"EL ANIVERSARIO", de Evaristo Carriego.

La casa amaneció triste, callada.

Un aire melancólico se advierte

en los rostros: la pena es resignada.

No se oye reir ni se habla fuerte.

Los muchachos faltaron a la escuela,

y desde muy temprano, con incierto

y sombrío fulgor, arde la vela

en la que fuera habitación del muerto.

El recuerdo luctuoso les alcanza

a todos por igual.

Durante el día

unas cuantas visitas de confianza

estuvieron a hacerles compañía;

pero, entrada la noche, los amigos

al fin se despidieron, y la pena

contenida en presencia de testigos

extraños, fué a la hora de la cena.

Se cumplen 18 años de los atentados del 11-M. Siete de los 18 condenados en el juicio por los atentados de Madrid continúan en prisión en España. Pero tres de ellos recuperarán la libertad en 2022.

Este mismo año está previsto que extinga su condena Rachid Aglif, «el Conejo», mano derecha de Jamal Ahmidan «el Chino» (uno de los suicidas del piso de Leganés donde se inmolaron los autores materiales del 11-M) que fue condenado a 18 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista y suministro de sustancias explosivas. Y unos meses después, el 30 de octubre, cumplirá su condena Mohamed Bouharrat, condenado a doce años de prisión, también por pertenencia a organización terrorista.

Con estas tres excarcelaciones, únicamente quedarán en prisión por estos hechos cuatro de los condenados. Uno de ellos por poco tiempo, pues Abdelmajid Bouchar, conocido como «el Gamo», quien huyó del piso de Leganés cuando se percató de la presencia de los agentes al bajar la basura, extinguirá su condena de 18 años de prisión el 12 de agosto de 2023. En la vista oral, negó que huyera del piso de Leganés a la carrera cuando reparó en la presencia policial al bajar la basura. Su huida es digna de un guion cinematográfico: se escapó en tren a Francia desde San Sebastián y recorrió ocho países en 16 meses (en un viaje que, según contó al tribunal, solo le costó mil euros) antes de ser detenido en Serbia el 17 de agosto de 2005. Tenía 24 años cuando fue condenado. Ahora, saldrá de prisión con casi 40.

Ampliando lo ya dicho sobre los ejecutores materiales, intenaré llegar a los provocadores y autores intelectuales.

El Partido Popular llevó adelante un falso atentado etarra el 11M, con la finalidad de obtener réditos electorales, a través de un grupo policial dirigido desde Moncloa, que a su vez contaba con una red de confidentes y colaboradores españoles, sirios y magrebíes.

El PSOE conocía lo que pretendía el PP y, a su vez, tenía su propio plan de negociar con ETA el fin de la violencia y estaba preparado para colaborar con ésta en la derrota electoral del PP. Además, también disponía de mando sobre sectores de la policía y el CNI con su respectiva red de colaboradores.

Por encima de ambos partidos corrompidos sobrevolaba la inteligencia norteamericana, cuyos servicios de inteligencia habían logrado la detención de la cúpula etarra en Francia y España. Estos éxitos habían convencido a Aznar de que una macrooperación programada para el 12 de Marzo en ambos países sería el fin definitivo de la banda y una victoria segura en las elecciones.

Sin embargo, ETA era sólo secundaria para la OTAN, que al fin y al cabo prefería no romper del todo su red "stay behind", descabezada pero con capacidad operativa y arsenales ocultos. Lo principal no era el falso atentado del PP, de escasa repercusión internacional, sino un atentado brutal achacable al yihadismo para conmocionar a la opinión pública occidental en favor de la política norteamericana.

La inteligencia norteamericana coincidía con ETA en que sólo una masacre de dichas características podría conducir a un acuerdo similar al conseguido por sus mutuos amigos del IRA y convenció al grupo parapolicial español de que sólo iban a participar en una trampa, una acción de menor envergadura que dejaría como rastro mochilas-bomba sin explotar, aunque los diseñadores de la masacre convencieran a los distintos subgrupos (PP/PSOE) de que participaban en dos trampas diferentes.

Una vez cometidos los atentados, USA no pagó a los traidores del PP y la macrooperación contra ETA se convirtió en el "proceso de paz" similar a los acuerdos de Viernes Santo en Irlanda. Con eso pagó a ETA su colaboración técnica en una acción coordinada por el PSOE que nos llevó a los ocho años de crispación de Rodríguez Zapatero. Y se garantizó su silencio, frente a los políticos corrompidos del PP y PSOE, y con el interés norteamericano en que ETA no difundiera su información sobre el 11M, ha tenido una fuerza decisiva insalvable.

Para la OTAN tan traidores eran unos como otros, pero la oferta del PSOE era más atractiva, y su retirada de Irak irrelevante, aparte de que liberaba a la Alianza de sus compromisos con España en los contratos de reconstrucción de dicho país pactados con el grupo de las Azores. Por otro lado, el contingente español en Irak sólo tenía el noveno lugar en materia de efectivos (1.300 hombres, o sea menos del 1% de las tropas de la coalición en ese país). Además, su retirada se vio compensada por una implicación más importante de España en Afganistán.

Los 2 subgrupos PP y PSOE, para ocultar sus propias artimañas, destruyeron las pruebas de los asesinatos (pues se autodescubrirían) y las sustituyeron con pruebas falsas. Las etarras vistas en el transporte público de Madrid el 12 de Marzo no fueron objeto de pesquisas policiales ya que mandos y agentes estaban ocupados en las maniobras de distracción.

El ex minero-confidente e imputado por los atentados del 11-M, Emilio Suárez Trashorras, buscaba en el verano de 2001 a alguien "que supiera montar bombas con teléfonos móviles". En esa época, la banda terrorista ETA ya había utilizado este mecanismo para cometer sus atentados, pero les había fallado en varias ocasiones.

En noviembre del año 2000, la banda terrorista ETA usó teléfonos móviles para activar sus bombas. En concreto, el 11 de noviembre, los etarras colocaron en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (Guipúzcoa) un artefacto adosado a un lanzagranadas que serviría como cebo. Desde otro teléfono móvil los terroristas hicieron una llamada al celular colocado en el lanzagranadas y la frecuencia emitida activó la bomba, que explosionó cuando efectivos de la Ertzaintza, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía acudieron al lugar para desactivar los explosivos. La explosión alcanzó a los agentes e hirió a diez de ellos, tres de los cuales, guardias civiles, sufrieron lesiones muy graves.

 

En enero de 2001 ocurrió lo mismo en el cementerio de Zarauz. ETA planeaba liquidar a la cúpula del PP vasco mientras hacían una ofrenda floral al concejal asesinado José Ignacio Iruretagoyena, en el tercer aniversario de su muerte. La bomba estaba escondida en una maceta. Falló el mecanismo, quizá por los inhibidores de frecuencia que portaban los coches de los mandos populares, pero probablemente por la falta de potencia del timbre del teléfono para activar un detonador.

 

El 14 de mayo de 2002, la Policía detuvo en Vallecas a dos miembros del grupo Madrid de ETA. Planeaban atentados con la técnica del teléfono móvil. De hecho, entre el que las fuerzas de seguridad hallaron en un piso usado por la banda en la madrileña calle de Piamonte , se encontraron rudimentarias instrucciones para elaborar este tipo de artefacto. Según la Policía, los terroristas ya habían comenzado a fabricar uno, puesto que en el piso se encontró un receptáculo de cartón rodeado con cinta aislante diseñado para introducir el teléfono móvil, al que además tenían intención de colocarle un sistema eléctrico suficiente para activar un detonador.

La mochila de Vallecas y las huellas digitales halladas en la camioneta Kangoo: pruebas acusatorias cuya falsificación por elementos del aparato del Estado sugiere la existencia de vínculos entre los atentados de Madrid y los de Estados Unidos.

A fines de marzo de 2004 una misteriosa foto de la mochila de Vallecas es la única imagen hasta ahora conocida del elemento central de la investigación, el mismo que ha sido objeto de tanta controversia. En la noche del 11 al 12 marzo de 2004 un agente de la policía científica se presentó en el lugar donde los especialistas en desmantelamiento de explosivos estaban desactivando la bomba de Vallecas.

El objetivo del agente era realizar un reportaje fotográfico a medida que se iba desmantelando el artefacto. Como la bomba no estaba desactivaba aún, el agente se mantuvo alejado, confió su cámara a uno de los especialistas antibombas y vio varios flashes. Al terminar la desactivación del artefacto, el agente quiso acercarse pero, para sorpresa suya, los especialistas antibombas le cerraron el paso. Posteriormente un alto funcionario de la policía le pidió que les entregara la película, de la que nunca más tuvo noticias.

Por lo tanto, en marzo de 2004 no se había publicado ninguna foto de la bomba de Vallecas. El 30 de marzo la cadena estadounidense de televisión ABC News difundió la única foto de la bomba que se conoce hasta ahora, foto que retomaron todos los medios españoles sin hacer la menor pregunta. Aquella foto venía a llenar el vacío causado por la desaparición de la película fotográfica de la policía científica y aportaba una nueva imagen de credibilidad a aquella prueba que parecía cada vez más turbia.

Pero la foto da lugar a nuevas interrogantes que todavía siguen sin respuesta. ¿Quién tomó esa foto? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué apareció en Estados Unidos, lejos de los medios españoles que tan estrechamente venían siguiendo el caso?

El 6 de mayo de 2004 las miradas se vuelven nuevamente hacia Estados Unidos cuando la revista Newsweek revela que un abogado estadounidense, Brandon Mayfield, ha sido arrestado días antes en el Estado de Oregon. Sus huellas digitales habían aparecido en la envoltura de los detonadores encontrados en la camioneta Kangoo que supuestamente habían utilizado los terroristas. El 17 de mayo, «Un alto responsable del contraterrorismo estadounidense ha dicho a Newsweek que la identificación de las huellas digitales es irrefutable». El FBI había identificado la huella poco después del atentado, poniendo entonces a Mayfield bajo vigilancia. Fue el temor de una filtración hacia la prensa lo que llevó a la realización de un discreto arresto. Sin embargo, una sorpresa se produce el 20 de mayo cuando la policía española anuncia que ha identificado la huella como perteneciente a Ouhnane Daoud, un argelino residente en España. El tal Daoud nunca ha sido encontrado, lo cual impide evaluar la validez de su identificación.

Resulta sospechoso el perfil de Mayfield. Abogado discreto y no muy activo, convertido al Islam, Mayfield había defendido en un caso de derecho familiar a un estadounidense que posteriormente resultó acusado de terrorismo. Pero lo más llamativo es su vínculo con el ejército estadounidense: Mayfield es oficial de la reserva después de haber pasado 8 años en filas, uno de ellos en una unidad de inteligencia.

La mochila de Vallecas aparece en una comisaría y en un lote de efectos personales ya verificados anteriormente y que también debería haberse encontrado en la morgue, con los demás lotes de efectos personales. Al mismo tiempo, varios elementos que acusan a los islamistas aparecen en la camioneta Kangoo después de haber sido llevada ésta hasta la comisaría y después de varios registros anteriores durante los cuales no se había encontrado nada.

