GUZMAN1

miércoles, 22 de enero de 2014

SUBDITOS POR PARTIDA DOBLE.

Se desinfla la burbuja electoral. Toda la oposición ya puede dar las gracias a Rajoy por la deriva autodestructiva de los populares.

No es mérito del partido de Rubalcaba el haber salido de la cuneta desde las últimas elecciones, sino de los bausanes de La Moncloa, que han malbaratado su mayoría absoluta como hasta ahora no se había visto en España.




El partido popular no admite sector crítico, así que tampoco le van a apoyar los que querían ver cumplido su programa. Menos aún los indecisos, ante la decepción recurrente que está haciendo caer poco a poco a su partido, sin posibilidad de mejora mientras el actual Gobierno siga empeñado en hacer lo que no debe, encubrir a los amigotes, y no hacer lo que debe, que es cumplir su programa.

¿Cómo van a silenciarse las críticas cuando de la manera más escurridiza ni hacen ni explican nada, excepto echarse flores por los méritos de otros que son los que levantan el país?. Empresarios y trabajadores no tienen confianza en un futuro digno. La continua repetición de estadísticas más o menos convincentes no contribuye a que los ciudadanos estén seguros de cuáles son las verdaderas expectativas, ni tan siquiera de qué situación nos espera a corto y medio plazo.

Por ejemplo, el paro a este paso va a durar siglos y así no hay manera posible de sostener el sistema de pensiones y de protección social. Quienes confíen en vivir del Estado cuando le llegue la jubilación, que recen mucho porque no será así sin un milagro.

Decían también (durante los años que estuvieron en la oposición) que debía protegerse a las familias, pero no nos dicen ahora cómo las están ayudando, excepto a las suyas. Hablaban de acabar con el bienestar del Estado y fomentar el ahorro del ciudadano, y ahora ni le queda a la mayoría saldo en la cuenta, ni tan siquiera pueden vender la vivienda porque su valor ya no cubre la hipoteca. Ni la gente normal puede comprarlas.

Y ahora los únicos intereses protegidos son los del Estado y sus fuentes de financiación, que siguen especulando con valores inmobiliarios sin hacer accesible ni su compra ni su alquiler. Tanto los Bancos como el Estado, que valora si derribar inmuebles que han comprado con dinero de todos para que algunos mantengan su inversión.

En mala hora creímos a quienes eran útiles como oposición y la ejercieron como contrapeso del descontrol presupuestario, y una vez agarraron el poder, lo ejercen peor que antes.

Ahora, bien asegurada su posición por unos años, nos exhiben su autoridad hasta el abuso, y han olvidado que la tienen para prestarnos un servicio público.

A la vista está que su principal preocupación es irse con los bolsillos bien llenos y no por dejar un país con alguna seguridad de que las cosas no se desmoronen ante cualquier cambio internacional o nacional.




Los que se llaman de izquierdas actualmente se dedican al alboroto sin ton ni son para esconder que tampoco tienen ningún programa, excepto el panfleto electoral de última hora para guardar las apariencias.  Ya veremos si su electorado se seguirá conformando con sus discursos emotivos y promesas.

Los socialistas (de profesión) y los socialistas de más a la izquierda en apariencia tienen diferencias ideológicas, sin que podamos saber cuáles son esas ideas, ni de unos ni de otros. Sus recetas para salir de la crisis económica son un misterio, y además no les ha preocupado nunca. Ni tendrán que preocuparse, ya les dirán lo que hay que hacer los de la Troika que por ahora son los únicos en rescatarnos de las manos largas de todos estos charlatanes.



Estos partidos longevos no son diferentes del inmovilismo que representa Rajoy, pero (del mismo modo que éste) tampoco quieren compartir los votos y así poder seguir posicionados en esos oligopolios electorales en los que se decide el reparto de los fondos del Estado destinados a los partidos políticos.


Ya sabemos que los partidos son como empresas, y que el equipo directivo tiene que presentar sus resultados en términos de votantes para que las cuentas salgan.


