Van a fusilar
a un hombre que tiene los brazos atados.
Hay cuatro soldados
para disparar.
Son cuatro soldados
callados,
que están amarrados,
lo mismo que el hombre amarrado que van
a matar.
¿Puedes escapar?
¡No puedo correr!
¡Ya van a tirar!
¡Qué vamos a hacer!
Quizá los rifles no estén cargados...
¡Seis balas tienen de fiero plomo!
¡Quizá no tiren esos soldados!
¡Eres un tonto de tomo y lomo!
Tiraron.
(¿Cómo fue que pudieron tirar?)
Mataron.
(¿Cómo fue que pudieron matar?)
Eran cuatro soldados
callados,
y les hizo una seña, bajando su sable,
un señor oficial;
eran cuatro soldados
atados,
lo mismo que el hombre que fueron
los cuatro a matar.
A principios del siglo XX se inicia la modernización de los servicios de la Policía española con motivo de la reestructuración que se realiza después del asesinato de D. José Canalejas, Presidente del Consejo de Ministros (Hoy en día denominado Presidente del Gobierno). El Real Decreto de 27 de noviembre de 1912 crea la Dirección General de Seguridad para además de entender en la organización y ejecución de policía gubernativa integrada por las Secciones de Vigilancia y Seguridad, constituir un Centro a donde afluyan todos los datos e informaciones procedentes del territorio nacional, relacionados con el mantenimiento del orden general y con la prevención y persecución de los delitos y demás servicios propios de la Policía para que “organizados, relacionados y complementados sean base de iniciativas y órdenes, que de tal Centro, partan para su cumplimiento donde correspondan unificando y sistematizando este Servicio Público en todo el Reino”. A raíz del magnicidio citado, el entonces Cuerpo de Vigilancia de Madrid reestructura sus servicios en ocho Brigadas, entre ellas: la Brigada de Anarquismo y Socialismo y la Brigada de Información encargada de captar información útil para la protección y la seguridad.
El primer servicio de inteligencia de España fue creado en 1935, una experiencia que tuvo una vida muy corta y con una actividad prácticamente nula, ya que la guerra civil paralizó su desarrollo.
Santiago Carrillo negó toda su vida que hubiera estado implicado en las matanzas de Paracuellos al comienzo de la Guerra Civil. Muchos investigadores, sin embargo, defienden que resulta imposible que no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo. En primer lugar, por su destacada posición dentro del bando republicano en aquel momento, pues el mismo día en que comenzaron no solo había ingresado en el Partido Comunista de España (PCE), sino que había sido nombrado consejero de Orden Público por la Junta de Defensa de Madrid. Y, en segundo, porque los asesinatos duraron un mes: entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936.
Se calcula que fueron ejecutadas alrededor de 8.000 personas sin ningún tipo de juicio con garantías.
Algunos historiadores han bajado esta cifra hasta los 5.000, aunque otros aseguran que fueron más de 12.000. Como era de esperar, nunca ha habido un acuerdo en cuanto a la magnitud de la tragedia y sí muchas preguntas en cuanto a la responsabilidad de un Carrillo que tenía en ese momento 21 años. ¿Fue el organizador? ¿Facilitó el apoyo logístico y político aunque no diera la orden? ¿Estuvo al tanto y no hizo nada por evitarlo en la confusión de los primeros días del conflicto? ¿Tuvo solo noticias cuando la matanza ya se había perpetrado?
Todo comenzó la tarde del 6 de noviembre de 1936, cuando el Gobierno republicano tomó la decisión de trasladarse a Valencia, evacuar a los presos a otras cárceles fuera de la capital y constituir la mencionada Junta de Defensa de Madrid bajo la presidencia del general José Miaja. Al día siguiente, sin más dilación, se produjeron las primeras cinco sacas: una de madrugada, procedente de la cárcel de Porlier, y dos más durante el día, la de la Cárcel Modelo y la de San Antón. Las tres terminaron en Paracuellos de Jarama, muertas y enterradas sin juicio previo, mientras que las otras dos restantes, sanas y salvas en Alcalá de Henares.
