¡Salve, oh pendón ilustre de Castilla,
Que hoy en los muros de Tetuán tremolas,
Y haces llegar a la cubana Antilla
Reflejos de las glorias españolas!
La media luna -que ante ti se humilla,-
Recuerda ya que entre revueltas olas,
De la raza de Agar con hondo espanto,
Se hundió al lucir el astro de Lepanto.
Y esa morisma -de la Europa afrenta-
Que el rugido olvidó de tus leones,
Hoy al golpe cruel -que la escarmienta,-
Forjando en su pavor fieras visiones,
De siete siglos a la luz sangrienta
Juzga que mira alzarse entre blasones,
-Sus turbantes teniendo por alfombras,-
Del Cid, de Alfonso y de Guzmán las sombras.
¡Oh! ¡sí! contigo van, por ti pelean
Esos nombres augustos; de su gloria
Los rayos en tus pliegues centellean,
Como fulguran en la hispana historia.
¡Que así triunfantes para siempre sean
Símbolos del honor y la victoria,
La civilización mirando ufana,
Que hoy te hospeda Tetuán, Tánger mañana!
El Rey Juan Carlos admitió que se podía ceder Melilla a Marruecos en 1979, según un cable de la Embajada de EEUU. Veía más complicado hacer lo mismo con Ceuta debido a que había más españoles y especuló con ponerla bajo un protectorado internacional.
Las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos llegaron a su punto más crítico de los últimos años el 18 de abril, con el ingreso y la acogida «por razones humanitarias», como señaló el Ministerio de Exteriores, del líder del Frente Polisario. Brahim Ghali entró en España con una identidad falsa, como confirmó la Dirección General de Policía. Para el reino alauí, supone una gran ofensa que España tome partido en el conflicto saharaui y ya anunció que sacaría «todas las consecuencias» de ese gesto.
Salvando este último choque, ambos países han contado con una relación por lo general estable, en la que esporádicamente iban surgiendo ciertos altibajos. Dos de los malentendidos más sonados tuvieron como protagonista al rey Mohamed VI de Marruecos, que terminó molesto con Alfredo Pérez Rubalcaba y, después, con Jorge Fernández Díaz cuando se hicieron cargo de la cartera de Interior.
El exministro con Mariano Rajoy cuenta en sus memorias, cómo tuvo que resolver durante sus vacaciones de verano en un pueblo de Soria, sin cobertura, una pequeña crisis con la monarquía marroquí. Fernández Díaz decidió apagar su teléfono móvil durante los días que iba a pasar en agosto en Santa María de las Hoyas. «Si surgía algo urgente o importante, ya me avisaría la Guardia Civil», relata en su libro. Y así ocurrió. Un día se le acercó un escolta y le dijo que el Rey Felipe VI estaba preguntando por él.
«Ministro, me acaba de llamar el rey de Marruecos, Mohamed VI, y me ha dicho que está detenido por la Guardia Civil. ¿Tú sabes algo de eso?», preguntó el monarca a un ministro que tenía aún menos información sobre este asunto en concreto que él mismo. El Centro de Operaciones de la Guardia Civil en Ceuta detectó en el radar la señal de una moto acuática no identificada, por lo que avisaron a la una embarcación cercana del Instituto Armado para que le diese el alto por si se trataba de un narcotraficante.
No fue así. Sobre el vehículo iba montado Mohamed VI, al que escoltaba a cierta distancia una embarcación de recreo. Había salido al mar enfundado en la más simple ropa de playa y así le pidió un brigada de la Benemérita que detuviese su moto y le entregase su documentación. «Cuando el piloto se quitó las gafas de sol, identificó enseguida a Mohamed VI, se cuadró y se puso a sus órdenes», relata Fernández Díaz. Antes de retirarse, el brigada le trasladó al monarca que debía dar cuenta a sus superiores de lo ocurrido y, después de hacerlo, su jefe pidió a este agente que esperara hasta que él se personara ante Mohamed VI para presentarle sus disculpas.