Asesores de imagen, cuestiones transversales y demás técnicas de marketing político para interesar a los grupos que van a movilizar al votante en una u otra dirección. Todos ahora quieren hacer nuevas promesas, alguna tan nueva que hasta nos la podríamos creer por innovadora. Los defensores de la marihuana, que está en vías de legalizarse en varios países, y otros colectivos buscan en las elecciones europeas la mejor plataforma para sus reivindicaciones.

Los nuevos partidos, llamados "terceras fuerzas" van a recibir parte de tanto voto defraudado, y por ello son vistos como enemigos por estos políticos de cartón piedra agarrados al poder con avaricia. Las maniobras para desacreditarles han comenzado mediante el ya clásico método de las escuchas políticas y el manejo de información privilegiada. Eso significa que la partitocracia teme el empuje de estas terceras fuerzas. 

Cabe destacar que los movimientos políticos que no arrastran el fango de sus mentiras, de su corrupción y otras cloacas donde han estado todos los grupos mayoritarios, insisten en que el cumplimiento de las leyes por los poderes públicos consolida los derechos de los ciudadanos. Eso es mucho mejor que una promesa de cambiar la Ley sin cambiar nada.

En Cataluña estamos atentos, si hay algo que nos une no es la lengua, es la seguridad de que no podemos esperar nada del Gobierno español.




Es perfectamente sabido que si el pueblo catalán "decide si puede decidir" sólo es cuestión de tiempo que los partidos catalanes mayoritarios decidan sobre la soberanía propia, embarcándonos a todos, no sabemos si como pasajeros o como indeseables polizones.

Mientras otros, como los navarros, optaron por mantener y mejorar sus fueros, en lo que tienen tradición, en Cataluña se avanza por la senda del desafuero, que no sabemos a donde nos lleva, más aún, nadie nos promete mejora alguna en ningún aspecto.

En una generación se aprobó el Estatuto de Autonomía que reclamaba una gran mayoría de catalanes, y después con menor porcentaje de votos, se cambió por otro Estatuto nuevo hace poquísimos años. Ahora, sin haberlo debatido ni mucho menos consensuado, ese también se quiere derogar para dar un paso de efectos irreversibles en base a una mayoría efímera.

Se pidió un concierto económico, el Pacto Fiscal, mientras de forma desconcertante, se reclamó una consulta para decidir sobre la independencia, que previsiblemente repetirán cada cierto tiempo a modo de revalidar esta reivindicación sin aceptar nunca la legitimidad del dominio español, según dicen.

Los que se decían partidarios del europeísmo lo ponen ahora en segundo lugar. Si la Unión Europea tuviera como normas de actuación sus valores fundacionales, debería en coherencia expulsar a Cataluña por ir en contra de los mismos. Los pulsos entre los distintos feudos autónomos impiden o dificultan la libre circulación de bienes, servicios, personas e ideas, reduciendo las posibilidades de los ciudadanos de cada territorio y al conjunto, emprobreciéndonos en beneficio ajeno.

Seguro que cuando empiecen a tender las alambradas a nuestro alrededor dirán que en realidad las ha puesto España. Y en cierta manera tendrán razón porque Cataluña no es la única comunidad que compite con las demás para desmarcar su territorio del resto. Todas crean barreras proteccionistas y son celosas de las intromisiones, sobre todo para proteger a los clanes de aforados y su parentela, que suelen ser sus socios y testaferros en el gran negocio de la política.

Lo que nos tiene que convencer de la Generalitat es cómo y cuando van a cumplir con sus promesas electorales, que fueron escandalosamente populistas.

Por lo visto lo único capaz de ilusionar a la gente es la ruptura radical con el Estado, así que en las instituciones catalanas el poder juega a ser contrapoder, ensayando todas las formas de desobediencia a la autoridad, desde desacatar sentencias judiciales hasta apadrinar la insumisión fiscal.

Todo un logro en tiempos en que se valora la capacidad de torcer decisiones a quienes detentan el poder. Con estas maniobras se logra movilizar a las multitudes a los actos sociales donde los manifestantes piden y a veces consiguen cosas. A ver cuando consiguen que se vote a favor de un suplicatorio.

