El artículo 426 del Código Penal exime de pena por el delito de cohecho al particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.
El caso es que al inviolable no se le puede denunciar porque lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que cada cierto tiempo cambia ,como cambian los tiempos.
Los partidos Más País, Equo y Compromís pretenden acotar los actos que el rey ejecuta como Jefe del Estado y diferenciarlos de los que lleva a cabo como "persona privada" y, por ello, "no inviolable".
En una rueda de prensa en Madrid en 2020, Errejón, Baldoví y Sabanés manifestaron que el objetivo de la norma que proponen es "facilitar la transparencia y la rendición de cuentas" y agregaron que, a su juicio, debería ser punto de consenso para cualquier demócrata, con independencia de que se sea monárquico o republicano.
Baldoví subrayó que es necesario dejar claro que si el rey "actúa como comisionista, no lo hace como jefe del Estado y no puede acogerse a la inviolabilidad", según recoge Europa Press.
Por un lado, define la "inviolabilidad y ausencia de responsabilidad" de este modo: "El privilegio, aparejado a una persona, por el cual no está sujeta a ningún tipo de responsabilidad por los actos que lleva a cabo en el ejercicio de su cargo", o sea "exclusivamente a los actos que necesiten de refrendo", que afectarán solo a las personas "designadas por la Constitución y las leyes para refrendarlos". Esta inviolabilidad se mantendría, de aprobarse el borrador, incluso después de una abdicación.
Luego, fija la responsabilidad del rey –hoy, Felipe VI– con estas palabras: "La persona titular de la Corona será responsable por los actos u omisiones que realice, ya sea a título particular o como miembro de la Familia Real".
En mi opinión, en un Estado de Derecho resulta más acorde una Ley que controle al Rey que la pasada jurisprudencia del Supremo que consolida el absolutismo sobre los demás poderes del Estado.
Desde 2014, cuando la abdicación del anterior monarca convirtieron en heredero a Felipe VI, mucho se ha hablado sobre la fortuna del Rey. Con un salario de más de 240.000 euros anuales, sumado a los pluses que recibe por evento y por ostentar el rango más alto del Ejército, el monarca cuenta con un patrimonio declarado de 16,8 millones de euros.