Se suponía que los asesinatos debían llevarse a cabo «cubriendo la responsabilidad», según se informó en una reunión de la CNT-FAI. En ella, un representante anarquista de la Junta de Defensa, cuya identidad nunca ha sido desvelada, anunció a miembros del Gobierno que se estaba eliminando a «fascistas y elementos peligrosos» en la localidad madrileña. Pronto comenzaron a circular noticias, que llegaron a oídos del anarquista Melchor Rodríguez García, conocido por su rechazo al uso de la violencia con fines revolucionarios.
Melchor Rodríguez unió sus fuerzas con el presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, y con diplomáticos extranjeros como el cónsul de Noruega, Félix Schlayer, que se pusieron el objetivo de acabar con aquella masacre lo antes posible. Melchor Rodríguez aprovechó sus contactos para ser nombrado director general de Prisiones y llegó a enfrentarse a los elementos más radicales de su partido para que detuviesen aquella carnicería. Consiguió una breve tregua durante el 7 y 8 de noviembre, pero fue destituido el día 12 para sorpresa de sus compañeros, que habían visto como se había ganado el apoyo de la CNT para detener las matanzas.
Nunca se supo qué había ocurrido. Rodríguez debía el cargo a su amistad con Mariano Sánchez-Roca, subsecretario de Justicia que se encontraba bajo las órdenes directas del ministro Juan García Oliver. La explicación oficial es que este último ordenó su despido al considerar que había sido nombrado a sus espaldas y sin el beneplácito de la Dirección General de Seguridad, un organismo que dependía del Consejo de Orden Público que dirigía Carrillo. Curiosamente, el mismo día en que el dirigente anarquista dejó su puesto se reanudaron los fusilamientos.
Schlayer, por su parte, aseguró que llegó a reunirse con Carrillo para informarle de lo que estaba sucediendo en Paracuellos del Jarama y que este no le hizo el más mínimo caso. Es probablemente la prueba más cercana de todas cuantas apuntan al entonces consejero de Orden Público. La reveló pocos meses después de haberse producido en sus memorias, que fueron publicadas originalmente en Alemania, en 1938, y que no fueron traducidas al español hasta 2005, bajo el título de 'Matanzas en el Madrid republicano', y reeditadas en 2008 como 'Diplomático en el Madrid rojo'.
Schlayer era encargado de negocios en la embajada noruega en Madrid y, aunque no había visto los fusilamientos, tuvo constancia de que se estaban produciendo desde el primer día. El cónsul cuenta que pidió una reunión con Carrillo para intentar detener las sacas. Antes de acudir a su despacho fue a la cárcel Modelo para confirmar que centenares de presos ya habían sido evacuados a Paracuellos. De vuelta en el Ministerio de Justicia, el joven Carrillo le aseguró que su determinación era proteger a los prisioneros e impedir cualquier asesinato durante su evacuación.
A continuación, le informó de lo que acababa de descubrir en la prisión madrileña. Schlayer describió así lo acontecido en las mencionadas memorias:
«Tuvimos una conversación muy larga en la que ciertamente recibimos toda clase de promesas de buena voluntad y de intenciones humanitarias con respecto a la protección de los presos y al cese de la actividad asesina, pero con el resultado final por todos percibido de una sensación de inseguridad y de falta de sinceridad. Le puse en conocimiento de lo que acababa de decirme el Director de la cárcel y le pedí explicaciones. Él pretendía no saber nada de todo aquello, cosa que me pareció inverosímil. Pero a pesar de todas aquellas falsas promesas, durante aquella noche y al siguiente día, continuaron los transportes de presos que sacaban de las cárceles, sin que Miaja ni Carrillo se creyeran obligados a intervenir. Entonces sí que no pudieron alegar desconocimiento ya que ambos estaban informados por nosotros».