El rey marroquí estuvo una hora esperando al jefe de la Comandancia, por lo que estaba, a los efectos, «retenido», según señala el exministro. En esa hora le dio tiempo a comunicarse con su homólogo español para relatarle lo sucedido. Cuando todo volvió a su orden, el dirigente popular, consciente de que debía tomar medidas para que las relaciones bilaterales no se deterioraran por aquel incidente, preparó una visita oficial a Marruecos. «Me reuní con mi colega del Interior y con otros altos funcionarios de la Administración marroquí en Tetuán, que me recordaron que llovía sobre mojado y que, en consecuencia, el rey aceptaba las excusas, pero que el Gobierno no podía hacer lo mismo porque ya se habían producido varios precedentes, no siendo yo ministro, sino en la época de Pérez Rubalcaba», recuerda.
El monarca norteafricano insistió en que no fuese sancionado ni represaliado el brigada que le dio el alto en agosto de 2014, ya que no había hecho más que «cumplir a la perfección con su deber y con las órdenes recibidas». Pese a ello, el ministro del Interior marroquí solicitó al Gobierno español que hiciera «todo lo posible y lo imposible» para que no se repitiesen «estos hechos u otros parecidos». A raíz de este incidente, Fernández Díaz asegura que entendió que «no tenía sentido mantener la estructura de mando de la Guardia Civil tal y como estaba», dado que existía una histórica reivindicación para que se equiparasen los niveles orgánicos de las comandancias de Ceuta -encabezada por un teniente coronel- y la de Melilla -por un coronel-. Él asumió la incoherencia y cambió la organización del Cuerpo en las ciudades autónomas.
En junio de 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente del Gobierno y Alfredo Pérez Rubalcaba de ministro del Interior, se produjo otro desencuentro con Marruecos. En esa ocasión, un helicóptero del Ejército español que abastecía al Peñón de Alhucemas desde Melilla sobrevoló el yate en el que descansaba frente a las costas norteafricanas el monarca marroquí. El ruido del vehículo irritó a Mohamed VI y días después se desencadenaron una serie de protestas en Rabat, aunque el ministro de Comunicación alauí sostuvo que «la causa profunda» de los incidentes era «la disputa entre los dos países acerca de la soberanía sobre Ceuta y Melilla».
A 14 y 130 kilómetros de la península ibérica, respectivamente, Ceuta y Melilla son enclaves españoles bordeados por el Mediterráneo y Marruecos. Únicos territorios no insulares en el continente africano pertenecientes a la Unión Europea, sus controvertidas vallas se han convertido en el paradigma de la seguridad fronteriza: sus fronteras se consideran las más protegidas de Europa.
Si bien son los intentos colectivos por saltar sus fortalezas metálicas los que suelen atraer con frecuencia la atención de los medios internacionales, en su interior estas ciudades autónomas presentan una realidad tan particular como inquietante. Su singularidad geográfica ha favorecido la constitución de un carácter excepcional en los ámbitos político, militar, jurídico, fiscal, económico, institucional y social, lo que ha propiciado un complejo equilibrio con el que se ha tratado de preservar la viabilidad en todos ellos.
No obstante, este equilibrio se presume cada vez más frágil ante las tendencias que marcan el presente: la debilidad de una economía dependiente del contrabando, el creciente peso demográfico de la comunidad musulmana, la precariedad y marginación de una parte de su población o la radicalización islamista son desafíos susceptibles de alterar la realidad en ambos enclaves en los próximos años.
Ceuta y Melilla —de 19 y 12 km², respectivamente— pertenecen a España desde el siglo XVII en el primer caso y el siglo XV en el segundo. La primera fue conquistada por Portugal en 1415 para convertirse en parte de la Unión Ibérica con España en 1580. Al término de esta, en 1640, permaneció bajo el dominio español y así ha seguido hasta nuestros días. Por su parte, Melilla fue conquistada por Castilla en 1497. Las razones que motivaron la adquisición de estas dos plazas mayores al sur del Mediterráneo tuvieron que ver con la influencia marítima en el estratégico estrecho de Gibraltar y el refuerzo de la seguridad marítima ante la incisiva piratería. Desde entonces, Ceuta y Melilla vivieron prácticamente de espaldas al resto del continente africano y estuvieron habitadas principalmente por militares y presidiarios desterrados fuera de los confines de la Península. Esta tendencia se mantuvo en buena medida hasta el último tercio del siglo XIX, cuando ambas ciudades adquirieron el estatus de puerto franco, lo que favoreció el comercio, y se derogó la prohibición de residencia a ciudadanos de origen magrebí.