Lo más importante es que el aspecto mismo de la mochila que contenía la bomba les hizo dudar que pudiese venir del tren, ya que todos los objetos sacados de los vagones mostraban huellas de golpes, de humo, etc.

Estos elementos sugieren que aquella mochila había sido puesta en el andén después de las explosiones, no que se encontraba en el tren como las otras bombas. Esta hipótesis parece ser una explicación plausible a lo poco convincentes que resultan los elementos de la investigación y un atentado bajo bandera falsa solapado bajo un ejercicio militar que simuló exactamente el que se cometió.

Al igual que los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y los del 7 de julio de 2005 en Londres, los atentados de Madrid coincidieron con un simulacro de ataque terrorista. Desde el día 4 de marzo hasta el día 10 del mismo mes de 2004, la OTAN estuvo realizando su ejercicio anual de gestión de crisis, llamado CMX 2004, y el 11 de marzo las bombas de verdad estallaban en Madrid.

El escenario trazado aquel año por la alianza atlántica era precisamente un gran ataque terrorista de Al Qaeda en países occidentales. En España, participaron en el ejercicio la presidencia del gobierno, el ministerio de Defensa y el CNI. Pero no se sabe si el ejercicio incluyó la realización de maniobras en la capital española ya que los datos sobre dichas maniobras son confidenciales.

En abril de 2002, José María Aznar y George W. Bush modificaron la convención bilateral de defensa entre España y Estados Unidos.

Esa modificación legalizó por vez primera la presencia en España de los servicios secretos estadounidenses anteriormente mencionados, dotándolos además de un amplio margen de maniobra: «las autoridades competentes de los dos países tendrán que establecer las normas que regulen las acciones del NCIS y del OSI en España».

Elementos del aparato estatal español intervinieron para falsificar elementos probatorios y orientar la investigación hacia una pista prefabricada, la pista islamista. Los atentados fueron perpetrados por una organización militar que disponía de cómplices dentro del aparato del Estado. La OTAN, cuyo pasado terroristas está fehacientemente demostrado, disponía del conocimiento, de los medios logísticos y tenía además un móvil para realizar esa operación.

Una de las primeras consecuencias de los atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo fue el fin de la resistencia que aún se mantenía a la utilización de la orden de arresto europea así como el recrudecimiento de medidas incontrolables, adoptadas en el marco de la cooperación judicial y policial entre los países europeos.

Es de temer entonces una aceleración del proceso de suspensión de las garantías constitucionales, ya en marcha después del 11 de septiembre. Las primeras medidas en ese sentido tienen que ver con el fortalecimiento de la cooperación policial y judicial. Una “capacidad de inteligencia” tendrá como función el análisis de los datos de inteligencia proporcionados por los servicios secretos y los cuerpos policiales de los Estados miembros.

Se trata también de adoptar legislaciones que permitan que los investigadores de varios países puedan trabajar en equipos comunes y de ratificar una convención de ayuda mutua judicial en materia penal. También se prevé favorecer los intercambios de datos: huellas digitales y características biométricas.

El Consejo de Jefes de Estado y de gobierno también quiere llegar, antes de 2005, a la instauración de pasaportes y de documentos de identidad que contengan datos tales como la fotografía del iris del ojo y las huellas digitales. Las compañías aéreas también estarían obligadas a comunicar a las autoridades aduanales y policiales europeas un conjunto de informaciones sobre sus pasajeros. Esta medida ya estaba en funcionamiento, para proveer información a las autoridades americanas, en los vuelos transatlánticos.

Todas estas medidas, como los pasaportes o documentos de identidad que incluyen un chip electrónico con datos biométricos, están en discusión desde hace tiempo. Los atentados son simplemente una oportunidad para eliminar la resistencia ante esas medidas liberticidas. Pero si las aplicamos a los atentados de Madrid, la eficacia de esas medidas resulta altamente discutible ya que las personas arrestadas estaban viviendo en España desde mucho antes y no viajaban a través de fronteras.

Por lo tanto, no podían ser detectadas a través de esos medios. Sin embargo, esas medidas son perfectamente adecuadas para un manejo policial de las poblaciones. La organización Statewatch ha demostrado que entre las 57 medidas previstas por el Consejo de Jefes de Estado y de gobierno reunido los días 25 y 26 de marzo de 2004, hay 27 proposiciones que no tienen nada o muy poco que ver con el terrorismo. El objetivo de esas disposiciones no es garantizar la vigilancia de determinados grupos sino la vigilancia sobre la población a través del control de las comunicaciones».

Después de los atentados de Madrid la justicia desechó la pista de Al Qaeda y afirmó que los crímenes habían sido perpetrados por terroristas islamistas autónomos. Todo indica que la versión oficial de los atentados es en realidad un engaño: los atentados de Madrid no se cometieron como represalia por la participación de España en la invasión de Irak ya que los preparativos tuvieron lugar con anterioridad.

Estos pudieron haber obtenido apoyo de un sector de los servicios secretos españoles favorable a los socialistas, bajo la coordinación del aparato judicial orientaron la investigación lejos de los indicios que vinculan los atentados de Madrid a Estados Unidos, país cuyo gobierno era el principal promotor de la doctrina de «guerra contra el terrorismo».

Hemos comprobado que el terrorista puede estar en cualquier sitio, ya que han creado una extensa red por todo el mundo difícil de desentrañar y combatir sin que se pueda prever el ataque terrorista con exactitud ni prevenir todo lo que se pueda el impacto del ataque.

Los Estados buscan aumentar su seguridad y protección frente a un terrorismo en el que no se conoce el siguiente paso. Es esta incertidumbre la que buscan generar en la sociedad para causar mayor impacto mediático. Estados Unidos ha vulnerado la privacidad en Internet o en el teléfono particular de cada uno, interceptando llamadas telefónicas sin necesidad de un mandato judicial, obligando a las compañías telefónicas a proporcionarles la información que consideren necesaria sobre las personas sospechosas de cometer actos terroristas sin una orden judicial.

Pero cuando hablamos de terrorismo de Estado, la coordinación entre servicios secretos, agentes provocadores y policía es también destacable. La rendición (condicional) de ETA tras el 11 de Marzo es un ejemplo de colaboración entre aliados como USA, Francia y España con consecuencias como el follón en la Guardia Civil, por la detención del etarra Josu Ternera por una filtración igual que pasó con el caso del Faisán. Fue la cuarta vez que Josu Ternera "se escapa de los Cuerpos de Seguridad del Estado por órdenes políticas", ya que si hubiese sido detenido el proceso de paz se detendría y obviamente todo se vendría abajo. Ternera es clave en el proceso de rendición de los últimos Gobiernos españoles ante la banda terrorista y desde mayo de 2015 la policía dejó de seguir al terrorista. Alguien a quien la Justicia francesa considera un ancianito inofensivo.

Según Robert W. Cox (2006), las configuraciones de poder relativas al sistema interestatal ocultan una amalgama de poderes fácticos e ilegítimos, con mayor o menor potestad, entre los que se encuentran «organizaciones criminales, servicios de inteligencia, fuerzas mercenarias, circuitos financieros ilegales, traficantes de armas, comerciantes de drogas y de sexo, y diversos cultos religiosos». Se trata de un «mundo encubierto en el que algunos de sus elementos, como las redes terroristas, conspiran para subvertir y destruir los poderes establecidos». A razón de eso es posible inferir que, pese a su carácter velado, las organizaciones terroristas necesitan manifestarse en aquellas ocasiones en que operan contra el orden constituido. No obstante, para mantener su clandestinidad, la estructura organizativa que les resulta propia no puede ser la misma de los ejércitos regulares convencionales. Por el contrario, su organización suele adquirir la forma de red en la que confluyen «una serie de nodos en los que la iniciativa puede pasar de uno a otro segmento».

La yihad islámica, como el terrorismo de ETA, explota las debilidades del adversario mediante la guerra asimétrica, que contrarresta la superioridad militar de éste.

No obstante que el Estado español no estuvo nunca en guerra con un «ejército terrorista» de carácter no-estatal, desaparecido el monopolio estatal de la violencia, hay que luchar contra organizaciones políticas, milicias irregulares, y redes fundamentalistas que no están sujetas al control de ningún Estado. 

Ello no sólo desmonta la afirmación de Carl von Clausewitz según la cual «la causa original de la guerra […] lo será “en relación con los dos Estados oponentes”» sino que la negación del carácter exclusivamente estatal de los contendientes tiende a la mundialización de unos conflictos que ya no reconocen fronteras.

El yihadismo no es un ejército regular, no es un centro, un lugar; su fortaleza reside en su ubicuidad, su capacidad de estar en todos lados y en ninguno, y generar un clima de miedo, muerte y psicosis colectiva. Es un error de bulto y una reacción irracional pensar que se puede combatir con los mismos mecanismos que generaron su caldo de cultivo: las bombas. Las variables de esta modalidad de enfrentamiento no son clásicas, precisan de un cambio integral de enfoque.

Por «guerra» entendemos, en su genérica significación, el combate o lucha armada entre dos bandos enfrentados. Precisamente este patrón dilatado e impreciso es lo que coloca en diferente lugar a las organizaciones terroristas que a los Estados soberanos. Y a su vez pueden ser vistos en un mismo plano los grupos armados nacionalistas (en cuanto aspiran a ser Estados) y los yihadistas (que también aspiran a gobernar un territorio).

Así pues, la asimilación de un significado amplio de «guerra» debe ser percibida como la condición necesaria para establecer una discontinuidad entre realidades bélicas no exactamente homologables para entender que «los medios, las reglas y los fines divergen en muchos casos del modelo de enfrentamiento armado que ha caracterizado los últimos siglos».

La guerra asimétrica constituye a su vez una tipología al concepto de «guerra de cuarta generación», acuñado a finales de la década de los ochenta. La guerra de primera generación surge a partir del Tratado de Westfalia y dura hasta 1914. Se identifica por el orden de la batalla a partir de las formaciones lineales de los combatientes. La guerra de segunda generación es aquella tipología que se desarrolla principalmente en la Primera Guerra Mundial y se fundamenta en la potencia de fuego y el uso de grandes recursos bélicos. Con la Se-gunda Guerra Mundial surge la guerra de tercera generación, cuya característica estriba en el rápido despliegue de los efectivos y en la capacidad de estos de golpear sorpresivamente.

La guerra de cuarta generación traslada al ámbito de la sociedad y la cultura las confrontaciones que hasta el momento se encontraban confinadas en una esfera estrictamente militar, de modo tal que la población civil pasa a ser parte implicada de un teatro de operaciones que es «un conflicto armado que se produce entre varios contendientes de capacidades distintas».

No obstante, las normas que establece el Derecho Internacional Público también son quebrantadas por actores que no son sospechosos de introducir prácticas asimétricas de guerra. En cualquier caso, debemos tener en consideración que las dos primeras acepciones de guerra asimétrica (el empleo de diferentes tácticas reglas, tácticas o estrategias, y a la capacidad de explotar las vulnerabilidades del contrincante fuerte), son en última instancia derivadas de la tercera (la diferencia de envergadura y capacidad entre las partes implicadas en el conflicto), ya que tanto el uso de tácticas y reglas novedosas como la intervención acentuada sobre las debilidades del adversario no son más que formas con las que tratar de contrarrestar una disimetría en términos de envergadura y capacidad militar. Sin partir de una disparidad considerable entre el potencial de las partes antagonistas, el contrincante débil no estaría abocado a recurrir a formas alternativas de guerra que busquen mayor eficiencia en sus actuaciones, aun cuando ello suponga negar reglas de la guerra convencional como el ataque premeditado sobre la población civil.