Schlayer asegura entonces que se las arregló para seguir la ruta de los camiones. Así lo detallo con todo detalle a continuación:
«Los autobuses que llegaban a Paracuellos se estacionaban arriba en la pradera. Cada 10 hombres atados entre sí, de dos en dos, eran desnudados (es decir, les robaban sus pertenencias) y enseguida les hacían bajar a la fosa, donde caían tan pronto como recibían los disparos, después de lo cual tenían que bajar los otros 10 siguientes, mientras los milicianos echaban tierra a los anteriores. No cabe duda alguna de que, con este bestial procedimiento asesino, quedaron sepultados gran número de heridos graves que aún no estaban muertos, por más que en muchos casos les dieran el tiro de gracia.
Me dirigí entonces al único miliciano que estaba de guardia y le pregunté sin rodeos dónde habían enterrado a los hombres que fusilaron el domingo. El hombre empezó a hacerme una descripción algo complicada del camino. Le dije que sería mucho más sencillo que nos acompañara y nos enseñara el lugar. Me hizo caso, se colgó el fusil y nos condujo hasta ahí. A unos 150 metros del castillo se metió en una zanja profunda y seca que iba del castillo al río y que llaman 'Caz'. Era una antigua acequia. Ahí empezaba, en el fondo de dicha zanja, un montón de unos dos metros de alto de tierra recientemente removida. Lo señaló y dijo: 'Aquí empieza'.
Reinaba un fuerte olor a putrefacción. Por encima del suelo se veían desigualdades, como si emergieran miembros. En otro lugar asomaban botas. No se había echado sobre los cadáveres más que una fina capa de tierra. Seguimos la zanja en dirección al río. La remoción reciente de tierra y la correspondiente elevación del nivel del fondo de la cacera tenía una longitud de unos 300 metros. ¡Se trataba, pues, de la tumba de 500 a 600 hombres!».
Cuenta el historiador Javier Cervera en el prólogo de las memorias del cónsul que, durante una entrevista que mantuvieron a principio del siglo XXI, Carrillo tembién se refirió al diplomático que le acusó como «el nazi ese». Una expresión similar empleó el mismo líder del PCE en su autobiografía.
«No obstante, nadie ha aportado pruebas de que Schlayer tuviera tal condición ideológica hitleriana. Este cónsul también ha sido tachado de espía a favor de Franco, pero tampoco lo fue. El Servido de Información Militar (SIM) franquista no cuenta con ningún informe de él hasta finales de julio de 1937, después de que fuera expulsado de la España republicana y llegara a la zona nacional. Lo que ocurrió entonces fue que, como muchos de los que llegan allí procedentes del otro lado, se le interrogó», explica Cervera.
A pesar de los detalles aportados por el diplomático alemán, en 1938, acerca de su reunión con Carrillo y de su visita a Paracuellos, las autoridades franquistas no removieron el asunto en aquel momento. Dieron más publicidad a otros asesinatos de mucha menor magnitud y complejidad, como los que se habían producido en agosto, del aviador Julio Ruiz de Alda y el militar Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio. Lo mismo ocurrió en noviembre con la ejecución de este último en Alicante, en el mismo mes que se producían las sacas desde las cárceles Modelo, Porlier, San Antón y Ventas con destino al Arroyo Seco de San José, a 20 kilómetros de Madrid, cuya pequeña ermita acoge siete fosas comunes en donde cayeron fusiladas unas 2.500 personas.
Es decir, que en aquel momento los muertos de la República excedían con mucho a los fusilamientos de los destacados dirigentes de Falange. Resulta curioso que la prensa franquista –encarnada por el diario 'Arriba España' y el 'Alcázar', entre otros– no le acusaran a él, sino a Segundo Serrano Poncela, delegado de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid que se encontraba a sus órdenes. Carrillo no fue responsabilizado por el régimen hasta su nombramiento como secretario general del PCE en 1960.
Durante décadas, los historiadores han debatido sobre si el Gobierno de la República, la Junta de Defensa de Madrid a las órdenes del general Miaja y el mismo Carrillo estuvieron implicados. Resulta extraño que la matanza estuviera envuelta en la bruma en los años posteriores. En la Causa General franquista ocupaba un lugar poco destacado y el delegado de Orden Público solo era mencionado de manera breve. Tampoco se refería a los asesores que Stalin envió a España y a los que la dictadura culpó más adelante de haber ordenado la matanza de Paracuellos, que habría sido ejecutada por extremistas de izquierdas.
