Pero entonces la sangre fue escondida
detrás de las raíces, fue lavada
y negada
(fue tan lejos), la lluvia del Sur la borró
de la tierra
(tan lejos fue), el salitre la devoró en la
pampa:
y la muerte del pueblo fue como siempre
ha sido:
como si no muriera nadie, nada,
como si fueran piedras las que caen
sobre la tierra, o agua sobre el agua.
De Norte a Sur, adonde trituraron
o quemaron los muertos,
fueron en las tinieblas sepultados,
o en la noche quemados en silencio,
acumulados en un pique
o escupidos al mar sus huesos:
nadie sabe dónde están ahora,
no tienen tumba, están dispersos
en las raíces de la patria
sus martirizados dedos:
sus fusilados corazones:
la sonrisa de los chilenos:
los valerosos de la pampa:
los capitanes del silencio.
Nadie sabe dónde enterraron
los asesinos estos cuerpos,
pero ellos saldrán de la tierra
a cobrar la sangre caída
en la resurrección del pueblo.
En medio de la Plaza fue este crimen.
No escondió el matorral la sangre
pura
del pueblo, ni la tragó la arena de la
pampa.
Nadie escondió este crimen.
Este crimen fue en medio de la Patria.
Eloy Velasco Núñez, director de Justicia con Eduardo Zaplana, llegó proveniente del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid a la Audiencia Nacional, sustituyendo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 al hasta entonces titular, Juan del Olmo, el hombre que instruyó la causa por la masacre de Madrid del 11-M.
Al instruir las piezas desgajadas del sumario del 11-M, Velasco abrió un nuevo sumario desglosado de la pieza principal de la investigación, contra siete acusados de colaborar y ayudar a huir a varios de los autores de la masacre. En el mismo auto, Velasco decreta el levantamiento del secreto de sumario de la pieza principal "dado el tiempo transcurrido y que la práctica de las esenciales diligencias de investigación contra los implicados que actúan en grupo organizado ya no pueden influirse o destruirse".
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaba una reapertura de la investigación de los atentados de Madrid y remitirla al Juzgado número 43 de Madrid, donde la exjuez Coro Cillán, instruía la denuncia de la de las víctimas del 11-M contra el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano. Velasco lo rechazó.
El 11-M fue un acto de terrorismo de Estado, por ser esa la única explicación a la destrucción de pruebas materiales por motivos políticos y lucrativos, ya que entre las múltiples piezas del sumario, había una en la que la Justicia retenía fondos por cerca de medio billón de euros pretendidamente obtenidas por medios legales, y que al final fueron a parar al BCE, que no lo vió así. Se inició entonces una guerra de chantajes por difundir y callar una verdad que circulaba hasta entonces en ámbitos muy reducidos.
«Las víctimas merecen saber toda la verdad» decían los populares en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, pero su sucesor Rajoy no aclaró nada, y sin embargo Pablo Casado en 2.019 pidió que «se desclasifique cualquier información y que se llegue a la verdad si hay alguien que la oculta».
Unas palabras tras las del líder de Vox, Santiago Abascal: «Quince años después, todavía queremos seguir sabiendo toda la verdad», cuando también las víctimas se negaron a dar por zanjada la masacre. La presidenta de la AVT, Maite Araluce, dijo que el 11M «es un caso abierto», tras las filtraciones vinculadas al excomisario Villarejo.
Grande-Marlaska subrayó que con la investigación policial «se llegó al fondo», igual que los procesos judiciales fueron «perfectos y fiables», culpando de los ataques a la guerra contra Irak y a José María Aznar. Un ex-juez de la Audiencia nacional es lógico que cubra las espaldas de sus ex-colegas, y como ministro del Interior es lógico que haga lo mismo con sus subordinados, pero las contradicciones saltan a la vista para un profesional de la Justicia.
El expresidente del Congreso y exministro de Defensa, José Bono revela que el CNI alertó al Gobierno de un atentado islamista tres días antes del 11-M, durante la presentación en Madrid de su libro "Diario de un ministro. De la Tragedia del 11M al desafío independentista catalán." Bono aporta documentos en los que el Centro Nacional de Inteligencia alerta al Ministerio del Interior, tres días antes de aquella trágica fecha, de la posibilidad de que se produjera un gran atentado en Madrid.
Unos días antes, en el Ministerio de Defensa, se adoptaban precauciones y medidas de seguridad sobre algo que se preparaba y en concreto en el transporte público.
El Centro Nacional de Inteligencia es un Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. (Art. 1 Ley 11/2002).
El CNI funciona bajo el principio de coordinación con otros servicios de información del Estado. Esta coordinación se lleva a cabo en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia presidida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, e integrada por los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, del Interior, de Economía y Competitividad, el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretario de la misma.