Es el único ámbito donde existe la posibilidad de modificar, derogar o enmendar principios sustanciales del sistema político, como puede ser la secesión territorial. Una petición democrática, eso sería, si no fuese un montaje teatral meramente consultivo.

Aquí se está inflando la burbuja soberanista, con riesgo de pinchazo si alguien no consigue algo.




Se equivocan quienes piensan que quienes aquí se oponen a la independencia lo hacen por sentimientos nostálgicos o fervor patrióticocuando es claramente al revés.

Los razonamientos que se escuchan en el Parlament son las mismas cosas que se oirían en reuniones de batasunos, la imperiosa necesidad de librarse de los males que se achacan a España. Vistos los lodos que esconde la política catalana, eso sería salir del fuego para caer en las brasas. La sede de los convergentes, embargada, y continuos trapos sucios en la prensa diaria. Ni la independencia ni mucho menos una consulta sin sentido van a cambiar la forma de torearnos que tienen los gobernantes catalanes.

Es un asunto esencial para el catalanismo actual y también lo es para las demás comunidades autónomas aunque no alberguen movimientos nacionalistas propios. Si comparamos otros casos, lo fue también para los Estados Unidos que se enfrentaron internamente por esta cuestión y porque en parte del territorio se mantuviese vigente una "lex odiosa" contra la mayoría de toda la nación.

Por eso se dice desde las poltronas madrileñas que el asunto no admite reformas por mucho que una sola Comunidad Autónoma decida lo contrario por mayoría. Tampoco admiten reforma otros temas, y por lo tanto no se deberían someter a votación, como el derecho a un juicio justo o a la integridad física y moral. No estoy tan seguro de que se protejan lo suficiente, pero al menos no se discute su vigencia.

En realidad la soberanía no se discute racionalmente. La distribución del poder entre cúpulas políticas distintas es lo que nos lleva a este terreno, en el que las razones por las que la Generalitat sustenta su derecho a celebrar un referéndum consultivo son las mismas que puede reivindicar el Gobierno español para no permitirlo. No entraré a valorar si estas razones son peores en uno u otro estamento, porque lo que piensa la gente es lo que debería contar cuando se quieren cambiar reglas y condiciones esenciales. Lo que piensa toda la gente y no sólo la mayoría.

Si no, se corre el riesgo de ser un déspota con todos, con la misma gente que cree en ellos, los que le pedirán explicaciones cuando el tiempo nos dé perspectiva para sopesar los hechos. Porque lo que nadie cree a estas alturas es que la independencia sea beneficiosa para la gente, sino una especie de satisfacción moral para los catalanes de pro.

Un capricho muy caro para todos los de aquí. Las responsabilidades son enormes, impagables. Quizás no para los que roban y dicen que es España quien lo hace, protegidos por una impenetrable costra de mierda bajo la que pactan sus chanchullos con quienes carecen de aversión por integrarse en el mundo dorado del aforamiento.




Aquí a los que no sueñan despiertos se les llama "botiflers", y puede que a los que no tenemos apellidos catalanes nos quede sentido común aunque no le llamemos "seny".


Botifler originalmente designaba a los partidarios borbónicos durante la Guerra de Sucesión, pero actualmente se usa para denominar de manera burlesca a los que se identifican como españoles, que en el juego de lenguaje catalanista llaman "nacionalistas españoles". 

Este léxico subliminal, el arma principal de la policía del pensamiento del catalanismo costumbrista de medio pelo, condiciona sentimientos de inferioridad entre unos y de superioridad entre otros por razón de sus apellidos y por el uso del catalán o el castellano en la vida privada y laboral de la ciudadanía.

Esto no tendría que ser motivo de discusión si las campañas de "normalización lingüística" no actuasen sobre parte de la ciudadanía como un colectivo lingüísticamente "atípico" o "anormal". No tiene sentido que los que hablamos el mismo idioma que impuso Franco tengamos que ser tratados de forma diferente. Y eso, ¡aunque Cataluña fuera independiente!.