Después de la guerra civil, la Ley de 23 de septiembre de 1939 reorganiza la Dirección General de Seguridad y en su artículo 2º expresa que comprenderá los siguientes servicios centrales: “Comisaría General de Fronteras, de Información, de Orden Público y de Identificación”. La Orden de 7 de octubre de 1939 del Ministerio de la Gobernación organiza las cuatro Comisarías Generales citadas y en relación con la Comisaría General de Información indica que: “Desarrollará toda la labor informativa y de asuntos reservados con arreglo a organización especial y control de extranjeros” definiéndose así sus competencias.
La aparición en 1968, a raíz de los movimientos estudiantiles de aquel añode la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), activa principalmente en el ámbito universitario, sería embrión del Servicio Central de Documentación (SECED), fundado en 1972.
El Servicio Central de Documentación (SECED) fue el servicio de inteligencia español durante el final de Francisco Franco y el principio de la Transición (1972-1977), como continuador de la Organización Contrasubversiva Nacional.
El régimen plantea la posibilidad de crear un Centro de Información y Documentación (CIDOC), finalmente el subsecretario de la presidencia del gobierno, Luis Carrero Blanco, crea el 22 de enero de 1972 el Servicio Central de Documentación con total dependencia al servicio según el Decreto 511/1972. Su sede se instaló inicialmente en el número 10 de la madrileña calle de Alcalá Galiano; posteriormente el ente se mudaría al número 5 del paseo de la Castellana, el edificio de enfrente que había albergado la antigua sede de la Dirección General de Marruecos y Colonias.
El SECED estaba organizado en dos grandes estructuras: la de información y la de operaciones. Al mismo tiempo había departamentos de acción psicológica, así como de diferentes asuntos especiales. Todo estaba bajo el mando de una secretaría general, que era el Estado Mayor del servicio y el receptor de toda la información recibida.
A finales de 1973 el SECED estaba comprendido en una docena de delegaciones regionales y media docena de subdelegaciones provinciales repartidas por toda la geografía española. También contaba con varias oficinas y delegaciones en varios departamentos ministeriales.
El SECED se preocupó fundamentalmente de combatir los brotes terroristas que habían surgido.
Entre las operaciones más importantes que llevó a cabo el SECED están la Operación Promesa, que supuso el contacto con varios grupos políticos que posteriormente participarían en la Transición. Otras operaciones importantes fueron la Operación Lucero y la Operación Alborada, que ayudaron a preparar el camino a la Transición.
Probablemente la operación más importante del SECED fue la Operación Lobo con la que mediante un agente infiltrado –Mikel Lejarza– consiguieron acabar con más de la cuarta parte de ETA, así como la mayoría de la cúpula terrorista.
Sin embargo, fueron también responsables del terrorismo tardofranquista de la extrema derecha, destacando, entre otras, la Operación Reconquista que llevó a los sucesos de Montejurra, como confesó el destacado militar y alto responsable policial durante la Transición española, José Antonio Sáenz de Santa María.
En septiembre de 1971, siendo coronel, se hizo cargo de la Jefatura de Estado Mayor de la Guardia Civil con el cometido de luchar contra la emergente ETA, lucha que lo marcaría en el resto de su carrera. Manteniendo este cargo fue ascendido a general en 1975. Ya como general, Sáenz de Santa María asumió los preparativos en la ejecución de la condena a muerte, tras consejo de guerra, de una parte de los cinco condenados miembros de ETA y el FRAP, en lo que serían las últimas ejecuciones del franquismo. Las ejecuciones tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975.
Tras la muerte de Franco e iniciada la Transición, tuvo conocimiento del apoyo institucional a los grupos parapoliciales, como los Guerrilleros de Cristo Rey, el Batallón Vasco Español (BVE), Antiterrorismo ETA (ATE), Triple A, etc., con implicación no sólo de los servicios secretos SECED (Servicio Central de Documentación), sino de altos cargos del aparato del Estado, con encubrimiento de los evidentes fallos que se producían, que ponían en evidencia a las fuerzas de seguridad del Estado. Así, en la época del gobierno socialista, ocurrió lo mismo con el CESID y los responsables del ministerio de Interior con respecto al GAL.