Pedro Sánchez ha colocado a la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en la comisión que supervisa el Centro Nacional de Inteligencia y el Consejo de Seguridad Nacional, lo que le permitirá estar presente en la comisión delegada de Asuntos de Inteligencia, que es el órgano dependiente de Presidencia que coordina todos los servicios de información del Estado.
Esta comisión no se ha reunido en el año y medio que Iglesias ha estado en el cargo. El mismo Iglesias que quería el Ministerio del Interior para destapar las cloacas del Estado, ya no es vicepresidente del gobierno y ha dejado de pertenecer a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia. El Tribunal Constitucional, parece que va a atreverse a reconocer la ilegalidad de su nombramiento, por el decreto ley para combatir los efectos del coronavirus, que permite al presidente del Gobierno elegir qué vicepresidentes participan. Lo mismo puede ocurrirle a Yolanda Díaz.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista ETA y su estructura de apoyo en Francia, a la que acusaban de “acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente”.
La investigación periodística consiguió, por un lado, tener un enorme impacto sobre la sociedad, que hasta entonces desconocía la existencia de una organización estructurada, financiada y dirigida por el ejecutivo de Felipe González que cometió asesinatos, secuestros, torturas y malversación de dinero público, de todo lo cual los jueces acusaron a miembros del Ministerio del Interior.
En 1988 la Audiencia Nacional encontró indicios delictivos en la actuación del subcomisario José Amedo, quien había sido implicado en los asesinatos del GAL en un juicio celebrado en Lisboa por unos mercenarios portugueses que aseguraban haber sido contratados por el subcomisario para atentar contra etarras en el sur de Francia. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se hizo cargo de las investigaciones, descubriendo según un informe del Ministerio de Interior que los viajes de Amedo a Portugal en 1986 fueron de carácter oficial y pagados con fondos reservados del Estado. En julio del mismo año Garzón dictó prisión incondicional para Amedo y el inspector Michel Domínguez como presuntos organizadores de los GAL, quienes fueron procesados en junio de 1989 por la Audiencia Nacional y condenados por cada uno de los seis asesinatos frustrados en los que participaron como autores por inducción, asociación ilícita y de falsedad de documentos de identidad. El tribunal prefirió la tipificación del delito de asociación ilícita al de integración en la banda terrorista, lo que coincidía con la tesis del Ministerio del Interior que contemplaba los GAL como "grupos de delincuentes inconexos entre sí" y no como terroristas. El fallo indicaba que no fue posible determinar la estructura interna, la escala jerárquica ni las fuentes de financiación de los GAL, con lo que quedaba en suspenso la identidad de los jefes superiores de los dos agentes en esta trama, y con ello la posibilidad de considerarlo terrorismo del Estado.
El juez Baltasar Garzón indagaba en el desvío de fondos reservados, que había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como Ministro de Interior. Pero Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial y fue encarcelado Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya, el exjefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior Francisco Álvarez, el exjefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, y Julio Hierro, jefes directos de Amedo y Domínguez durante la época de los atentados de los GAL, y Francisco Saiz Oceja, jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao.
El exministro de Interior José Barrionuevo expresó un rotundo apoyo a los detenidos: «Todas estas personas, mientras yo fui ministro del Interior, tuvieron un comportamiento excelente, leal y meritorio para este país, y yo estoy con ellos y seguiré estando». El juez Garzón decretó prisión incondicional comunicada y sin fianza para Rafael Vera, número dos de Interior y responsable de la lucha antiterrorista durante nueve años con los ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, inculpado por malversación y evasión de capitales, por la presunta entrega de 200 millones de pesetas a las mujeres de Amedo y Domínguez y por el encubrimiento y financiación (con un millón de francos franceses, obtenidos de los fondos reservados) del secuestro de Segundo Marey en 1983.
También ingresó en prisión Ricardo García Damborenea, exsecretario regional de los socialistas vizcaínos, acusado de detención ilegal y tentativa de asesinato del ciudadano francés Segundo Marey, al que llegó a amenazar con asesinar si las autoridades francesas no ponían en libertad a cuatro policías españoles detenidos cuando intentaban secuestrar a un miembro de ETA. Se autoinculpó en el secuestro de Marey, implicando a Felipe González y otros altos dirigentes socialistas, a quienes acusaba de tener pleno conocimiento de las acciones de los GAL. Según García Damborenea, él mismo había hablado en varias ocasiones con González sobre la guerra sucia contra ETA.
Garzón remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el sumario de los GAL, diciendo haber encontrado indicios delictivos en las actuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González; los exministros Narcís Serra y José Barrionuevo, y el diputado socialista Txiki Benegas, basándose en el testimonio de García Damborenea.
En 1995 el Tribunal Supremo no solicitó un suplicatorio contra González, pero sí contra Barrionuevo. El Congreso aprobó la autorización para que el Supremo pudiera imputarle en el caso GAL, por el que fue condenado.