Implementando una versatilidad de operaciones antes desconocida en la que se eliminan las restricciones y aumenta la incertidumbre, el bando armado irregular busca suprimir la superioridad del enemigo, así como dificultar la capacidad de anticipación de este sobre aquel. Se pretende así que el desarrollo del conflicto no resulte rentable al adversario debido al elevado coste que para este tiene la búsqueda de la victoria.

De ahí que las labores de inteligencia, relativas a la captura de información mediante el espionaje o la infiltración, se revelan tanto o más importantes, si de neutralizar las fuerzas irregulares se trata, que las operaciones estrictamente armadas.

Ante esto, podemos afirmar que la parte débil no puede ganar íntegramente pero sí puede evitar ser derrotada mediante formas irregulares de confrontación en sintonía con una lógica asimétrica.

El bando con infinitamente menos poder de combate, cuando participa en la batalla asimétrica lo hace para infligir a su enemigo daños de consideración pero no busca la destrucción del mismo por ese exclusivo medio, dado que carece de la potencialidad para llegar a ese cometido en un solo acto. Trata de obtener la victoria desarrollando acciones en el largo plazo, desgastando a su enemigo y llevándolo a una situación donde demuestre su imposibilidad de obtener una victoria y, por lo tanto, se coloque en una posición que posibilite la obtención de ventajas significativas al bando que emplea este procedimiento de guerra.

El adversario con menores capacidades pretende ataques sorpresivos que permitan logros intermitentes que, si bien pueden ser su-mamente espaciados, contribuyan a desorientar al enemigo en la medida que este se muestra incapaz de predecir con precisión el momento y lugar en que se producirá un ataque rival. Ya fue Sun Tzu (s. V a.C.) quien exhortó a «atacar al enemigo cuando no está preparado, y aparecer cuando no te espera». Ante semejante modus operandi, el contrincante fuerte no tiene más opción que decretar un estado de excepción de manera casi permanente.

La elección de un terreno propicio a la hora de ejecutar operaciones ofensivas probablemente sea la primera de las exigencias que se le presenta al contrincante dispuesto a desarrollar formas de guerra asimétrica. Hay que decir que por terreno entendemos un ámbito espacial con unas determinadas particularidades geográficas, sean de tipo urbano, ambiental, etc., que hacen que este presente una caracterización singular, más o menos propicia para el desarrollo del conflicto. Desde una lógica asimétrica de guerra, la elección del terreno se encuentra en consonancia con dos consideraciones: por un lado, impulsar las capacidades propias y, por otro, perjudicar las del adversario. Facilitando la infiltración de los atacantes y maximizando la capacidad destructiva del ataque, las aglomeraciones de personas que se producen durante ciertos eventos serían el aspecto que en mayor medida pretenden aprovechar las operaciones yihadistas.

Del mismo modo que las zonas frondosas y abruptas como bosques y montañas han actuado tradicionalmente como el ámbito de operatividad de guerrillas rurales, las zonas urbanas altamente densificadas son igualmente óptimas para que actúen, desapercibidas entre el anonimato imperante, células yihadistas.

De semejante táctica camaleónica resulta que se difumine la distinción entre la población civil y el combatiente esporádico de una célula armada irregular (al tiempo que aumente la distinción entre este último y el soldado uniformado convencional). Asimismo, los escenarios en que se produce una alta densidad de civiles permiten causar con mayor facilidad un elevado número de bajas mortales.

Aunque es cierto que los contenidos del Corán, así como los de todo texto sagrado, están abiertos a diversas interpretaciones, la mayor parte de estudiosos del islam consideran que la inmolación no es un elemento inherente a la religión musulmana, más cuando existe una reprobación explícita del suicidio en las sagradas escrituras. No obstante, resulta más que extendida en el mundo islámico la creencia por la cual la muerte del mártir varón que combate en la yihad está premiada por Alá (De Andrés, 2014).

Sea como fuere, la acción suicida del kamikaze contribuye a la eficiencia de las acciones armadas, entendiendo por eficiencia la maximización de los resultados directos (víctimas) en relación con los recursos usados. En este sentido, una vez más podemos constatar que las formas asimétricas de guerra «conllevan comportamientos profundamente pragmáticos: cada recurso invertido ha de dar abundantes réditos, ya sean militares, económicos o propagandísticos».

La difusión de bulos sobre terroristas suicidas en los trenes del 11M es una prueba de una campaña de desinformación coetánea a los mismos sucesos. Es evidentemente un recurso desplegado desde el primer momento, que hace sospechar la premeditación.

Ello se hace evidente si tenemos en cuenta que el piso de la Calle Martín Gaite de Leganés era una trampa donde ya se había detenido al menos a dos bandas de narcotraficantes y era contiguo a otro piso perteneciente a un agente antiterrorista cuyos documentos relativos a ETA quedaron esparcidos entre los escombros el día que la "célula suicida" hizo volar parte del edificio.

Dicho piso estaba identificado desde el 17 de Marzo por la policía (diligencias 8470 UCIE) como refugio del sospechoso Mohammed Belhadj, por lo que no es cierto que se localizara tras un tiroteo el 3 de Abril cerca de la estación de Zarzaquemada. Hay incluso contradicciones policiales sobre la hora en que eso ocurrió. ¿Dónde están los casquillos del presunto tiroteo y las armas de los que dicen que se refugiaron en el piso de Leganés?

No había ningún terrorista dispuesto a inmolarse sin sentido, ya que con sembrar de bombas un tren bastaba para lograr el objetivo de la masacre.

El terrorismo suicida, desde un punto de vista occidental, puede parecer que conlleva un proceso psicótico, lejano a la normalidad. Sin embargo, existen estudios realizados sobre este tema, en los que queda patente que no tiene que existir necesariamente un componente patológico a nivel mental porque existe la creencia de estar cumpliendo con una obligación.

De esta manera, en el proceso de conformación del terrorismo, todo gira sobre una pieza fundamental: el sujeto, su socialización, el liderazgo que obtiene, etc. Se trata de factores vitales para estudiar el terrorismo suicida, así como el valor que le dan a la vida del otro y de uno mismo.

Desde un punto de vista estrictamente religioso, el Corán prohíbe el suicidio como tal: "¡Vosotros que creéis! No os apropiéis de los bienes de otros por medio de falsedad, sino a través de transacciones que os satisfagan mutuamente. Y no os matéis a vosotros mismos pues Allah es siempre Compasivo con vosotros.

4:30

Quien haga esto, transgrediendo y siendo injusto, le haremos entrar en un Fuego. Y eso es fácil para Allah.

4:31

Si evitáis las faltas graves que os hemos prohibido, os cubriremos vuestras malas acciones y os haremos entrar por una entrada noble.

4:32

No ansiéis aquello con lo que Allah ha favorecido a unos sobre otros. Los hombres tendrán una parte de lo que se hayan ganado y las mujeres tendrán una parte de lo que se hayan ganado. Pedidle a Allah Su favor. Realmente Allah es Conocedor de todas las cosas." (an-nisá, 29).

Sin embargo, dirigentes extremistas encontraron como darle la vuelta a la interpretación del Corán, convirtiendo al terrorista suicida en un mártir que no muere, sino que renace y cumple con su misión principal: acabar con el enemigo: “No penséis, acerca de aquellos que fueron sacrificados luchando en el Camino de Allah, que están muertos. ¡No!, ellos están vivos, y encuentran su sustento con su Señor” (Corán, 3:169).

«El terrorismo se ha convertido en algo mucho más brutal e indiscriminado. Hace un centenar de años, los terroristas habrían desistido de cometer un atentado si por casualidad su víctima hubiera estado acompañada de su familia y si existiese el peligro de que muriesen personas inocentes. En cambio, los terroristas de la segunda mitad del siglo XX se persuadieron de que no había inocentes y de que el asesinato indiscriminado resultaba permisible si contribuía al objetivo político.

El odio no es la motivación del terrorismo indiscriminado, ni la autoría del 11M estuvo determinada por el odio a los madrileños, o a los españoles en general. Sin embargo, el precedente del supermercado Hipercor de Barcelona no fue que los vascos odiasen a los catalanes sino que la meta era causar el mayor estrago posible y la consiguiente repercusión mediática.

El terrorismo suicida es un fenómeno novedoso que trata de causar el mayor daño posible sobre la población global, siendo una manera de atentar relativamente fácil porque es muy complicado de prevenir y predecir.

No solo se ven afectadas las vidas de las víctimas y de sus familiares cercanos, sino que la sociedad en su conjunto se ve golpeada y atacada. El terrorismo suicida plantea un enorme desafío tanto para la sociedad como para la Comunidad Internacional y su desarrollo.

La Unión Europea define como acto terrorista el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el Derecho nacional, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los Gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo y desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional. El terrorismo es el empleo de la violencia para generar miedo por razones políticas, religiosas o ideológicas. Este terror se orienta intencionadamente a los objetivos no-combatientes, y su objetivo es lograr la máxima publicidad posible para un grupo, causa o individuo.

Desde un punto de vista histórico, la primera evidencia de terrorismo suicida la podemos encontrar en el Siglo I, cuando los judíos zelotes luchaban por conseguir sus objetivos mediante los sicarios, que no dudaban en suicidarse para conseguir una Judea independiente y gobernada bajo la autoridad y designios divinos.

Los asesinos ismaelíes (Hashshashin), secta originaria del siglo XI en el actual Irán, cuyo objetivo era resistir la ocupación e imponer su visión religiosa, no dudaban en realizar sus ataques a plena luz del día, en plazas concurridas para tratar de buscar el mayor impacto sobre los “usurpadores impíos”, centrándose en líderes enemigos, sin tener en cuenta su integridad física ya que podían acabar muertos o apresados durante sus acciones. Esta secta introdujo la idea de martirio suicida como acto religioso para acabar con el enemigo logrando así el paraíso.

Como reseña histórica, cabe destacar a los kamikazes japoneses, los cuales tuvieron su máximo apogeo durante la II Guerra Mundial. Mediante un acto suicida, sacrificaban su vida tratando de causar el mayor daño posible en embarcaciones y edificios enemigos. Los kamikazes o tokkôtai buscaban morir con honor, defendiendo su tierra por encima de su propia existencia.

Aunque la muerte del atacante se consideraba como algo plausible, no era en sí un resultado necesario. Se trataba de la falta de recursos utilizados en el atentado y la respuesta de las autoridades lo que hacía que este tipo de terrorismo provocase la muerte de éste, y no el deseo de inmolarse para llevar a cabo con éxito el atentado terrorista.

Debemos situar el origen del terrorismo suicida, tal y como lo conocemos en la actualidad, en el Líbano, en 1983. Aunque parezca que las acciones terroristas son llevadas a cabo por motivos religiosos, debemos tener en cuenta que desde 1980 todas ellas tienen un trasfondo político: conseguir la libre determinación de sus territorios: Libia, Sri Lanka, Kashmir...