Al ascender a general de división, pasó a dirigir la Policía Nacional, cuerpo que modernizó, creando compañías de reserva o móviles para evitar la relación con la población donde actuaban. También consolidó los GEO (Grupo Especial de Operaciones) creados dos años antes. Y creó asimismo un servicio de información para la Policía Nacional. Durante un tiempo, desde el 1 de febrero de 1980 hasta el 17 de octubre del mismo año, compaginó este cargo con la delegación del gobierno en el País Vasco, donde unificó la información de la Policía Nacional, Guardia Civil y del Cuerpo Superior de Policía.
Del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se enteró a través de la radio, reaccionando rápidamente y actuando a favor de la legalidad constitucional. El general Sáenz de Santa María ordenó a la Policía Nacional que rodeara el Congreso de los Diputados para evitar que otras fuerzas de la Guardia Civil pudieran solidarizarse con las del interior. Su declaración posterior como testigo durante el juicio motivó el enfrentamiento con el teniente general Jaime Milans del Bosch, cuando hizo el símil del intento golpista con un secuestro de un avión, lo que motivó la frase «me da asco, me voy» de Milans. Tras ascender a teniente general, asumió el mando de la capitanía de la VII Región Militar con sede en Valladolid y posteriormente de la IV Región Militar con sede en Barcelona, donde la relación con la Generalidad fue fluida.
El 2 de noviembre de 1983, un año después de la llegada del PSOE al Gobierno, volvió a la Guardia Civil, esta vez como director general. En esta etapa dotó de helicópteros al cuerpo y creó el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con alguna oposición del ejército del Aire y, sobre todo, de la Armada. Fue en estos tiempos cuando convivió con los atentados de los GAL. Aunque manifestó, mientras estaba en el cargo, que los GAL eran un problema del gobierno francés, a la vez que afirmaba que ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado estaba implicado en los hechos, antes de morir reconoció la implicación de los cuerpos de seguridad españoles, tanto por acción como por omisión. En toda su carrera mantuvo la necesidad de que la Guardia Civil fuese un cuerpo militar. Al pasar a la reserva, traspasó el cargo de director de la Guardia Civil, el 31 de octubre de 1986, al primer civil que estuvo al mando de la institución, Luis Roldán. Días después de su salida de la Guardia Civil, el 5 de noviembre la policía francesa se incautaba de numerosa documentación en la cooperativa Sokoa, en Hendaya.
Desde entonces hasta mayo de 1996, cuando el Partido Popular accedió al poder, fue asesor contra el terrorismo del Ministro del Interior socialista, tanto en la etapa del Secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera (1986-1994), como en la de la Secretaría de Estado de Interior Margarita Robles (1994-1996). En 1995, siendo todavía asesor, fue convocado por el Senado para una comparecencia sobre la lucha antiterrorista en los años en que estuvo al frente de la Guardia Civil, en la última legislatura del Presidente del Gobierno Felipe González, cuando el Partido Popular acosaba al gobierno a cuenta de la guerra sucia llevada a cabo por los GAL. Ante la solicitud de que fuera a puerta cerrada, como lo fue para otros comparecientes, y para que declarase no sólo sobre la época de actuación de los GAL, sino también de la anterior, fue suspendida y nunca se realizó. El 7 de mayo de 1996, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruía el sumario Oñederra (relativo a los primeros asesinatos de los GAL entre 1983 y 1984), lo inculpó junto a los generales Enrique Rodríguez Galindo y Cassinello. Recurrió la imputación y el 20 de mayo prestó declaración ante el magistrado, que lo dejó en libertad sin fianza.