El coronel Martínez Inglés afirma que el rey Juan Carlos fue el primero que tuvo en sus manos, antes incluso que Felipe González, la famosísima Acta Fundacional de los GAL, documento que, tras el visto bueno de las altas instituciones de la nación, pondría en marcha 28 asesinatos de Estado. De la misma manera que tenía acceso a los documentos del CESID y de las tres armas del Ejército, es imposible que el Rey no estuviera al corriente.
En agosto de 1996 el gobierno de José María Aznar negó a los jueces los papeles del Cesid que reclamaban para continuar la investigación de los distintos casos vinculados a los GAL argumentando que afectaban a la seguridad del Estado (al contrario de lo que defendía desde la oposición).
El senado constituyó una comisión de investigación que no llegó a aprobar un informe final de conclusiones, pero aclaró la participación de fondos y cargos públicos que después establecieron los jueces.
Durante el gobierno de José María Aznar, los antiguos cargos socialistas encabezados por Felipe González reclamaron la liberación de Rafael Vera y de José Barrionuevo, a quienes Aznar concedió el indulto parcial el año 1998.
Tras la investidura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, fue puesto en libertad el último preso importante ligado a estos grupos, el general Enrique Rodríguez Galindo aduciendo enfermedad.
En 1995, el teniente general José Antonio Sáenz de Santa María (que posteriormente estaría imputado por uno de los atentados del GAL aunque fue exculpado) hizo unas declaraciones ambiguas al periódico El País en relación con la "guerra sucia" en la que, entre otras cosas dijo: «Le responderé con una máxima: En la lucha contraterrorista, hay cosas que no se deben hacer. Si se hacen, no se deben decir. Si se dicen, hay que negarlas. Creo que he contestado.»
Rafael Luis del Río Sendino, vinculado al Opus Dei, presidente de Cáritas España, con un hermano sacerdote vinculado a la Secretaría de Estado de la Santa Sede y otro hermano obispo en Bolivia, fue nombrado director general de la Policía por José Barrionuevo, en plena actividad de los GAL. Tuvo que declarar como testigo en varias de las causas judiciales anteriores, pero afirmó no saber nada a pesar de su cargo.
La estructura de mando de los GAL y la de la lucha antiterrorista estaba relacionada: el GAL de la Guardia Civil; el de la Policía; el del Cesid y el GAL francés. También existían grupos que integraban a algunos miembros del aparato de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que coordinaban las acciones y aleccionaban en las tácticas y el manejo de armas, funcionando como auténticos comandos antiterroristas de gran movilidad con colaboración de grupos armados internacionales. Tras cuatro años de acciones armadas, el alarmado Sur de Francia dejó de ser refugio de etarras.
Los poderes públicos cometen y encubren prácticas y métodos terroristas, directa y aleatoriomente contra la ciudadanía, para generar impacto mediático que dure mucho tiempo y para intimidar a la población. Del mismo país o de otro.
“La forma más fácil de ejecutar un ataque bajo bandera falsa es hacerlo bajo la cobertura de un ejercicio militar simultáneo que simule la realización del mismo ataque que se quiere llevar a cabo verdaderamente” (Capitán Eric H May, ex oficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos).
“Una terrible coincidencia”. Con estas cínicas palabras calificó el ex Secretario General de la OTAN, el holandés, Jaap de Hoop Scheffer, el hecho de que los ejercicios antiterroristas (CMX-04), puestos en práctica el 4 de marzo de 2004 tenían como escenario una capital europea y como autor a la mediática organización Al-Qaeda, creada y financiada por la CIA en los años 80, con el objetivo de combatir al ejército soviético en Afganistán.
Casualmente, un año más tarde se produciría un cúmulo de coincidencias similares en los atentados del 7 de Julio, en Londres, llevados a cabo, supuestamente y siempre según la versión oficial, por Al-Qaeda. Las autoridades dijeron también que se trataba de una coincidencia.
Curiosamente, estos atentados se produjeron el mismo día, a la misma hora y en los mismos sitios en los que se estaba llevando a cabo otro ejercicio antiterrorista que preveía los mismos objetivos que serían atacados por los terroristas. Un hecho que sería confirmado, a las pocas horas, por las autoridades policiales británicas.
Las posibilidades de que un atentado terrorista se produzca a las pocas horas de que finalicen unos ejercicios antiterroristas, como en Madrid, o el mismo día que éstos se están desarrollando, como pasó en Londres (o en Nueva York en el 2001), es de una entre millones. Por lo que no es nada descabellado pensar que estos operativos antiterroristas sirviesen de pantalla a quienes realmente llevaron a cabo los atentados, y que con posteridad serían atribuidos falsamente al integrismo islámico.