En los tiempos del protectorado español en el norte de África (1912-1956), estas dos ciudades quedaron excluidas y siguieron su vinculación con la Península, por lo que a su conclusión España no cedió su soberanía al recién independizado Estado de Marruecos.
Ambas ciudades quedaron configuradas como municipios andaluces hasta convertirse en entidades autónomas cuando así lo decidiesen sus Ayuntamientos. Por ello, desde 1995 tienen el estatus de “ciudades autónomas”, una suerte de híbrido jurídico cuyas competencias son muy inferiores a las de una comunidad autónoma —por ejemplo, no tienen capacidad legislativa ni la gestión de la sanidad o la educación—, pero mayores que las de un municipio.
Por su parte, el reino de Marruecos ha reivindicado desde su independencia como Estado la marroquinidad de estas ciudades, inspirado por la tesis irredentista del Gran Marruecos, que cobró fuerza durante los años sesenta y setenta. Incluso solicitó formalmente a la ONU su devolución con ocasión de la adquisición del estatus de ciudades autónomas. Sin embargo, la posición de España ha sido inamovible y ha estado respaldada por el Derecho internacional: Naciones Unidas no ha incluido estos enclaves africanos en la lista de territorios pendientes de descolonización, puesto que ambas plazas han sido españolas de manera ininterrumpida desde siglos antes de que Marruecos existiera como entidad política e incluso antes de que se estableciera la actual dinastía alauí en 1631.
Con la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986, Ceuta y Melilla se convirtieron en los únicos territorios de la posterior Unión Europea sobre suelo africano. No obstante, sus peculiaridades geográficas se han traducido en anomalías jurídicas, dado que ambas ciudades están fuera del régimen arancelario de la Unión y, aunque formalmente forman parte del espacio Schengen, este no se aplica en su totalidad, ya que se realizan controles fronterizos al salir de estos exclaves hacia el resto de España. Además, estos territorios quedan en principio fuera de la cobertura de la OTAN, pese al infructuoso intento de VOX de pedir al Senado que lo solicitara.
La entrada de Ceuta y Melilla a la UE primero y a Schengen después tuvo el efecto de, por un lado, acercar estas ciudades al continente europeo y ser reconocidas por Bruselas como territorios especiales, pero por otro, significativamente, conllevó un refuerzo de la seguridad de una frontera cuya impenetrabilidad ha ido aumentando hasta hoy. Actualmente existen dos vallas consecutivas en el caso de Ceuta y tres en Melilla, de hasta seis metros de altura, reforzadas con concertinas —a pesar de que el actual Gobierno español se ha comprometido a retirarlas—, sofisticados sistemas de vigilancia y un nada desdeñable despliegue de personal de seguridad a ambos lados de la frontera. Marruecos, desde una de las grandes crisis de intentos masivos de saltar las vallas en 2005, también protege dos fronteras que, paradójicamente, no reconoce como legítimas.
El aseguramiento fronterizo ceutí y melillense resulta un ejemplo paradigmático de la llamada Fortaleza Europa, consistente en la libertad de movimiento en el interior del continente a costa de un inexpugnable control fronterizo. En Ceuta y Melilla, además, varias ONG y otras instituciones internacionales, como el Consejo de Europa, han denunciado violaciones de derechos humanos y otras prácticas en materia migratoria que van en contra de la legalidad internacional. Las devoluciones en caliente, por las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Gobierno en 2017, siguen siendo frecuentes en unos exclaves donde resulta prácticamente imposible solicitar protección internacional. Además, los pocos que logran saltar la valla y acceder a territorio europeo son destinados a centros de acogida temporales en cuyo interior a menudo quedan hacinados y atrapados a la espera de que les otorguen la autorización para ser trasladados al territorio peninsular.