En la transición a la democracia el Real Decreto 2614/1976 de 30 de octubre, por el que se introducen modificaciones en la estructura orgánica del Ministerio de la Gobernación en su artículo 10, apartado 4.3, de nuevo recoge la denominación de Comisaría General de Información y determina las funciones de: “Gestión y organización de cuanto concierne a la captación y recepción de los datos, noticias, informes y antecedentes con interés para los fines y cometidos de la Dirección General de Seguridad, así como de valorar, interpretar y utilizarla información recibida”. En el Real Decreto 1375/19787 por el que se reestructura la Dirección General de Seguridad volvemos a ver en el punto 4.1.1 a la Comisaría General de Información asignándole las funciones de "Organización y gestión de cuanto concierne a la captación, recepción, desarrollo y operatividad de la información con interés policial".
En junio de 1977, durante la Transición, se celebraron elecciones democráticas. En julio de 1977, siendo presidente Adolfo Suárez y con el apoyo del vicepresidente para Asuntos de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, se disolvieron los anteriores órganos, y se creó el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) mediante la fusión con la Tercera Sección de Información del Alto Estado Mayor.
El Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) fue una agencia de inteligencia española que estuvo en funcionamiento desde 1977 hasta 2002, cuando fue reemplazada por el actual Centro Nacional de Inteligencia.
Fue la principal agencia de inteligencia de España, creada el 14 de julio de 1977 por el entonces ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, para sustituir a los organismos de inteligencia de la dictadura de Francisco Franco. Estos incluían al Tercera Sección de Información del Alto Estado Mayor (SIAEM) y el Servicio Central de Documentación (SECED) dependiente de la Presidencia del Gobierno.1
El 2 de noviembre de 1977 también se integró el Servicio de Información de la Presidencia del Gobierno (SIPG).
En los primeros años, su misión estaba destinada en lo fundamental a atender a la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) y dependía jerárquica y administrativamente del Ministerio de Defensa. Por real decreto de enero de 1984, el CESID fue definido jurídicamente como la agencia de inteligencia que informaba a la Presidencia del Gobierno y al ministro de Defensa. No obstante, mantenía un carácter fundamentalmente militar. Empleó entre 2000 y 3000 personas, la mayoría militares y miembros de la Guardia Civil. Alrededor del 30 por ciento de los miembros del personal eran civiles.
Su gestión estaba al mando de un director, elegido por el gobierno a través de acuerdo del Consejo de Ministros y que en un principio tuvo el rango de director general, para pasar después al de secretario de Estado. Su primer director fue el general José Bourgón López-Dóriga.
Las unidades operativas principales fueron las de inteligencia interior, inteligencia en el exterior; contraespionaje, economía y tecnología y el apoyo operativo. En cualquier caso se distinguen dos etapas: la que va desde su creación hasta la reforma de septiembre de 1982 impulsada por el entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, y a partir de aquí hasta su extinción en 2002. En la primera, sus actividades se centraron en la inteligencia interior, singularmente en el seno del Ejército para evitar acciones militares que pusieran en peligro el proceso de transición democrática. A partir de 1982, se desarrolla el área contra el terrorismo, tarea definida como «obtener, evaluar y difundir la información relativa a los procesos internos que, mediante procedimientos anticonstitucionales, atenten contra la unidad de la patria y la estabilidad de sus instituciones fundamentales», el área exterior para prevenir y evitar el «peligro, amenaza o agresión exterior contra la independencia o integridad territorial de España y para asegurar sus intereses nacionales» y los servicios de contrainteligencia.
Aunque el CESID fue la mayor agencia de inteligencia en España, existían además los servicios de inteligencia de los tres ejércitos: Armada, Ejército del Aire y Ejército de Tierra, además del Servicio de Información de la Guardia Civil. Por otra parte, el Cuerpo Nacional de Policía mantenía una Comisaría General de Información, con una misión antiterrorista que incluyó una Brigada de Inteligencia en el exterior para investigar el terrorismo internacional dirigido contra España. La estructura creaba en ocasiones situaciones de concurrencia de servicios. Finalmente, la ley 11/2002 creó el Centro Nacional de Inteligencia, que sucedió al CESID.
Tras la unificación del Cuerpo Superior de Policía con la Policía Nacional mediante la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hereda las competencias de la antigua Comisaría General de Información. Los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 y 16 de febrero de 1996 otorgan el carácter de Secreto a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los Servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas.