Era una táctica que será acogida posteriormente en Israel y extendida al resto del mundo. En los últimos tiempos, se ha relacionado estrechamente el Islam con el terrorismo suicida, pero debemos tener muy presente que este tipo de acciones no están relacionadas exclusivamente con esta religión.

La religión musulmana presenta una serie de doctrinas que pueden ser utilizadas para dar sentido a este tipo de violencia, dando lugar a una justificación de “el suicidio ofensivo”. “¡Combatid a quienes no creen en Dios ni en el último Día ni prohíben lo que Dios y su enviado prohíben, a quienes no practican la religión de la verdad aquellos a quienes fue dado el Libro! Combatidlos hasta que paguen la capacitación personalmente y ellos estén humillados” (aleya 29).

La falta de homogeneidad en el Corán y de una autoridad que unifique y aclare este texto lleno de ambigüedades hace que devotos radicales de esta religión se centren en ciertas partes del Corán, apartando otras. Los partidarios del “martirio” defienden este tipo de terrorismo dándole un carácter defensivo mediante lo que ellos denominan Guerra Santa.

Este tipo de terrorismo solo era ejecutado por hombres, sin embargo, la participación de la mujer en este tipo de acciones está cada vez más presente. Se tiende a pensar y a imaginar que los terroristas suelen ser hombres, sin ser realmente conscientes del incremento de atentados suicidas cometidos por mujeres.

Para pensar cuáles son las motivaciones que llevan a las mujeres a participar en estas actividades terroristas y si son de cierta manera manipuladas para este fin, encontramos generalmente razones personales, sentimientos de venganza, ya sea por la muerte o por el arresto de algún miembro de la familia, cierta presión social, ya que siempre han tenido un papel secundario y subordinado al hombre; por desesperación, muchas veces el marido ha muerto o falta en el hogar, y la mujer se ve tan incapacitada para sacar la familia adelante que se sumerge en un bucle donde prefiere la muerte a una vida miserable; por temas ideológicos, donde O’Connor (2007) afirma que normalmente los motivos que llevan a las mujeres a participar en estas actividades suelen ser personales pero aun así no hay que dejar de lado los factores ideológicos, es decir, religiosos, porque son convencidas, al igual que todos, de que una vez que mueran por el Islam serán conducidas hasta el paraíso. Una vez adoctrinadas, lo que quieren es hacer ver que su dedicación es tan fuerte como la de los hombres.

A lo largo de este estudio afirmamos que el terrorismo suicida ha sido utilizado con fines políticos durante décadas, lo que ha provocado cierta ambigüedad en cuanto al término, porque para ciertas personas se trata de actos de terrorismo y para otras son acciones en defensa de una causa, ya sea religiosa o política. Sea cual sea la finalidad de estos actos, constatamos que en ningún caso es defendible el uso de la violencia para obtener un objetivo.

Desde un punto de vista histórico, los atentados terroristas han ido evolucionando con el paso de los años, desde sus orígenes hasta la época actual, tratando de causar el mayor impacto social posible. Este impacto se ha visto incrementado en las últimas décadas gracias a los medios de comunicación que hacen posible que cualquier acontecimiento importante que suceda en el mundo se conozca al poco tiempo en la mayor parte del planeta. Precisamente, esto es lo que buscan los terroristas, que sus acciones se den a conocer y el mundo entero sea consciente de sus intereses, de lo que defienden, de su ideología y religión, además de causar impacto a gran escala provocando el miedo y el nerviosismo del mundo entero. Entendemos, por tanto, que sin los avances de la tecnología en nuestra sociedad, el terrorismo no estaría tan presente en nuestro mundo.

Cuando su religión o sus territorios se ven atacados, el Islam permite la guerra para protegerlos. El Corán tiene muchas citas y son muchas las que abogan por la paz, mientras que otras son más belicosas. Algunos ejemplos son: “Combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Alá no ama a los que se exceden”. (2:190)

- “Les está permitido a quienes son atacados, porque han sido tratados injustamente. -Alá es, ciertamente, poderoso para auxiliarles-”. (22:39)

- “Querrían que, como ellos, no creyerais, para ser iguales que ellos. No hagáis, pues, amigos entre ellos hasta que hayan emigrado por Alá. Si cambian de propósito, apoderaos de ellos y matadles donde les encontréis. No aceptéis su amistad ni auxilio”. (4:89)

La Shahada o martirio, que está relacionado con la Yihad, donde la única salida según el Islam es la lucha. El martirio puede alcanzarse mediante la muerte en el campo de batalla, ya sea para defender un territorio o para defender la fe musulmana. Cuando el mártir muere logra la plenitud, ya que se cree que la vida que le espera es mucho mejor que la vida terrenal.

En general, los grupos terroristas islámicos dirigen sus ataques hacia zonas civiles, normalmente concurridas, buscando el mayor impacto social y político. El terrorista suicida islámico no considera que su acto sea un suicidio ya que el Islam lo condena, sino que él lo interpreta como un acto de inmolación, es decir, es un mártir que pierde su vida terrenal con un fin concreto que es dar su vida en nombre de una causa divina. El terrorista suicida ve la Yihad como un incentivo para inmolarse, ya que al suicidarse llegará al Paraíso automáticamente, donde será recordado como un héroe.

Cuando hablamos de terrorismo islámico, debemos tener en cuenta que en sus ataques no importa cuantas víctimas provoque, es decir, el objetivo del ataque no es solo el blanco elegido. Tienen como finalidad sembrar el terror en la población mundial.

A través de los medios de comunicación, estos actos terroristas se ven potenciados. Tratan de crear una incertidumbre en la población y un estado de terror continuo además de que el mensaje que dejan ver en sus ataques es que toda la población civil es vulnerable a cualquier ataque suicida y en cualquier momento. Siembran el caos en la sociedad, dejan claro que si no consiguen lo que quieren seguirán asesinando inocentes. Tratan de obligar a las naciones neutrales a que tomen parte en este conflicto, presionando a los enemigos del grupo terrorista.

El modus operandi de los suicidas islámicos puede variar según el grupo terrorista al que pertenezcan. Puede realizarse por uno o varios terroristas, que son los que llevarán los explosivos atados al cuerpo o en un vehículo, dependiendo del objetivo que elijan para atentar. Normalmente, los blancos son civiles, en lugares que tengan gran impacto (hoteles en zonas turísticas, centros comerciales, metro, trenes, edificios de oficinas, etc.) y donde los medios de comunicación tengan acceso para informar al resto del mundo de lo ocurrido.

Lo que pasa es que los radicales islamistas piensan que existe una guerra occidental en contra del Islam, y tratan de defenderlo a toda costa reforzando así sus ideas preconcebidas. Todo esto hace que se forme un perfecto caldo de cultivo para que los extremistas islámicos encuentren razones para llevar a cabo su Guerra Santa contra el enemigo invasor mediante atentados sobre la población civil y así defender lo que ellos entienden como un ataque hacia su religión y su territorio.

En el terrorismo islámico, la motivación que tienen muchos de los suicidas es el deseo de venganza hacia el enemigo. Sin embargo, encontramos mayoritariamente jóvenes de segunda y tercera generación que proceden de migraciones internas y que se sienten humillados y marginados. Estos jóvenes, que supuestamente rechazan el modo de vida occidental, acuden a la mezquita en busca de una identidad colectiva y de sus raíces culturales volcándose y aparándose en la religión.

Para los nacionalistas extremistas convencidos, el odio a todo lo extranjero y sobre todo cuando piensa que está invadiendo su propio país es enorme. En general, los atentados suicidas movidos por estos motivos tienen como objetivo derrotar al enemigo que es considerado un invasor, y se hace a través de este tipo de atentados cuando se considera que el enemigo es superior.

Si nos centramos en la economía del país, uno de los campos más afectados es el turismo, como bien sabía ETA al colocar bombas en las playas españolas. Debemos tener en cuenta que el turismo se ve afectado negativamente cuando sucede un acto que entrañe alguna amenaza para el turista como puede ser un atentado que ha tenido lugar recientemente y el turista elige otro lugar seguro al que viajar.

Gracias a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación, los terroristas pueden dar a conocer su ideología, explicar los motivos que les mueven a realizar sus acciones y modo de vida. Esto es una ventaja enorme para grupos de este tipo, porque habrá gente que les apoye, y gente que no lo haga, sin embargo, es una manera muy inteligente de darse a conocer y conseguir seguidores a los que adoctrinarán, entrenarán y enseñarán lo necesario para ser un miembro más de la organización y una persona más luchando por sus intereses. 

En lo que se refiere a la gente que le repulse este tipo de actos, el hecho de verlo en las noticias causa un impacto brutal en la sociedad, sociedad que vivirá con miedo y angustia durante mucho tiempo porque justamente estos ataques son imprevisibles.

Por otro lado, con los avances tecnológicos, estos grupos han podido

acceder a informaciones sobre cómo conseguir o diseñar los artefactos que posteriormente utilizarán en el atentado. Por ello, es aquí cuando nos preguntamos: ¿Por qué con toda esta nueva tecnología aún existe el terrorismo suicida? Entendemos que, en este siglo, estas organizaciones terroristas dispongan de tecnología suficiente como para provocar atentados en los que ninguno de los autores salga herido y solo dañen a la demás población civil a la que consideran el enemigo. Después de este estudio, nos hemos dado cuenta que en los actos terroristas suicidas e islámicos, todo tiene importancia, la gente a la que afecta, el país donde ha tenido lugar, y los motivos que han llevado a la organización a realizar tal acto. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el hecho de inmolarse tiene mucho más impacto social que una bomba sola en cualquier lugar. ¿Por qué? Por lo que hemos visto anteriormente, ellos están tan convencidos de querer ir al Paraíso, y de luchar por sus creencias, sean cualesquiera que sean, que no les importa tener que matar a más personas e incluso a ellos mismos y crear una situación de desequilibrio mundial, aparte de los daños económicos y del consabido impacto social y político.

El deber del Estado es proteger a sus ciudadanos, y pueden aumentar ciertas medidas en aeropuertos, centros comerciales u hoteles en zonas turísticas, pero nunca podrán prevenir estos ataques al cien por cien porque es imposible. Muchos de los autores pertenecen a organizaciones terroristas, pero otros no, y simplemente es gente marginada descontenta con el mundo que se refugia en la religión y comete este tipo de actos. Ahora bien, los réditos que este obtiene de la acometida armada no son estrictamente militares: la acción armada también es un mecanismo a partir del cual obtener, además del daño humano y material causado, que se produzcan contusiones de tipo anímico o emocional.

Es en este sentido que, según la lógica asimétrica de guerra, el destinatario potencial de la acción armada no es tanto el objetivo humano sobre el cual se dirigen directamente los ataques como una audiencia que, atemorizada desde sus hogares, observa los estragos de la acción a través de los medios de comunicación, por lo que el éxito de una acción dependería más de su difusión y amplificación mediática que, por el contrario, de los daños causados por la misma.

