En la pálida tarde se hundía,
el sol en su ocaso,
con la faz rubicunda en un nimbo
de polvo dorado.
En las aguas del mar, una barca,
bogando, bogando;
al país de los sueños volaban
amada y amado.
A la luz del poniente, en las olas,
quebrada en mil rayos,
parecían de oro bruñido
los remos mojados.
Y en la barca graciosa y ligera,
bogando, bogando,
al país de los sueños volaban
amada y amado.
¿Qué fue de ellos? no sé. Yo recuerdo
que después del crepúsculo pálido,
aquel cielo se puso sombrío
y el mar agitado.
La paguita ofrecida por el Gobierno "por el hecho de ser habitante español" ha provocado una llegada masiva de inmigrantes ilegales, a los que ya no les preocupa la Ley de Extranjería porque se ha dejado de aplicar.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ordena a los poderes públicos promover la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley.
Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades del país de origen, así como la que acredite su situación en España.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ordena a los poderes públicos promover la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley.
Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades del país de origen, así como la que acredite su situación en España.
El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos aduaneros, provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios.
Salvo en los casos en que se establezca lo contrario en los convenios internacionales suscritos por España o en la normativa de la Unión Europea, será preciso, además, un visado. Los extranjeros residentes que cumplan con estos requisitos tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social y de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles.
Pero hecha la Ley, hecha la trampa, y las excepciones se han convertido en norma para la inmigración irregular.
Los extranjeros que no posean documentación de su país de origen (que en muchos casos destruyen ellos mismos) ni entren por puestos fronterizos solicitan acogerse al derecho de asilo en el momento de su entrada en España. Aunque la Ley establece que tienen que alegar razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España, se les concede como norma general y se les entrega la documentación reglamentaria. Tal y como están los países del Sur del Mediterráneo, no deja de ser cierto que hay muchos refugiados.
La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la condición de refugiado del solicitante, el cual tendrá derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles. Tal y como está el mercado laboral, muchos extranjeros trabajan en precario y por debajo del salario mínimo, cuando no se dedican a actividades ilegales.
¿Qué puede esperarse de unos lazarillos de Tormes que siguen la ruta de Tarik y Muza necesitados del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda aprobada por el Gobierno en cuanto la Unión Europea anunció el envío de fondos millonarios para combatir la crisis del coronavirus. Con un bajísimo número de solicitudes de familias con menos recursos concedidas, ya están gastando el dinero antes de que llegue y sin dar garantías de devolverlo.
La paguita, de momento, está provocando falta de trabajadores en el campo y otros sectores porque ganan lo mismo sin hacer nada. También alimenta la llegada masiva de inmigrantes irregulares a la busca del subsidio. Pero la ex-ministra de Sanidad Carcedo cree que todo esto estimulará la economía. Ya le recordarán los funcionarios tanto derroche cuando les reduzcan el sueldo y las pensiones.
La exministra de Trabajo y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, Magdalena Valerio, ha asegurado que España necesita apostar por una inmigración "regular, segura y ordenada" de unas 250.000 personas al año para poder hacer frente al Estado del Bienestar y a las pensiones. Valerio ha señalado que, para afrontar el coste de las pensiones, España no sólo necesita inmigrantes, también fomentar la natalidad, para lo que precisa facilitar la conciliación laboral y familiar. Y digo yo que para poder formar una familia se necesita una seguridad laboral que los españoles no tienen.
En el caso de la inmigración magrebí, un convenio de libre circulación de personas y mercancías con Marruecos rompería la política europea y el Tratado de Schengen, pero también limitaría los privilegios del Estado Profundo marroquí.
Atraer la inmigración como hicieron los Estados Unidos de América tampoco es un buen ejemplo: en unos barcos llegaron los negros, en otros los chinos y en otros los europeos, la mayoría en condiciones muy precarias durante y después del viaje.
Pero con el paro que tenemos aquí, es difícil autorizar trabajo en peores condiciones y salarios o trabajos de poca cualificación. Un Convenio, así las cosas, debería ser como los que firmó el régimen franquista con Suiza o Alemania en los años sesenta, en el que se cotice a la Seguridad Social y se repatrie a los que no tuvieran medios de vida. En ningún caso se conceda visado del pasaporte a quien tenga antecedentes penales.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas, así como la elaboración y desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración y de políticas de inclusión.
