivos de regularización derivados de su condición de beneficiario porque ni aparece en las bases de datos su titularidad, ni cuando se pidió información a Suiza constaba allí cuentas de Juan Carlos de Borbón.
Sobre las transferencias de dinero, la Fiscalía realiza varias hipótesis en cuanto al pago de impuestos y en todos ellos la cuota defraudada “supera con creces” el importe de 120.000 euros que establece como umbral el Código Penal. Sin embargo, aclara el fiscal, los delitos cometidos en los ejercicios de 2008, 2009, 2010 y 2011 están prescritos por el transcurso de más de cinco años desde que se cometieron.
Y qué ocurre con el de 2012, pues que ese sí podría tener reproche penal porque no está prescrito (lo haría en julio de 2023). El Rey podía haberse enfrentado a una pena de prisión de dos a seis años y multa, pero era inviolable. Hasta 2014, la fecha en la que abdicó Don Juan Carlos estaba protegido por los mimbres de la Constitución como lo está el actual jefe del Estado, Felipe VI.
Destaca además la Fiscalía que “es buena muestra de la voluntad del legislador” que transcurridos más de 40 años desde que se aprobó la Carta Magna “no haya considerado oportuno traspasar a ninguna ley procesal ni orgánica la posibilidad de que el rey pueda ser juzgado por tribunal alguno”.
Además de una posible defraudación al fisco, se investigaba si el Rey intervino en la adjudicación de la macro-obra en Arabia Saudí y por eso cobró el dinero del país, no como un regalo sino como una comisión. Es decir, un posible delito de corrupción en transacciones comerciales internacionales. El fiscal Luzón plasma que hay “ciertos indicios que podrían sustentar que la hipótesis de la transferencia no fuera una donación, sino que respondiera al pago de una ilícita comisión a modo de premio o gratificación”.
Recuerda resumidamente cómo se sucedieron los hechos: en abril de 2006 se abrió la licitación para la construcción, con financiación pública, de una línea ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina. En abril de 2010 un conglomerado de empresas española firmó un acuerdo para ir juntas y en enero de 2012 se proclamaron las adjudicatarias del contrato. Se estableció un precio de más de seis mil millones de euros, pero era “llamativamente inferior (un 29,6%) al ofertado por la otra propuesta competidora” que era un consorcio franco-árabe.
En escena, una saudí de nombre Shahpari Azzamy Zanganeh que firmó un contrato de consultoría con las empresas privadas españolas que integraban el consorcio. “Está acreditado” que el Rey en marzo de 2006 “envió una carta al príncipe Bin Abdul Aziz (por aquel entonces ministro de Defensa) en la que comisionaba a Zanganeh para poder realizar las gestiones ante él”. El Rey viajó a Arabia Saudí con empresarios españoles antes de la adjudicación y Corina Larsen declaró ante la Fiscalía Anticorrupción, además, que el monarca iba a cobrar 50 millones de euros por comisiones.
En este caso, el fiscal es bastante claro: “a nadie se oculta que estos contratos, calculadamente ambiguos y retribuidos por importes significativamente superiores al valor de cualquier servicio legítimo que el intermediario pueda proporcionar, permiten habitualmente canalizar el pago a las autoridades o funcionarios involucrados a la adjudicación”. Pero Anticorrupción también señala que como no han podido acreditar que el objetivo último de estos pagos fuera retribuir a las autoridades, no puede concluir que el Rey intermediaria para la adjudicación del AVE y consiguiera dinero por eso.
Dice, además, que los indicios contra el Rey son “extraordinariamente débiles” y que no puede apoyarse solo en lo que Larsen haya declarado. Además, el ingreso del dinero en Lucum “no cuadra” porque se produce tres años antes (en 2008) de la adjudicación del contrato (en 2011). “Se ha especulado que la significativa rebaja del precio ofertado por el consorcio hispano-árabe frente al otro finalista en el concurso para la adjudicación de las obras” fue por la intervención del Rey, pero Luzón aclara: “no pasa de ser una conjetura sin mayor sustento indiciario”.
La segunda línea indagatoria se empezó a raíz de una alerta del Servicio de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC). Versa sobre el uso de Juan Carlos I y de miembros de su familia de unas tarjetas opacas que empleaban como testaferro a un militar de su confianza y cuyos fondos procedían del empresario mexicano Allen Sanginés Krause.
La Fiscalía explica que entre 2016 y 2019 este ciudadano británico y mexicano, amigo de Don Juan Carlos, ordenó una serie de transferencias a cuentas que estaban a nombre de Nicolás Murga Mendoza, un militar jubilado, pero que en el año 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey, así que era de su confianza.
El importe total de la transferencia, que asciende a 516.606 euros y, según la Fiscalía, ha sido destinado al abono de gastos particulares del Rey y de familiares. Además, hay otras transferencias de Sanginés Krause a dos cuentas a nombre de Viajes El Corte Inglés y que asciende a un total de 471.673 euros, así como abono en servicios sanitarios prestados entre el 2017 y el 2018 a Don Juan Carlos por un total de 95.365 euros. Pero el Ministerio Fiscal señala que “no hay constancia de contraprestación a estas transferencias”. Si se trata de donaciones unilaterales, entonces son un regalo. Así, el Rey presentó sus regularizaciones bancarias
En el marco de esta línea de investigación entra en juego otra fundación: Zagatka. Explica la Fiscalía que se constituyó en octubre de 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón con la intención de realizar inversiones y gestión de bienes inmuebles, así como ejecución de actividades comerciales y aportaciones a los beneficiarios. Fue en 2006 cuando se modificó el reglamento y se incluyó a Juan Carlos de Borbón como tercer beneficiario de los fondos.
“No se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas de la fundación, ni los gastos”, dice Luzón. Pero gracias a la información que vino de Suiza se ha establecido que entre los años 2013 y 2018 se produjeron cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento. Pero todo esto, también fue regularizado por el Rey.
De la tercera ya se conocía el contenido por una filtración del documento de archivo a la Cadena COPE. Se trata de un trust que se constituyó cuando Juan Carlos I era príncipe como soporte para su corona. Si había inestabilidad política en el futuro podría tirar de ese dinero que provenía de unos fondos de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, una persona muy próxima al monarca.
La investigación de la Fiscalía señala que el trust bebe de dos fondos creados entre 1995 y 1997, del que nació en 2004 el “The JRM 2004 Trust” ubicado en la isla de Jersey (en el Canal de la Mancha y ligada a Reino Unido). Las siglas vienen por su creador Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y consejero de Don Juan Carlos. Todos estos nombres han sido analizados por el Ministerio Público, pero no han podido dilucidar qué personas aportaron dinero a lo largo de los años.
El Rey Juan Carlos decidió liquidar el trust y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura por una sencilla razón: “la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la Monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional hubiera exigido embarazosas explicaciones”.
Con todo esto, aquí tampoco ve Luzón delito endosable a Juan Carlos I “ni en su gestión, ni en la capacidad para disponer de los fondos; ni en ningún momento” porque no ha tenido “la condición de beneficiario”.
Ahora la Fiscalía archiva el caso de Juan Carlos, que podrá volver de Abu Dhabi tan impunemente como todos los citados. Nadie va a recurrirlo. Queda el asunto de Corinna Larssen en el Reino Unido, pero la "empresaria" se queda con la "donación irrevocable" que es el meollo del litigio, y la Justicia española está al servicio de Su Majestad y de los oligarcas y partidos políticos que saldrían salpicados. Como dicen, para no caerse de los árboles, un mono no suelta una rama hasta que está bien agarrado a otra.