El President Torra y su tropa independentista han ejercido toda la presión posible para que el Gobierno central interceda en su favor en la causa judicial sobre el "procés". Las acusaciones iniciales, adoptadas en la etapa de Rajoy, se van diluyendo y todo hace pensar que finalmente no se va a condenar a nadie por delito de rebelión.
Torra ha dicho públicamente que no aceptará ninguna sentencia que no sea absolutoria, dejando claro cuál es su idea de la relación entre la clase política y la judicatura. No es que ninguno sepamos que la independencia judicial es sólo aparente, pero para el President el sometimiento de los jueces al Poder Ejecutivo es una exigencia. Con estas ideas autocráticas quieren fundar su república.
Torra ha dicho públicamente que no aceptará ninguna sentencia que no sea absolutoria, dejando claro cuál es su idea de la relación entre la clase política y la judicatura. No es que ninguno sepamos que la independencia judicial es sólo aparente, pero para el President el sometimiento de los jueces al Poder Ejecutivo es una exigencia. Con estas ideas autocráticas quieren fundar su república.
El gobierno Sánchez ha movido los hilos para que la Abogacía del Estado, sometido jerárquicamente al Ministerio de Justicia, presentase su escrito de acusación únicamente por delitos de desobediencia y malversación. La Fiscalía General del Estado, por el contrario, mantiene la acusación por rebelión, además de los dos anteriores. si bien hay que tener en cuenta que la Ley ordena que, en la duda, debe aplicarse el criterio más favorable al reo.
A su vez, la acusación popular que ejerce el partido VOX acusa por rebelión, organización criminal, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos, pero tiene menos fuerza que las representaciones del Estado.
Así las cosas, habrá que conformarse con que la proclamación de la República Catalana, el referéndum fraudulento que dió lugar a la misma y todo el asunto del "procés" no pueden constituir delito de rebelión por no haberse producido un levantamiento con pública violencia. Eso es lo que exige el Código Penal.
Así las cosas, habrá que conformarse con que la proclamación de la República Catalana, el referéndum fraudulento que dió lugar a la misma y todo el asunto del "procés" no pueden constituir delito de rebelión por no haberse producido un levantamiento con pública violencia. Eso es lo que exige el Código Penal.
Poco a poco se va haciendo evidente que en la instrucción del Juez Llarena se mezclaron distintos hechos relacionados con el "procés" y la tensión que viene produciendo en Cataluña, como si se trataran de un plan de los acusados para derribar por la fuerza el orden público y no simplemente de saltarse la legalidad apoyándose en las multitudes, como realmente ocurrió.
Lo lastimoso es que Pedro Sánchez se desdiga de anteriores declaraciones en las que consideraba la existencia de rebelión y haya cambiado de criterio dejándose llevar por las pautas marcadas por los indepes. La Justicia española está muy politizada, como han remarcado los tribunales extranjeros que han intervenido en los procesos de extradición, y eso ha hecho que todo el juicio por la proclamación infructuosa de la República Catalana aparezca ante la opinión pública internacional como un montaje.
Sea como sea, las condenas que piden las acusaciones sumarían muchos años de prisión para los insurrectos. Torra se ha apresurado a insistir en que "es intolerable" y anuncia grandes movilizaciones. Si los indepes logran generar suficiente presión, en su día veremos negociar los probables indultos.
A todo ésto, solamente podrán ser juzgados aquellos acusados que se encuentren a disposición de la Justicia española. Los huídos van a ver desde sus refugios europeos cómo les van las cosas antes de plantearse el regreso.
En las entradas de 6 de abril de 2018 (EL SÍNDROME DE PUIGDEMONT) y de 28 de julio de 2018 (HOMBRES DE PAJA) comenté las acusaciones de sedición contra los responsables del "procés" y la estrategia del juez Llarena de renunciar a la extradición de Puigdemont en los términos concedidos por la Justicia alemana.
En las entradas de 6 de abril de 2018 (EL SÍNDROME DE PUIGDEMONT) y de 28 de julio de 2018 (HOMBRES DE PAJA) comenté las acusaciones de sedición contra los responsables del "procés" y la estrategia del juez Llarena de renunciar a la extradición de Puigdemont en los términos concedidos por la Justicia alemana.
Desobediencia la hubo, y también malversación de fondos públicos aunque el Supremo renunciase a ejecutar la extradición concedida por Alemania por ese motivo. El Alto Tribunal se ha complicado en maniobras procesales discutibles porque ningún juez puede dejar de cumplir la órden de detener a alguien cuando la Ley le manda hacerlo. Ahora Puigdemont ya no está en Alemania y el proceso de extradición no ha servido para nada.
Caso aparte es la sedición propiciada por las organizaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, que también comenté el 17 de octubre de 2017 (PALABRAS MAYORES). Por muchos lazos amarillos que pongan por todas partes, es incuestionable que hubo casos en que la multitud obstruyó a funcionarios públicos en el ejercicio de sus obligaciones.
Los lazos amarillos originalmente se colgaban para pedir la libertad de los acusados por los delitos mencionados, pero ahora ya se identifican con la reclamación de la autodeterminación. Ocupan todos los lugares públicos por mucho que algunos retiren las cintas amarillas para contrarrestar la omnipresente campaña.
Mal que me pese reconocerlo, los indepes van demostrando tener mejor estrategia que los pretendidos defensores de la legalidad. Pueden decir que ellos son pacíficos a la vez que se imponen sobre los demás cuando tienen la sartén por el mango. A esa dictadura de una relativa mayoría lo llaman democracia, y eso es lo que al parecer nos espera a los catalanes por muchos años.