El ministro Escrivá cuenta con un Gabinete de asistencia inmediata con nivel orgánico de Dirección General y los siguientes órganos superiores y directivos: Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría de Estado de Migraciones, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Como Marlaska y todos los ministros de Sánchez, nos está dejando en pelotas a cuenta de la hucha de las pensiones de la Seguridad Social. No dejan de decir que han actualizado las pensiones conforme al IPC, pero la previsión de gasto necesario para dependencia y la acogida de inmigrantes unida a la crisis de la Covid puede hacer colapsar las solicitudes aceptadas.
La entrada de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), obliga al Gobierno a promover el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados, cuya repatriación es ínfima, compleja en su ejecución y en muchas ocasiones se frustra por la escasa colaboración de los consulados.
En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que se halle.
La Administración del Estado solicitará informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos.
Se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean tutelados en España por una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se otorgará al menor una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores. La ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición de menor.
La concesión de una autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación cuando favorezca el interés superior del menor, en los términos establecidos en el apartado cuarto de este artículo. Reglamentariamente se determinarán las condiciones que habrán de cumplir los menores tutelados que dispongan de autorización de residencia y alcancen la mayoría de edad para renovar su autorización o acceder a una autorización de residencia y trabajo teniendo en cuenta, en su caso, los informes positivos que, a estos efectos, puedan presentar las entidades públicas competentes referidos a su esfuerzo de integración, la continuidad de la formación o estudios que se estuvieran realizando, así como su incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo. Las Comunidades Autónomas desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar la inserción de los menores en el mercado laboral cuando alcancen la mayoría de edad. Temporeros dispuestos a que les paguen lo que permiten los bajos precios de los alimentos constituye su destino en muchos casos.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas necesarias para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institución pública nacional o extranjera encargada de su protección. Estos datos no podrán ser usados para una finalidad distinta a la prevista en este apartado, como sus antecedentes penales.
Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración.
El 1 de diciembre de 2019, el socialista Josep Borrell tomó posesión como Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como de vicepresidente de la Comisión Europea. Borrell, refiriéndose al tema de la inmigración irregular, afirmó que “Tenemos que estar de acuerdo en que el problema de la inmigración es un problema europeo. Todos los Estados miembros deben entender que deben compartir esta carga. Este es el propósito del nuevo pacto migratorio que hemos presentado como Comisión y los Estados miembros lo están debatiendo”.
Lo cierto es que no hay un plan cerrado para afrontar la inmigración irregular y garantizar quién entra y quién sale en el espacio Schengen, aunque lo propuso Bruselas junto con Alemania, Francia, Austria y Países Bajos, y con la notable ausencia de España, Italia y Grecia, pese a ser la puerta de entrada de extranjeros en situación irregular por su ubicación geográfica.
La Comisión Europea apela al principio de que las personas que llegan a Europa de forma irregular y no necesiten protección internacional son devueltas a su país de origen de forma rápida, en un trámite que se lleva a cabo en el frontera. Es decir, las devoluciones en caliente que el Gobierno español sigue efectuando a pesar de que tanto las criticaron cuando estaban en la oposición.
Aunque el Ministerio del Interior ha manifestado públicamente que secunda a grandes rasgos el plan, que previsiblemente estará pactado en la primavera de 2021, ha mostrado su preocupación por que "la realidad desborde las previsiones del pacto" y ha incidido en la necesidad de ayudar a los países de origen de la inmigración.
"La prioridad debe estar en la dimensión exterior antes que en nuestras fronteras exteriores, sobre todo en fronteras marítimas", afirmó el ministro Marlaska, por lo que abogó por "avanzar planteando acciones concretas, empezando por una implicación de todos nosotros, estado miembros e instituciones, con los países de origen y tránsito". Además, incidió en la importancia de "la financiación necesaria para estas acciones".