Otra de las consecuencias extramilitares es la radicalización en el bando opuesto que beneficia a los yihadistas en cuanto a que el rechazo que produce la acción armada genera odio hacia aquellas personas a las que se les presupone cierta relación con la autoría de la acción. Por ende, la radicalización reactiva podría ser la expresión del resentimiento hacia la población nacional como causa de la criminalización de aquellos miembros de la comunidad musulmana inicialmente ajenos a la yihad, del mismo modo que en décadas pasadas conducir un coche con matrícula de Bilbao convertía a sus ocupantes en sospechosos o peligrosos a los ojos de la Guardia Civil.

Maximizar la capacidad de incidir de los ataques por hacer uso de los medios de información para crear estados de opinión favorables a su posición es tan importante o más que la óptima ejecución de las operaciones armadas.

El desarrollo de la guerra asimétrica requiere de una flexibilidad y adaptación que no hace más que negar la potencia de recursos bélicos como elemento cardinal. La fractura del tiempo y del espacio es aquello que nos lleva a advertir la guerra asimétrica como un conflicto, por un lado, desterritorializado, y, por otro, atemporal.

En la medida que el conflicto no responde a parámetros regidos por demarcaciones estatales, se podría decir que la guerra asimétrica presenta la dificultad de tratar de confinar el conflicto a un teatro de operaciones delimitable. Por otra parte, la yihad contemporánea es un fenómeno que, aunque necesite bases locales de apoyo para operar en los países europeos, surge a causa de un fundamentalismo religioso derivado de la desestabilización política y social de Oriente Próximo.

Puesto que un aparato militar superior en medios técnicos y en organización tiende a acelerar el curso de la guerra, el contrincante con inferioridad comprende la necesidad de ralentizar los tiempos a fin de infringir un lento pero continuado desgaste del adversario. La guerra asimétrica contra el terrorismo, por tanto, no tiene fin visible. No puede ganarse, pero tampoco el terrorismo dispone de medios para imponer sus fines de modo definitivo.

Por otra parte, según la lógica asimétrica de guerra, la extensión temporal del conflicto no debe mantenerse en constante intensidad, ya que el bando débil no dispone de suficientes efectivos ni recursos como para estar cometiendo ataques con sostenida regularidad.

La interpretación extendida acerca de la lucha yihadista en suelo europeo consideraría que esta sería la respuesta a la intromisión de los países occidentales en el mundo musulmán. El apelativo a la religión aparece en un momento histórico determinado: el fin de la influencia soviética y de la Guerra Fría. Pareciera que, a causa del descrédito de ese pensamiento de raigambre ilustrada que fue el marxismo, es un pensamiento mítico-religioso aquello que ofrece un esquema de sentido a través del cual a la juventud musulmana le es posible interpretar y actuar en el mundo: «el radicalismo religioso, que había sido durante mucho tiempo un hecho minoritario y perseguido, adquirió una predominancia intelectual fortísima tanto en el seno de la mayoría de las comunidades musulmanas como en la diáspora».

Pero la religión sería incapaz de dotar de sentido a las acciones de la vida si no fuera porque siempre se encuentra atravesada por un contexto particular, históricamente situado, cuyo soporte se encuentra fuera de la propia religión y que permite que esta sea una perspectiva concreta de concebir el mundo y actuar en él. Cuando los horizontes de sentido se desvanecen en esa liviandad e inconsistencia que remite al nihilismo posmoderno, el fundamentalismo islámico, pendulando sobre el extremo opuesto, ofrece un corpus doctrinal que promete certidumbres y razones por las cuales vivir, y morir. La posmodernidad actúa como la grieta por la cual se escurren las convicciones políticas, produciendo así un vaciamiento ideológico que es colmado por la yihad.

Pero si bien la religión es ese agregado ideacional que estimula el ingreso a la lucha armada de tipología yihadista, las contrariedades económicas, y la exclusión social derivada, son las circunstancias que actúan como plataforma subyacente. Por lo tanto, aquello que se presenta como terrorismo islamista presenta las resonancias de factores políticos que inciden cotidianamente sobre la vida de determinados grupos de población: jóvenes frustrados que «no han cubierto sus expectativas de un futuro mejor» y, por consiguiente, un malestar particular que dota de sentido al fundamentalismo religioso precisamente porque el fundamentalismo religioso provee de sentido a su malestar.

Por consiguiente, de existir dos voluntades contrarias prestas a dirimir sus discrepancias bélicamente, y una de ellas posee una superioridad aplastante con respecto a la otra, esta última buscará las vulnerabilidades de la primera por más que sus expresiones armadas comporten la renuncia a los Convenios Internacionales, como el de Ginebra, llamados a regular la práctica bélica. Asimismo, el terreno donde se lleva a cabo la acción siempre es elegido por el adversario que opta por una modalidad asimétrica de confrontación.

A diferencia de otras manifestaciones asimétricas de conflicto, la yihad opta por golpes directos y extremadamente duros en detrimento de secuestros o sabotajes. Consiguientemente, destacan los «métodos desconocidos e inesperados de ataque de alto impacto, pero, a su vez, de gran simplicidad y de mínimo costo logístico y financiero», buscando un «efecto desproporcionado, especialmente moral, respecto a la inversión involucrada en la acción». Esto nos lleva a reconocer que las operaciones del bando irregular, en lugar que centrarse en objetivos militares, pretenden «desgastar políticamente la relación entre poblaciones y gobernantes» a fin de suscitar fricciones internas que debiliten la cohesión social y política del país agredido. Solo así podemos entender que las acciones armadas fijen la población civil como blanco, contraviniendo, de este modo, el «comportamiento internacionalmente aceptado» y, los «compromisos morales, jurídicos y sociales» que se les presuponen a los estados formalmente constituidos. De resultas de ello, la guerra asimétrica deviene un encadenamiento de acciones imprecisas e impredecibles que ya nada se asemeja a las campañas militares otrora efectuadas por ejércitos definidos por una unidad política soberana.

El exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, después de su etapa como enviado especial de la UE en Oriente Próximo, explicó en 2004 que, tras los atentados del 11-M, trasladó a José Luis Rodríguez Zapatero y al entonces director del CNI, Jorge Dezcallar, «una serie de informaciones» sobre el origen islamista de esta acción terrorista. ¿Y no lo comunicó al Juzgado?

“No vamos a traicionar los derechos legítimos del pueblo saharaui”, declaró Moratinos, para después decir que la consecución de una solución aceptable para todos “es una necesidad objetiva y vital para ellos y, sobre todo, para nosotros, porque si no seguiremos viviendo situaciones como el 11 de Marzo”. ¿Insinuaba la implicación de Marruecos, país mejor informado sobre la verdad de lo acontecido que la opinión pública española?

Jorge Dezcallar fue el primer director del CNI y estuvo al frente de los Servicios de Inteligencia entre 2001 y 2004. Durante esos años, ETA seguía atentando y las tensiones entre España y Marruecos aumentaban. Como director del CNI, que pertenece al ministerio de Defensa, era responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro o amenaza.

Las misiones del CNI son secretas. Y los archivos permanecen clasificados en el tiempo: no trabaja al margen del Estado, pero se limita a informar sobre sus misiones en el Congreso de los Diputados una vez al año y a puerta cerrada.

La Comisión de Secretos Oficiales, oficialmente Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, es una comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados de España a través de la cual el poder legislativo tiene acceso a la información sobre el gasto gubernamental clasificado, tiene acceso a los secretos oficiales y controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia. Las discusiones en el seno de esta comisión son secretas y el método para ser elegido miembro de la comisión requiere una amplia mayoría parlamentaria.

La CSO se creó en 1995 mediante la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados con el único objetivo de controlar gastos gubernamentales que en los Presupuestos Generales del Estado se clasifiquen como "fondos reservados", sin embargo, la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, amplió su ámbito de trabajo a toda la información clasificada de la que tuviese conocimiento los servicios de inteligencia españoles. No se constituyó hasta 2004.

De acuerdo con la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales, de la comisión solo pueden formar parte un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso. Además, para la elección del diputado se requiere de una mayoría de tres quintos, es decir, 210 diputados a favor de la elección.

La presidencia de la Comisión corresponde al Presidente del Congreso de los Diputados.

La Ley de secretos oficiales, oficialmente Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, es una ley española aprobada en 1968 por las Cortes Generales del franquismo que tiene por objeto regular aquella información sensible cuyo conocimiento público podría suponer un riesgo para la seguridad y defensa del Estado (art. 2).1​ Posee un reglamento de desarrollo, el Decreto 242/1969.

La ley, que consta de catorce artículos, establece el principio general de publicidad de la actividad de los órganos del Estado salvo cuando esta sea expresamente declarada como «clasificada» (art. 1). La ley solo prevé dos niveles de clasificación: «secreto» y «reservado» (art. 3), si bien la legislación derivada establece la «reserva interna» de información, con otros dos niveles inferiores: «confidencial» y «difusión limitada». Solo el Consejo de Ministros y el Estado Mayor de la Defensa pueden clasificar o desclasificar la información en sus dos máximos niveles (arts. 4 y 7).

El resto de preceptos abordan las responsabilidad y obligaciones de quienes tratan con este tipo de información o puedan encontrarse con ella, quien puede acceder a los diferentes niveles de clasificación, el procedimiento de clasificación y las sanciones que conlleva su incumplimiento.

Por último, la ley establece que la clasificación de información no alcanzará ni al Congreso de los Diputados ni al Senado. Por ello, el Congreso tiene una Comisión de Secretos Oficiales donde se trata este tipo de información.

La regulación actual de la ley es la establecida por la reforma general hecha en octubre de 1978. Antes de esta reforma, los casos en los que se podía clasificar información eran más amplios, permitiendo la clasificación en los casos que se «comprometa los intereses fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional», lo que en la práctica permitía censurar cualquier información que no gustase al régimen. Igualmente, también autorizaba a clasificar información a los Jefes de Misiones Diplomáticas de España en el extranjero y, en caso de urgencia y hasta que fuere ratificado por la autoridad competente: a los directores generales de Seguridad y de la Guardia Civil, a los jefes de Estado Mayor de cada uno de los tres Ejércitos, al jefe de la Defensa Aérea, a los capitanes generales de las Regiones Militares, Departamentos Marítimos y Regiones Aéreas, y a los gobernadores civiles.

Asimismo, esta reforma eliminó toda referencia a autorizar esta clasificación a quienes ocupasen los cargos de forma interina y despersonalizó el acto de clasificación, otorgándoselo a órganos y no directamente a autoridades concretas. Por último, suprimió la exclusión que existía por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa del conocimiento de las cuestiones que se derivasen de las clasificaciones y también eliminó las sanciones administrativas para los casos de incumplimiento de lo dispuesto en la ley. 

La ley de secretos oficiales (preconstitucional) ha sido una ley muy criticada a lo largo del actual periodo democrático. En 2020 y por tercera vez, el Pleno del Congreso de los Diputados aceptó la tramitación de una proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco para reformar la ley, que no llegó a concluirse en las dos anteriores ocasiones. La propuesta del PNV supone poner límites temporales a la clasificación de información y limitar la capacidad de clasificar, declarando únicamente competente al Consejo de Ministros. Esta norma se encuentra actualmente paralizada en la Mesa del Congreso de los Diputados. ​

En 2021 el Gobierno anunció una comisión formada por los principales ministerios de Estado encargada de redactar un texto legislativo que homologue la ley a los países del entorno y que cumpla con los parámetros de las organizaciones internacionales a las que pertenece. De momento no hay cambios, y el Gobierno de Sánchez utiliza la ley, incluso, para clasificar el reparto de los fondos europeos a las grandes empresas beneficiadas.