La reivindicación de su soberanía por parte de Rabat suele mantener un perfil bajo, pero es susceptible de adquirir dimensiones más relevantes y ser el motivo central de contenciosos diplomáticos, como sucedió en la década de los 2000. A inicios de siglo, el Gobierno español de José María Aznar se mostró más proclive al derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental y más crítico con la gestión de la inmigración de su vecino del sur, al que tanto España como la UE utilizan como barrera de contención de la inmigración subsahariana. El resultado fue la mayor crisis diplomática bilateral desde que Mohamed VI llegara al trono en 1999. La retirada del embajador marroquí de Madrid; la ocupación por varios gendarmes marroquíes de la isla Perejil, frente a las cosas norafricanas —que motivó la intervención del Ejército español—, y la denuncia de la ocupación española de Ceuta y Melilla por parte del rey alauí se sucedieron en los siguientes meses.
Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez ha cedido ante Marruecos la descolonización del Sahara Occidental en favor de una autonomía sobre el papel, que no devolverá a los saharauis la libertad que estaban esperando durante más de cuarenta años. La UE le remite a Sánchez al plan de la ONU que sí pide un referéndum de autodeterminación. "La solución debe ser política, justa, realista, pragmática, sostenible en el tiempo y mutuamente aceptada", explicó la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali.
La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) se estableció por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO).
El plan de arreglo, tal como fue aprobado por el Consejo de Seguridad, establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos. El Representante Especial del Secretario General tendría la responsabilidad única y exclusiva sobre los asuntos relacionados con la celebración del referéndum y estaría asistido en sus funciones por un grupo constituido por civiles, militares y personal de la policía civil, que se conoce como la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental.
El 29 de abril de 2016, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2285, que apelaba a que las partes del conflicto siguieran dando muestras de su sentido político con el fin de comenzar una fase de negociaciones más intensa e importante.
El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia matizó después que el plan de Marruecos debe "acordarse" con los saharauis pero niega un "referéndum". España, tras 46 años de posicionamiento, ha virado hacia un reconocimiento del formato de autonomía marroquí como la salida "más seria y realista" al problema.
Con este paso, Sánchez cede a las presiones de Rabat que pedía claridad a Madrid sobre el plan para la antigua colonia española. No obstante, este giro ha abierto otro frente con Argelia, que asegura que el Gobierno español nunca le informó de antemano y ya ha llamado a consultas a su embajador en Madrid. Posteriormente, ha firmado un acuerdo preferente de suministro de gas con Italia y ha subido los precios sólo a España.
El Congreso no ha refrendado las cesiones de Sánchez pero pese a ello éste se ha reunido con el Rey de Marruecos para firmar un acuerdo fronterizo terrestre, marítimo y aéreo que no trae ningún beneficio para España, aunque quizás para Sánchez sí.
Tras el Sahara, vendrá la entrega de los enclaves españoles norafricanos y el fin del negocio del contrabando, uno de los principales sustentos económicos de las deprimidas regiones marroquíes limítrofes, particularmente en el caso de Melilla. A pesar de su carácter ilícito, esta actividad es tolerada e incluso fomentada por las autoridades de ambos países. De hecho, a los ciudadanos nacidos en las provincias marroquíes de Nador y Tetuán no se les requiere visado para entrar en los enclaves españoles que no forman parte de la Unión aduanera.
Tradicionalmente, el día a día en la frontera ha estado marcado por las colas de miles de porteadores marroquíes, mayoritariamente mujeres, que cargan con bultos con productos de todo tipo para introducirlos irregularmente y revenderlos en su país. En ocasiones, este proceso, de flagrante precariedad, ha generado tumultos que se han saldado con víctimas mortales. Hasta que se limitó la entrada a 4.000 porteadores al día en Ceuta, decenas de miles solían transitarla diariamente; en Melilla, hasta 30.000.
No obstante, la realidad ha cambiado drásticamente en el caso melillense: en agosto de 2018 el Gobierno marroquí decidió unilateralmente cerrar la aduana comercial establecida en 1956 de mutuo acuerdo —a diferencia de en Ceuta, donde Marruecos no ha reconocido aduana alguna—. En consecuencia, se ha producido una interrupción súbita tanto del comercio legal como del atípico con la ciudad española, una maniobra con la que el reino alauí espera favorecer su proyecto comercial en el puerto de Nador. La medida, lógicamente, ha perjudicado a comerciantes a un lado y a otro de la frontera, con consecuencias nefastas para la economía. Realmente, Melilla vive de los aranceles y subvenciones, sin crear riqueza de ningún modo.