Los países de origen de inmigrantes irregulares piensan que no les incumbe, o bien reciben sobornos de las mafias que organizan la salida de las embarcaciones. Pero hay organizaciones coordinadas con estas mafias para su "salvamento" en alta mar, fundaciones donde los millonarios guardan su dinero a salvo de los impuestos financian la invasión migratoria de Europa, y de entre ellas, destaca la de George Soros.
György Schwartz nació en Hungría, que cambió su nombre por Soros para ocultar su origen judío, fingiéndose cristiano. Durante el Holocausto, al joven Soros se le asignó la tarea de saquear las propiedades de los judíos bajo el régimen del teniente general Kurt Becher, jefe de la sección de las Waffen SS eufemísticamente conocida como el Departamento de Economía del Comando de la SS. Soros obtuvo su primera pequeña fortuna vendiendo su parte del botín incautado a los judíos, y reconocía, en 1998, en el programa televisivo "60 minutos" (CBS), que no se sentía culpable por haber colaborado con los nazis para confiscar propiedades de los judíos.
Muchos de los magistrados del Tribunal de Estrasburgo provienen de la Open Society Foundation de Soros, una de las ONG del magnate en la que ya ha inyectado más de 18.000 millones de euros. Entre 2009 y 2019, siete ONG, todas vinculadas a la Open Society, enviaron a algunos de sus colaboradores a la Corte para convertirse en jueces permanentes allí. Entre los 100 jueces que se sentaron durante este período, 22 tienen un vínculo directo con una de estas ONG, “ya sea como líder, beneficiario de su financiación o como un participante importante y regular en sus actividades”. Y son bastantes más los magistrados relacionados con Soros.
Soros ha fomentado la inmigración ilegal para desestabilizar el mundo bajo la apariencia de altruismo y a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a manos de jueces que han sido formados y financiados por la Open Society Foundation.
Heinz-Christian Strache, vicecanciller de Austria y líder de la formación FPO, no ha dudado en hablar con claridad: «Soros está involucrado en la llegada de cientos de miles de refugiados a Europa. No es un rumor, sino un hecho».
Desde que comenzó la problemática migratoria en Europa, George Soros se ha convertido en el enemigo de aquellos países que luchan contra la llegada masiva de inmigrantes, como Polonia y Hungría. El multimillonario ataca a Merkel por no mantener el chantaje de la UE a esos países, que a fines de 2020 levantaron su veto a los presupuestos europeos tras un acuerdo para que los fondos no estén condicionados a imposiciones ideológicas.
El primer ministro de Polonia Mateusz Morawiecki ha calificado el acuerdo como una “doble victoria”: la ejecución justa de la ley en el espíritu de la soberanía de los Estados miembros de la UE y “bloquear un mecanismo equivocado e injusto que podría llevar a la retirada de fondos de Polonia”.
El primer ministro de Hungría Viktor Orbán comentó desde Bruselas: “El sentido común ganó. Protegimos el dinero de los húngaros”. Orbán y Morawiecki comentaron el acuerdo en una rueda de prensa conjunta, que plasmó, una vez más, el histórico hermanamiento entre sus dos Naciones.
Uno de los principales derrotados tras el acuerdo alcanzado ayer es el multimillonario húngaro George Soros, especulador financiero que ahora se dedica a financiar movimientos de izquierda, abortistas y a favor de la inmigración masiva. Haciendo valer su enorme influencia, Soros presionó a la UE contra Hungría y Polonia, en un nuevo intento de socavar la soberanía nacional para imponer su agenda ideológica.
Que Soros esté tan disgustado con este acuerdo de Hungría y Polonia con la UE es muy buena señal. El mejor resumen de la situación lo dio ayer desde España el presidente de Vox Santiago Abascal: "Todos los europeos estamos en deuda con Hungría y con Polonia. Al defender su soberanía han defendido la soberanía de todas las naciones frente a las imposiciones de la agenda progre. Agradezco de corazón esa firmeza que han demostrado Hungría y Polonia frente al chantaje de la UE, y celebro su victoria de ayer. Es una demostración de que puede frenarse el avance de las imposiciones izquierdistas, y una llamada a que Europa no se construya pisoteando la soberanía nacional de sus países miembros".