La Red Stay Behind, que traducido al español es estar oculto, estar detrás, es una organización o red de agentes y organizaciones secretas en un país, listas para actuar en caso de que un enemigo atacara su territorio. En este caso, los operarios pasarían a formar la base de un movimiento de resistencia o a actuar como espías detrás de las líneas enemigas.
Durante la Guerra Fría, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos patrocinaron numerosas Redes Stay Behind en muchos países europeos con la intención de activarlos contra avances comunistas. A lo largo de los años se encontraron muchos escondites de armas ocultas en Italia, Austria, Alemania, Holanda y otros países, a disposición de estos ejércitos secretos.
En algunos casos, estos operativos se desvían de su propósito declarado y actúan contra adversarios en sus propios países. Esto causó que la penetración de agentes comunistas en los años 70 convirtiera grupos nacionalistas en revolucionarios dentro de las redes ocultas. Cuando incluso las instituciones estatales están involucradas en acontecimientos ilegales, detrás del “top secret” a menudo se ocultan cosas contrarias a los principios más elementales de la democracia parlamentaria. Que la justicia sometida no haga nada para descubrirlo es comprensible, y los periodistas de los grandes medios están igual.
Estos agentes actúan solos o en coordinación, dependiendo de la misión a realizar, también pueden actuar en redes involucrando diferentes organizaciones, por ejemplo un acto terrorista realizado por ellos, necesita de portadas en diarios, programas de televisión, y campañas informativas que, en realidad son desinformación.
La Red Stay-Behind fue mencionada en 1976 en el informe de la comisión de investigación parlamentaria de EE.UU. sobre la CIA presidido por el senador Frank Church. Informaciones más precisas fueron dadas para conocimiento público en 1978 por el antiguo jefe del stay-behind y exdirector de la CIA, Wiliam Colby, en su autobiografía. Documentos del Departamento de Estado de EE. UU. desclasificados y publicados han dado a conocer la existencia de un dispositivo global de injerencia en la vida democrática de los países aliados.
La más famosa de estas operaciones de la OTAN fue la Operación Gladio, cuya existencia fue reconocida por el Primer Ministro italiano Giulio Andreotti el 24 de octubre de 1990, y también fueron oficialmente reconocidas en Alemania, Austria, en Bélgica, en Dinamarca, en España, en Francia, en Grecia, en Luxemburgo, en Noruega, en Holanda, en Portugal, en el Reino Unido, en Suecia, en Suiza y en Turquía.
Ninguna investigación fue llevada a cabo dentro de las instituciones de la Unión Europea, a pesar de la gran cantidad de información y de los numerosos índices que dejaban pensar que los stay-behind controlaban los engranajes esenciales. Gladio era una operación italiana de la CIA desde el comienzo y fue disuelta oficialmente o, como es probable, la operación asumió otro nombre.
Se menciona a Al Qaeda como su sucesora. La CIA y el pentágono en el pasado adiestraron y formaron a algunos grupos en medio oriente para hacerlos actuar y mantener el estado de tensión. Para poder hablar de Al Qaeda debemos remontarnos al año 1979, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Los muyahidines combatían contra el enemigo soviético armados y entrenados por los Estados Unidos, entendiéndolo como una obligación el luchar contra enemigos del Islam. Esta guerra duró unos 10 años, una guerra en la que musulmanes de todas partes del mundo decidieron ir a Afganistán, entre los que se encontraba un millonario (por herencia) Saudí: Osama Bin Laden, quien decidió unirse a la lucha ya que creyó que era su deber religioso.
En cada operación militar para acabar con el terrorismo, los que terminan ganando son las corporaciones armamentistas, las petroleras, las tecnológicas y las de servicio del estado, tales como: prensa, radio, televisión, policía, fuerzas armadas, aparatos de seguridad, partidos políticos, etc, que disponen de unidades de información, inteligencia y de combate secretas capaces de organizar la resistencia interna e infiltrar agentes en esferas políticas.
Joseph Goebbels, el líder nazi, decía "... puede uno rehacer una nación por medio de una revolución espiritual, con lo cual al adversario no se aniquila, sino que se le domina", y no por los servicios de seguridad, las policías y las fuerzas armadas, sino por especialistas en "emergencias, economía, sanidad, educación, derecho y orden publico, instituciones democráticas y sistemas fiscales. Expertos que puedan resolver situaciones de crisis", esto es las empresas privadas, las transnacionales, las ONGs y especialistas en manipulación de masas.
Como dijo Ernst Jünger, el miedo es la fuerza más poderosa que mueve a una sociedad. Este notable escritor dijo también que "el auténtico problema es que una mayoría no quiere la libertad y aun le tiene miedo". Ser verdaderamente libre es para Jünger lo único que vence al miedo, y oponerse a lo intolerable, la crueldad o la violencia injusta implica resistirse al gregarismo y a la propaganda, aliados necesarios de la autoridad coactiva.