La decisión marroquí ha servido para poner de manifiesto la vulnerabilidad de la economía melillense y ha reabierto el debate sobre la viabilidad socioeconómica de los exclaves, cimentada, además de en el comercio, en los subsidios estatales y las exenciones fiscales. Ceuta y Melilla son las autonomías españolas con mayor índice de desempleo —con un 30% y 24% en 2018, respectivamente, también están entre las últimas posiciones en la UE— y más de la mitad de los que trabajan son empleados públicos. Si solo tuviésemos en cuenta el desempleo juvenil, la cifra sobrepasa el 60% en Melilla y el 50% en Ceuta. Ante las desalentadoras perspectivas económicas que acarrea un previsible futuro sin contrabando, una de las alternativas que está cobrando mayor vigor es la atracción de empresas de base tecnológica y servicios en línea, entre las que se incluyen aquellas dedicadas al controvertido juego online. En el caso de Melilla, su Gobierno ya ha aprobado una drástica reducción impositiva a su actividad, del 25% al 0,5%, que se suma al 50% de bonificación existente para ambos exclaves en los impuestos de la renta, sociedades y seguridad social. En definitiva, la deriva parece avanzar hacia el modelo de Gibraltar, lo que implicaría tener que competir con el istmo, considerado un paraíso fiscal.
Pero no solo la economía presenta un futuro incierto. La convivencia social y la estabilidad política pueden alterarse sustancialmente en las próximas décadas debido al creciente peso demográfico de la población musulmana. De hecho, ya es mayoría en Melilla y se aproxima paulatinamente a la mitad en Ceuta. La inmensa mayoría de estos musulmanes son españoles de origen o ascendencia marroquí, favorecidos en buena medida por la concesión de la nacionalidad a los residentes marroquíes en los exclaves en 1986. Ambos porcentajes tenderán a incrementarse en el futuro, puesto que este sector de la sociedad es el motor de crecimiento poblacional de estas autonomías, que cuentan con las mayores tasas de población joven, natalidad, nupcialidad y crecimiento vegetativo de toda España. El incremento de la población, además, no tiene demasiada cabida en la limitada economía local, lo cual es un desafío para la sostenibilidad y la estabilidad de las ciudades autónomas.
Junto a ello, también es de esperar que la población de origen marroquí incremente su hasta ahora marginal peso político en detrimento de sus conciudadanos de origen peninsular, que contemplan el avance con cierto recelo. Entre ambas comunidades, el patrón hasta el momento ha sido de coexistencia más que de convivencia, con una marcada segregación espacial y social, como muestran los escasos matrimonios mixtos y los peores indicadores en los ámbitos socioeconómicos por parte de los musulmanes: la mayoría reside en barrios más marginales, sufre unos mayores fracaso escolar y mayor desempleo y ocupa puestos más precarios. Esta situación se agrava entre los más jóvenes, lo que ha propiciado la gestación de un sentimiento de desafección que constituye un caldo de cultivo idóneo para su radicalización violenta. No en vano, Ceuta y Melilla han sido las ciudades donde se han detectado más incidentes de actividad yihadista en España en los últimos años.
En definitiva, las tendencias actuales nos permiten presagiar un cambio en la identidad política, económica y social de estas ciudades autónomas a medio y largo plazo. Los próximos lustros seguramente serán cruciales en su devenir. En manos de los dirigentes en Ceuta, Melilla y Madrid estará la responsabilidad de hacer apacible esta previsible transición. Al igual que ya se buscan modelos económicos alternativos, también se ha de incidir en modelos de convivencia más efectivos que promuevan la disminución de una doble brecha social, política y económica: la que arraiga tanto entre sus ciudadanos como entre estas autonomías y el resto de España.
A pesar de que la primera y única visita en 2007 de los entonces reyes de España a Ceuta y Melilla coincidió con el aniversario de la Marcha Verde, mediante la que Marruecos ocupó el Sáhara Occidental en 1975 el Gobierno marroquí volvió a llamar a consultas a su embajador en España y el rey volvió a reivindicar, por última vez hasta la actualidad, la soberanía sobre las dos ciudades. Desde entonces, ni el rey emérito español ni su sucesor han vuelto a pisar los enclaves norafricanos; de hecho, son las únicas autonomías españolas que Felipe VI no ha visitado desde su coronación en 2014.