La inteligencia española está formada por topos, unos al servicio del Rey, otros al de los partidos políticos, y otros al servicio de la inteligencia extranjera. Los traidores mandan y dirigen. De todas las filtraciones se hace eco la Prensa, así son aquí los secretos.

En el año 2001 el Gobierno del Partido Popular recabó el consenso con otros grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, en particular con el Partido Socialista Obrero Español, para elaborar las leyes que debían regular los servicios de inteligencia en España. Con ello se pretendía alcanzar el mayor acuerdo posible sobre la existencia, organización y funcionamiento de algunos de los organismos básicos destinados a proporcionar seguridad al Estado democrático, sustrayéndolos, en todo lo posible, a la acción de la alternancia política. De poco sirvió para cambiar las cosas.

En 2011, tras una reforma ministerial emprendida por Mariano Rajoy, el CNI pasó a estar adscrito al Ministerio de la Presidencia pero, tras el cambio de Gobierno de 2018, Pedro Sánchez ha vuelto a adscribir de nuevo el CNI a Defensa.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el servicio de inteligencia de España, creado en 2002 como sucesor del antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Este servicio se integra dentro de la estructura general del Ministerio de Defensa, como un organismo público con autonomía funcional y personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Tiene entre otras la función de «máximo asesor» del Poder Ejecutivo en cuestiones de seguridad e inteligencia.

Las funciones del CNI son, según su propia página web, proporcionar información, estudios y análisis al Gobierno y a su presidente que permitan prevenir y evitar peligros, amenazas o agresiones contra la independencia y la integridad de España.

En marzo de 2004, se publicó el real decreto que regula el Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito al CNI para la seguridad de las tecnologías de la información. El CCN es un organismo del Estado español adscrito al Centro Nacional de Inteligencia que se dedica a criptoanalizar y descifrar por procedimientros manuales, medios electrónicos y criptofonía, así como realizar investigaciones tecnológico-criptográficas y formar al personal especializado en criptología. El CCN quedó legalmente regulado por el Real Decreto 421/2004 el 12 de marzo.​

El CCN no es una agencia independiente del CNI, sino que, siguiendo el modelo de Alemania o Francia, está integrado en el servicio de inteligencia español, siendo parte y responsabilidad de éste.

Dentro del CCN se encuentran dos partes integradas:

El Organismo de Certificación (OC) del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de Información (ENECSTI).

El Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team, también conocido por su sigla CCN–CERT, es el organismo español, creado en 2006, encargado de contribuir a la ciberseguridad de la administración pública, los organismos públicos y empresas estratégicas del país.

El director y máximo responsable del CCN es a su vez el director del CNI. Sin embargo, la competencia de la dirección del centro la tiene un funcionario con rango de subdirector apoyado por un subdirector adjunto. Al director del CCN le corresponden las siguientes funciones:

Asegurar el cumplimiento de las funciones encomendadas al CCN.

Certificar la seguridad de las tecnologías de la información y de la criptología.

Velar por la protección de la información clasificada relativa a los sistemas de información y telecomunicaciones.

El CCN se encarga de garantizar la seguridad de los sistemas de información y comunicaciones de las Administraciones Públicas y aquellos que procesan, almacenan o transmiten información clasificada, para lo cual deben:

Elaborar y difundir normas, instrucciones, guías y recomendaciones para garantizar la seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la administración del estado.

Formar al personal de la administración especialista en el campo de la seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones a través del CCN-CERT.

Constituir el Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de Información.

Valorar y acreditar la capacidad de los productos de cifra y de los sistemas de las tecnologías de la información para procesar, almacenar o transmitir información de forma segura.

Coordinar la obtención y desarrollo de la tecnología de seguridad.

Proteger la información clasificada.

Establecer relaciones con órganos similares de otros países.

A pesar de que el CCN cuenta con su propio personal, éste está sometido al estatuto del personal del CNI, por lo que comparte con éste medios, procedimientos, normativa y recursos.

Completa el marco legal del CNI la disposición relativa al régimen estatutario de su personal. La normativa de personal del anterior organismo era de 1995.​ La Ley 11/2002 contempla el desarrollo de un nuevo estatuto para el personal del Centro. La normativa de 1995 fue modificada en 2004. En 2013, se aprobó una nueva normativa para el personal.

En 2013, gracias a las filtraciones sobre vigilancia mundial de Edward Snowden, se conoció que el CNI ha estado colaborando con la NSA estadounidense en el espionaje masivo a millones de españoles, interceptando directamente o ayudando a interceptar millones de metadatos de registros de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos.

La Autoridad Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia es el órgano de dirección del CNI. Informa al Presidente del Gobierno y está adscrito al Ministerio de Defensa. Su titular es el Secretario de Estado Director (SED) y es nombrado por Real Decreto.

La Secretaría General depende directamente de la Dirección. Hay tres direcciones técnicas dependientes de la Secretaría General: la Dirección de Recursos, Dirección de Inteligencia y Dirección de Apoyo a la Inteligencia.

La Oficina Nacional de Seguridad (ONS) se encarga del cumplimiento de la normativa de protección de información clasificada, ya sea del propio CNI como aquella que se entregue a la Administración o a empresas. Depende directamente del Secretario de Estado Director. El Secretario de Estado Director cuenta con varios órganos de apoyo:

Gabinete del Secretario de Estado Director

Gabinete Técnico del Secretario de Estado Director

Asesoría Jurídica

Oficina de Control Judicial Previo

Organismos del despliegue territorial. La estructura de despliegue territorial del CNI en España y otros países está clasificada con grado de secreto.

El Servicio de inteligencia, está compuesto por la CGI de la policía y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

La Comisaría General de Información (CGI),​ coloquialmente conocida como la policía secreta, es un organismo de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), al igual que todas las Comisarías Generales, dentro del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y se encarga de la captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública, así como su explotación o aprovechamiento operativo, especialmente en materia antiterrorista, tanto en el ámbito nacional como en el internacional recogida por el CNP. Su actividad es fundamental para la seguridad del Estado, ya que se centra, principalmente, en la lucha antiterrorista. De la CGI depende la unidad de desactivación de explosivos (TEDAX-NRBQ).

Su máximo responsable es el Comisario General de Información. En el Congreso, la Diputación Permanente rechazó por 25 en contra sobre 15 a favor que el Gobierno aclarase las falsedades del jefe de los Tedax. "Lo que se consigue callando ante tal aluvión de evidencias es que ese silencio pueda interpretarse como sospechoso y cómplice", afirmó Eduardo Zaplana.

No es casual que el CNI haya callado sobre la manipulación y encubrimiento de los análisis de los explosivos y la destrucción, porque esa labor descansa sobre su estructura policial. En la furgoneta Kangoo hallada vacía "se encontraron" después detonadores y Goma 2 Eco, además de metenamina, que no es un componente de  dicho explosivo, sino de ciertos explosivos militares, como el RDX, componente a su vez de la mayor parte de los explosivos plásticos desarrollados en los años 1960.

El RDX (también conocido como ciclonita, hexógeno o T4), compone el C-4, con aproximadamente un 91% de RDX en peso y velocidad de detonación cercana a 8.000 m/s y también el Semtex al unir RDX con PETN y añadir unificadores y estabilizadores.

Semtex, fabricado originalmente por la compañía checoslovaca Semtin Glassworks (actualmente Explosia), se usa en voladuras comerciales, demoliciones y algunas aplicaciones militares, siendo famoso gracias a su popularidad entre los grupos terroristas debido a que hasta muy recientemente era extremadamente difícil de detectar y fácil de obtener. Una de las razones de la OTAN para atacar Yugoslavia fue que fabricaban SEMTEX sin polvo de aluminio (que disminuye su potencia, pero permite burlar un detector de metales). 

ETA lo ha usado ampliamente en bombas-lapa gracias a su relación de bajo peso y alta potencia, y explicaría por qué se encontraron focos de explosión en los vagones del 11M en lugares donde sería difícil esconder una voluminosa mochila con kilos de Goma 2 y metralla. El hallazgo de un zulo de ETA un mes después del 11M con 100 kg. de SEMTEX no ha conducido a ninguna investigación porque las pruebas principales (vagones y pertenencias de los viajeros) habían sido destruídas con o sin el visto bueno del juez instructor. Sin cadena de custodia, tampoco es posible explicar la presencia de metenamina, que el Jefe de los Tedax atribuye a "una contaminación posterior". ¿Dónde se contaminó, en Ifema, con los objetos procedentes de El Pozo, o en la Comisaría de Vallecas?

Otra prueba principal es la misteriosa mochila de El Pozo, descrita como una Tartera redonda, roja y negra, los mimos colores de los cables del detonador. Tras ciertos cambios de versión, fue descrita como una bolsa azul, con cables rojo y azul, y además clavos y tornillos. Igual que la mochila de Vallecas.

Una nota informativa remitida en julio de 2004 por el entonces jefe de los servicios secretos, Alberto Saiz, al ministro de Defensa, José Bono, pone de manifiesto sus problemas de coordinación con el Ministerio del Interior en las investigaciones relacionadas con los atentados del 11-M. Como ejemplo, el entonces director de los servicios secretos españoles, Alberto Saiz Cortés, remitió un informe al ministro de Defensa, José Bono, en el que lamentaba que su departamento se hubiera enterado “a través de los medios de comunicación” y con un mes de retraso del hallazgo de un vehículo en la localidad madrileña de Alcalá de Henares vinculado con los episodios terroristas. Un desentendido que -advierte la nota informativa- podría poner en riesgo la seguridad de un colaborador infiltrado.

El documento forma parte del archivo donado por José Bono a la Fundación Pablo Iglesias, recopilado durante décadas por quien fuera presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados. La nota informativa con las consideraciones del CNI son un adjunto a una carta remitida por Alberto Saiz -recién asumido el cargo en sustitución de Jorge Dezcallar- a Bono, atendiendo a la dependencia orgánica de los servicios secretos respecto a la cartera de Defensa.

Pero la comunicación entre los diferentes organismos implicados no siempre fue fluida. Al menos eso trasluce de la nota informativa que Alberto Saiz remite a José Bono: “No pretendo con este informe denunciar actuaciones irregulares o negligencias de nadie, sino destacar debilidades de nuestro sistema de coordinación en la lucha contraterrorista”, apuntaba el jefe de los servicios secretos en su misiva.

De acuerdo a las conclusiones alcanzadas por el CNI, la aparición de un vehículo en Alcalá de Henares relacionado con los atentados del 11-M supuso el hallazgo de “nuevas pruebas” sobre la implicación de uno de los entonces investigados, Allekema Lamari, con los golpes terroristas. Por entonces ya se tenía constancia de la localización de una furgoneta Renault Kangoo en la misma localidad madrileña, pero la nota informativa se refiere a un Skoda Fabia, robado en Alicante, que permanecía estacionado junto a la citada Renault Kangoo pero que no había sido vinculada con el 11-M hasta semanas más tarde.