Por ejemplo, todos sabemos que está mal visto escribir Cataluña con la letra "ñ", ya que al parecer es más respetuoso escribir "Catalunya". Aunque escribas en "español", que ahora mismo no sé si es más correcto que "castellano".

Lo mal visto, desde hace unos años empieza a estar públicamente prohibido, como por ejemplo el uso exclusivo del castellano en establecimientos y entes públicos, restricciones asimétricas a las que imponen cuando la lengua utilizada es el catalán.

Desde el punto de vista exclusivamente catalán, nos quitan cosas que habíamos ganado, como el bilingüismo. Como aquí sabemos muy bien qué había de cierto en aquello de "CATALONIA IS AN OPRESSED NATION" y quienes son los opresores si eso es cierto, no pueden venirnos otra vez con cuentos parecidos aunque vayan a decírselos a dirigentes extranjeros. No cuela ni allí.

Charnego  es una palabra despectiva referida a los hablantes de lengua castellana y sus hijos, o a los hijos de una persona catalanoparlante y otra que no lo es. La palabra viene siendo sustituída por el eufemismo no menos clasista "catalanes de segunda o tercera generación" en contraposición a las familias puramente catalanas "de toda la vida".

A mí nunca me han llamado "xarnego" a la cara, lo que no quiere decir que no lo haya oído decir de otros a sus espaldas, algo que como es sabido, suele hacer la gente estirada que presume de modales. Ahora hay otra palabrita, nouvinguts, los "recién llegados" inmigrantes foráneos a quienes por lo visto les parece muy bien el actual rumbo catalán, y podrían secundarlo en las urnas.

Los que conocemos esto desde que nacimos somos los escépticos a las verdades históricas propaladas por el catalanismo mayoritario. Un trabajo de idealización y fabulación de los hechos en la educación y los medios de comunicación, un campo que, para ser honestos, ya estaba sembrado de distorsiones demagógicas y dirigismo político. Nunca en las instituciones ha existido imparcialidad en el análisis del pasado ni su proyección al presente, ni en los últimos 35 años, ni en los 40 anteriores, ni seguramente antes.

Los derechos históricos perdidos en 1.714 se devolvieron en parte en las revoluciones liberales del siglo diecinueve, y tras la Constitución no sólo se completó dicha recuperación sino que se ampliaron. Algunos esperamos que, de las reparaciones de agravios y retorno de derechos a las instituciones catalanas, a los ciudadanos nos llegase alguno. Más bien, podría ser que el Molt Honorable y su club de aforados recuperen para sí el derecho de pernada, y sólo nos faltaba eso.

Los que no queremos formar parte de la gran propuesta nacionalista, los que no podemos amenazar con que nos iremos si se declara la independencia, somos los que sabemos que son otros los partidos y movimientos que seguirán defendiendo nuestros derechos en cada escenario que nos toque vivir.

Muy distinto de ese sentimiento ultrajado que desde otras zonas de España pide una especie de castigo colectivo sobre Cataluña. Por suerte ya no se oye aquello de "sacar los tanques a la calle" aunque sí de las represalias político-económicas que anuncian contra todos los que quedamos en Cataluña.

No hay mayoría suficiente para cerrar algún día el asunto, así que seguimos sin saber quiénes son, o somos, la mayoría y qué derechos debe tener la minoría. El derecho a pedirle a España que nos readmita si nos sacan, ese ya sabemos que lo perdemos. Es interesante ver cuál es la alternativa a la españolidad, ser ex-españoles pinta incluso peor que seguir siéndolo.

La opereta política española no tiene nada que ofrecernos, si no lo ha hecho aún. Los que tenemos algo que decir vamos a tener que ocuparnos por nosotros mismos sin contar con los que nos vuelven la espalda.




Mapa de 1.852: la "España Uniforme o puramente constitucional", la "España Foral", la "España incorporada o asimilada" y la "España colonial".