“De la aparición de este vehículo y las pruebas subsiguientes, el CNI ha tenido conocimiento un mes después y a través de los medios de comunicación”, lamentan los servicios secretos en su informe. “Esta situación de información insuficiente podría tener consecuencias negativas para la seguridad de la fuente 'C'”, incide el CNI, en referencia a un colaborador infiltrado. Y añade: “Por otra parte, la desconsideración del Ministerio del Interior hacia las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia va mas allá de un mero problema de coordinación. A mi juicio, esta situación es totalmente inaceptable y no debería continuar así”.

"Es preciso subrayar la necesidad de que el Ministerio del Interior considere la potencialidad del papel del CNI en la lucha contra el terrorismo islamista y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado compartan con el Centro la información de interés común, lo que facilitará la coordinación y el trabajo mas eficaz del conjunto", detalla el documento.

En el caso concreto del argelino Allekema Lamari, el CNI ya había informado al Ministerio del Interior cuatro meses antes de los atentados del 11-M de la amenaza que representaba para la Seguridad Nacional: "El Centro ha tratado, sin éxito, de localizarlo por sus propios medios, habiendo podido confirmar, sin embargo, algunas de sus actividades y presencia, principalmente en Madrid. Ante ello, se ha sugerido al Cuerpo Nacional de Policía su búsqueda policial [...], actuaciones que no se han realizado".

También se cita a un colaborador protegido, denominado bajo la sigla 'C', que en Valencia formaba parte del entorno de Lamari, y que después colaboró en la identificación de la célula terrorista de Lavapiés. En un momento dado se procedió a la detención de 'C' para "limpiar" cualquier tipo de sospecha de su entorno sobre su condición de colaborador, aunque fue puesto en libertad a los pocos días. El seguimiento de 'C' permitió dar nuevos pasos en la investigación, aunque la localización del vehículo Skoda fue un elemento que se les escapó a los servicios secretos. Un detalle relevante, debido al riesgo que asumía el colaborador.

Tampoco fue de mucha ayuda el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de España (CIFAS), un órgano del Estado Mayor de la Defensa responsable de asesorar al jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos en materia de contrainteligencia militar y seguridad en el ámbito de las Fuerzas Armadas y contribuye a su asesoramiento en el nivel estratégico de las operaciones militares. A su cargo se encuentra un Jefe con rango de General.​

Así mismo, el CIFAS es un órgano único y conjunto de las Fuerzas Armadas de España en materia de inteligencia militar, dirige los sistemas de inteligencia y guerra electrónica, manteniendo los centros de inteligencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, dependencia funcional respecto al CIFAS. Fundado en 2004, sustituye a la antigua división de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa así como a todos los servicios de inteligencia de cada una de las ramas militares.

Entre sus obligaciones se encuentran:

1. Dirigir y coordinar la explotación de los sistemas conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y coordinar la explotación de los sistemas específicos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

2. Proporcionar a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos la inteligencia necesaria para el desarrollo de las actividades de preparación de la Fuerza.

3. Planificar, dirigir y, en su caso, ejecutar las actuaciones en materia de cartografía en el ámbito de la defensa. A estos efectos los órganos correspondientes de los Ejércitos mantienen una dependencia funcional con el CIFAS.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, también conocido por su acrónimo CITCO, es la organización de inteligencia dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del ministerio de Defensa para optimizar los esfuerzos y aprovechar los recursos económicos frente a las crecientes amenazas y la vinculación cada vez más estrecha que se establece entre las organizaciones extremistas de naturaleza violenta, el terrorismo y la criminalidad organizada.

Este nuevo órgano con nivel orgánico de subdirección general, directamente dependiente del Secretario de Estado de Seguridad, ha asumido en exclusiva las funciones que han venido ejerciendo el CNCA y el CITCO. Está formado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), de la Guardia Civil, del Servicio de Vigilancia Aduanera, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, miembros de las Fuerzas Armadas así como por personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Su finalidad consiste en impulsar y coordinar la integración y valoración de cuantas informaciones y análisis operativos dispongan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de terrorismo, crimen organizado y radicalismo violento, para la elaboración de inteligencia criminal estratégica, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa entre organismos concurrentes junto al diseño de estrategias globales de lucha contra estos fenómenos.

Al CITCO corresponde la recepción, integración y análisis de la información estratégica disponible en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada, terrorismo y radicalismo violento, el diseño de estrategias específicas contra estas amenazas, así como, en su caso, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa de los organismos actuantes en los supuestos de coincidencia o concurrencia en las investigaciones, y en particular:

· 1.º Recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos relacionados con la delincuencia organizada o especialmente grave, el terrorismo y el Radicalismo violento que sean relevantes o necesarios para la elaboración de la inteligencia criminal estratégica y de prospectiva en relación con estos fenómenos, tanto en su proyección nacional como internacional, integrando y canalizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado toda la información operativa que reciba o capte.

· 2.º Dictar, determinar y establecer, en los supuestos de intervención conjunta o concurrente, los criterios de coordinación y de actuación de las unidades Operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la de éstos con otros organismos intervinientes, en función de sus competencias propias o de apoyo a la intervención.

· 3.º Elaborar informes anuales sobre la situación de la criminalidad organizada, el terrorismo y el radicalismo violento en España, así como una evaluación periódica de la amenaza en estos campos.

· 4.º Elaborar y difundir las informaciones estadísticas relacionadas con estas materias.

· 5.º Proponer las estrategias nacionales contra el crimen organizado, el terrorismo y el radicalismo violento y actualizarlas de forma permanente, coordinando y verificando su desarrollo y ejecución.

· 6.º Desarrollar las competencias específicas que las diferentes disposiciones y acuerdos, tanto nacionales como internacionales, encomiendan al Ministerio del Interior en materia de lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de España es el órgano de asesoramiento al Presidente del Gobierno en materia de Seguridad Nacional desde 2012. Se encarga del mantenimiento y adecuado funcionamiento del Centro de Situación del Departamento de Seguridad Nacional para el ejercicio de las funciones de seguimiento y gestión de crisis, y es responsable de impulsar el desarrollo e integración del Sistema de Seguridad Nacional. Asimismo, gestiona y asegura las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno.

En diciembre de 2009, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero encargó a Javier Solana (antiguo Secretario General de la OTAN y máximo responsable de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea) la elaboración de la primera Estrategia Española de Seguridad.

El documento oficial​ fue dirigido por Javier Solana y elaborado por una Comisión y un grupo de trabajo con representación de los diferentes Ministerios. Dicho documento contenía las líneas maestras de la Estrategia Española de Seguridad, que entre ellas, proponía la creación de un Consejo Español de Seguridad, que estaría dotado de capacidad ejecutiva, asesoramiento, decisión, propuesta, seguimiento y control, para poder coordinar las labores de Seguridad Nacional. Dicho Consejo Español de Seguridad estaría asistido por una Unidad de Apoyo que actuaría como órgano instrumental para la coordinación, gestión de crisis, liderazgo y seguimiento de la Estrategia Española de Seguridad. La Unidad de Apoyo se encuadraría dentro del Gabinete del Ministerio de la Presidencia y estaría compuesta por un equipo multidisciplinar compuesto por Funcionarios Civiles del Estado, Personal Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Personal de las Fuerzas Armadas. La Unidad de Apoyo heredaría al personal del Departamento de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis (DISSC), el cual se reformaría para adaptarse a las nuevas necesidades definidas en la Estrategia Española de Seguridad.

El viernes 24 de junio de 2011 es aprobada la primera Estrategia Española de Seguridad por parte del Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero.

Meses después de la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad, el 21 de diciembre de 2011, Mariano Rajoy se convirtió en presidente del Gobierno y crea la Unidad de Apoyo recogida en la Estrategia Española de Seguridad, la cual finalmente pasaría a denominarse Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y tendría su sede física en el búnker​ construido en el subsuelo del complejo del Palacio de la Moncloa.

Tras la creación del DSN, el gobierno le ordena continuar y revisar la Estrategia Española de Seguridad de 2011, para adaptar y actualizar su contenido a los cambios del escenario estratégico. El 31 de mayo de 2013, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido, configurando un nuevo Sistema de Seguridad Nacional e implicando a la sociedad civil en los ámbitos de interés prioritario de la Seguridad Nacional.​

El 28 de septiembre de 2015 el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Seguridad Nacional gracias a los votos del Partido Popular, Partido Socialista y UPyD. El Título II de la Ley crea y desarrolla el Sistema de Seguridad Nacional, sus funciones y organización, designando en su artículo 20 al Departamento de Seguridad Nacional como el órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional y de sus órganos de apoyo, ejerciendo las funciones de Secretaría Técnica, así como las demás funciones previstas en la normativa.

El 20 de enero de 2017 el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 encargando al Departamento de Seguridad Nacional su desarrollo. El JEMAD desde ese año y hasta 2020 fue Fernando Alejandre Martínez.

El 23 de julio de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional acogió en su sede​ una reunión conjunta con los diputados y senadores de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para ofrecerles que participasen en el proceso de elaboración de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional y en el desarrollo del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional.

Partiendo del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015) que entiende por Seguridad Nacional "la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos."

Y según el Real Decreto 1119/2012, de 20 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, el DSN tiene dos funciones principales:

· Como Órgano de asesoramiento al Presidente del Gobierno en materia de Seguridad Nacional:

1. Elaborar estudios e informes sobre la Política de Seguridad Nacional, sin perjuicio de las funciones que correspondan a otros órganos.

2. Asistir al Presidente del Gobierno en el ejercicio de la presidencia del Consejo de Seguridad Nacional, así como al Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en su condición de Secretario de dicho órgano colegiado del Gobierno.

3. Elaborar la planificación del desarrollo estratégico de la Seguridad Nacional.

4. Contribuir a la elaboración de propuestas normativas sobre Seguridad Nacional.

5. Impulsar el desarrollo legal y reglamentario de la Ley de Seguridad Nacional en coordinación con los órganos y autoridades competentes.

6. Analizar la evolución de los riesgos y amenazas y de sus potenciadores.

· En Gestión de situaciones de crisis:

1. Realizar la alerta temprana y el seguimiento de los riesgos, amenazas y situaciones de crisis en coordinación con los órganos y autoridades competentes.

2. Proporcionar el apoyo y la coordinación adecuada en la gestión de situaciones de crisis, mediante la utilización de los mecanismos de enlace, coordinación e información con las distintas autoridades competentes de las Administraciones Públicas.

3. Mantener y asegurar el adecuado funcionamiento del Centro de Situación del Departamento de Seguridad Nacional y las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno, así como proteger su documentación.

4. Dirigir y coordinar la realización de los ejercicios de gestión de crisis planificados por el Departamento, así como aquellos cuya dirección le sea requerida.

5. Contribuir a la elaboración, el mantenimiento y la actualización de los planes de contingencia y de los planes de recursos humanos y materiales necesarios y analizar los escenarios de crisis en coordinación con los órganos competentes.

6. Apoyar en materia de gestión de crisis el adecuado desempeño de las funciones del Comité Especializado de Situación de carácter único para el conjunto del Sistema de Seguridad Nacional de acuerdo con las previsiones de la Ley de Seguridad Nacional.

7. Realizar aquellas actividades que sean necesarias para asegurar la colaboración, cooperación y coordinación de los órganos competentes de la Seguridad Nacional conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que sean de aplicación.

8. En el ámbito de la cultura de Seguridad Nacional, realizará estudios y propuestas para fomentar la colaboración privada y la participación ciudadana en los asuntos de la Seguridad Nacional.

Según el Real Decreto 136/202016​ de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, en su artículo 3 punto 7:

· El Departamento de Seguridad Nacional es el órgano de asesoramiento al Presidente del Gobierno en materia de Seguridad Nacional.

· Mantendrá y asegurará el adecuado funcionamiento del Centro de Situación del Departamento de Seguridad Nacional para el ejercicio de las funciones de seguimiento y gestión de crisis

· impulsará el desarrollo e integración del Sistema de Seguridad Nacional.

· Gestionará y asegurará las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno.

Dependiendo directamente del Secretario de Estado jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

El Centro de Situación del Departamento de Seguridad Nacional (también conocido como el Búnker de la Moncloa) está protegido con el nivel de clasificación de secreto, de conformidad con su regulación específica.

Entre 2012 y 2018, el director del DSN era, a la vez, Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desde 2018, el director del DSN ostenta el rango de director general y es el principal asesor en materia de Seguridad Nacional del Presidente del Gobierno. El director operativo del DSN posee rango de subdirector general.

Pero el CNI no defiende España, sino los intereses de unos pocos, sobre todo la clase política y dos grandes representantes de la Casa Real: el almirante Juan Ruiz Casas, jefe del Cuarto Militar, quien desde 2014 trabaja para la Casa Real; y el secretario general y número dos de la Casa Real, Domingo Martínez Palomo, General de la guardia civil.

La Dirección General de la Policía elaboró un "protocolo de actuación" para la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), unidad de inteligencia creada en 2015 bajo la "dirección, coordinación y supervisión" del comisario Pino. Las actuaciones de la BARC no podrán ser objeto de revisión por otras unidades y el seguimiento y control de los resultados" de su actividad era competencia exclusiva del comisario Eugenio Pino.

El 27.01.2017, Eugenio Pino, ex director adjunto operativo subraya que ha advertido a un coronel del Centro Nacional de Inteligencia que si le vuelven a llamar como investigado va a contar lo que no le dijo al magistrado cuando debía. Los más altos mandos policiales del círculo íntimo del ex ministro Jorge Fernández Díaz estaban chantajeando con desvelar interioridades inconfesables.

Enrique García Castaño fue destituido de su cargo de jefe de la UCAO..."Es muy relevante porque llevaba al frente la parte de escuchas y seguimientos de la Comisaría General de Información varios lustros, sin que ningún responsable político se atreviera a relevarle del cargo".

El ex jefe operativo de la Policía desvela que ordenó volver a investigar en secreto los atentados de Atocha, el crimen de Marta del Castillo y el caso Faisán, hasta que el 09 02 17 fue disuelta la BARC, el servicio literalmente privado de información de Eugenio Pino.

                                

El jefe de la brigada política recibe la medalla más cara de la Policía de manos de Cosidó, quien nombró instructor y secretario del expediente meritorio, estos dieron acuse de recibo y resolvieron que el comisario Eugenio Pino era merecedor del reconocimiento. Consta por escrito que la orden partió de Fernández Díaz.

La investigación de Kitchen aflora el mercadeo de medallas en la Policía y el desprecio por la legalidad con la que trabajaron un grupo de políticos y mandos policiales en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. A ello se añade una patrimonialización de los recursos públicos y una perversión de los procedimientos administrativos que cristalizan en el mercadeo de las condecoraciones policiales, tal y como acredita el expediente de la concesión de la más importante que se puede entregar en vida, la Medalla de Plata al Mérito, que recibió el artífice de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, con motivo de su jubilación, y que lleva aparejada una pensión vitalicia del 15% de su salario.

El expediente de la concesión de la medalla a Pino ha sido remitido a la comisión del Congreso que investiga el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. De su lectura quedan patentes varios aspectos: el primero, que el procedimiento fue un formalismo sin ninguna profundidad que escondía la única voluntad de ejecutar una orden. El segundo, que esa orden partió en exclusiva del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por mucho que en las declaraciones de los investigados en el Congreso y ante el juez estos apelen siempre a un reglado proceso administrativo y a decisiones colegiadas, tanto en la concesión de medallas como de destinos privilegiados en embajadas.

Y en tercer lugar, el procedimiento utilizado sirve para constatar el papel del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, en esfuerzo permanente por aferrarse al cargo sin verse envuelto en irregularidades, pese a que a la concesión de la medalla y otros asuntos que actualmente son objeto de investigación judicial llevan necesariamente su firma. Hasta ahora, Cosidó ha logrado ser el único miembro de la escala de mando en la cúpula policial y del Ministerio de aquella época que ha escapado de la imputación.

Eugenio Pino está en la actualidad procesado en la pieza 7 del caso Villarejo como uno de los responsables de la operación para reventar el caso de la caja B del PP desde las mismas entrañas del Ministerio del Interior.

El ex director adjunto de la Policía de Rajoy, Eugenio Pino, declaró en la Audiencia Nacional que avisó personalmente a la Casa Real de que el polémico comisario, José Villarejo, había grabado a Corinna Larsen hablando del rey emérito. Son las grabaciones en las que la examante de Juan Carlos I desvelaba sus cuentas en Suiza.

Según explicó Pino, la Casa Real le agradeció el aviso e informó de ello al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, quien asumió el blindaje del monarca. “Quien ofende a la casa, no tiene perdón”, le dijo el jefe de los servicios secretos.

“Se pasa de una serie de personas en Casa Real a que el CNI lo protege a todos los efectos, de prensa, etc. Se le dice a cierta persona que se vaya de España y es el general Sanz Roldán", dijo Pino en referencia a Corinna Larsen. Según el mando policial, Sanz Roldán fue la persona que en ese momento "toma el mando del blindaje del rey".

Pino fue la persona a la que Mariano Rajoy encomendó liderar la Policía cuando ganó las elecciones en 2012. Su cargo era el de director adjunto, es decir, el máximo mando uniformado del Cuerpo. Investigado en varias causas judiciales, bajo sus pies anidó una camarilla policial que protagoniza desde hace tiempo las crónicas de tribunales.

Entre sus comisarios de confianza estaba el polémico José Villarejo, quien en 2015 se fue a Londres con su grabadora a reunirse con Corinna Larsen, que quería protección ante las amenazas que decía haber sufrido del jefe del CNI. Él se ofreció a ayudar a la amiga del rey y al mismo tiempo buscaba munición en la guerra personal que ya entonces le enfrentaba con Sanz Roldán. Pino tomó partido en esa guerra que tuvo lugar en el seno de la seguridad española y que esos contactos tenían más bien un carácter de amenaza.

Siempre según su versión, Sanz Roldán le contestó que “el que ofende a la casa no tiene perdón”. También le admitió tener “dos facciones” dentro del CNI. Pino quiso poner de relieve en ese momento ante la Audiencia Nacional que Villarejo llegó a trabajar para el CNI.

En el marco de esa guerra ubica Pino la investigación urdida por el CNI a través de una denuncia anónima que dio origen al arresto de Villarejo en noviembre de 2017 a partir de una persona que “debía dinero y se prestó a colaborar”. Se refiere a Francisco Menéndez, un empresario ahora procesado por participar junto al excomisario de Barajas Carlos Salamanca en una trama que daba trato de favor a ciudadanos guineanos en la frontera a cambio de sobornos.    

‘No tengo nada que temer’, me dijo Sanz Roldán. Las grabaciones vieron la luz nueve meses después del arresto de Villarejo porque fueron publicadas en El Español y en Ok Diario. Su contenido ha derivado en la apertura de diversas investigaciones tanto en España como en Suiza que afectan al rey emérito, Corinna Larsen y los arquitectos financieros Dante Canonica y Arturo Fasana.  

Pocos meses antes de entrar en prisión, Villarejo contó en un programa de televisión las presuntas amenazas a Corinna Larsen por parte de Sanz Roldán, que tuvieron lugar pocos días después del accidente del Emérito en Botsuana en 2012.

A Villarejo, sus acusaciones le costaron acabar en el banquillo de los acusados el pasado febrero tras ser denunciado por el director del CNI. La examante del rey declaró como testigo para corroborar que las amenazas fueron reales y el polémico excomisario acabó absuelto. El jefe de la Inteligencia admitió su reunión con Larsen, pero evitó dar detalles del encuentro apelando a razones de seguridad.

Las sospechosas circunstancias en torno a la manera como se desarrollaron las investigaciones hacen pensar a algunos periodistas que el más alto personaje del Estado se encuentra detrás de ese crimen. ¿Dónde figura escrito que el servicio secreto tenga que obedecer órdenes secretas del Rey de España? ¿Por qué la mayoría de los directores del espionaje han protegido al monarca con esmero y dedicación en cualquier situación? ¿Conocían su implicación en comportamientos irregulares y no elaboraron un dossier, como hizo Villarejo? ¿Ha informado La Casa a todos y cada uno de los presidentes del Gobierno de la democracia sobre las actividades reservadas de la familia real?

Por supuesto que no, porque la Casa (el CNI) y la Casa Real son una misma, y los agentes al servicio de su Majestad tienen licencia para guardar y traficar con información comprometedora que les garantiza su futuro y el de sus familias. Lo contrario que les ocurriría si informasen a la Fiscalía de actividades "irregulares", como poco.

Fernando Rueda, el máximo especialista español en cuestiones de espionaje, publica de la mano de La Esfera el libro Al servicio de Su Majestad, un trabajo de investigación para sacar a la luz la desconocida relación que los miembros de la Casa Real -Juan Carlos I, Felipe VI, Iñaki Urdangarín...- han mantenido en los últimos 50 años con la principal agencia de inteligencia española, llamada sucesivamente OCN-SECED-CESID-CNI.

Al servicio de Su Majestad es la historia de España como nunca antes se había contado: desde el ángulo de las relaciones entre la Familia Real y el servicio secreto. Las dos instituciones que se han mantenido y apoyado para dirigir desde las bambalinas, desde las sombras, el devenir de los acontecimientos a su antojo, sin que los ciudadanos se dieran cuenta.

«Fue la soledad de Juan Carlos I en la España franquista la que le empujó a darse cuenta de la necesidad de controlar a las Fuerzas Armadas y, también, la de buscar el escudo protector de los servicios de inteligencia, esos que espiaban intensamente a su padre, Don Juan, y también a él. Por eso, una vez en la jefatura del Estado, siempre luchó para conseguir que el director del espionaje fuera un hombre de su máxima confianza. Daba igual la peripecia por la que pasara el rey, allí estaban ellos para sacarle del atolladero: conspiraciones para quitarle el trono, operaciones sucias contra políticos, teléfonos pinchados por la CIA, espiar y apartar de su lado a potentados amigos corruptos, hacer frente a las maniobras en su contra de algunas amantes, proteger a miembros de su familia y, por supuesto, cubrirse mutuamente las espaldas por los crímenes atribuídos a "la razón de Estado".